POLITICA
Un sector de la UCR reclama que sus diputados unifiquen los bloques y rechacen la eliminación de las PASO
La Unión Cívica Radical (UCR) perdió competitividad nacional. Ese es el diagnóstico de los siete dirigentes que convocaron a una reunión partidaria el viernes pasado para repensar la estrategia de su espacio rumbo a 2027. Consideran que, para reposicionarse como un actor competitivo en el escenario político, se debe revertir la dispersión de sus legisladores en la Cámara baja, a quienes, a su vez, les piden que rechacen la eliminación de las PASO.
“Estamos preocupados porque el radicalismo no está pasando su mejor momento”, le dijo a Ernesto Sanz, expresidente del Comité Nacional y uno de los organizadores del encuentro del viernes. La convocatoria también estuvo impulsada por Mario Negri, extitular de la bancada de Juntos por el Cambio en Diputados; los exfuncionarios Walter Ceballos y Adolfo Stubrin, el exauditor general de la Nación Jesús Rodríguez y los exlegisladores Facundo Suárez Lastra y Lilia Puig.
Desde hace al menos dos años que esos siete dirigentes se reúnen se forma periódica −aproximadamente cada 15 días− en la ciudad de Buenos Aires para analizar la evolución del gobierno de Javier Milei. El año pasado, sin embargo, el foco de sus encuentros viró hacia la fragmentación del partido, que no logró acordar una estrategia unificada a nivel nacional y terminó sumido en una profunda interna entre quienes confluyeron con La Libertad Avanza (LLA) y quienes optaron por armados opositores al Presidente.
“Previo a las elecciones, no se reunió la Convención Nacional y esto tuvo un resultado exiguo”, señaló Ceballos a este medio. “La UCR tiene la menor representación de toda su historia y, ahora, además está dividida en tres bloques”, agregó. En Diputados, los radicales están dispersos entre el bloque Provincias Unidas, más alineado con la conducción nacional del partido, la bancada radical propiamente dicha y el monobloque de Karina Banfi, que juega en tándem con Pro y participó del encuentro del viernes.
Entre los siete dirigentes convocantes consideran que la UCR no puede llegar a 2027 con tal grado de fragmentación. Por este motivo, en la cumbre del viernes −a la que asistieron alrededor de 140 representantes, entre concejales y exlegisladores− acordaron pedir a los diputados y las autoridades nacionales del espacio que se avance hacia la reunificación en la Congreso.
En el Senado, los radicales comparten una misma bancada y un sector del partido espera que ese mismo escenario se replique en la Cámara baja. Estiman que para “recuperar la relevancia orgánica y competitividad del partido” es necesario revertir las distintas escisiones y acordar una agenda común. “La libertad de acción es lo peor que le puede pasar a un partido nacional como la UCR”, sentenció Sanz.
En este sentido, el extitular del partido señaló que todos los legisladores radicales deben actuar en conjunto para rechazar la eliminación de las PASO. Se trata −como se manifestó en el encuentro− de una herramienta institucional elemental para definir liderazgos, pero, ante todo, para construir coaliciones amplias.
Tanto Sanz y Ceballos como sus compañeros de convocatoria coindicen en que, para la contienda electoral de 2027, la UCR debe insertarse en una alianza amplia que ofrezca una alternativa al kirchnerismo, por un lado, y a LLA, por el otro. Consideran que ambos constituyen expresiones de un mismo modelo populista.
Entre los organizadores de la reunión impera una vocación frentista, la misma que mostraron en 2015, cuando participaron de la construcción de Cambiemos. Esperan poder reeditar una coalición similar o incluso más amplia. Según pudo saber , no se descarta un acercamiento con partidos provinciales, socialistas y peronistas que no estén encolumnados detrás de las figuras de Cristina Kirchner y Axel Kicillof.
Para poder apuntalar un armado de esas características, esperan contar con las PASO que les permitan dirimir diferencias y alcanzar un liderazgo unificado. Ven en las primarias un instrumento democrático con el que combatir la polarización que empuja la Casa Rosada, por lo que esperan que sus legisladores se unan para rechazar la iniciativa oficialista que pretende derogarlas.
Esa coalición −según reconstruyeron− deberá regirse por algunas premias básicas como la estabilidad macroeconómica −celebran que con el gobierno libertario se haya ampliado el consenso sobre este factor−, pero aclararon que dicho ordenamiento no puede soslayar el financiamiento para áreas clave como la educación pública y la investigación científica.
