POLITICA
El juez Carlos Mahiques pidió sancionar como una falta grave el intercambio de información con periodistas

El juez Carlos “Coco” Mahiques, integrante de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, envió una nota al presidente del tribunal, Diego Barroetaveña, en la que reclamó la adopción de medidas que castiguen como una falta grave el intercambio de información o “favores” entre magistrados y periodistas.
Según el documento, al que tuvo acceso TN, estas prácticas serían luego utilizadas por el periodismo como “fuentes judiciales no revelables que raramente se ajustan a la realidad”, aseguró el padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Mahiques criticó lo que denominó “incesante promoción y difusión en los medios audiovisuales de información y publicaciones falsas, distorsionadas o erróneas vinculadas con la magistratura y sus integrantes”. En ese sentido, consideró que el resguardo de una información pública “recta y objetiva” constituye una exigencia republicana que se ve vulnerada por un tratamiento mediático que privilegia el impacto emocional por sobre el análisis fáctico.
Todo esto, aseguró Mahiques, tiene un “efecto corrosivo ocasionado a la imagen, la dignidad y la legitimidad de la Justicia como un poder del Estado”.
Mahiques propuso entonces que la Cámara debata “la amenaza entrañada en un fenómeno tan distorsivo como peligroso para la institucionalidad” y sugirió la instalación de una vocería u organismo de prensa propio del tribunal para sistematizar y difundir sentencias y resoluciones “desde una fuente rigurosa, confiable y oficial”.
Para el camarista, hay comunicadores “epígonos”, que se dedican a habar de magistrados “con términos y calificaciones pretendidamente sarcásticas o caricaturescas cuando no decididamente injuriosas”.
En la nota Mahiques también cuestionó las relaciones personales entre jueces y periodistas y abogó por incorporar a los reglamentos normas que sancionen éticamente ese tipo de intercambios.
El magistrado adelantó que evalúa tomar medidas para cualquier cosa que se diga sobre él. “De mi parte habré de evaluar si ese hostigamiento pretendidamente informativo, por su encono y sesgo descalificador, tiene relevancia en el ámbito civil o penal como merecedor de reparación o de sanción a sus responsables físicos o jurídicos”, sostuvo al respecto.
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En esa línea, Mahiques aseguró que “los jueces y funcionarios, Sr. Presidente, carecemos de toda protección legal frente a la crítica exacerbada, el escarnio y el escrache, pues todo suele quedar impune bajo el tinglado protector de la libertad de expresión o de la garantía de ‘preservación de las fuentes’”.
El camarista, quien recientemente obtuvo la prórroga de su permanencia en el cargo gracias a un pliego enviado por el presidente Javier Milei al Senado, integra el tribunal desde un traslado administrativo aprobado en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri.
Carlos Mahiques, periodismo, casación penal
POLITICA
Conflicto en Medio Oriente: el Gobierno condenó los ataques de Irán contra Kuwait y Bahréin

El Gobierno condenó “en los términos más enérgicos” este miércoles los recientes ataques de Irán contra Kuwait y Bahréin en medio de la nueva escalada del conflicto en Medio Oriente y aseguró que la ofensiva infringió los principios del derecho internacional.
“La República Argentina condena en los términos más enérgicos los ataques perpetrados por el régimen de la República Islámica de Irán contra la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional del Estado de Kuwait e infraestructuras en el Reino de Bahréin, que resultaron en la muerte de civiles, decenas de heridos e importantes daños materiales”, enfatizó la Cancillería a través de un comunicado.
En ese contexto, la cartera que conduce Pablo Quirno consideró que los ataques iraníes fueron “actos injustificados” contra infraestructuras vitales y objetivos civiles, hechos que infringen “los principios fundamentales del derecho internacional”.
“La Argentina expresa su plena solidaridad con los pueblos y los gobiernos de Kuwait y Bahréin y reitera su rechazo a toda forma de agresión que amenace la seguridad regional”, concluyó el posicionamiento oficial.
En paralelo, Quirno ratificó en sus redes la importancia de garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz y pidió estabilizar la seguridad regional.
Un muerto y 63 heridos: el saldo del ataque iraní al Aeropuerto Internacional de Kuwait
El nuevo posicionamiento del Gobierno en el conflicto de Medio Oriente se produjo luego de que drones iraníes atacaran el Aeropuerto Internacional de Kuwait, con un saldo de un muerto, 63 heridos y la suspensión de los vuelos comerciales.
