POLITICA
En una tensa audiencia del juicio por el ARA San Juan, un exjefe naval apuntó contra la fiscalía: “Me ha tratado de pérfido”
EL CALAFATE.- “La fiscalía me ha tratado de pérfido”, afirmó hoy el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo (R), uno de los exjefes de la Armada que está siendo juzgado en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan.
Por su parte, el excapitán de navío Claudio Villamide reiteró que, de acuerdo a la reglamentación naval, “es el comandante del buque el que está en ese momento y es el responsable absoluto de la seguridad” del navío.
Con tono enfático, ambos exjefes de la Armada fueron los únicos de los cuatro procesados que hicieron uso, en forma oral, de la última oportunidad para ensayar una defensa de su actuación en el juicio que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos e investiga responsabilidades y causas que llevaron al naufragio del buque.
A López Mazzeo, quien ocupó el cargo de comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA), la fiscalía lo acusa de permitir la participación del submarino en la última misión a pesar de conocer las deficiencias críticas de mantenimiento, y desde esa posición, situada en la Base Naval Puerto Belgrano, era la máxima autoridad responsable de la preparación, el alistamiento y la disponibilidad operativa de todos los medios navales de la fuerza.
“Voy a hacer esta declaración ampliatoria para ampliar algunas cuestiones y refutar acusaciones que se me han hecho a lo largo de este proceso que no existían antes de comenzar”, afirmó López Mazzeo al inicio de la audiencia. Visiblemente enojado, se dirigió al cuerpo del Ministerio Público Fiscal y afirmó que lo habían tratado de “pérfido” durante el transcurso del juicio.
López Mazzeo mostró al detalle el Plan de Operaciones que tenían los buques a su cargo que se desplegaron para cumplir con la denominada Tercera Etapa de Mar del año 2017, operativo que convocó a las fuerzas militares en Ushuaia. A su regreso de esa operación naufragó el ARA San Juan. En el detalle mostraba el informe a diario que recibían los altos mandos de la fuerza donde informaban el lugar exacto en el que se encontraba cada buque. “Yo realmente me sentí muy ofendido, que me hayan tratado de pérfido, de ocultar y mentir información, cuando estaba escrita. La verdad, me sentí muy ofendido”, afirmó López Mazzeo.
Fuentes del equipo del Ministerio Público Fiscal consultadas por negaron que en algún momento del juicio se hayan referido en esos términos al excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA), en ninguna de las más de 20 audiencias que lleva el juicio.
A su turno, Claudio Javier Villamide, ex capitán de navío y comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS), uno de los componentes que integran el COAA, también realizó una defensa enfática de su rol al frente de la unidad. Villamide fue el único de los cuatro militares procesados en este juicio que fue destituido de la fuerza por un tribunal militar.
Villamide aseguró que cuando fue destituido del cargo, lo hicieron por no haberle insistido enfáticamente al capitán Fernández la conveniencia de permanecer en superficie durante la última comunicación, por no haber convocado al Estado Mayor y por estar procesado en esta causa en la justicia civil.
Y cuestionó que se juzguen ahora, “con el diario del lunes”, decisiones tomadas en tiempo real y bajo presión. La reglamentación, insistió, es clara: el comandante del buque es el responsable absoluto de la seguridad de su nave y agregó que ordenarle algo desde afuera en ese momento crítico no era solo cuestionable, sino potencialmente peligroso. “Mal podía yo darle una orden (al comandante Martín Fernández) que pudiera generarle otra variable que le generara más presión, que pudiera condicionar la mejor decisión que él debía tomar para su buque en ese momento”.
Tras dos horas de declaración indagatoria, Villamide afirmó: “No somos descriteriados, no somos temerarios, somos profesionales; todos, desde el cabo más moderno hasta el comandante, sabemos lo que hacemos, somos orgullosos de nuestro trabajo, hemos sido siempre una fuerza de elite y no nos tomamos el tema de la seguridad a la ligera”.
Héctor Aníbal Alonso, capitán de navío y exjefe del Estado Mayor del COFS, amplió su declaración indagatoria por escrito. En cambio, Hugo Miguel Correa, capitán de fragata y exjefe del Departamento de Operaciones de ese mismo órgano, prefirió no hacerlo.
Para mañana se esperan las declaraciones de 14 familias de los marinos fallecidos en el ARA San Juan, querellantes en la causa, con lo que se cerrará la etapa de audiencias antes de los alegatos.
está siendo juzgado,Mariela Arias,Conforme a
POLITICA
En clave electoral, Kicillof se mostró con Valdés en Corrientes y volvió a hablar de una alternativa a Milei
La gira de Axel Kicillof por distintas provincias tuvo este miércoles una escala en Corrientes. El gobernador bonaerense se reunió con su par Juan Pablo Valdés, firmó convenios de cooperación productiva y comercial, y mantuvo encuentros con intendentes, sindicatos y referentes locales, en el marco de una agenda que incluyó actividades institucionales y reuniones políticas.