“Hay que construir una nueva coalición política de equilibrios macroeconómicos generales, pero también democrática, republicana, federal”, aseguró Ceballos a .
Ese federalismo no implica una “sumisión” total de las provincias al gobierno nacional ni tampoco un esquema de confrontación entre ambos niveles de gobierno como −recuerdan− sucedió durante parte de la presidencia de Mauricio Macri. Abogan, en cambio, por un “federalismo de concurrencia” que fomente el diálogo entre gobernadores y la Casa Rosada para avanzar con proyectos conjuntos.
El encuentro del viernes pretendía funcionar como una nueva instancia para impulsar la unidad de la UCR, pero la invitación no se extendió a todos sus dirigentes. La corriente Evolución −que se referencia en el diputado nacional Martín Lousteau, uno de los dirigentes que eligió adherir a Provincias Unidas ante las diferencias con Milei− no fue convocada. Tampoco se llamó a los gobernadores radicales para que participaran.
En la organización del encuentro, señalan que se buscó priorizar la “calidad” de los invitados sobre la cantidad y que se buscó ofrecer un espacio de debate para un sector que no cuenta con amplia representación en la cúpula partidaria. Aclararon que, de todos modos, se avisó al presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella, sobre el encuentro y que, en los próximos días, se le elevarán a la Mesa Nacional las principales conclusiones de la cumbre.
En el entorno de Chiarella confirmaron que estaba al tanto de la convocatoria, pese a que no fue invitado al encuentro. El titular de la UCR nacional había participado dos días antes, en la ciudad, de un encuentro con Hernán Rossi, presidente de la filial porteña del espacio, y militantes de la juventud partidaria. La semana anterior, recibió a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy). Este miércoles recorrerá Villa Devoto como parte de su plan de caminar las 15 comunas de la ciudad previo a la próxima contienda electoral.
Abigail Contreiras Martínez,UCR,Conforme a,UCR,,Recibió a intendentes radicales. Kicillof confirmó que arma una coalición más amplia que el PJ para enfrentar a Milei,,Tensiones por Milei. Tras una cumbre, los gobernadores de la UCR acordaron trabajar en una agenda común de cara a 2027,,Interna radical. Cornejo desembarca en la Ciudad con la intención de disputarle la UCR porteña a Lousteau
POLITICA
Tensión entre los gobernadores de Mendoza y La Pampa por la represa Los Nihuiles: “Es muy fácil hacer política con un río”
El decreto del presidente Javier Milei de otorgarle las regalías a Mendoza por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles recrudeció el viejo conflicto con la provincia de La Pampa por el control del curso de agua y su fuente de energía. En un intenso intercambio por redes sociales, el gobernador Alfredo Cornejo (UCR) y el de La Pampa Sergio Ziliotto (PJ), volvieron a discutir sobre el tema, con reproches cruzados sobre quién tiene razón en el diferendo que lleva más de cinco décadas.
Ayer, Ziliotto presentó ante la Justicia Federal una medida cautelar pidiendo la suspensión inmediata de los artículos del decreto 982/2026 que “vulneran nuestros derechos”, dijo en su cuenta oficial de X. “Nos respaldan leyes, acuerdos y sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: los fallos de la CSJN de 1987, 2017 y 2020 establecen y ratifican su interprovincialidad. Así, la represa Los Nihuiles genera energía con agua pampeana”, planteó.
Y agregó: “Sus regalías también son pampeanas: mediante Acuerdo del año 1992, firmado entre el Estado Nacional y las dos provincias y homologado por la CSJN, Mendoza se obliga a pagar regalías a La Pampa, calculadas según porcentajes fijados por Ley 15.336 y Decreto 1560/73″.
“Ningún Decreto puede anular un acuerdo de partes. Lo dijimos, lo ratificamos. No abandonaremos ninguna lucha por lo que nos pertenece. Fieles a nuestra historia, defendemos La Pampa, todos los días, donde sea, ante quien sea”, concluyó.
Ante el comentario, Cornejo argumentó que si bien el curso de agua atraviesa las dos provincias, la represa está radicada en Mendoza. “Gobernador, mezclar la interjurisdiccionalidad del río Atuel con el origen de las regalías hidroeléctricas es confundir dos cuestiones distintas”, apuntó el mandatario radical. “Por eso la legislación -continuó-, la jurisprudencia y los dictámenes de la Procuración del Tesoro sostienen que las regalías corresponden a la provincia de Mendoza donde está ubicada la fuente hidroeléctrica”.
