POLITICA
“No conozco a Palantir”: el Gobierno defendió el “Súper RIGI” y negó que sea un traje a medida para empresas tecnológicas
El Gobierno defendió este miércoles en Diputados el proyecto conocido como “Súper RIGI” y rechazó las sospechas de la oposición sobre un eventual traje a medida para gigantes tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial.
“Me hizo referencia a un tal señor Palantir. No lo conozco, no conozco a nadie. No hay absolutamente ningún lobby que tenga que ver con esto”, afirmó Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, durante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
La referencia apuntó a las especulaciones que vinculan la iniciativa con grandes empresas tecnológicas y, en particular, con Peter Thiel, cofundador de Palantir, quien mantuvo reuniones con Javier Milei y funcionarios de su gabinete económico antes de la presentación del proyecto. González rechazó esas versiones y sostuvo que el Gobierno ni siquiera sabe cuáles serán los primeros emprendimientos que podrían acogerse al régimen. “No me imagino que este sea un régimen que tenga un impacto en el corto plazo”, afirmó.
El plenario fue conducido por el libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto. Además de González, expuso Pablo Lavigne, secretario de Coordinación Productiva.
El Gobierno presenta al “Súper RIGI” como una evolución del régimen aprobado con la Ley Bases. Según explicó González, el esquema vigente fue “sumamente exitoso” para movilizar inversiones en recursos naturales e infraestructura, pero vence en julio de 2027 y no debería extenderse porque fue concebido como una herramienta excepcional.
La apuesta ahora es distinta. El oficialismo busca atraer proyectos industriales de gran escala que hoy no existen en la Argentina y que agreguen valor a los recursos naturales desarrollados bajo el RIGI. “El Súper RIGI va a proyectos que no existen, la mayoría de los cuales ni siquiera conocemos”, sostuvo González. Por eso, el régimen tendrá una ventana de adhesión más extensa -cinco años, prorrogable por uno más- y excluirá expresamente proyectos extractivos y de infraestructura.
Para justificar el cambio, el funcionario exhibió los resultados del RIGI. Según afirmó, ya se presentaron 39 proyectos por US$138.000 millones, con potencial para generar 179.000 empleos y exportaciones por US$41.000 millones anuales. “En conjunto, duplican las exportaciones de la Argentina”, aseguró. Destacó especialmente el impulso a sectores como el litio, el cobre y Vaca Muerta, donde, según el Gobierno, el régimen permitió acelerar inversiones que llevaban años demoradas.
Como ejemplo mencionó el proyecto cuprífero El Pachón, en San Juan, descubierto hace más de seis décadas y con estudios de factibilidad terminados hace casi treinta años, pero cuya decisión final de inversión recién se tomó bajo el paraguas del RIGI.
Sobre esa base, el oficialismo sostiene que llegó el momento de pasar de la extracción de recursos a su industrialización. El objetivo declarado es que la Argentina compita por inversiones vinculadas a las denominadas “industrias del futuro”, capaces de generar mayor valor agregado y empleo.
González aseguró además que el nuevo esquema ofrecerá incentivos más amplios que el RIGI. Entre ellos, una alícuota del 15% en el impuesto a las ganancias -contra el 25% previsto en el régimen actual-, exenciones desde el inicio de los proyectos, eliminación de derechos de exportación y estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años, un beneficio que definió como “el más valorado” por las empresas. También prevé compromisos para que provincias y municipios mantengan Ingresos Brutos por debajo del 0,5% y eliminen impuestos de sellos y otros tributos locales.
“Si hay algo que genera empleo es crear nuevas industrias”, respondió González ante las críticas opositoras sobre el impacto laboral de proyectos como los centros de datos. El funcionario sostuvo que gran parte de la energía consumida por esas inversiones se produce en el país y que una porción significativa del valor generado permanece en la economía argentina.
Las explicaciones no convencieron a la oposición. Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) cuestionó que el proyecto amplíe beneficios fiscales y alivios sobre aportes a la seguridad social mientras, según sostuvo, el Gobierno ajusta sobre jubilados y pensionados. También advirtió que el régimen carece de exigencias para las empresas beneficiadas. Como contraste, mencionó programas de promoción industrial de Brasil que incorporan compromisos de inversión en investigación y desarrollo, metas vinculadas al uso de energías renovables y requisitos de contenido local.
