En medio de la conmoción que despertaron los femicidios de Agostina Vega en Córdoba, Dulce María Candia en Misiones y Noelia Carolina Romero en Temperley (Buenos Aires), la organización feminista Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) advirtió que en los primeros cinco meses de 2026 se registraron 105 casos en el país.

De acuerdo con los datos relevados con motivo del 11° aniversario desde que se gestó el movimiento Ni Una Menos, un femicidio se comete cada 35 horas. Incluso, destacaron que el 60% de estos asesinatos fueron cometidos por la pareja, ex pareja o un familiar de la víctima.

La estadística, que abarcó el periodo entre el 1 de enero y el 30 de mayo, reveló la persistencia de la violencia de género en el país. Así, en menos de seis meses, se identificaron 80 femicidios directos, 5 vinculados, 3 transfemicidios/travesticidios, 5 suicidios feminizados, 12 homicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado, 1 crimen de odio y 5 muertes violentas asociadas al género.

Desde Mumalá aclararon que todavía habría 14 casos en investigación, junto con un universo de 420 casos que fueron calificados como intentos de femicidio. En línea con esto, advirtieron que, desde 2015, se contabilizaron un total de 3.096 femicidios.

Al mismo tiempo que destacaron que el 60% de las víctimas fue asesinada por su pareja, ex pareja o un familiar, apuntaron que el 67% de ellas fueron asesinadas en sus viviendas. Además, se conoció que el 40% eran madres, lo que dejó al menos a 73 niños, niñas y adolescentes sin su madre.

Respecto al perfil de las víctimas, se observó que la edad promedio fue de 39 años. Sin embargo, entre las víctimas, también identificaron a 10 que eran adultas mayores de 60 años y 10 eran niñas o adolescentes menores de 18.

Incluso, destacaron que al menos una de las víctimas estaba embarazada, mientras que el 7% de ellas había permanecido desaparecida antes de ser hallada sin vida. Asimismo, indicaron que el 75% de las víctimas había denunciado a sus agresores, el 19% contaba con orden de restricción y el 12% disponía de botón antipánico.

El perfil de los femicidas

Según el informe de Mumalá, en la mayoría de los casos existía un vínculo previo. A la vez que reiteraron que el 60% era una pareja, ex pareja o un familiar de la víctima, destacaron que el 32% convivía con ellas al momento de cometerse el crimen.

Dentro de ese espectro, resaltaron que el 32% de los femicidas se dieron a la fuga tras haber consumado el crimen y que, de ese porcentaje, un 18% de los agresores todavía no logró ser localizado por las autoridades. Además, apuntaron que el 16% se suicidó y otro 9% intentó hacerlo, pero no tuvo éxito.

Al mismo tiempo que se dio a conocer que el 10% tenía antecedentes penales, subrayaron que el 6% pertenecía a una fuerza de seguridad. Asimismo, el 5% de los agresores asesinó a una tercera persona durante el femicidio.

En cuanto a la modalidad de los crímenes, el 32% de los femicidios se perpetró con arma de fuego, el 24% con arma blanca, el 13% mediante asfixia, el 11% por golpes y el 7% con otros métodos. El resto de los casos, es decir, el 13%, no especificó la modalidad.

Las provincias con las tasas de femicidios más altas

1. Chubut: 1,1%
2. Jujuy: 0,7%
3. Salta: 0,7%
4. Santiago del Estero: 0,6%
5. Catamarca: 0,6%
6. Neuquén: 0,6%
7. Río Negro: 0,6%
8. Chaco: 0,5%
9. Corrientes: 0,5%
10. Formosa: 0,5%
11. La Rioja: 0,5%
12. Santa Fe: 0,5%
13. Santa Cruz: 0,5%
14. Entre Ríos: 0,5%
15. Córdoba: 0,7%
16. San Juan: 0,3%
17. Mendoza: 0,4%
18. Misiones: 0,4%
19. Buenos Aires: 0,4%
20. Tucumán: 0,4%
21. San Luis: 0,4%
22. Tierra del Fuego: 0,7%
23. La Pampa: 0%

Luego de objetar el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli que impulsa el Gobierno, Patricia Bullrich puso a disposición de Javier Milei su renuncia a la jefatura de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado. Sin embargo, el Presidente desestimó la propuesta.