También sostuvo: “Para generar energía no basta con el agua, necesita pendiente e infraestructura. Y todo eso está en nuestra provincia”.
Cornejo se quejó por la decisión de la provincia vecina por llevar la cuestión al ámbito de los tribunales: “Mientras La Pampa se dedica a judicializar cada decisión, Mendoza planifica, ejecuta e invierte en obras para aprovechar mejor sus recursos hídricos y mejorar la infraestructura que los sostiene”.
“Es muy fácil hacer política con un río y convertirlo en slogan de gestión. Lo difícil es invertir, hacer obras y construir acuerdos. Mendoza eligió ese camino y está haciendo su parte. Sería bueno que La Pampa también mostrara qué inversiones realizó para mejorar el aprovechamiento de los recursos que dice defender”, remató Cornejo.
“Inentendible que moleste reclamar”
Con un nuevo mensaje, el gobernador peronista ratificó la postura de La Pampa y le recriminó a Cornejo que, “aunque para usted sea mezclar temas, cumplan con el fallo de 2020 de la propia Corte Suprema, por el que ordena garantizar el ingreso de agua del Río Atuel en forma permanente a nuestra provincia”.
El mandatario pampeano aseguró que “hace 6 años lo incumplen, a pesar de que como usted bien lo dice, el Río Atuel es interprovincial y sus aguas, abundantes o escasas, también nos pertenecen”.
Además, justificó: “Resulta inviable invertir para potenciar ese recurso ya que Mendoza mantiene cortado el Río Atuel hace casi 80 años”. “Solo pedimos que se cumplan las leyes y se respeten nuestros derechos”, agregó y cerró: “Tan simple, como inentendible que moleste reclamar lo que nos pertenece”.
El conflicto entre Mendoza y La Pampa por el río combina al menos dos disputas distintas, aunque relacionadas: una por el uso del agua y otra por las regalías que genera su aprovechamiento hidroeléctrico. La semana pasada, el Gobierno nacional tomó una decisión sobre el segundo de esos frentes y benefició a Cornejo, que es un mandatario aliado en las votaciones en el Congreso.
La decisión oficial firmada por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, deja sin efecto el Decreto 1560/73, la norma que durante 53 años reguló el reparto de las regalías entre ambas provincias. Desde su entrada en vigencia, esas regalías serán percibidas en su totalidad por el distrito cuyano.
La instrucción del Poder Ejecutivo define que la provincia cuyana pasará a cobrar el 12% establecido como regalía hidroeléctrica sobre la energía generada por el complejo, un porcentaje que hasta ahora se dividía en partes iguales con La Pampa.
La pelea escaló luego de que en julio se lanzara una nueva licitación para privatizar el complejo hidroeléctrico. Junto a Mendoza, el Gobierno busca un nuevo concesionario del complejo compuesto por cuatro centrales sobre el río Atuel, cuyas concesiones originales vencieron hace más de dos años. El actual operador es Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (HINISA), empresa en la que Pampa Energía, el conglomerado controlado por el empresario Marcelo Mindlin, tiene una participación directa del 52 por ciento.
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POLITICA
El Gobierno denunciará a más empresas por exploraciones ilegales en Malvinas y dijo que los F16 custodiarán la base en Tierra del Fuego
El gobierno de Javier Milei anunció este martes que ampliará la denuncia presentada la semana pasada contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas ilegales en la Plataforma Continental Argentina en las islas Malvinas.
“Se presentarán nuevas denuncias contra empresas que estarían desarrollando actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en violación de la Ley N°26.659, que prohíbe la actividad petrolera en la Plataforma Continental Argentina sin autorización”, detalló el vocero presidencial Adrián Ravier en la conferencia de prensa de esta mañana.
Según explicó, se sumarán nuevas compañías a las que ya habían sido afectadas en la acusación previa. Sin embargo, no dio los nombres de las nuevas empresas denunciadas. “Para nuestro gobierno, es una convicción irrenunciable por historia y por derecho que las Malvinas son argentinas. Recordamos la ocupación británica e insistimos sobre el pedido de la ONU de no realizar trabajos sobre el territorio”, reiteró el portavoz.
Ravier también se refirió a la Base Naval Integrada que el Gobierno construirá en Ushuaia, Tierra del Fuego, y que prevé que esté finalizada para 2029. “Incorporará funciones logísticas; será un punto estratégico para la proyección, para vigilar y controlar recursos naturales, de apoyo a la logística”, enumeró Ravier.
