Granja Tres Arroyos, la mayor empresa avícola de la Argentina, presentó a sus acreedores una propuesta para reestructurar una deuda total de USD 350,9 millones. Según un documento al que accedió Infobae, el plan elaborado por la firma de banca de inversión VALO Columbus, divide la deuda en cuatro grandes bloques y ofrece a cada tipo de acreedor condiciones distintas. Además, reserva un tramo especial con mejores condiciones para quienes se comprometan a seguir proveyendo de materia prima e insumos, de manera que la empresa pueda retomar su actividad. La fecha prevista para cerrar el acuerdo es el 30 de junio de 2026.

La propuesta llega en el momento más crítico de la historia reciente del grupo. Fundado en la década de 1930 por el inmigrante italiano Gaspar De Grazia, que vendía pollos en carreta por las calles de Buenos Aires, el grupo creció durante décadas hasta convertirse en el actor dominante del sector: procesaba hasta 760.000 aves por día, empleaba a más de 6.500 personas, exportaba a más de 60 países y facturaba alrededor de USD 1.300 millones anuales. Hoy, tiene sus plantas paralizadas y, según datos oficiales, acumula más de 1.800 cheques rechazados por más de $29.000 millones, adeuda salarios a sus trabajadores y opera con una faena diaria que cayó a cerca de 200.000 aves.

La empresa, conducida por Joaquín De Grazia, agrupa a tres sociedades: Granja Tres Arroyos S.A., WADE S.A. y Avex S.A. La reestructuración abarca la deuda de las tres en forma conjunta.

El pasivo total de USD 350,9 millones —calculado al tipo de cambio de $1.450 por dólar— se divide en cuatro categorías. La deuda comercial es la de mayor monto individual, con USD 123 millones, e involucra a proveedores de granos como ACA, Bunge y Dreyfus, laboratorios veterinarios, fleteros, pequeños granjeros y proveedores de energía.

La deuda fiscal suma USD 88,1 millones, principalmente con ARCA (ex AFIP) por USD 56,2 millones y con organismos provinciales como ARBA por otros USD 31,9 millones.

La deuda financiera garantizada asciende a USD 85,1 millones y tiene cuatro acreedores: Rabobank (USD 43,8 millones), ACA (USD 36 millones), el Banco de la Nación Argentina (USD 3,5 millones) y el BICE (USD 1,8 millones). La deuda financiera sin garantía suma USD 54,7 millones y se distribuye entre más de diez bancos —entre ellos BBVA, Banco Santander, BAPRO, Credicoop y Supervielle—, más acreedores no bancarios, fideicomisos y cheques diferidos emitidos en el mercado de capitales. A ese total se le suma, con monto aún por determinar, una deuda con Proteinsa S.A. por saldo de precio de una compra anterior.

Consultadas fuentes de la empresa, precisaron a Infobae: “Estamos totalmente abocados a encontrar soluciones que nos permitan salir de esta difícil situación para continuar operando en Argentina y preservar las fuentes de trabajo de nuestros más de cinco mil empleados”. Y agregaron: “Para eso, hemos decidido iniciar un proceso de reordenamiento y reestructuración de deuda con el asesoramiento de Columbus Investment Banking que esperamos tengan un impacto positivo en el mediano plazo y poder así consolidar el legado que hemos construido con esfuerzo y compromiso por el país”.

La parte más elaborada de la propuesta es la que concierne a la deuda comercial, porque son los proveedores quienes sostienen el abastecimiento diario de la planta. El plan les ofrece cuatro opciones —llamadas tramos— y cada uno puede elegir la que prefiera, o combinarlas.

El Tramo 1 es el más agresivo para el acreedor: acepta una quita del 75% del capital. Es decir, si un proveedor tiene un crédito de USD 100.000, le perdonan USD 75.000 y solo cobra USD 25.000. A cambio, lo recupera en 12 cuotas mensuales a una tasa del 1% anual en dólares, con seis meses de gracia antes de que empiecen los pagos.

El Tramo 2 reduce la quita al 50%: el acreedor cobra la mitad de lo que le deben, en 24 cuotas mensuales al 2% anual, también con seis meses de gracia.

El Tramo 3 no aplica ninguna quita: el acreedor cobra el 100% de su crédito, pero espera hasta siete años (84 cuotas mensuales al 3% anual, con seis meses de gracia).