Según pudo saber TN, Bullrich ofreció dar un paso al costado durante la conversación privada que mantuvo con Milei este lunes para comunicarle que no iba a acompañar el retiro del pliego de Michelli.

“Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”, comunicó la exministra de Seguridad en sus redes tras la reunión.

Cerca de la legisladora aseguraron que ella mantuvo una conversación “razonable” con el Presidente donde le explicó que no podía ir en contra de sus valores personales. En ese sentido, debido a que esa diferenciación del lineamiento de la Casa Rosada podía generar ruido político, decidió poner a disposición su renuncia.

“Por supuesto, toda persona de bien cuando tiene que darle a conocer al Presidente una posición distinta a la suya pone su renuncia a disposición. El presidente siguió la conversación sin darle importancia a esa aseveración que hice”, ratificó luego la propia Bullrich tras disertar en un foro de ciberseguridad en Mendoza.

Y agregó: “No hay internas, hay una objeción de conciencia. Hoy ha salido con toda claridad una comunicación del mismo partido de que la divergencia en el seno de una fuerza política amplia es importante”.

Los paños fríos del Gobierno para aplacar el ruido de una nueva diferenciación de Bullrich

Pese a que el Presidente no le manifestó ningún reproche, la postura de Bullrich fue leída como un nuevo gesto de autonomía. Semanas atrás, la senadora porteña le había reclamado a Manuel Adorni que presentara inmediatamente su declaración jurada para frenar el desgaste que generaba la causa judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, en Casa Rosada y cerca de Karina Milei evitaron abrir un nuevo frente contra la jefa de la bancada oficialista. Por eso, sostuvieron que en este caso “son miradas que no comprometen el rumbo ni la eficacia de la gestión”.

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“Dentro de un espacio diverso y amplio es natural que existan diferentes visiones sobre los distintos temas. Ha ocurrido en otras oportunidades”, aseguró un funcionario que orbita la Secretaría General de la Presidencia.

En sus redes, Bullrich insistió en su compromiso con el Gobierno, y aclaró que “en una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece”.

Luego, remarcó: “El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio”.

La polémica por el pliego de una jueza que es familiar de un periodista

Pese a que su pliego ya había reunido las nueve firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos del Senado, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y Javier Milei enviaron un pedido para retirar la postulación de la jueza María Verónica Michelli.

La objeción central gira alrededor de su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon.

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Ahora, el retiro del pliego de Michelli deberá ser convalidado en el recinto del Senado con mayoría simple. El objetivo podría complicarse por la negativa de Bullrich y otros bloques aliados como la UCR y el PRO, que ya anticiparon su negativa a dar marcha atrás con el pliego.

La polémica se definirá este próximo jueves 4 de junio, cuando el Senado se reúna para discutir, entre otros proyectos, los más de 70 pliegos para cubrir vacantes judiciales enviados por Mahiques.

Patricia Bullrich, Javier Milei, Senado

La tensión entre el gobierno de Axel Kicillof y la Legislatura bonaerense volverá a materializarse en las próximas horas cuando en la Cámara de Diputados provincial se discuta en comisión un proyecto de ley que interviene en la transferencia de recursos a los municipios, producto de la deuda que tome el Poder Ejecutivo. Como dio cuenta este medio, los intendentes instaron a que los fondos que llegarán a los distritos a partir del endeudamiento que se le aprobó a Kicillof sean en su totalidad de libre disponibilidad. Actualmente la ley aprobada establece que un 70% será bajo esta condición, mientras que el 30% restante será ejecutado a través de tres áreas específicas: el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el de Transporte o el Instituto Cultural. Pero la coyuntura económica, según los intendentes, obliga a cambiar los planes.

En este marco, hay dos proyectos de ley en la Cámara de Diputados bonaerense. Ambos, impulsados por dos sectores del radicalismo, les otorgan a los intendentes la potestad de decidir libremente para qué usar los fondos que vayan a percibir, aunque uno de ellos faculta a una comisión bicameral para que autorice el pago. Esa iniciativa, que lleva la firma del diputado UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, es la que corre con ventaja dentro de la Legislatura y se discutirá este miércoles en la reunión de comisión de Presupuesto.

