POLITICA
“Soy el máximo responsable”: el intendente de Córdoba habló del femicidio de Agostina Vega y se refirió a Barrelier y Moreno
El femicidio de Agostina Vega generó conmoción en todo el país. Dentro de la Municipalidad de Córdoba, también provocó revuelos: Claudio Barrelier, el principal sospechoso del crimen de la adolescente de 14 años, trabajaba en el área de tránsito. Su incorporación al organismo había sido gestionada por el hasta hace horas concejal Ricardo Moreno, quien además lo había defendido en 2025 en una causa por privación ilegítima de la libertad.
Por estas circunstancias, Daniel Passerini, el intendente de la ciudad de Córdoba, reconoció los errores cometidos en la administración para que Barrelier llegue al puesto.
“Lo primero que hay que admitir y reconocer es que el sistema de controles falló, la Municipalidad falló y yo soy el máximo responsable, me tengo que hacer cargo y tomar decisiones”, afirmó durante una entrevista con El Doce TV.
“No puedo ponerme a opinar o tapar algo que ocurrió y que es muy grave. He tomado decisiones que tienen que ver con lo político y con lo institucional. He pedido la renuncia de funcionarios y estoy haciendo un montón de medidas”, agregó en sintonía con la autocrítica de su administración.
Luego, planteó: “Desde que ocurrió esta tragedia que nos tiene muy mal, tristes y angustiados, muchas de las cosas colaterales tienen que ver con la Municipalidad. Ya recibí más de 200 mensajes de que tengo tipos en tal área que están con una condena y están trabajando. Ante todas las denuncias, lo que hago es pedir los datos”.
A raíz de esto, una de las medidas que tomó Passerini en los últimos días tras el femicidio de Agostina Vega fue una modificación en el control de antecedentes penales y la realización de un narcotest a la totalidad del personal municipal.
El proyecto de ordenanza que se presentará en la próxima sesión del Concejo Deliberante busca extender las verificaciones, que hasta el momento solo alcanzaban a los funcionarios de la administración, a nuevos ámbitos.
Según confirmó en la misma entrevista con El Doce TV, los empleados del municipio cordobés, hasta ahora, deben presentar un carnet de antecedentes penales cada 4 años. Pero, cuando el nuevo proyecto se comience a aplicar, deberán presentarlo cada 6 meses. Además, se suma la realización del narcotest. “No es discriminatorio, en caso de que un funcionario tenga problemas de consumo, se le ofrecerán las posibilidades de tratamiento”, detalló.
En cuanto al concejal Moreno, el municipio también tomó cartas en el asunto. Su banca ya había tenido un origen peculiar: tres personas que lo precedían en la lista electoral pidieron licencia tras un llamado del intendente Passerini, quien las incorporó como funcionarias de su gobierno.
Moreno no solo había gestionado el empleo de Barrelier en la Municipalidad, sino que, según trascendió, personas de su círculo familiar y profesional mantenían vínculos con la defensa del acusado. Ante ese panorama, Passerini le demandó la renuncia al concejal. Moreno la rechazó.
Frente a esa negativa, el Partido Justicialista (PJ) cordobés debió apelar a una maniobra alternativa para sacarlo de su banca. Raúl La Cava, quien había pedido licencia al cuerpo legislativo para asumir como secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Departamento Ejecutivo Municipal, remitió una carta al viceintendente Javier Pretto en la que anunció su regreso al Concejo.
Con ese movimiento, Moreno perdió de forma automática su lugar en la legislatura, al que había accedido precisamente por la ausencia de La Cava y de las otras dos personas que también solicitaron licencia tras ser convocadas por el intendente como funcionarios.
La carta de La Cava anunció que retomaría sus funciones legislativas el jueves 4 de junio, fecha en la que también presentaría su renuncia al cargo ejecutivo.
claudio barrelier
POLITICA
Del retiro de dos capítulos a la presión de los aliados: así el Gobierno consiguió la ajustada media sanción de la Ley de Propiedad Privada
“Lo importante fue avanzar con la agenda de Javier Milei”, le dijo un senador libertario a TN tras el cierre de la sesión de este jueves y la madrugada del viernes, en la que el Senado dio media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Aunque la iniciativa finalmente excluyó los cambios a la Ley de Tierras Rurales, el oficialismo logró evitar que la oposición kirchnerista postergara su tratamiento. Ahora, el proyecto deberá ser debatido en Diputados.