Afirmó además que la base será custodiada por el avión Lockheed P-3 Orion y los aviones F-16 comprados a Dinamarca. La compra —realizada en 2024 al Ministerio de Defensa danés— demandó una erogación total para el Estado de US$301.200.000, que se pagarán en cinco cuotas anuales, de acuerdo a lo detallado. A ese monto se sumarán luego otros US$350 millones por el equipamiento militar que proveerá Estados Unidos, por lo que el costo final ascenderá a US$650 millones.
“Tomamos las acciones que estamos tomando, y que están avaladas por gran parte de la población, para tratar de evitar que ciertas empresas se lleven recursos que son nuestros, de nuestra soberanía. La base cumple esa función y las acciones tienen que ser inmediatas si no queremos perder nuestros recursos”, señaló Ravier, ante una consulta sobre por qué el Gobierno financiaba la base.
En la anterior denuncia presentada por el Gobierno a principios de septiembre, 15 empresas y personas fueron imputadas por actividades supuestamente ilegales en el entorno de las islas Malvinas. En su mayoría se trató de accionistas de compañías o firmas relacionadas con ellas, según pudo confirmar .
En el listado aparecían Shlomo Eliahu Holdings Ltda., accionista israelí de Navitas Petroleum; y cuatro accionistas más de Rockhopper Exploration PLC —Abeeeden Group PLC y HBOS Investment Fund Managers Ltd (de Reino Unido), Smr Advisors Sam (de Mónaco) y Mizrahi Tefahot Bank Ltd. (de Israel)—. Navitas y Rockhopper son los dos nombres detrás del proyecto Sea Lion, que planea comenzar con las perforaciones en los próximos meses y con la extracción en 2028.
Además, se le aplicarán sanciones a David Williamsom Dobson, de Reino Unido, quien aparece en los registros oficiales como accionista y “presidente no ejecutivo” de Borders & Southern, otra de las compañías registradas en la primera tanda de penalidades.
Se suman a esta lista representantes de la compañía Eco: Gil Holzman, como accionista y CEO; Keith Hill, Peter Nicol y Alan Friedman, como accionistas y directores; Alice Carroll, como accionista y miembro; y Gabi Levin, como accionista y CFO. Sus nacionalidades no están detalladas.
En el documento hay además una firma de Países Bajos de nombre Bluewater Energy Services BV, que figura como “proveedor estratégico de infraestructura”. Con el mismo mote aparece Bluewater Sea Lion Production Company Limited, de Reino Unido. Por último, ingresó al proceso sancionatorio Noble Corporation UK Ltd., también de Reino Unido, como “matriz de proveedor estratégico de infraestructura”.
Estas se sumaron al listado de 45 anunciadas por primera vez tras la cadena nacional del presidente Javier Milei del jueves 3 de septiembre. La conferencia del primer mandatario estuvo centrada en reivindicar la soberanía argentina sobre el archipiélago y en anunciar la implementación de una serie de medidas a raíz de las acciones ilegales o sospechosas de actores extranjeros que se desarrollarían en las cercanías de las islas, tanto en materia de hidrocarburos como de pesca.
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POLITICA
“Tiene que ser una base manejada por Argentina”: el intendente de Ushuaia respaldó el proyecto para operar hacia la Antártida
Ushuaia busca consolidarse como base de las operaciones argentinas hacia la Antártida. El proyecto de la Base Naval Integrada, previsto junto a la bahía de la ciudad, tiene el foco puesto en el financiamiento, su administración y el lugar que tendrá en la logística del Atlántico Sur y la economía fueguina.
Walter Vuoto, intendente de Ushuaia, respaldó que el proyecto sea financiado y gestionado por el país. “Tiene que ser una base manejada por Argentina para los argentinos y argentinas”, afirmó en Infobae Al Amanecer, al reclamar que los eventuales acuerdos de financiamiento extranjero pasen por el Congreso.
La obra está prevista sobre la bahía de Ushuaia, cerca del aeropuerto y del centro urbano. Vuoto señaló que comenzó en 2022 y que los trabajos iniciales sobre el terreno llevaron el avance a 10%.
El funcionario remarcó que la iniciativa tuvo partidas en los presupuestos nacionales desde 2021 y empezó a ejecutarse durante la gestión de Jorge Taiana al frente del Ministerio de Defensa. Al mismo tiempo planteó que los recursos nacionales deben sostener la construcción y que cualquier aporte externo requiere control del Congreso de la Nación.