Martín Lousteau (Provincias Unidas) objetó que el “Súper RIGI” concentre beneficios extraordinarios en un puñado de grandes proyectos mientras otros sectores de la economía enfrentan trabas o un incentivo mucho menor. Advirtió que actividades intensivas en empleo continúan lidiando con problemas como demoras en la devolución del IVA a exportadores o dificultades para computar quebrantos, sin acceder a regímenes similares. También preguntó si el Gobierno no está, en los hechos, “eligiendo ganadores” mediante ventajas tributarias especiales.
En la misma línea, Itai Hagman (Unión por la Patria) cuestionó la ausencia de estimaciones oficiales sobre el costo fiscal del régimen y advirtió que podría beneficiar a empresas que ya invertirían en el país aun sin estos incentivos. También alertó sobre la discrecionalidad del esquema al considerar que los criterios para seleccionar proyectos son demasiado amplios y quedan sujetos a la reglamentación del Poder Ejecutivo.
El proyecto contempla una alícuota reducida del 15% en Ganancias, estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y libre disponibilidad progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.
Además, habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales como el Ciadi, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje en caso de controversias con el Estado argentino. El texto establece incluso que los derechos otorgados bajo el régimen serán considerados “inversiones protegidas” bajo tratados internacionales, lo que podría abrir la puerta a reclamos internacionales frente a eventuales cambios regulatorios futuros.
el proyecto conocido como “Súper RIGI”,May 7, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,Lobby. El Gobierno defendió su propuesta y la oposición exigió incluir en el régimen a los jueces,,Controles y penas. Alertan que la ley de lobby de Milei podría perjudicar a organizaciones civiles que monitorean al Estado,,Financiamiento universitario. La reforma propuesta por Milei está frenada en Diputados por falta de avales
POLITICA
Uno por uno: qué senadores votaron a favor y quiénes en contra de la Ley de Propiedad Privada
El Senado dio media sanción este viernes a la madrugada al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, con 37 votos a favor y 33 en contra.
La votación se realizó tras una extensa sesión en la Cámara Alta, en la que el oficialismo consiguió los apoyos necesarios luego de negociar cambios con sectores dialoguistas. No hubo abstenciones y dos senadores estuvieron ausentes. Ahora, la iniciativa deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.
Quiénes fueron los 37 senadores que votaron a favor
La Libertad Avanza logró aprobar el proyecto con el respaldo del PRO, buena parte de la UCR y representantes de bloques provinciales. Entre los 37 senadores que votaron afirmativamente estuvieron Maximiliano Abad, Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Carmen Álvarez Rivero, Carlos Omar Arce, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Cervi, Agustín Coto, Andrea Cristina, Carlos Mauricio Espínola, Enzo Fullone, Eduardo Galaretto, Juan Cruz Godoy, Enrique Goerling Lara y Gonzalo Guzmán Coraita.
También acompañaron la iniciativa María Victoria Huala, Luis Juez, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Nadia Márquez, María Belén Monte de Oca, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni, Sonia Rojas Decut, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Edith Terenzi, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi.
El oficialismo llegó a la votación después de introducir modificaciones para garantizar el respaldo de los sectores aliados. Durante el tratamiento fueron eliminados el capítulo III, que contemplaba cambios en la Ley de Tierras, y el capítulo IV, referido a la Ley de Manejo del Fuego, dos de los puntos que habían generado mayores cuestionamientos entre gobernadores y legisladores dialoguistas.
Los 33 senadores que votaron en contra y quiénes estuvieron ausentes
El rechazo estuvo encabezado por el peronismo, acompañado por representantes de distintas fuerzas provinciales. Votaron en contra Guillermo Andrada, Beatriz Ávila, Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, José María Carambia, Lucía Corpacci, Julieta Corroza, Eduardo de Pedro, Juliana Di Tullio, Natalia Gadano, María Celeste Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares y Cándida Cristina López.
A ellos se sumaron María Florencia López, Juan Manzur, Ana Inés Marks, José Mayans, Sandra Mendoza, María Carolina Moisés, Elia Moreno, José Neder, Mariano Recalde, Jesús Rejal, Flavia Royón, Fernando Salino, Martín Soria, Sergio Uñac, Alejandra Vigo y Gerardo Zamora.
Leé también: Tensión frente al Congreso: la marcha contra la Ley de Propiedad Privada terminó con incidentes
La votación terminó con 33 votos negativos y ninguna abstención. Los únicos dos senadores ausentes fueron Flavio Fama, de la UCR, y Anabel Fernández Sagasti, del bloque Justicialista.
