Javier Milei se expresó por primera vez en redes sociales sobre la decisión del Gobierno de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli, familiar de un periodista.

En su perfil, el mandatario compartió la mirada de un reconocido jurista que defendió la potestad del Presidente a la hora de retirar la postulación de un magistrado.

“Quien designa a los jueces es el Presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal”, sostiene la publicación que reposteó Milei en X.

El autor del mensaje es Ricardo Manuel Rojas, exjuez federal a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal y exsecretario de la Corte Suprema de Justicia. A comienzos del año pasado, su nombre sonó entre los posibles candidatos del Gobierno para ocupar la Procuración del Tesoro, cargo que hoy ocupa Sebastián Amerio.

La división interna que generó la decisión de Milei de retirar el pliego de Michelli

La decisión del mandatario de retirar el pliego de Michelli —pese a ya haber obtenido dictamen en la comisión de Acuerdos del Senado— generó una división en el bloque oficialista en la Cámara Alta encabezada por Patricia Bullrich.

En un comunicado que difundió públicamente, la exministra de Seguridad adelantó que no acompañaría la decisión de Milei amparándose en la figura de la objeción de conciencia, ya que la medida iba en contra de sus valores personales.

Luego se conoció que en una conversación privada con el Presidente, Bullrich puso a disposición su renuncia como jefa de bloque por no seguir los lineamientos de la Casa Rosada, algo que Milei desestimó. Aún así, la decisión de la senadora resonó hacia adentro del oficialismo, donde otros legisladores también habrían manifestado su rechazo a retirar el pliego. Entre ellos estarían otros exPRO como Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero.

Pese a que el desafío de Bullrich no cayó bien en la Casa Rosada, el Gobierno buscó desescalar el conflicto y dejó trascender un mensaje donde remarcaban que la objeción de la senadora “no compromete el rumbo ni la eficacia de la gestión”. “Dentro de un espacio diverso y amplio, es natural que existan diferentes visiones sobre los distintos temas. Ha ocurrido en otras oportunidades”, agregaron.

En ese sentido, la propia Karina Milei recibió este miércoles en su despacho a la exministra, encuentro que luego se difundió por redes sociales y por canales oficiales de Presidencia.

“Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente”, escribió Bullrich en su cuenta de X. La publicación sería luego compartida por Milei.

El futuro del pliego de Michelli

Pese a la búsqueda de disipar el conflicto, el futuro del pliego de la jueza Michelli todavía es incierto. En la reunión de Labor Parlamentaria que se llevó adelante este miércoles, la cámara alta definió darle ingreso este jueves al pedido del Gobierno para retirar la postulación y postergar el tratamiento del tema para la próxima semana.

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Sin embargo, hoy el escenario no garantiza que el oficialismo cuente con los números para rechazarlo, ya que bloques aliados como el PRO y la UCR anticiparon su oposición a la medida. En ese contexto, las propias dudas internas en el bloque de La Libertad Avanza podrían obstaculizar la decisión del Presidente.

Javier Milei

Luego de que el Concejo Deliberante de Morón aprobara la interpelación al intendente Lucas Ghi, este jueves el secretario de Seguridad municipal Damián Cardoso compareció ante los concejales para dar respuestas sobre el caso de Luna Suyai Ortigoza, la ex directora de Políticas de Género que se encuentra prófuga desde que hallaron medio kilo de cocaína en su domicilio de Castelar.

Ante la decisión del jefe municipal de no asistir a la sesión extraordinaria, Cardoso asumió el rol de representante del gobierno. Así, inició su exposición detallando la política municipal orientada a “combatir el narcomenudeo” y a “impulsar las denuncias”.

La interpelación se extendió por más de cuatro horas, en donde el secretario de Seguridad destacó la rapidez con la que el gobierno local actuó una vez confirmados los cargos contra Ortigoza. “Grave sería que el intendente no la desplace de su cargo”, manifestó.

Según la información publicada por Primer Plano Online, el funcionario municipal explicó que “nada hacía prever” que Ortigoza estuviera involucrada en actividades delictivas y remarcó que el accionar ilegal era “ajeno a su desempeño en el Municipio y se realizaba de manera escondida”.

En este sentido, Cardozo aseveró que “no hubo alertas tempranas” y señaló que la acusada no exhibía signos de riqueza que pudieran vincularla con la venta de drogas. “Esta chica no llegó con un Mercedes Benz a su trabajo”, apuntó al desmentir que estuviera de vacaciones cuando allanó su propiedad.

Según el secretario de Seguridad, hasta el momento “no hay ningún elemento que indique” que Ortigoza haya cometido delitos en el ejercicio de su función. No obstante, consideró que el caso demostró que “en Morón no hay libertades para cometer delitos”. Asimismo, informó que todo el material incautado, incluso elementos vinculados a su labor municipal, quedó a disposición de la justicia para peritajes.

Al finalizar su exposición, Cardoso respondió preguntas de concejales de distintos bloques, comenzando por Analía Zappulla, integrante del bloque de La Libertad Avanza (LLA), con quien coincidió en la necesidad de debatir una legislación que permita controlar la evolución patrimonial de los funcionarios.