Una plataforma para las operaciones hacia la Antártida
La Base Naval Integrada permitiría ampliar las operaciones argentinas hacia la Antártida, donde la Armada Argentina ya abastece a las bases nacionales. Vuoto consideró que la nueva infraestructura podría recibir embarcaciones de gran porte, incluido el rompehielos Almirante Irízar, aunque no detalló las características técnicas proyectadas.
“La base es bienvenida”, afirmó el intendente. Su propuesta apunta a conformar en Ushuaia un polo logístico antártico que fortalezca la cadena de proveedores, los servicios portuarios y la industria naval fueguina.
La ciudad compite con Punta Arenas, en Chile, por la actividad vinculada con las operaciones antárticas. Vuoto vinculó esa competencia con la capacidad de ofrecer infraestructura y servicios: “Uno va a competir al mundo con capacidad logística”.
El nuevo emplazamiento también exigirá cambios en la organización urbana. Cabe destacar que la Armada Argentina opera hoy desde una base ubicada en el centro de Ushuaia, mientras que la futura instalación requerirá definiciones sobre circulación, servicios y logística en las que participen la Nación, la provincia y el municipio.
Los tres niveles de gobierno integraron una mesa de discusión en la etapa inicial del proyecto. Sobre esto, Vuoto añadió que el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, prevé convocar una mesa técnica para conocer las fases de inversión y sus consecuencias locales.
Malvinas, recursos del Atlántico Sur y control parlamentario
Vuoto vinculó la construcción de la base con el reclamo argentino sobre las islas Malvinas, la defensa de los recursos marítimos y el fortalecimiento de las capacidades militares.
En este sentido, afirmó que contar con un cuartel militar en la ciudad es “un deseo eterno para los fueguinos” y sostuvo que “la causa Malvinas nos debe unir a todos”. A su criterio, una mayor presencia logística puede acompañar la política de soberanía en el Atlántico Sur.
Al mismo tiempo, cuestionó la posición del presidente Javier Milei sobre Malvinas, a raíz de declaraciones previas del mandatario sobre Margaret Thatcher y el nacionalismo. “Milei termina siendo un accidente en la causa Malvinas”, sostuvo.
También mencionó la Ley 26.659, sancionada en 2011, que prevé sanciones para las empresas que operen sin autorización argentina en áreas relacionadas con Malvinas. Para Vuoto, la discusión debe incluir la explotación de hidrocarburos, la pesca y las alianzas internacionales.
El jefe comunal afirmó que las empresas Rockhopper y Navitas exploran el área Sea Lion, en la cuenca norte de Malvinas. Atribuyó a esos recursos un valor de USD 180 mil millones, aunque no presentó documentación para respaldar esa estimación.
Entre otras cosas, aseguró además que embarcaciones con permisos isleños extraen 260 mil toneladas anuales de pesca en aguas que consideró argentinas. Frente a esa situación, propuso revisar la estrategia internacional del país sobre la explotación de recursos en el Atlántico Sur.
Las autoridades nacionales mencionaron una inversión de USD 500 millones para la base, según indicó el intendente, quien pidió precisar la composición del presupuesto y las etapas de ejecución. “Tiene que ser una base manejada por Argentina para los argentinos y argentinas”, afirmó al reclamar que los eventuales acuerdos de financiamiento extranjero sean sometidos al Congreso.
La caída industrial y la búsqueda de nuevas actividades
La construcción de la base forma parte, para Vuoto, de una estrategia para ampliar la matriz productiva de Tierra del Fuego. El intendente sostuvo que la provincia perdió 10 mil puestos de trabajo industriales por la apertura de importaciones y la reducción de aranceles que afectaron a la producción local de equipos electrónicos.
“Hemos perdido diez mil puestos de trabajo”, afirmó. Y rechazó que la apertura comercial haya reducido los precios de los celulares y sostuvo que el contrabando pasó de representar 13% del mercado a ocupar 70%, sin precisar el período de comparación.
Vuoto defendió el régimen de promoción económica y fiscal establecido por la Ley 19.640. Según su planteo, la norma buscó poblar la Patagonia y consolidar la presencia argentina en una región próxima a Malvinas y Chile.
El intendente expresó respaldo a nuevas inversiones y afirmó que Ushuaia recibiría favorablemente un polo de inteligencia artificial por las bajas temperaturas, los recursos de agua y la infraestructura portuaria. “Generar soberanía es que ni un fueguino más se vaya de Tierra del Fuego”, concluyó.
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