La visita se da en un contexto de creciente diálogo entre gobernadores de distinto signo político, atravesado por los reclamos de las provincias por la caída de recursos, la paralización de obras públicas y las dificultades que las administraciones provinciales atribuyen al ajuste impulsado por el Gobierno nacional.
Para Kicillof, además, la recorrida se inscribe en una serie de viajes que viene realizando fuera de Buenos Aires, como parte de su armado político de cara a 2027. En los últimos meses visitó Córdoba y Tierra del Fuego y en su entorno destacan que es un dirigente con diálogo aceitado con distintos sectores políticos y sociales del país.
Un encuentro con fuerte peso político
La foto entre Kicillof y Valdés se produjo apenas un día después de que el correntino participara de una reunión de gobernadores del Norte Grande con el ministro del Interior, Diego Santilli, en la que hubo reclamos por obras de infraestructura, acceso al gas natural y la implementación de una tarifa diferencial de energía eléctrica para las provincias de la región.
Valdés mantiene diálogo con distintos actores del escenario político nacional, tiene contactos con el Gobierno de Milei y hace unos días cenó con Mauricio Macri. Al igual que otros mandatarios provinciales, viene impulsando reclamos vinculados con obras y recursos para las provincias.
Si bien tanto Valdés como Kicillof evitaron referencias electorales directas durante la actividad oficial y pusieron el foco en la cooperación institucional, la política se filtró en varias intervenciones. “Los gobernadores tenemos que dialogar y trabajar más en conjunto para fortalecer el federalismo”, sostuvo el correntino.
Kicillof transmitió un mensaje similar. “Este no es un año político, es un año donde tenemos la oportunidad de generar determinados diálogos y posibilidades de llegar a acuerdos”, afirmó.
Ppoco antes, desde Empedrado, el gobernador bonaerense había hablado del camino hacia 2027: “Tenemos que tener una construcción que nos permita presentar una alternativa; estamos en eso”.
Defensa del federalismo
La jornada de Kicillof en Corrientes comenzó en Empedrado, donde firmó un convenio de cooperación turística y cultural con el intendente Fernando Echeverría. Más tarde se trasladó a la capital correntina para encabezar junto a Valdés la firma de convenios vinculados con la producción, la integración comercial y el desarrollo agropecuario.
Uno de los acuerdos permitirá incorporar productores arroceros correntinos al programa Mercados Bonaerenses, mientras que otro establece mecanismos de cooperación técnica para el mejoramiento genético animal mediante el intercambio de conocimientos, tecnología y material genético bovino y ovino.
Tras la firma, Kicillof sostuvo que el encuentro buscó fortalecer la cooperación entre provincias. “Más allá de las formaciones políticas, más allá de los partidos, más allá de cada una de las pertenencias, entre las provincias nos debemos una mutua colaboración”, afirmó.
“Las provincias formamos parte del mismo país y, por tanto, compartimos dificultades, compartimos problemas, pero compartimos también solidaridad y compartimos capacidades”, agregó.
Valdés, por su parte, destacó el intercambio institucional entre ambas administraciones. “Estamos convencidos de que tenemos que seguir trabajando con los gobernadores y fortaleciendo el federalismo. Debemos conversar más y profundizar el diálogo para construir una Argentina mejor”, señaló.
El mandatario correntino también recordó la asistencia que recibió la provincia de Buenos Aires durante los incendios forestales que afectaron la provincia años atrás.
Reuniones con intendentes y sindicatos
Más allá de la agenda institucional, Kicillof mantuvo encuentros con intendentes, sindicatos y referentes políticos locales. Desde sus redes sociales planteó que en esas reuniones apareció una preocupación compartida por la situación económica. “Hay un denominador común, que es la preocupación por las consecuencias del modelo económico nacional”, escribió en X.
Al respecto, advirtió que quedó plasmado que la crisis “no es algo que ocurre solo en la provincia de Buenos Aires”, por lo que planteó que seguirá trabajando con todos los sectores “para seguir construyendo una alternativa que vuelva a poner a la industria, el trabajo y la producción como motor del desarrollo en todo el país”.
Axel Kicillof, Juan Pablo Valdes, Corrientes
POLITICA
El Gobierno defendió su propuesta para regular el lobby y la oposición exigió incluir en el régimen a los jueces
La discusión sobre la regulación del lobby comenzó este miércoles en la Cámara de Diputados con un amplio consenso respecto de la necesidad de transparentar la influencia sobre las decisiones públicas, aunque también con diferencias sobre el alcance que debería tener la futura ley.