A su vez, la Guardia Revolucionaria iraní realizó ataques en la madrugada del miércoles contra la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos en Bahréin junto con otras bases aéreas de Oriente Próximo a modo de “respuesta” por agresiones previas del Ejército estadounidense.
Los ataques ocurrieron luego de que agencias de noticias iraníes semioficiales informaran que Teherán había suspendido las negociaciones para extender la tregua con Estados Unidos e Israel hasta que se cumpliera el cese al fuego en Líbano.
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Sin embargo, Donald Trump anunció nuevos compromisos en el frente del país árabe y este miércoles las delegaciones de Israel y Líbano acordaron “la implementación de un alto el fuego” condicionado a “un cese completo” del fuego de Hezbollah.
Por su parte, Javier Milei había vuelto a interceder en el conflicto este lunes cuando llamó a defender a Israel, al que definió como un “bastión de Occidente”.
Medio Oriente, Irán, kuwait
POLITICA
“No conozco a Palantir”: el Gobierno defendió el “Súper RIGI” y negó que sea un traje a medida para empresas tecnológicas

El Gobierno defendió este miércoles en Diputados el proyecto conocido como “Súper RIGI” y rechazó las sospechas de la oposición sobre un eventual traje a medida para gigantes tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial.
“Me hizo referencia a un tal señor Palantir. No lo conozco, no conozco a nadie. No hay absolutamente ningún lobby que tenga que ver con esto”, afirmó Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, durante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
La referencia apuntó a las especulaciones que vinculan la iniciativa con grandes empresas tecnológicas y, en particular, con Peter Thiel, cofundador de Palantir, quien mantuvo reuniones con Javier Milei y funcionarios de su gabinete económico antes de la presentación del proyecto. González rechazó esas versiones y sostuvo que el Gobierno ni siquiera sabe cuáles serán los primeros emprendimientos que podrían acogerse al régimen. “No me imagino que este sea un régimen que tenga un impacto en el corto plazo”, afirmó.
El plenario fue conducido por el libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto. Además de González, expuso Pablo Lavigne, secretario de Coordinación Productiva.
El Gobierno presenta al “Súper RIGI” como una evolución del régimen aprobado con la Ley Bases. Según explicó González, el esquema vigente fue “sumamente exitoso” para movilizar inversiones en recursos naturales e infraestructura, pero vence en julio de 2027 y no debería extenderse porque fue concebido como una herramienta excepcional.
La apuesta ahora es distinta. El oficialismo busca atraer proyectos industriales de gran escala que hoy no existen en la Argentina y que agreguen valor a los recursos naturales desarrollados bajo el RIGI. “El Súper RIGI va a proyectos que no existen, la mayoría de los cuales ni siquiera conocemos”, sostuvo González. Por eso, el régimen tendrá una ventana de adhesión más extensa -cinco años, prorrogable por uno más- y excluirá expresamente proyectos extractivos y de infraestructura.
Para justificar el cambio, el funcionario exhibió los resultados del RIGI. Según afirmó, ya se presentaron 39 proyectos por US$138.000 millones, con potencial para generar 179.000 empleos y exportaciones por US$41.000 millones anuales. “En conjunto, duplican las exportaciones de la Argentina”, aseguró. Destacó especialmente el impulso a sectores como el litio, el cobre y Vaca Muerta, donde, según el Gobierno, el régimen permitió acelerar inversiones que llevaban años demoradas.
Como ejemplo mencionó el proyecto cuprífero El Pachón, en San Juan, descubierto hace más de seis décadas y con estudios de factibilidad terminados hace casi treinta años, pero cuya decisión final de inversión recién se tomó bajo el paraguas del RIGI.
Sobre esa base, el oficialismo sostiene que llegó el momento de pasar de la extracción de recursos a su industrialización. El objetivo declarado es que la Argentina compita por inversiones vinculadas a las denominadas “industrias del futuro”, capaces de generar mayor valor agregado y empleo.
González aseguró además que el nuevo esquema ofrecerá incentivos más amplios que el RIGI. Entre ellos, una alícuota del 15% en el impuesto a las ganancias -contra el 25% previsto en el régimen actual-, exenciones desde el inicio de los proyectos, eliminación de derechos de exportación y estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años, un beneficio que definió como “el más valorado” por las empresas. También prevé compromisos para que provincias y municipios mantengan Ingresos Brutos por debajo del 0,5% y eliminen impuestos de sellos y otros tributos locales.
“Si hay algo que genera empleo es crear nuevas industrias”, respondió González ante las críticas opositoras sobre el impacto laboral de proyectos como los centros de datos. El funcionario sostuvo que gran parte de la energía consumida por esas inversiones se produce en el país y que una porción significativa del valor generado permanece en la economía argentina.