Los tres primeros tramos están respaldados por un mecanismo de garantía, de manera que GTA cede a un fiduciario —un administrador independiente— los derechos sobre sus cobros presentes y futuros. Ese fiduciario recibe el dinero que entra a la empresa y lo aplica al pago de los acreedores en orden de prioridad: primero cobra el Tramo 1, luego el Tramo 2 y finalmente el Tramo 3. Si en algún momento sobra caja por encima de lo necesario para cubrir el próximo vencimiento, ese excedente se destina automáticamente a cancelar deuda por adelantado —un mecanismo conocido como cash sweep— para reducir el saldo pendiente más rápido.

El Tramo 4 tiene una lógica distinta: no es para acreedores que ya tienen deuda con GTA, sino para proveedores estratégicos dispuestos a seguir abasteciendo a la empresa durante los 120 días posteriores al cierre del acuerdo. Cada uno debe comprometerse a entregar materia prima e insumos por al menos USD 5 millones en ese período, y el conjunto debe sumar un mínimo de USD 20 millones. A cambio, la deuda preexistente se refinancia en 60 cuotas mensuales al 4% anual con garantía hipotecaria sobre activos de GTA, y la nueva asistencia de emergencia se consolida en una facilidad al 6% anual en 8 cuotas trimestrales, también con hipoteca de primer grado.

Según el informe de VALO al que accedió Infobae, el plan no puede cerrarse si la empresa no consigue, antes del 30 de junio, al menos USD 80 millones de capital de trabajo fresco para sostener la operación durante la transición. El documento identifica cuatro fuentes posibles para reunir ese monto.

La primera es el propio Tramo 4: los proveedores estratégicos que se sumen aportarían al menos USD 30 millones en materia prima e insumos. La segunda es la venta de activos no estratégicos por al menos USD 30 millones; el documento menciona explícitamente cinco propiedades en carpeta: la planta de deshidratados en Zárate (Buenos Aires), un tambo en Santa Elena (Entre Ríos), una cría de porcinos en Bella Vista (Entre Ríos), la Planta Becar en Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y la Planta Wade I en Ezeiza (Buenos Aires).

La tercera fuente son anticipos de grandes clientes y contratos de maquila —donde GTA faena para terceros usando su capacidad instalada ociosa— por al menos USD 10 millones. La cuarta, y la más abultada, es la incorporación de un nuevo inversor que aporte al menos USD 45 millones bajo la forma de deuda o capital.

GTA ya dio un paso en esa dirección: a principios de 2026 vendió a ACA la planta de Avex en Río Cuarto (Córdoba) bajo un esquema de leaseback —venta con alquiler posterior— que le permitió obtener liquidez inmediata sin perder el uso de las instalaciones, con opción de recompra en cuatro años.

Para que el acuerdo entre en vigor, el plan exige condiciones estrictas de adhesión. El 100% de los acreedores financieros —tanto los garantizados como los no garantizados— debe aceptar la propuesta. En el caso de los acreedores comerciales, el umbral es del 90% de la deuda total de ese bloque.

Además, todos los acreedores deben renunciar a cobrar los intereses por mora y punitorios acumulados hasta la fecha de cierre, y liberar las garantías personales que hayan otorgado personas físicas y la sociedad HAI S.A.

Como condición adicional, GTA debe ceder al fideicomiso de garantía un conjunto de productos destinados a la exportación —principalmente garras de pollo y otros subproductos— valuados en USD 35 millones. Esa cesión está condicionada a la reapertura de los mercados de China, la Unión Europea y Chile, que se cerraron para la empresa tras el brote de influenza aviar que golpeó al sector en 2024 y que, según estimaciones del sector, implicó una pérdida de alrededor de USD 160 millones en exportaciones.

El plan financiero proyecta un rebote productivo en nueve meses. La empresa estima que, una vez cerrada la reestructuración, la producción mensual de pollitos bebé pasaría de los 10 millones actuales a 14,9 millones, la tasa de mortandad en la crianza bajaría del 18% al 12%, y la faena diaria volvería a 430.000 aves —lejos aún del pico histórico de 760.000, pero más del doble de las 200.000 actuales.

