Daniel “Tano” Angelici no pertenece a Pro, pero trabaja para garantizar la gobernabilidad del partido amarillo en la ciudad. De estrecha confianza de Jorge Macri, integra la mesa chica del jefe de gobierno y negocia tras bambalinas para que la Legislatura sancione los proyectos de un oficialismo que, desde diciembre, es minoría.

Para ello, la llegada a Pilar Ramírez −mujer de confianza de Karina Milei que preside el bloque de La Libertad Avanza (LLA) y a cuyo marido, Darío Wasserman, presidente del Banco Nación, conoce desde hace años− es clave. Pero, fuera del pragmatismo que le exige “ayudar a su amigo” alcalde, Angelici teje su propio juego para 2027 y apuesta a reeditar una vieja alianza, sin los libertarios.

El empresario milita desde hace años en la Unión Cívica Radical (UCR) de la ciudad. A pesar de su extenso vínculo con el expresidente Mauricio Macri y su primo Jorge −ambos fundadores de Pro−, jamás dejó las filas del partido centenario. Esa ambivalencia funcionó, por años, de manera cómoda, con ambas terminales partidarias confluyendo en armados comunes y moviéndose como aliados.

La irrupción de LLA en la escena política reconfiguró ese ordenamiento. La última elección nacional en suelo porteño encontró a Pro y al radicalismo en boletas separadas: mientras el primero jugó en tándem con el partido de Milei, el otro lideró una alianza de centro a la que llamaron Ciudadanos Unidos. Son alineamientos que podrían repetirse el próximo año.

Angelici tiene otros planes. Según indicaron fuentes cercanas al dirigente radical, su intención es reconstruir una coalición moderada con los mismos actores que integraron Cambiemos, luego rebautizado como Juntos por el Cambio. Pro, la UCR y la Coalición Cívica bajo un mismo paraguas, de nuevo.

Hace meses que, con ese objetivo en mente, el empresario del juego y operador judicial trabaja para acercar a Jorge Macri y su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta. Sus esfuerzos, por ahora, han sido en vano. Pese a los trascendidos sobre un encuentro entre ambos dirigentes, tanto cerca del legislador porteño como del jefe de gobierno niegan que se haya concretado reunión alguna.

Quienes conocen al dirigente radical advierten que el nulo progreso alcanzado en estos meses aún no echó por tierra su proyecto. Los números −estiman− podrían jugar a favor de una reedición de la alianza cambiemita. “Horacio solo no llega y Jorge solo tampoco llega [a reelegir]”, advierten en su entorno.

Esperan que, en ese contexto, la UCR funcione como un puente entre ambos y pueda insertarse en el centro de una coalición competitiva, que permita defender los 20 años de conducción amarilla en la Capital Federal. Con terminales dentro del Poder Ejecutivo y el control administrativo de la Legislatura, la continuidad de Pro en la ciudad es un atractivo para Angelici.

Entre los colaboradores de Rodríguez Larreta, de todos modos, aclaran que, por el momento, prevén ir a las urnas en soledad. Aún tienen presente la aventura presidencial de 2023, cuando el exjefe de gobierno buscó acercarse a distintas vertientes −desde un peronismo más moderado hasta radicales y lilitos− y se resisten a repetir la misma estrategia que terminó en derrota.

Aunque no reniegan de eventuales acuerdos y mantienen diálogo fluido con distintas estructuras partidarias, fijan desde un primer momento dos límites inamovibles: el kirchnerismo duro, por un lado, y los libertarios, por el otro.

Cerca de Rodríguez Larreta reconocen que conversan con Juan Manuel Olmos, dirigente del Partido Justicialista (PJ) porteño. El también titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) impulsa, junto a Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz, un armado peronista independiente de Cristina Kirchner y del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Su propuesta convive en la ciudad con el liderazgo de Mariano Recalde, presidente del PJ porteño y referente de La Cámpora, la agrupación que reivindica la figura de la expresidenta. En marzo, las autoridades del partido definieron prorrogar sus mandatos hasta fin de año para acordar una lista de unidad para la elección interna y llegar sin fisuras a 2027.