El debate fue abierto por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto. “El espíritu de este proyecto es simplificar y agilizar procesos, que los dueños de bienes no sean castigados por ello, y seguir el espíritu del Art. 17 de la Constitución Nacional: que la propiedad privada no sea violada”, fundamentó el senador de La Libertad Avanza.
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Por su parte, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, destacó: “Se acabó la Argentina donde el usurpador tenía más derechos que el dueño y el que cumplía la ley era el que esperaba. Las hacen, las pagan”.
El neuquino Pablo Cervi le dijo a TN: “Argentina necesita reglas claras y seguridad jurídica. La defensa de la propiedad privada es un mensaje de confianza para quienes quieren invertir y producir”.
La construcción de mayorías
Para destrabar la aprobación del proyecto, La Libertad Avanza retiró el capítulo cuarto, que modificaba la Ley de Manejo del Fuego. De esa manera, el oficialismo logró sostener el acompañamiento de los aliados, con quienes ya había acordado descartar el capítulo referido a los cambios en la Ley de Tierras Rurales.
Entre los bloques que acompañaron estuvieron el PRO, la UCR y fuerzas provinciales que responden a los gobernadores, como en el caso de la chubutense Edith Terenzi. Desde Misiones, los senadores Carlos Arce (Encuentro Misionero) y Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones, flamante monobloque) también sumaron sus votos a favor.
Sin embargo, durante el debate hubo un episodio que tensó la relación del oficialismo con sus aliados. Ocurrió cuando el senador libertario Joaquín Benegas Lynch planteó una cuestión de privilegio contra la kirchnerista Juliana Di Tullio y afirmó: “La ignorancia de los tibios del medio nos lleva a no votar el capítulo tres (los cambios a la ley de Tierras rurales), que es para los argentinos”.
Los sectores dialoguistas se sintieron aludidos por la referencia a “los tibios del medio” y terminaron inclinando la balanza por el rechazo al capítulo sobre la Ley de Manejo del Fuego. Benegas Lynch intentó luego explicar el alcance de sus palabras, pero no logró convencer a los aliados.
Varios votos negativos
Desde la bancada justicialista se sumaron varios votos de rechazo. Jorge Capitanich planteó: “Creemos necesario que el debate público tenga que centrarse en el acceso a la propiedad por parte de los pobres. La inviolabilidad de la propiedad privada encubre para facilitar el despojo del patrimonio y de los activos de la República Argentina”.
El también peronista Pablo Bensusán cuestionó que nuevamente se discutiera un proyecto sin dictamen oficial: “De este lado estamos los que defendemos la soberanía, el federalismo, las provincias, las economías regionales. Quienes voten esta ley, están del lado de entregar la Argentina a los Estados extranjeros y yo no voy a ser cómplice de eso”.
La salteña Flavia Royón (Primero los Salteños), que responde al gobernador Gustavo Sáenz, sostuvo que los cambios realizados no fueron suficientes, ni siquiera con el retiro del capítulo referido a la venta de tierras rurales.
“A pesar de todo el esfuerzo por lograr un proyecto aceptable, no se pudo. Y lo que queda (Cap. I Expropiación y Regularización dominial, Cap. II Procesos de Desalojo, Cap. IV Manejo del Fuego, Cap. V Registro de la Propiedad del Inmueble) no lo puedo acompañar, esta es una decisión responsable, todavía contiene errores conceptuales y técnicos que deben revisarse”.
Foto: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado.-
Otro sector que le dio la espalda al oficialismo fue Convicción Federal, el espacio de la jujeña Carolina Moisés. El catamarqueño Guillermo Andrada, integrante de ese bloque, cargó contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: “No se puede ser desregulador para el capital y regulador para el salario. La propiedad privada empieza por el bolsillo del trabajador”.