En términos financieros, las proyecciones elaboradas por VALO prevén que las ventas caigan a USD 450,8 millones en 2026 —el año del ajuste—, para luego recuperarse a USD 763,2 millones en 2027 y estabilizarse en torno a USD 780 millones anuales a partir de 2030. El resultado operativo, negativo en USD 34,7 millones en 2026, pasaría a positivo en USD 46,4 millones en 2027.

El EBITDA —indicador que mide la capacidad de generar caja antes de impuestos, intereses y amortizaciones— se proyecta en USD 50,2 millones para 2027 y en USD 65,6 millones anuales desde 2030 en adelante. Las proyecciones macroeconómicas que sustentan el modelo fueron elaboradas por la consultora Eco Go y asumen una inflación del 32% para 2026, una devaluación del 10% ese año y un tipo de cambio de $1.600 por dólar a fin de diciembre.

El Banco Central (BCRA) llegó este miércoles a las 100 ruedas consecutivas con compras en el mercado cambiario y superó la meta prevista para todo el año de u$s10.000 millones.

La autoridad monetaria sumó otros u$s43 millones este miércoles, en una jornada en la que el dólar oficial volvió a subir por tercera rueda consecutiva y acumula un alza de $30 en lo que va de la semana.

En lo que va del año, el BCRA ya compró u$s10.024 millones y afianza su poder de fuego: de esta manera, las reservas brutas se ubicaron en u$s48.414 millones.

El BCRA cumplió su meta anual en solo seis meses. Lo hizo en una jornada en la que los dólares oficiales volvieron a subir. El dólar mayorista cerró el miércoles en $1.438,50, su cotización más elevada desde el 5 de febrero. La suba del día fue de $11,50, equivalente a un 0,9% de incremento.

La jornada dejó un volumen de negocios robusto en el segmento de contado. Se ofertaron u$s659,6 millones, una cifra que evidencia la actividad sostenida del mercado.

En solo tres días, el tipo de cambio oficial acumuló una suba de $30,50, lo que representa un 2,2% de avance en la primera mitad de la semana. Ese ritmo contrasta marcadamente con el movimiento de la semana anterior, cuando en igual período apenas había subido $7.

Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio, destacó la aceleración del movimiento cambiario en esta primera mitad semanal. La velocidad del ajuste marca un cambio de ritmo respecto al patrón reciente.

De todas maneras, por el momento el dólar mayorista todavía está lejos del techo de la banda cambiaria, que el BCRA fijó en $1.765,66. Con la cotización actual, el dólar mayorista quedó a 318,16 pesos de ese límite superior.

Esa distancia equivale a un 22,1% de margen hasta que el tipo de cambio alcance la zona de libre flotación. El mecanismo de bandas fue diseñado para dar previsibilidad sin anclar artificialmente el precio.

Gustavo Ber, economista, observó que un deslizamiento gradual del tipo de cambio, sin alterar el proceso de desinflación ni presionar sobre las tasas, sería el escenario ideal para minimizar riesgos de volatilidad en año electoral. La autoridad monetaria busca que el ajuste sea ordenado y no genere sobresaltos.

Cómo seguirá la cosecha de dólares del BCRA

De acuerdo con Rocío Bisang, economista de GMA Capital, la expectativa es que junio exhiba una dinámica similar a la de mayo: «buen ritmo» de compra de dólares por parte del Banco Central y tipo de cambio relativamente estable, en niveles similares a los actuales. No prevé grandes modificaciones en el frente cambiario para las próximas semanas, por lo que el «veranito» financiero se extendería, por lo menos, durante un mes más.

Además, resalta Bisang, aún queda stock de la cosecha gruesa del agro, por lo que es probable que el flujo positivo de dólares en el mercado de cambios se mantenga firme y en grandes volúmenes durante las próximas semanas. Advierte que la dinámica debería revertirse durante la segunda mitad del año por la caída estacional en la oferta de dólares, por lo que «luce razonable» que el Central aproveche este momento para mantener o acelerar las compras de reservas.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, coincide en que se viene un «mes clave» para las liquidaciones de dólares en el mercado de cambios por parte de los agroexportadores, período que podría extenderse hasta principios de agosto. De no mediar algún ruido interno o shock externo, esto implicaría que la racha cambiaria debería extenderse: la continuidad de la oferta de dólares daría margen para que el tipo de cambio se mantenga relativamente calmo y la autoridad monetaria aproveche el escenario para sumar más reservas.