Mientras el Gobierno defendió su proyecto como una herramienta para dar “mayor transparencia, trazabilidad y visibilidad” a una práctica que ya existe, legisladores de distintos bloques reclamaron incluir al Poder Judicial y advirtieron sobre definiciones que podrían abarcar actividades de organizaciones civiles, académicas o periodísticas.
El debate se desarrolló en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio. Allí expuso Diego Marías, director nacional de Reforma Política, quien presentó la iniciativa enviada por Javier Milei y respondió preguntas sobre los siete proyectos alternativos que también se encuentran en discusión.
“Intenta regularizar algo que en la Argentina se hizo, se hace y se seguirá haciendo, que es el lobby”, sostuvo Marías. Según explicó, hoy esas gestiones suelen producirse “en un café o en un despacho”, bajo criterios informales, mientras que la propuesta busca crear un marco “formal, legal, previsible y público”.
El funcionario defendió además la creación de registros para funcionarios y gestores de intereses. “Hoy los funcionarios tenemos la obligación de publicar nuestras audiencias. Esto viene a ordenar ese sistema y también alcanza a empresarios o representantes de intereses nacionales y extranjeros”, argumentó.
Uno de los principales reclamos surgió en torno a la decisión del Poder Ejecutivo de limitar el régimen a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Marías evitó pronunciarse sobre una eventual incorporación del Poder Judicial, pero varios legisladores insistieron en ese punto.
“En la Argentina hay algo que se repite, que es la gestión de negocios especialmente con el Estado”, sostuvo Miguel Pichetto. El jefe de Encuentro Federal defendió la necesidad de identificar quién representa cada interés y cuestionó que el proyecto oficial utilice una definición “muy ambigua” sin hablar expresamente de lobby. También marcó diferencias con su propia iniciativa, que establece una autoridad de aplicación específica y fija restricciones para exfuncionarios y sus familiares que pretendan desempeñarse como lobbistas.
Karina Banfi coincidió en que una futura ley debería complementarse con reformas en materia de acceso a la información pública, ética pública y conflictos de interés. Además, consideró que el régimen debería abarcar a los tres poderes del Estado.
La diputada radical también advirtió sobre uno de los puntos que más preocupan a organizaciones especializadas en transparencia: la posibilidad de que la norma equipare la defensa de intereses particulares con actividades de interés público. “Tenemos que dilucidar claramente la diferencia entre gestión de intereses y gestor de intereses porque, si no, vamos a crear un problema”, planteó. Y agregó: “Las ONG no tienen intereses particulares, sino intereses comunes”.
“Cuánto nos hubiésemos ahorrado en la estafa $LIBRA si hubiésemos tenido una ley de lobby”, ironizó Maximiliano Ferraro al tomar la palabra. El diputado de la Coalición Cívica reclamó avanzar primero con esa discusión antes que con iniciativas como el Súper RIGI o la reforma de la ley de sociedades y pidió evitar que la futura regulación termine afectando derechos constitucionales. “¿Cómo garantizamos la libertad de asociación, la libertad de prensa y el derecho a peticionar?”, preguntó. “Lo que estamos observando en el proyecto del Ejecutivo es que falta precisión”.
El exdiputado por Encuentro Federal Oscar Agost Carreño también pidió delimitar con claridad qué tipo de comunicaciones quedarán alcanzadas por la ley y sostuvo que la regulación debería extenderse a los tres poderes del Estado.
Sebastián Galmarini, referente del Frente Renovador dentro del peronismo, propuso un esquema más amplio de integridad pública que incluya declaraciones juradas, control de conflictos de interés y la creación de un organismo autónomo con competencia sobre todos los poderes.
También de Unión por la Patria, Agustina Propato reclamó conocer con mayor precisión los objetivos de la iniciativa. “Espero por favor que empecemos con la Comisión Bicameral de la Hidrovía que me parece un tema sustancial para el futuro de la Argentina”.
Los detalles del proyecto
El Gobierno aspira a dictaminar la iniciativa en las próximas semanas y discutirla junto con otros siete proyectos que abordan la misma temática. En el oficialismo confían en que existe margen para construir un texto consensuado.
La denominada “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses” busca transparentar quién intenta influir sobre decisiones públicas, en representación de quién y sobre qué asuntos. Para ello crea un Registro Público de Gestores de Intereses, donde deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas que realicen estas actividades, y un Registro Público de Gestión de Intereses, en el que los funcionarios deberán informar reuniones, contactos y asuntos abordados.
La iniciativa también obliga a identificar clientes o beneficiarios finales, detallar los temas sobre los que se busca incidir y declarar cuando la gestión se realiza en representación de intereses extranjeros.
