El Gobierno nacional oficializó este miércoles una reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) mediante la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, habilita la incorporación de nuevos talleres para realizar las inspecciones técnicas y establece que los precios del servicio serán de libre acuerdo entre usuarios y prestadores.

Cómo funcionará el nuevo sistema de revisión técnica

La reforma crea el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que funcionará de manera digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). El objetivo es facilitar el ingreso de nuevos prestadores al sistema y ampliar la oferta de centros habilitados para realizar los controles.

Según la normativa, cualquier Taller de Revisión Técnica (TRT) que cumpla con los requisitos técnicos y de equipamiento podrá solicitar su incorporación. Además, los establecimientos inscriptos estarán habilitados para inspeccionar vehículos particulares y comerciales, tanto de pasajeros como de carga.

La resolución también simplifica los trámites de habilitación. Si la autoridad de aplicación no formula observaciones dentro de los plazos previstos, el taller quedará autorizado provisoriamente para operar hasta que se realicen las auditorías correspondientes.

Tarifas libres y más competencia entre prestadores

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de los valores regulados para la revisión técnica. A partir de ahora, cada usuario podrá acordar el precio del servicio directamente con el taller elegido, en un esquema de libre competencia.

El Gobierno sostiene que esta apertura permitirá aumentar la cantidad de prestadores, reducir tiempos de espera y generar mejores condiciones para los conductores a través de una mayor oferta de servicios.

La normativa también mantiene las exigencias técnicas de control sobre frenos, luces, emisiones contaminantes y otros sistemas de seguridad. Las inspecciones deberán realizarse en un único acto y en un mismo predio, bajo la supervisión de un director técnico responsable.

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Además, se profundiza la digitalización del sistema mediante la emisión del Certificado de Revisión Técnica (CRT) en formato digital, aunque continuará utilizándose una identificación física para acreditar la aprobación del control.

Desde la administración nacional remarcaron que la iniciativa forma parte del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno y apunta a modernizar el esquema de revisiones técnicas mediante una mayor participación de prestadores privados.

Otros cambios que incorpora la reforma de la VTV

• Concesionarias e importadores también podrán realizar las revisiones técnicas, siempre que acrediten capacidad técnica suficiente.
• Un mismo taller podrá inspeccionar todo tipo de vehículos, incluidos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, antiguos y especiales.
• Se aplicará un sistema de habilitación más ágil para nuevos prestadores: si no hay observaciones dentro de los plazos establecidos, podrán quedar autorizados de manera provisoria hasta las auditorías posteriores.
• El Gobierno creará una base de datos nacional que concentrará la información y los resultados de todas las revisiones técnicas realizadas por los talleres inscriptos.
• La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de fiscalizar y auditar el funcionamiento de los establecimientos habilitados.
• La reforma no modifica la frecuencia de las revisiones técnicas, cuyos plazos continúan regidos por la normativa vigente.

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La reglamentación de la reforma laboral abrió un nuevo debate sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el esquema que modificará el sistema de indemnizaciones en Argentina desde noviembre. En una entrevista con Infobae A las Nueve, el abogado laboralista y representante de la CGT, Gustavo Ciampa, afirmó que el nuevo mecanismo afectará a jubilados y pensionados. El especialista también cuestionó el rol de fondos privados en la administración del sistema y advirtió sobre posibles conflictos judiciales.

Ciampa explicó que el FAL utilizará parte de las contribuciones patronales que hoy financian jubilaciones y pensiones. Según indicó, esos recursos pasarán a cubrir indemnizaciones por despido. “Le sacan parte de los recursos que van destinados al pago de jubilaciones y pensiones para subsidiar a las empresas que despidan sin causa personal”, sostuvo el abogado laboralista.

Al mismo tiempo, el representante de la CGT señaló que la Constitución Nacional protege contra el despido arbitrario. En ese sentido, afirmó que la indemnización cumple una función reparadora y disuasiva. “Cuando la indemnización ya no la paga el empleador, sino que la pagan los jubilados y jubiladas, deja de haber disuasión contra el despido arbitrario”, expresó.