«El BCRA debería seguir comprando a buen ritmo. No debería bajar. Junio aún es un mes de relativa baja demanda privada de dólares y con buena oferta por la cosecha gruesa del agro, a pesar de que la oferta también genera propia demanda, en parte. Por ahora, no debería interrumpirse el flujo. Pero hay que señalar que en la segunda mitad de mayo hubo mucha compra de dólares en bloque por parte del Central. La primera mitad del mes venía floja y en la segunda metió varias compras fuertes en bloque. Se presume que estos dólares en bloque vienen vía financiera, pero no se sabe propiamente», agrega Outlier.

Qué pasará con el dólar en junio 2026, luego del récord de compras del BCRA

Santiago López Alfaro, titular de Dracma Investment, prevé que en las próximas semanas el precio del dólar seguirá «planchado» porque «no tiene a dónde ir».

Así, atribuye altas chances de que el oficial mayorista se mantenga estable, en torno a los $1.400 que marca desde hace varias semanas.

Y, hacia adelante, en caso de avanzar a la zona de $1.500 o acelerar hasta $1.600 tras la caída estacional en la oferta del agro, considera que no sería dramático e, incluso, sería «lógico»: en lo que va del año, el tipo de cambio registra una baja nominal de 3%, mientras la inflación acumula un avance de aproximadamente 15%.

«El principal riesgo hacia adelante es que, en la medida en que avance junio, la oferta estacional de los agroexportadores empiece a perder fuerza de manera gradual y aumente algo la demanda de dólares por cobertura. En ese caso, podríamos ver al tipo de cambio un poco más firme, pero dentro de una dinámica controlada. Nuestro escenario base es de continuidad en la acumulación de reservas, aunque con compras más selectivas, y un tipo de cambio oficial estable», agrega Sailing Inversiones.

De acuerdo con el bróker, para el corto y mediano plazo no se prevé una aceleración del tipo de cambio: mientras continúe el ingreso de dólares y el mercado perciba que el BCRA puede comprarlos sin generar tensiones, el precio de la divisa debería moverse de manera ordenada. Además, resalta, el oficial mayorista aún se mantiene lejos del techo de la banda de flotación (alrededor del 25%), por lo que el esquema le da margen a la autoridad monetaria para administrar la transición en la oferta estacional de dólares sin convalidar movimientos bruscos en la cotización.

«Las recientes compras abultadas de reservas por parte del Central confirman que sigue habiendo una oferta relevante de divisas en el mercado, principalmente asociada a las liquidaciones de emisiones de títulos de deuda en dólares de empresas y provincias, el saldo de la balanza comercial y un contexto en el que la demanda del sector privado todavía luce contenida. De cara a junio, creemos que el BCRA va a seguir aprovechando las jornadas de mayor oferta estacional de divisas para acumular reservas, aunque probablemente a un ritmo más irregular que el que se observó en los mejores días de mayo», advierte.

De acuerdo con la consultora 1816, el equipo económico del Gobierno ha estado enviando al mercado el mensaje de que «se siente cómodo» con el tipo de cambio actual, en torno a $1.400 en el segmento oficial mayorista, y con muy baja volatilidad. Así lo demuestra, según el análisis, con la actividad que ejerce tanto en el mercado de tasas como en el de futuros de dólar, con el objetivo de mantener el precio alrededor de este valor. Si bien desconoce hasta cuándo podría mantenerse este nivel, mientras sucede muchos inversores aprovechan la calma cambiaria para posicionarse en pesos y rendirlos con las tasas de interés.

El Gobierno nacional defendió este miércoles en el Senado el proyecto de nueva ley de biocombustibles que propone elevar los porcentajes obligatorios de mezcla en los combustibles y avanzar hacia un esquema con mayor competencia en el sector.

La posición oficial fue expuesta por el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, durante el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta, donde comenzó el debate de cinco iniciativas destinadas a actualizar el marco regulatorio vigente.

El funcionario manifestó el respaldo del Poder Ejecutivo al proyecto presentado por la senadora Patricia Bullrich y otros legisladores, al asegurar que refleja los lineamientos en los que el Gobierno viene trabajando junto con los distintos actores de la cadena productiva desde hace casi dos años.

«Desde el Poder Ejecutivo consideramos que es oportuno discutir una nueva ley de biocombustibles», afirmó González, quien destacó que la iniciativa apunta a encontrar un equilibrio entre productores, consumidores, el Estado y los sectores industriales involucrados.