Uno de los puntos más controvertidos es la definición de “gestión de intereses”. Aunque el proyecto excluye actividades académicas, científicas, periodísticas y de difusión general, aclara que esa excepción deja de regir cuando dichas actividades tengan por objeto influir sobre una decisión pública determinada. Esa redacción despertó reparos tanto en organizaciones de la sociedad civil como entre asociaciones vinculadas al ámbito judicial.
El texto prevé además sanciones administrativas y penales para quienes incumplan las obligaciones de registro o actúen ocultando información relevante, con multas que pueden escalar hasta 2000 salarios mínimos en los casos más graves.
Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,»No conozco a Palantir». El Gobierno defendió el «Súper RIGI» y negó que sea un traje a medida para empresas tecnológicas,,Controles y penas. Alertan que la ley de lobby de Milei podría perjudicar a organizaciones civiles que monitorean al Estado,,Financiamiento universitario. La reforma propuesta por Milei está frenada en Diputados por falta de avales
POLITICA
Tras el femicidio de Agostina Vega, revisarán antecedentes penales de los empleados municipales de Córdoba
Tras el femicidio de Agostina Vega, el intendente de Córdoba Daniel Passerini anunció la extensión de los controles de antecedentes penales y narcotest a la totalidad del personal municipal. La medida se instrumentará mediante un proyecto de ordenanza que ingresará al Concejo Deliberante en su próxima sesión. Hasta ahora, ese tipo de verificaciones se aplicaba únicamente a los funcionarios de la administración.
El caso que motivó la decisión sacudió a la ciudad capital: Claudio Barrelier, señalado como el presunto femicida de la adolescente de 14 años, trabajaba en un área de tránsito de la Municipalidad de Córdoba. Su incorporación al organismo había sido gestionada por el entonces concejal peronista Ricardo Moreno, quien además lo había defendido en 2025 en una causa por privación ilegítima de la libertad. Esa trama de vínculos entre un empleado municipal acusado de femicidio y un legislador de la misma fuerza que gobierna la ciudad desató una crisis política.
La ausencia de filtros previos al ingreso de Barrelier a la planta municipal quedó expuesta. El anuncio de Passerini busca cerrar esa brecha: con la nueva normativa, ningún trabajador municipal podría incorporarse ni permanecer en funciones sin pasar por los mismos controles que ya rigen para quienes ocupan cargos de conducción.
El crimen de Agostina Vega conmocionó al país y precipitó consecuencias políticas directas en Córdoba. Moreno no solo había facilitado el empleo de Barrelier en la Municipalidad, sino que, según se informó, personas de su entorno familiar y profesional continuaban vinculadas a la defensa del acusado. Ante esa situación, Passerini le exigió la renuncia al concejal. Moreno la rechazó.
Frente a la negativa, el Partido Justicialista (PJ) cordobés debió recurrir a una maniobra alternativa para desplazarlo de su banca. Raúl La Cava, quien había solicitado licencia al cuerpo legislativo para asumir como secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Departamento Ejecutivo Municipal, presentó una carta dirigida al viceintendente Javier Pretto en la que anunció su retorno al Concejo. Con ese movimiento, Moreno perdió automáticamente su lugar en la legislatura, ya que había accedido a él precisamente por la ausencia de La Cava —y de otras dos personas que también habían pedido licencia tras ser convocadas por el intendente como funcionarios.
La carta de La Cava anunció que retomará sus funciones legislativas este jueves 4 de junio, fecha en la que también presentó su renuncia al cargo ejecutivo. El regreso del exfuncionario al recinto coincidió con la sesión en la que la oposición tenía previsto ingresar un pedido de expulsión de Moreno mediante una cuestión de privilegio con moción de preferencia. Esa presentación requería el respaldo de dos tercios del cuerpo para ser tratada de manera inmediata; de no alcanzarse ese umbral, el expediente habría sido derivado a la Comisión de Legislación General.
El dirigente radical Rodrigo de Loredo había sido uno de los impulsores de esa iniciativa y cuestionó duramente al abogado: “El abogado defensor de este asesino es Ricardo Moreno, concejal peronista de la ciudad de Córdoba. No lo quiero minimizar porque le queda chico el cargo de concejal, es uno de los principales dirigentes del peronismo de Córdoba, coordinador de las 62 organizaciones del peronismo y defensor de narcos y barras”.
De Loredo también puso en duda los medios por los que Barrelier había recuperado la libertad tras la denuncia por violencia de género y privación ilegítima de la libertad que pesaba sobre él en 2025: “¿Lo saca por su defensa técnica o lo saca por tráfico de influencias?”, planteó, en alusión al rol que habría jugado Moreno en aquella causa.
En un pronunciamiento conjunto, los partidos opositores habían calificado la situación de Moreno como una “incompatibilidad ética flagrante” y un “intolerable conflicto de intereses”, al señalar que el letrado ejercía simultáneamente como concejal y como defensor de una persona que él mismo había incorporado a la estructura municipal.
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