Cómo funcionará el Fondo de Asistencia Laboral

Según precisó Ciampa, las empresas deberán aportar fondos administrados por entidades privadas registradas ante la Comisión Nacional de Valores. El sistema incluirá fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros y vehículos de inversión colectiva.

“El decreto reglamentario menciona 30 veces a los fondos comunes de inversión y no menciona derechos de los trabajadores”, afirmó. Además, sostuvo que esas entidades obtendrán ganancias mediante la administración de recursos vinculados a la seguridad social.

Asimismo, el abogado explicó que el empleador continuará obligado a pagar la indemnización. Sin embargo, el dinero saldrá del fondo administrado por la entidad financiera elegida por la empresa. También indicó que el pago podría demorar más que el sistema actual.

“Las empresas cuando despiden tienen cuatro días hábiles para pagar la indemnización”, explicó. Luego agregó que el nuevo esquema prevé otro procedimiento. Según detalló, el fondo contará con cinco días hábiles para depositar el dinero una vez completada la documentación requerida.

En este sentido, Ciampa cuestionó el destino de los intereses generados por esos fondos. “Hay un artículo del decreto que parecería indicar que ese interés lo puede cobrar la empresa”, afirmó durante la entrevista.

Costos laborales y empleo

El abogado laboralista también rechazó el argumento sobre una supuesta “industria del juicio”. Según explicó, los litigios laborales representan un porcentaje bajo dentro del sistema judicial argentino. “Solo el 6% de los juicios tramitan en la justicia laboral”, sostuvo.

Y precisó que apenas el 3% corresponde a conflictos entre empleados y empleadores. “El índice de litigiosidad es menor al 2%”, agregó.

Ciampa vinculó el empleo formal con la situación económica general y no con la reducción de derechos laborales. “Nadie contrata si no vende, nadie contrata si no produce”, afirmó.

Cambios en relaciones laborales

Entre otras cosas, el representante de la CGT también cuestionó otros aspectos de la reforma laboral reglamentada por el Gobierno. Entre ellos, mencionó modificaciones vinculadas a jornadas laborales, banco de horas y contratación de trabajadores independientes.

Según explicó, algunas disposiciones podrían derivar en conflictos judiciales. “Cuando a un trabajador le digan que va a trabajar once horas y no le paguen horas extras, eso es un juicio en puerta”, afirmó.

Ciampa también criticó la figura del “trabajador independiente con colaboradores”, incluida en la normativa. Según sostuvo, el esquema permitirá relaciones laborales sin registración formal. “Permite contratar hasta tres trabajadores sin reconocer relación de dependencia”, afirmó y advirtió que las empresas podrían organizar estructuras con empleados no registrados mediante esa modalidad.

Al mismo tiempo, el abogado señaló que la eliminación de sanciones por empleo no registrado reducirá incentivos para formalizar trabajadores. “Hoy es lo mismo tener trabajadores en blanco o en negro porque ya no hay sanción”, sostuvo.

El antecedente de la construcción y el inicio del sistema

Durante la entrevista surgieron comparaciones entre el FAL y el sistema vigente en la industria de la construcción. Ciampa aclaró que ambos mecanismos presentan diferencias importantes.

Según explicó, en la actividad de la construcción los fondos corresponden directamente al trabajador y pueden cobrarse cualquiera sea la causa de finalización laboral. En cambio, el nuevo esquema solo cubrirá despidos sin causa o acuerdos específicos.

El abogado también recordó que los primeros pagos podrían concretarse recién en mayo de 2027. Y sostuvo que la implementación del sistema resultará obligatoria para las empresas. “Las empresas pueden elegir el agente financiero, pero el sistema es imperativo”, afirmó.

Ciampa confirmó que la CGT mantiene una acción judicial contra la reforma laboral. También consideró posible que jubilados o asociaciones previsionales presenten nuevos reclamos ante la Justicia por el uso de recursos destinados a la seguridad social.

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