Qué cambios propone la nueva ley de biocombustibles

Entre los principales puntos del proyecto figura un incremento de los porcentajes mínimos obligatorios de mezcla. En el caso del biodiésel, el corte pasaría al 10%, mientras que para el bioetanol se elevaría al 15%.

Según explicó González, el aumento previsto para el biodiésel es de 2,5 puntos porcentuales respecto del esquema actual, mientras que el del etanol implica una suba de tres puntos.

Sin embargo, el funcionario aclaró que cualquier modificación en los niveles de mezcla genera efectos económicos diferentes según el sector involucrado.

Respecto del biodiésel, sostuvo que la principal preocupación del Gobierno está relacionada con el impacto sobre los costos. Según indicó, el biocombustible continúa teniendo un precio significativamente superior al del combustible fósil.

«Antes de la suba internacional del petróleo por la guerra en Medio Oriente, el biodiésel costaba aproximadamente un 80% más que el combustible fósil. Hoy la brecha se redujo, pero sigue siendo importante», señaló.

Por ese motivo, rechazó las propuestas que plantean una duplicación del corte obligatorio. «No vemos lógica en duplicar el corte de biodiésel porque implicaría un aumento estructural y permanente en el costo del gasoil que se consume en todo el país», afirmó.

El funcionario advirtió que una medida de ese tipo impactaría directamente sobre el transporte de cargas, la actividad agropecuaria y los consumidores finales, al trasladarse a distintos eslabones de la economía.

El Gobierno impulsa una mayor participación del bioetanol

La posición oficial fue más favorable respecto del bioetanol. González sostuvo que actualmente este combustible renovable presenta costos similares a los de las naftas con las que se mezcla, por lo que un incremento en su participación tendría efectos limitados sobre los precios al consumidor.

En ese contexto, defendió la propuesta de elevar el corte obligatorio al 15%, manteniendo seis puntos para el etanol elaborado a partir de caña de azúcar y otros seis para el producido con maíz.

Los tres puntos porcentuales adicionales quedarían abiertos a la competencia entre los distintos productores.

De acuerdo con la estimación oficial, por razones de eficiencia y escala productiva, gran parte de ese volumen adicional sería abastecido por las plantas que utilizan maíz como materia prima.

«En términos prácticos, el etanol de maíz aumentaría cerca de un 50% su participación», explicó González durante su exposición.

No obstante, recordó que el incremento de los cortes también tiene implicancias fiscales, ya que los biocombustibles se encuentran exentos del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos.

«Cualquier aumento de corte tiene un impacto inmediato negativo sobre los ingresos del Estado Nacional», advirtió.

El proyecto busca eliminar los cupos y fomentar la competencia

Otro de los ejes centrales de la iniciativa es la eliminación progresiva del sistema de cupos que actualmente regula parte del mercado.

«Nosotros no creemos en los cupos, creemos en la competencia», afirmó el secretario de Energía y Minería.

Según detalló, el esquema propuesto contempla una apertura inmediata a la competencia en el mercado de bioetanol, mientras que en biodiésel se prevé una transición gradual durante cinco años, período en el que los cupos irían reduciéndose progresivamente.

Además, González aclaró que los porcentajes establecidos en la ley funcionarían como pisos mínimos obligatorios y no como límites máximos.

«Estos cortes pueden ser incrementados en cualquier jurisdicción si así lo quisieran», explicó.

Buscan garantizar previsibilidad por 15 años

El funcionario también destacó que el proyecto pretende brindar previsibilidad de largo plazo para fomentar inversiones en toda la cadena de valor.

Para ello, la iniciativa fija los porcentajes mínimos de mezcla por un período de 15 años, un plazo que el Gobierno considera fundamental para dar certidumbre a productores, refinadoras y fabricantes de vehículos.

Según explicó González, sectores como la industria automotriz requieren reglas estables para adaptar motores y tecnologías a mezclas específicas de combustibles.

Finalmente, el representante del Ejecutivo aseguró que la propuesta reúne un elevado nivel de consenso entre los principales actores del sector energético.

Entre ellos mencionó a productores de bioetanol, empresas vinculadas al biodiésel, compañías petroleras y fabricantes automotrices.

«Se me hace difícil imaginar un proyecto de mayor consenso que éste, entendiendo que el consenso absoluto no va a existir», concluyó.