En este contexto, una ruptura del PJ en la ciudad parece improbable y, con el kirchnerismo dentro de la ecuación, se cae cualquier acuerdo con Rodríguez Larreta. Por eso, cerca de Angelici no descartan que, en el futuro, vuelvan a convivir en un mismo espacio el exjefe de gobierno y Jorge Macri, aunque hoy el dirigente de Pro coquetea con uno de los límites que el exalcalde no está dispuesto a cruzar.

Macri viene ensayando guiños a LLA, que hoy enfrenta una baja en el escenario porteño, luego de que la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito dejara al jefe de gabinete, Manuel Adorni, fuera de competencia. El mandatario amarillo no cierra la puerta a una PASO con el partido de Milei y busca alinear sus respectivas agendas con una impronta de orden, control del espacio público y anuncios sobre desregulaciones.

Esa “derechización” del jefe de gobierno aleja a Rodríguez Larreta y tampoco termina de convencer al radicalismo porteño. Cerca de Angelici aclaran que no hay manera de que la UCR comparta boleta con LLA en el distrito. El vínculo entre el empresario y los libertarios se circunscribe al ámbito legislativo: en el corto plazo, Angelici y sus alfiles negocian con el sello violeta la gobernabilidad de un macrismo débil en términos parlamentarios.

Según señalaron fuentes de la Legislatura porteña a , Martín Ocampo, procurador de la ciudad y hombre de extrema confianza de Angelici, arbitra las negociaciones en el parlamento. Tuvo un rol central −junto al vicepresidente, Matías López (Pro)− en la sanción de la ampliación presupuestaria impulsada por el oficialismo y en la que la abstención de LLA fue crucial. También digitó −con el propio empresario radical− el reparto de las comisiones, un proceso en el que −admiten− la titular del bloque de Pro, Silvia Lospennato, quedó parcialmente desplazada.

En su rol de colaborador de Jorge Macri, Angelici trabaja por acercar al partido de Milei y el sello amarillo para facilitar la gestión. Como histórico afiliado al radicalismo, reniega de esa aproximación y teje un armado alternativo que excluya a los libertarios. Rumbo a 2027 −tal como hizo en mayo del año pasado, cuando apoyó la lista radical, pero ubicó candidatos propios en la nómina de Pro−, mantiene abierto un juego a dos puntas.

El juez Carlos Mahiques, integrante de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, presentó una nota formal en la que denunció un proceso de “acoso mediático” contra los integrantes del Poder Judicial y pidió aplicar “sanciones éticas” por el intercambio de información entre magistrados y comunicadores.

En un documento dirigido al presidente del tribunal, Diego Barroetaveña, el padre del ministro de Justicia de Javier Milei, Juan Bautista Mahiques, repudió lo que llamó una “incesante promoción y difusión en los medios audiovisuales de información y publicaciones falsas, distorsionadas o erróneas vinculadas con la magistratura y sus integrantes”.

El juez, a quien recientemente el Senado le dio acuerdo para continuar en el cargo más allá del tope de los 75 años de edad, sostuvo que el resguardo de una información pública “recta y objetiva” es una exigencia republicana que se está viendo vulnerada por un tratamiento mediático que privilegia el impacto emocional por sobre el análisis fáctico.

En su alegato, puntualizó que los temas judiciales han sido objeto de “innumerables comentarios, artículos o editoriales en portales digitales y -con particular virulencia en la grilla televisiva y on line de la empresa S.A. La Nación+-”.

Denunció que un grupo de comunicadores, a los que calificó peyorativamente como “epígonos”, se dedican a deslizar sospechas y afirmar falsedades sobre los magistrados. Mahiques acusó a estos sectores de aludir a los jueces —incluyéndose a sí mismo— “con términos y calificaciones pretendidamente sarcásticas o caricaturescas cuando no decididamente injuriosas”.