Las explicaciones no convencieron a la oposición. Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) cuestionó que el proyecto amplíe beneficios fiscales y alivios sobre aportes a la seguridad social mientras, según sostuvo, el Gobierno ajusta sobre jubilados y pensionados. También advirtió que el régimen carece de exigencias para las empresas beneficiadas. Como contraste, mencionó programas de promoción industrial de Brasil que incorporan compromisos de inversión en investigación y desarrollo, metas vinculadas al uso de energías renovables y requisitos de contenido local.
Martín Lousteau (Provincias Unidas) objetó que el “Súper RIGI” concentre beneficios extraordinarios en un puñado de grandes proyectos mientras otros sectores de la economía enfrentan trabas o un incentivo mucho menor. Advirtió que actividades intensivas en empleo continúan lidiando con problemas como demoras en la devolución del IVA a exportadores o dificultades para computar quebrantos, sin acceder a regímenes similares. También preguntó si el Gobierno no está, en los hechos, “eligiendo ganadores” mediante ventajas tributarias especiales.
En la misma línea, Itai Hagman (Unión por la Patria) cuestionó la ausencia de estimaciones oficiales sobre el costo fiscal del régimen y advirtió que podría beneficiar a empresas que ya invertirían en el país aun sin estos incentivos. También alertó sobre la discrecionalidad del esquema al considerar que los criterios para seleccionar proyectos son demasiado amplios y quedan sujetos a la reglamentación del Poder Ejecutivo.
El proyecto contempla una alícuota reducida del 15% en Ganancias, estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y libre disponibilidad progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.
Además, habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales como el Ciadi, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje en caso de controversias con el Estado argentino. El texto establece incluso que los derechos otorgados bajo el régimen serán considerados “inversiones protegidas” bajo tratados internacionales, lo que podría abrir la puerta a reclamos internacionales frente a eventuales cambios regulatorios futuros.
el proyecto conocido como “Súper RIGI”,May 7, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,Lobby. El Gobierno defendió su propuesta y la oposición exigió incluir en el régimen a los jueces,,Controles y penas. Alertan que la ley de lobby de Milei podría perjudicar a organizaciones civiles que monitorean al Estado,,Financiamiento universitario. La reforma propuesta por Milei está frenada en Diputados por falta de avales
POLITICA
El ministerio de Mujeres bonaerense alertó por la legitimación de discursos de odio y nuevas dinámicas de violencia

El Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires publicó un informe que advierte sobre el recrudecimiento y la complejización de las violencias por razones de género durante el período 2024-2025, en un escenario que describe como marcado por el deterioro de las condiciones materiales de vida, el debilitamiento de políticas públicas nacionales y la creciente legitimación de discursos de odio. El documento, elaborado a once años de la primera marcha #NiUnaMenos, cruza datos cuantitativos del Registro Único de Casos de Violencia de Género (RUCVG) de la provincia y de la Línea 144 PBA con testimonios de 25 trabajadoras y trabajadores del organismo provincial.
La violencia doméstica representó el 91% de las situaciones registradas en 2024 y el 93% en 2025, es decir, 9 de cada 10 casos abordados por el Ministerio. Los datos del RUCVG muestran que las situaciones se concentran principalmente en vínculos sexoafectivos actuales o finalizados: en 2025, las exparejas fueron responsables del 54% de los casos, mientras que las parejas actuales lo fueron en el 41% restante de los vínculos relevados. La convivencia con la persona agresora también creció levemente, pasando del 35% en 2024 al 36% en 2025.
Entre los hallazgos que el informe identifica como transformaciones recientes, la violencia digital registró uno de los mayores crecimientos. Las conductas orientadas a perturbar, intimidar o acosar de manera sistemática a través de entornos digitales aumentaron un 75% interanual, y en 2025 estuvieron presentes en el 78% de las situaciones de ese tipo relevadas, representando el 15% del total de casos abordados, casi el doble del 8% registrado en 2024. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento creció un 96% de un año a otro, y las trabajadoras entrevistadas reportaron casos vinculados a la generación de imágenes mediante inteligencia artificial: “Nos llaman personas de 16 o 17 años contando que aparecieron imágenes de ellas y las están difundiendo en redes sociales”, señaló una profesional de la Dirección de Atención a Víctimas de Violencias por Razones de Género.