Pero Kicillof quiere otra cosa. “Se puede hacer más simple”, planteó el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco. El funcionario explicó: “La ley tenía previsto que el 70% de los fondos que iban a los municipios fueran de libre disponibilidad y un 30% se asociara a distintos proyectos de algunos ministerios de la provincia de Buenos Aires. Entiendo que lo que plantea el proyecto es que van a ser de libre disponibilidad, pero que van a estar definidos por una bicameral”. Y sentenció: “Que los fondos sean 100% de libre disponibilidad y por el CUD”.

Bianco apunta a que sean sin la intervención de la comisión bicameral que solo se atañará a monitorear el nivel de deuda del Poder Ejecutivo. El CUD es el Coeficiente Único de Distribución, un índice matemático oficial que utiliza la provincia de Buenos Aires para determinar qué proporción de los fondos de coparticipación recibe cada uno de sus 135 municipios. Es un cálculo anual basado en la población de cada distrito, la superficie territorial, el nivel de prestación de salud, la capacidad de recaudación tributaria y la vulnerabilidad social del mismo, entre otros factores.

“Me parece que esa es la forma más razonable para que los fondos lleguen de manera más equitativa”, consideró Bianco en una conferencia de prensa. Es decir, mediante el CUD y sin participación de legisladores, aclarando —además— que esa es “la posición del Poder Ejecutivo”.

La situación actual vuelve a poner énfasis en la diferencia de criterios entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo en la provincia de Buenos Aires y en la tensión con la que transita la relación interpodere, atravesada, además, por la interna del peronismo. Cuando, a fines del año pasado, Kicillof giró el proyecto de ley para solicitar endeudamiento por una suma nominalizada en dólares de USD 3.685 millones, la negociación política derivó en la creación de un fondo destinado a los municipios y la conformación de una comisión bicameral para el seguimiento de la deuda.

Se acordó que el fondo fuera el equivalente al 8% del total obtenido mediante el endeudamiento, garantizando, además, un monto fijo de $250.000 millones. En lo que respecta a la bicameral, Diputados designó a sus integrantes una vez aprobada la ley. Se nombró a los peronistas Mariano Cascallares, Mayra Mendoza, Carlos Puglielli, Juan De Jesús, Rubén Eslaiman; mientras que de la oposición los elegidos fueron el radical Garciarena y el jefe del bloque PRO, Alejandro Rabinovich. En el Senado aún no hay novedades sobre quiénes integrarán dicha bicameral. La mayoría de ellos, junto a las autoridades de la Cámara baja, Alejandro Dichiara (presidente) y Alexis Guerrera (vicepresidente), recibió a una comitiva de intendentes que fueron a pedirle que los fondos a percibir sean de libre disponibilidad.

El rol que vaya a tener ese ámbito, es decir, la comisión bicameral, es el que se discutirá este miércoles. Los movimientos legislativos son seguidos con atención por los intendentes. Además del proyecto de Garciarena para darle libre disponibilidad a los recursos pero autorizados por la bicameral en cuestión, se suma otra iniciativa de similares características, pero donde la bicameral no interviene en la ejecución de recursos y solo se ata al seguimiento de la deuda y al pedido de información al Ejecutivo referido al endeudamiento. Propone —como quiere el Ejecutivo— que la transferencia de fondos sea automática y mediante el CUD. Lleva las firmas de las diputadas del bloque UCR Radicalismo, Alejandra Lordén, Priscilia Mineaard y su compañero de bancada, Valentín Miranda.

En Diputados responsabilizan a Kicillof de la actual situación y la falta de certezas que tienen los intendentes. Los jefes comunales reconocen que, si bien la creación de un fondo específico fue una demanda sectorial, cuando el proyecto se debatió, “estaba bien” la caracterización que se le dio, solo que “la coyuntura económica cambió en seis meses. Ahora hay muchos distritos que no pueden pagar sueldos ni aguinaldos. Por eso necesitamos darle celeridad”. Un grueso de intendentes aboga por el proyecto que no le da facultad a la bicameral para la autorización en el giro de fondos; sin embargo, y probablemente, la iniciativa que avance este miércoles tiene otras características. Lo explicita su artículo 2 que detalla las atribuciones de la comisión bicameral y remarca una de ellas será “autorizar el pago a cada municipio de los fondos estipulados en el inciso b) del artículo 3 de la ley 15.561″

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