Para el magistrado, no se trata de hechos aislados, sino de un patrón de hostilidad protagonizado por lo que llama “nuevos sicofantes” que montan operaciones contra el Poder Judicial. Mahiques advierte que estos ataques tienen un “efecto corrosivo ocasionado a la imagen, la dignidad y la legitimidad de la Justicia como un poder del Estado”.

Advirtió que analiza tomar medidas legales en lo que respecta a lo que se escribe o dice sobre él: “De mi parte habré de evaluar si ese hostigamiento pretendidamente informativo, por su encono y sesgo descalificador, tiene relevancia en el ámbito civil o penal como merecedor de reparación o de sanción a sus responsables físicos o jurídicos”.

Se declaró víctima de desprotección: “Los jueces y funcionarios, Sr. Presidente, carecemos de toda protección legal frente a la crítica exacerbada, el escarnio y el escrache, pues todo suele quedar impune bajo el tinglado protector de la libertad de expresión o de la garantía de ‘preservación de las fuentes’”.

Mahiques, de 75 años, fue ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires en la gestión de María Eugenia Vidal. Renunció después de seis meses. Fue nombrado camarista en la Casación ordinaria (tribunal que trata delitos comunes, como homicidios y robos) y desde allí fue trasladado, con la firma de Mauricio Macri, a la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país.

Mahiques fue uno de los magistrados que quedó envuelto en el caso Lago Escondido, en 2022, por un viaje que hicieron con empresarios y lobbistas a la estancia de Joe Lewis, en la Patagonia, y por la difusión de presuntos chats que daban cuenta de cómo los integrantes de ese viaje intentaron que los detalles de la invitación no trascendieran. Estuvo imputado -junto con su hijo que hoy es ministro- cuando la causa estaba en el Sur, pero luego el caso pasó a los tribunales de Comodoro Py y todos los acusados fueron sobreseídos sin que la fiscalía apelara.

En febrero pasado, su nombre quedó asociado a las investigaciones de la AFA, cuando reveló que había celebrado su último cumpleaños en la quinta de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la federación de fútbol. Su hijo, exfiscal general porteño, juró como ministro de Justicia en marzo y en una de sus primeras medidas envió al Senado el pliego para que su padre siga en el cargo cinco años más (lo que fue aprobado el 19 de mayo).

Medidas drásticas

Ratificado en su función, el juez Mahiques propuso medidas institucionales drásticas para blindar al Poder Judicial frente al discurso mediático. En primer lugar, sugirió la “instalación de una vocería u organismo de prensa que sistematice desde el mismo tribunal la difusión en tiempo y forma” de las sentencias, con la intención de que la ciudadanía reciba información de una “fuente rigurosa, confiable y oficial”.

Pero la propuesta más llamativa que enunció apunta a regular los vínculos personales entre los actores del sistema judicial y el periodismo. Mahiques instó a incorporar normas deontológicas a los reglamentos que regulen estas relaciones y que se sancione éticamente como una “grave falta el intercambio de información o de ‘favores’ que luego son utilizados por el periodismo como ‘fuentes judiciales’ no revelables”.

El magistrado describió el vínculo actual como una “promiscuidad informativa” y un “periodismo oportunista y mercenario” que debe ser enfrentado por un interlocutor judicial formado que “desmonte el fácil argumento de ‘buenos y malos’, la intolerancia maniquea y extrema, y que desenmascare a los inquisidores morales de doble estándar”.

En el cierre de la resolución citó al juez italiano Giovanni Falcone (asesinado en 1992 en un atentado explosivo de la Cosa Nostra): advierte sobre la aplicación de una “lógica mafiosa” por parte de los poderosos que buscan condicionar a la Justicia para obtener resoluciones favorables a sus intereses. Según la nota, el método consiste en un proceso de degradación pública: “Primero los ensucian, luego los aíslan, y finalmente los matan”.

Mahiques concluye que, en el caso de los medios de comunicación, este ataque representa una “muerte lenta por desgaste personal y erosión simbólica” de los jueces. Por ello, considera urgente “re-institucionalizar el debate entre los jueces y los medios” y hallar un modo de “mesurar la desmesura” antes de que el Poder Judicial sea reducido a un simple “servidor del discurso mediático”.