El informe parte de una premisa: sostiene que las violencias por razones de género no pueden analizarse de manera desvinculada de las condiciones materiales de existencia ni del contexto político, social y cultural en el que se producen. En ese marco, señala que desde diciembre de 2023 Argentina atraviesa un proceso de profundización de un modelo que amplía las brechas de desigualdad, a partir del desmantelamiento de estructuras institucionales orientadas a la protección social, especialmente aquellas destinadas al abordaje de problemáticas como las violencias de género. El avance de discursos que niegan esas desigualdades, según el documento, no solo tiene efectos simbólicos sino también consecuencias concretas en la intensificación de las violencias.
La violencia física, presente en el 55% de las situaciones en ambos años, adquirió formas más graves: los estrangulamientos y asfixias registraron un aumento interanual del 30%, y las privaciones ilegítimas de la libertad crecieron un 9%. Los equipos entrevistados describieron dinámicas más rápidas e intensas, con agresiones sostenidas en el tiempo. “Vemos la sistematicidad de las violencias, que rozan lo tortuoso. Tenemos muchos relatos de violencia física, psicológica y sexual donde varones muy jóvenes sostienen la violencia a lo largo del tiempo con una táctica”, indicó una trabajadora de la Dirección de Dispositivos Territoriales de Protección Integral.

El informe también registra una escalada más veloz en vínculos de corta duración. Las situaciones en relaciones de entre uno y once meses tuvieron un incremento interanual cercano al 50%, y la violencia sexual se presentó en el 53% de los casos donde el vínculo con la persona agresora tenía menos de un mes de antigüedad, frente a un promedio general del 14,8% en 2024. Una profesional del RUCVG vinculó el inicio de esa transformación con la pandemia de COVID-19: “Cuando empecé a atender recibía situaciones de relaciones de pareja de larga data; de 20, 30 años. A lo largo del tiempo, se empezaron a acortar esas brechas. En la pandemia hubo una explosión de chicas ‘sub25’ llamando a la Línea 144, que contaban que hacía tres meses que se veían con un chico y que las había ahorcado”.
La precarización económica aparece en el documento como un factor estructural que profundiza la dependencia de las personas en situación de violencia respecto de sus agresores. La proporción de mujeres y LGTBI+ que percibía algún programa o asignación estatal cayó del 17% en 2024 al 15% en 2025. El ex programa Potenciar Trabajo pasó de registrar 66 personas en 2024 a 34 en 2025, una reducción interanual del 50%, y en 2025 no se registraron nuevas altas de quienes percibieran el Programa Acompañar. “La plata es lo que más entorpece cualquier estrategia para ponerse al resguardo. Si no tenés plata, ni siquiera podés tomarte el micro para ir a hacer la denuncia”, señalaron trabajadoras de la Dirección de Políticas de Prevención, Articulación Interinstitucional y con Organizaciones Sociales.
La sobrecarga de tareas de cuidado también se agravó: la proporción de personas en situación de violencia que realiza esas tareas pasó del 35% en 2024 al 41% en 2025, un incremento interanual del 19%. El 70% tiene hijas e hijos, y el 80% de ellas convive con ellos. El informe advierte que las dificultades para compatibilizar responsabilidades domésticas y trabajo remunerado constituyen uno de los principales obstáculos para construir autonomía económica.
Respecto de los discursos de odio, los equipos entrevistados describieron un proceso de “apertura de compuertas” discursivas desde 2023, en el que expresiones antes contenidas por consensos sociales encontraron, según sus testimonios, legitimidad institucional. Las trabajadoras coincidieron en que esos discursos operan como mecanismos de legitimación de la crueldad y desalientan las denuncias. Entre las medidas que, según las entrevistadas, contribuyen a ese efecto, mencionaron el proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para aumentar las penas por “falsas denuncias” en casos de violencia de género. “La modificación del Código Penal va a hacer que las personas agresoras tengan una herramienta más para decirle a las víctimas: ‘te voy a denunciar por falsa denuncia’”, advirtió una trabajadora de la Dirección de Violencias Diferenciadas.
En cuanto a los femicidios, travesticidios y transfemicidios, el informe señala una disminución relativa en 2025: 78 víctimas, frente a 98 en 2024 y 95 en 2023. No obstante, advierte sobre una transformación en las dinámicas de esas muertes. La proporción de homicidios dolosos de mujeres catalogados como femicidios descendió del 71,4% en 2023 al 60,5% en 2025, lo que el documento interpreta como una posible pérdida de perspectiva de género en las investigaciones judiciales.
Civil Conflict,Demonstrations,Riots,South America / Central America,Civil Unrest
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