El legislador Andrada había señalado previamente: “Entendemos que jurídicamente el salario es propiedad privada. Por lo tanto, si tanto les interesa desregular, que liberen las paritarias, porque los argentinos, si bien el 60% es propietario, la mayoría que cobra un salario está regulada por este Gobierno que impide paritarias libres”.
Por su parte, el radical Maximiliano Abad se había opuesto a los cambios propuestos en la Ley de Manejo del Fuego. “Se suprime la protección posterior a los incendios para bosques, humedales y zonas agropecuarias, pero el artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, pero también la obligación del Estado de proteger ese derecho”, sostuvo. Además, adelantó que la modificación “va a ser cuestionada judicialmente”.
Los puntos del proyecto
La iniciativa introduce una amplia reforma en la Ley de Expropiaciones en lo referido a la declaración de utilidad pública. El nuevo texto conserva esa facultad, pero establece que deberá interpretarse de manera restrictiva, identificar específicamente el objetivo perseguido y superar un examen de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
En relación con las indemnizaciones, establece que deberá tomarse el valor objetivo del bien y considerar su valor de mercado cuando resulte determinado o determinable. Además, incorpora expresamente el lucro cesante.
Otro de los capítulos modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para acelerar los procesos de desalojo. Las acciones sobre inmuebles urbanos y rurales pasarán a tramitar por la vía del juicio sumarísimo, con plazos más breves y una mayor concentración de las etapas procesales.
El proyecto también introduce cambios en la denominada Ley Pierri —en referencia al expresidente de la Cámara de Diputados Alberto Pierri—, que establece un régimen de regularización dominial. La norma vigente permite acceder al beneficio a quienes acrediten una posesión pública, pacífica y continua durante los tres años anteriores al 1° de enero de 2009, con causa lícita y respecto de una vivienda única y permanente.
El proyecto sancionado por el Senado reemplaza ese corte temporal por un requisito móvil. Podrán solicitar la regularización quienes acrediten una posesión pacífica, ostensible y continua durante los diez años anteriores a la presentación.
Los cambios también alcanzan a la ley que regula los Registros de la Propiedad Inmueble de las distintas jurisdicciones. La iniciativa reconoce expresamente la presentación de documentos digitales y exige que tanto la solicitud como el instrumento registrable estén suscriptos con firma digital.
Si bien algunas jurisdicciones ya admiten presentaciones electrónicas, el proyecto incorpora expresamente esa posibilidad dentro del régimen nacional.
Sin votos virtuales
El Senado no trató las autorizaciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel para que los senadores Anabel Fernández Sagasti, de la bancada justicialista, y Flavio Fama, de la UCR, pudieran sesionar y votar de manera remota debido a distintas situaciones personales que les impidieron estar presentes en el recinto.
Fernández Sagasti atraviesa la semana 32 de su embarazo, mientras que Fama se recupera de una intervención quirúrgica.
Al inicio de la sesión, la senadora Patricia Bullrich (LLA) presentó una moción basada en el artículo 227 del reglamento del Senado. En ese marco, planteó que “a partir de un debate que se ha hecho público sobre licencias o voto no presencial, con la presentación de proyectos parlamentarios necesarios para poder habilitar este tema, se discuta en la Comisión de Asuntos Constitucionales”.
La propuesta recibió el respaldo de los distintos bloques, incluido el justicialismo. De esa manera, ninguno de los dos legisladores pudo participar de la sesión y se acordó abrir en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Agustín Coto, el debate sobre una eventual vuelta parcial a la virtualidad para casos particulares.
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Para habilitar esa modalidad será necesario modificar el reglamento del Senado con el voto de los dos tercios del cuerpo. Bullrich acordó avanzar por esa vía con los distintos bloques minutos antes de que se retomara el cuarto intermedio iniciado el pasado 16 de julio, cuando la Cámara no había logrado reunir las mayorías necesarias para aprobar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y su tratamiento volvió a quedar postergado.
La sesión fue presidida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, debido al viaje del presidente Javier Milei a Ecuador. En consecuencia, Victoria Villarruel quedó a cargo del Poder Ejecutivo.