Con los 37 votos afirmativos, el Gobierno consiguió la media sanción del proyecto en el Senado. La discusión continuará ahora en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá volver a negociar con sus aliados para reunir los votos necesarios y convertir la iniciativa en ley.
propiedad privada, Ley, Senado
POLITICA
Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema: “Hay muchos operadores informales que tienen influencias”
El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, apuntó contra los esquemas de nombramientos en el Poder Judicial al señalar la existencia de “muchos operadores informales que tienen influencias”.
Durante una disertación ante el Rotary Club de Buenos Aires, el magistrado sostuvo que la idea de una Justicia independiente se encuentra “fuertemente devaluada” en la mayoría de las provincias argentinas, fenómeno que consideró un síntoma de un deterioro institucional grave.
El magistrado, que expuso en los salones del Hotel Libertador sobre el liderazgo en la era de la inteligencia artificial, afirmó que la democracia argentina requiere terminar con el amiguismo y las presiones externas.
Según el integrante del máximo tribunal, el problema central no radica en la participación de la política, la cual calificó como un requisito del sistema constitucional, sino en la acción de actores ajenos a la ley que condicionan la selección de magistrados.
Por este motivo, Lorenzetti confirmó que insistirá, junto a su par Carlos Rosenkrantz, en la reforma del mecanismo de elección a través del Consejo de la Magistratura para priorizar la formación profesional sobre los vínculos personales.
Lorenzetti sobre la inhabilitación a cargos públicos de Cristina Kirchner
En otro tramo de su presentación, el juez se refirió a la reciente denuncia que presentó la expresidenta Cristina Kirchner ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Al respecto, Lorenzetti aclaró que la defensa de la titular del Partido Justicialista nunca planteó ante los tribunales locales la inconstitucionalidad de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El magistrado recordó que, durante el proceso judicial por la causa Vialidad, el debate se centró exclusivamente en la confirmación de las penas de prisión. “No hubo ningún planteo referido a la inconstitucionalidad de la inhabilitación”, enfatizó el juez, quien precisó que dicha cuestión tampoco surgió cuando el expediente tramitó ante la Cámara Federal de Casación Penal.
El mensaje a la clase dirigente
Consultado sobre las declaraciones del gobernador riojano Ricardo Quintela, quien amenazó con expropiaciones si el peronismo retoma el poder nacional, Lorenzetti calificó los dichos como desatinados. Si bien aclaró que estas expresiones carecen de efecto jurídico real, instó a la clase dirigente a brindar previsibilidad económica para fomentar la inversión y evitar que los ciudadanos teman por la seguridad jurídica. “La previsibilidad en materia económica hoy está garantizada”, sentenció el integrante de la Corte.
Finalmente, el juez reflexionó sobre el rol del Poder Judicial frente a la creciente desconfianza social. Sostuvo que los magistrados deben buscar el prestigio institucional en lugar de la aprobación inmediata mediante encuestas o aplausos públicos.
En un contexto global de desilusión con el Estado de Derecho, Lorenzetti abogó por una gestión eficiente, la modernización tecnológica mediante la inteligencia artificial y el respeto estricto de las normas para evitar la deriva hacia modelos autoritarios. El magistrado concluyó que la misión de la justicia actual es ofrecer un servicio ágil que responda a las necesidades reales de la población.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Hernán Cappiello.
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POLITICA
Kicillof definió atar el desdoblamiento en Buenos Aires a lo que ocurra con las PASO a nivel nacional
Axel Kicillof no desdoblará las elecciones en la provincia de Buenos Aires si el gobierno nacional no logra eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) como se propuso en su anunciada reforma política que, de momento, no logra salir a las pistas. La gestión de Javier Milei quiere erradicar las Primarias. En lo formal, argumenta un ahorro de USD 150 millones, aunque hay un trasfondo político: evitar que esa instancia electoral para elegir candidatos no termine funcionando como una gran encuesta, que adelante los tiempos y que los resultados no sean los esperados. El Gobierno quiere una sola elección, con Milei yendo por la reelección: fuerte al medio. Las autoridades de la provincia de Buenos Aires, la de mayor peso electoral nacional, siguen con sigilo esta instancia mientras transitan la discusión interna dentro del peronismo.
Así como La Libertad Avanza esgrime un argumento presupuestario detrás del plan para eliminar las PASO, en Buenos Aires avisan que “no dan los tiempos” para separar las elecciones provinciales de las nacionales si se les suman las Primarias. “Sería hacer votar a la gente tres veces”, plantean cerca del gobernador bonaerense Axel Kicillof. El famoso calendario electoral complejizaría un desenganche, más allá de los fundamentos políticos y estratégicos que pueden aparecer y sobre todo si Kicillof buscara una candidatura presidencial, que es por lo que está trabajando y que, de darse, anunciará el año que viene.
