La tensión entre el gobierno de Axel Kicillof y la Legislatura bonaerense volverá a materializarse en las próximas horas cuando en la Cámara de Diputados provincial se discuta en comisión un proyecto de ley que interviene en la transferencia de recursos a los municipios, producto de la deuda que tome el Poder Ejecutivo. Como dio cuenta este medio, los intendentes instaron a que los fondos que llegarán a los distritos a partir del endeudamiento que se le aprobó a Kicillof sean en su totalidad de libre disponibilidad. Actualmente la ley aprobada establece que un 70% será bajo esta condición, mientras que el 30% restante será ejecutado a través de tres áreas específicas: el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el de Transporte o el Instituto Cultural. Pero la coyuntura económica, según los intendentes, obliga a cambiar los planes.

En este marco, hay dos proyectos de ley en la Cámara de Diputados bonaerense. Ambos, impulsados por dos sectores del radicalismo, les otorgan a los intendentes la potestad de decidir libremente para qué usar los fondos que vayan a percibir, aunque uno de ellos faculta a una comisión bicameral para que autorice el pago. Esa iniciativa, que lleva la firma del diputado UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, es la que corre con ventaja dentro de la Legislatura y se discutirá este miércoles en la reunión de comisión de Presupuesto.

Pero Kicillof quiere otra cosa. “Se puede hacer más simple”, planteó el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco. El funcionario explicó: “La ley tenía previsto que el 70% de los fondos que iban a los municipios fueran de libre disponibilidad y un 30% se asociara a distintos proyectos de algunos ministerios de la provincia de Buenos Aires. Entiendo que lo que plantea el proyecto es que van a ser de libre disponibilidad, pero que van a estar definidos por una bicameral”. Y sentenció: “Que los fondos sean 100% de libre disponibilidad y por el CUD”.

Bianco apunta a que sean sin la intervención de la comisión bicameral que solo se atañará a monitorear el nivel de deuda del Poder Ejecutivo. El CUD es el Coeficiente Único de Distribución, un índice matemático oficial que utiliza la provincia de Buenos Aires para determinar qué proporción de los fondos de coparticipación recibe cada uno de sus 135 municipios. Es un cálculo anual basado en la población de cada distrito, la superficie territorial, el nivel de prestación de salud, la capacidad de recaudación tributaria y la vulnerabilidad social del mismo, entre otros factores.

“Me parece que esa es la forma más razonable para que los fondos lleguen de manera más equitativa”, consideró Bianco en una conferencia de prensa. Es decir, mediante el CUD y sin participación de legisladores, aclarando —además— que esa es “la posición del Poder Ejecutivo”.

La situación actual vuelve a poner énfasis en la diferencia de criterios entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo en la provincia de Buenos Aires y en la tensión con la que transita la relación interpodere, atravesada, además, por la interna del peronismo. Cuando, a fines del año pasado, Kicillof giró el proyecto de ley para solicitar endeudamiento por una suma nominalizada en dólares de USD 3.685 millones, la negociación política derivó en la creación de un fondo destinado a los municipios y la conformación de una comisión bicameral para el seguimiento de la deuda.

Se acordó que el fondo fuera el equivalente al 8% del total obtenido mediante el endeudamiento, garantizando, además, un monto fijo de $250.000 millones. En lo que respecta a la bicameral, Diputados designó a sus integrantes una vez aprobada la ley. Se nombró a los peronistas Mariano Cascallares, Mayra Mendoza, Carlos Puglielli, Juan De Jesús, Rubén Eslaiman; mientras que de la oposición los elegidos fueron el radical Garciarena y el jefe del bloque PRO, Alejandro Rabinovich. En el Senado aún no hay novedades sobre quiénes integrarán dicha bicameral. La mayoría de ellos, junto a las autoridades de la Cámara baja, Alejandro Dichiara (presidente) y Alexis Guerrera (vicepresidente), recibió a una comitiva de intendentes que fueron a pedirle que los fondos a percibir sean de libre disponibilidad.

El rol que vaya a tener ese ámbito, es decir, la comisión bicameral, es el que se discutirá este miércoles. Los movimientos legislativos son seguidos con atención por los intendentes. Además del proyecto de Garciarena para darle libre disponibilidad a los recursos pero autorizados por la bicameral en cuestión, se suma otra iniciativa de similares características, pero donde la bicameral no interviene en la ejecución de recursos y solo se ata al seguimiento de la deuda y al pedido de información al Ejecutivo referido al endeudamiento. Propone —como quiere el Ejecutivo— que la transferencia de fondos sea automática y mediante el CUD. Lleva las firmas de las diputadas del bloque UCR Radicalismo, Alejandra Lordén, Priscilia Mineaard y su compañero de bancada, Valentín Miranda.

En Diputados responsabilizan a Kicillof de la actual situación y la falta de certezas que tienen los intendentes. Los jefes comunales reconocen que, si bien la creación de un fondo específico fue una demanda sectorial, cuando el proyecto se debatió, “estaba bien” la caracterización que se le dio, solo que “la coyuntura económica cambió en seis meses. Ahora hay muchos distritos que no pueden pagar sueldos ni aguinaldos. Por eso necesitamos darle celeridad”. Un grueso de intendentes aboga por el proyecto que no le da facultad a la bicameral para la autorización en el giro de fondos; sin embargo, y probablemente, la iniciativa que avance este miércoles tiene otras características. Lo explicita su artículo 2 que detalla las atribuciones de la comisión bicameral y remarca una de ellas será “autorizar el pago a cada municipio de los fondos estipulados en el inciso b) del artículo 3 de la ley 15.561″

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