En este sentido, el secretario adelantó que la revisión anual de antecedentes penales será obligatoria con la creación de la Policía Municipal. Además, le cuestionaron por qué Ortigoza continuaría registrada como una empleada de la planta permanente.

“Los mecanismos administrativos prevén que tiene estabilidad. Sí se le retuvo su salario: tiene orden de captura nacional e internacional”, explicó el titular de la Secretaría de Seguridad de Morón sobre la situación laboral de la funcionaria fugitiva.

En un intercambio con Ariel Aguilera, miembro de Todo por Argentina, Cardoso detalló que Ortigoza mantenía una actividad funcional activa y que su desempeño incluía intervenciones para proteger a mujeres víctimas de violencia. No obstante, aclaró que esto no representaba una evaluación personal y calificó como “detestable” lo revelado por la investigación.

Desde Unión por la Patria, la concejal Florencia De Luca cuestionó la ausencia del intendente o de la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Laura de Peri, quien fue la jefa durante el paso de la acusada por la gestión municipal. “Es una situación que muestra a un intendente debilitado. Por eso queremos aclarar que la única intención del bloque Fuerza Patria fue conocer qué hizo el Municipio ante una situación grave”, expuso.

En respuesta a Diego Spina, Cardoso señaló que el único detenido en la causa declaró ante la justicia “que él era comprador de Ortigoza” y entregó las cuentas bancarias con las que pagaba la droga. El secretario afirmó que la pericia sobre esas cuentas permitirá identificar a otras personas vinculadas y aportar nuevos elementos a la investigación.

A lo largo de la sesión también participaron otros concejales, entre ellos Ezequiel Tozzi, María Mobilia, Pablo Miño, Alejandra Liquitay (La Libertad Avanza); Diego Spina (Unión por la Patria); Bernardo Magistocchi y Claudio Faro (PRO); Daniela Cáceres (Nuevo PRO Morón); y Agustín Ramponelli (PJ-MDF).

Según la información a la que tuvo acceso Infobae, la investigación comenzó con una denuncia realizada el 25 de febrero de este año, en donde señalaban la existencia de puntos de venta en los alrededores de las calles Ferre y Piovano, Ferre y Pardo, y otro en Presidente Ortiz entre Pardo y Piovano.

No obstante, la funcionaria municipal fue declarada como prófuga de la Justicia junto a su novio Ángel Daniel Paz, de 34 años, a finales de mayo. Después de que un miembro de la banda la delatara y se encontrara medio kilo de cocaína, armas y marihuana en su casa, los investigadores sostienen que la pareja lideraba una red dedicada al tráfico y la venta de drogas.

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La administración de Axel Kicillof informó que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) canceló la totalidad de la deuda que mantenía con el Hospital Garrahan. Según comunicó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, el monto abonado superó los $1230 millones y los registros de la obra social provincial ya no muestran obligaciones pendientes con el centro pediátrico.

El anuncio se produjo a través de una publicación en la red social X, donde el funcionario bonaerense explicó que el pago fue el resultado de un proceso de revisión administrativa.

El gobierno de Javier Milei le reclama a la provincia de Buenos Aires una deuda de más de $9000 millones del IOMA con el Hospital Garrahan.

“Luego de un arduo trabajo interno, el IOMA abonó todo el saldo pendiente de más de $1230 millones de pesos. Hoy los registros administrativos muestran que no existen obligaciones impagas con el Hospital Garrahan”, escribió Kreplak en X.

Una auditoría sobre las prestaciones reclamadas

Junto con la confirmación del pago, Kreplak explicó que la obra social realizó una revisión administrativa de los reclamos presentados por el hospital antes de avanzar con la cancelación de la deuda reconocida.

El ministro explicó que la revisión de la deuda se realizó después de que el Gobierno nacional derogara el mecanismo que permitía a los hospitales públicos facturar prestaciones a obras sociales y empresas de medicina prepaga bajo determinadas condiciones.

“Por eso se tuvo que auditar y ahí se detectó facturación sin respaldo documental, prestaciones ya abonadas, valores fijados unilateralmente y reclamos que en algunos casos se remontaban a 2010 y que representaban el 85% de lo reclamado”, afirmó.

La Provincia sostiene que esas observaciones explican buena parte de los montos cuestionados durante la auditoría y que por ese motivo avanzó únicamente con el pago de las obligaciones que reconoció como válidas.

La búsqueda de un nuevo esquema de trabajo

Tras informar el pago de la deuda reconocida, el titular de la cartera sanitaria bonaerense planteó la necesidad de establecer mecanismos permanentes para ordenar la relación administrativa entre ambas instituciones.

“Ahora queremos avanzar en una continuidad de las prestaciones, con convenios firmados, autorizaciones previas y trabajo conjunto que establezca criterios claros y transparentes”, señaló.

La intención del gobierno bonaerense es que las futuras prestaciones se canalicen a través de acuerdos formales que definan valores, procedimientos de autorización y modalidades de facturación.

La definición de Kreplak sobre la cancelación total de la deuda de la obra social bonaerense busca cerrar una discusión que en las últimas semanas quedó atravesada por el debate sobre los recursos destinados al Garrahan y por los cruces entre distintas jurisdicciones en torno del financiamiento de prestaciones médicas de alta complejidad.

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