Un crongorama ajustado
La normativa electoral de la provincia de Buenos Aires establece plazos distintos para la convocatoria a las elecciones primarias y las generales. En el caso de las elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas (EPAOS), la Ley 14.086 dispone que el Poder Ejecutivo debe convocarlas con una antelación no menor a 120 días ni mayor a 150 días respecto de la fecha de realización. La misma norma establece, además, que esos comicios deben celebrarse dentro de los 12 meses previos a la elección general y en la misma fecha que las primarias nacionales.
Para las elecciones generales provinciales, en tanto, la legislación bonaerense prevé que la convocatoria debe efectuarse con no menos de 60 días de anticipación al acto electoral. El gobernador tiene potestad para convocar a las elecciones generales en una fecha distinta de la fijada para los comicios nacionales. La potestad para realizar esa convocatoria se apoya en el artículo 144 inciso 7 de la Constitución provincial, además del artículo 66 de la ley provincial 5.109.
Ese marco permite que la Provincia defina su propio calendario electoral para los cargos locales, siempre dentro de los plazos que establece la legislación. La coincidencia con la elección nacional no funciona como una obligación para los comicios provinciales, sino como una alternativa prevista por el régimen de simultaneidad electoral. Aparece de forma explícita en el artículo 116 de la Ley Electoral de PBA: “El Poder Ejecutivo podrá, dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, convocar a las elecciones simultáneamente con la elección de candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación”, dice el texto. También puede no hacerlo y elegir su propia fecha, lo que —efectivamente— sería un desdoblamiento. Es algo que estudia Kicillof. Aún sin definiciones, cree tener una certeza: prefiere las PASO y si hay PASO no hay desenganche posible.
La situación cambia para las elecciones primarias en lo que respecta a las fechas. Según el régimen vigente en la Provincia, cuando el Poder Ejecutivo Nacional convoca a primarias nacionales para determinadas categorías, las primarias bonaerenses deben realizarse en la misma fecha, de acuerdo al artículo 2 de la ley 14.086.
Discusión política
Más allá del aspecto logístico, están el estratégico y el político. Hay dos posiciones distintas en el entorno de Kicillof que, por ahora, conviven. A favor de un desdoblamiento, está la eventual victoria que podría tener el peronismo en la provincia de Buenos Aires. En La Plata aseguran que con un candidato único, respaldado fehacientemente por todos los sectores del peronismo y con el gobernador presente en la campaña, se podría retener la provincia.
Esta tesis tendría como antecedente favorable lo que fueron las elecciones del año pasado, cuando Kicillof eligió desenganchar los comicios legislativos y obtuvo una victoria por casi 14 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza para cargos legislativos. En La Plata, tienen sobre la mesa, siempre y cuando no haya PASO, esa carta: creen que una victoria en Buenos Aires podría allanar el camino a un resultado de orden nacional.
Otros factores y elección unificada
Días atrás, el grupo de intendentes de la naciente Liga de Intendentes peronistas bonaerenses visitó al gobernador. Fue una reunión netamente política. No se habló de gestión. Los jefes comunales que buscan bajar la espuma de la interna reinante en el peronismo bonaerense entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y La Cámpora piden reelecciones indefinidas. Ese tema también interviene en la definición de aplicar un desdoblamiento electoral.
La chance de que los intendentes puedan ir por otro mandato en sus distritos acomoda, por un lado, la discusión por la sucesión a la gobernación -ya que varios de los que hoy aparecen como posibles candidatos y son intendentes podrían quedarse en sus distritos- y por el otro, garantizaría su involucramiento pleno en la campaña. Ahí cobra fuerza una unificación de la elección y una campaña en conjunto: municipal, provincial y nacional, con Buenos Aires abarcando el 37% del padrón electoral.
Todo en un hipotético escenario de Kicillof candidato. En su equipo interpretan que hoy por hoy solo hay dos nombres para la contienda electoral del año que viene: Milei y Kicillof. Por eso, con esa idea es que están dispuestos a ir a una PASO. Además, creen que, de ir a una interna, el gobernador bonaerense podría validar credenciales de su propio armado político (el MDF) y evitaría llegar a la resolución de una candidatura y un ordenamiento interno mediante un acuerdo con el resto de los sectores. Por eso abona las PASO.
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