La vicepresidenta había establecido que su resolución, el Decreto de Presidencia 66/2026, que avalaba el pedido de ambos senadores, quedara ad referéndum de la aprobación del pleno del Senado. Finalmente, el cuerpo resolvió que la discusión sobre los votos remotos se lleve a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La vicepresidenta a cargo del PEN, Victoria Villarruel, que no presidió el Senado, participó este jueves de la misa celebrada en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, presidida por el nuncio apostólico, Monseñor Michael Wallace Banach, con la que dio inicio oficialmente a su misión diplomática y pastoral como representante del Papa León XIV en nuestro país.
propiedad privada, sesion, Senado
POLITICA
Denuncian al gobierno de Gildo Insfrán por un caso de adoctrinamiento político en escuelas
La diputada radical Agostina Villaggi denunció al gobierno de Gildo Insfrán en Formosa por presunto adoctrinamiento político en escuelas primarias de la provincia. La legisladora presentó un reclamo ante el Ministerio de Capital Humano de la Nación y difundió un video con detalles de la situación en su cuenta oficial de Instagram.
Villaggi detalló que en el Colegio Don Bosco, ubicado en la ciudad de Formosa, a estudiantes de cuarto grado se les imparte el denominado “modelo formoseño” en el área de Ciencias Sociales.
“Es una política pública que la instaló el gobernador Insfrán a partir de materiales didácticos de la provincia, donde su asunción en 1995 como gobernador aparece como un hito histórico, sin repasar la historia previa u otros gobernadores en el cargo”, sostuvo hoy la legisladora, en declaraciones a radio Mitre. “Este texto en particular no tiene que ver con nuestra geografía, flora y fauna. Parece un balance de gestión de repertorio de datos que no condicen con la realidad”, agregó.
Según Villaggi, se trata de actividades pedagógicas en la que se “le piden a los niños que no se instala el pensamiento crítico”. “Les preguntan: ¿desde que año empiezan las transformaciones en Formosa? Dos minutos antes, les dijeron desde el año 1995, momento que Insfrán asume la gobernación«, remarcó.
En el video, la diputada afirmó que “se les está diciendo a niños de entre 9 y 10 años que durante la gestión actual del gobernador en Formosa se hicieron escuelas, hospitales, rutas, acceso a agua potable, además se les pide que hagan una valoración del modelo formoseño”.
Villaggi, quien había sufrido un episodio de violencia de una patota de mujeres el año pasado durante una actividad de campaña, calificó esta práctica como “un claro caso de adoctrinamiento político” y afirmó que “se está instalando en la conciencia de niños de la escuela primaria una ideología política, algo que está prohibido por la Constitución Nacional y por la ley nacional de Educación”.
Tras la visibilización del planteo, Villaggi recibió el apoyo de Lucy Aguayo, docente y convencional constituyente mandato cumplido por la UCR, quien manifestó que el diseño curricular provincial no obliga a impartir proyectos de gobierno específicos. Aguayo expresó su preocupación por la posibilidad de una orientación partidaria en el ámbito educativo, que podría ir en contra de la Constitución de Formosa.
La exintegrante de la Junta de Clasificación aclaró que no puede asegurar que la práctica denunciada por la diputada alcance a todo el sistema educativo provincial y diferenció la enseñanza de la historia local de la exaltación de una gestión en particular.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, la documentación presentada por Villaggi será incorporada al expediente correspondiente, junto con materiales y testimonios recogidos de docentes y autoridades educativas.
Respuesta del gobierno de Gildo Insfrán
En respuesta a la denuncia, Juan Ignacio Meza, director de Educación Primaria de Formosa, aseguró en declaraciones a AGENFOR que “la enseñanza de las transformaciones territoriales, económicas y sociales de la provincia no responde a un mero eslogan partidario, sino a los preceptos consagrados en la propia Constitución Provincial, recientemente sancionada”.
Meza criticó a la oposición por, según él, solicitar “censura” bajo el argumento de defender la libertad y sostuvo que “quieren borrar de los libros la historia reciente de la provincia porque contradice el relato centralista que ellos defienden”.
El funcionario provincial argumentó que “enseñar lo que fuimos, lo que somos y lo que construimos juntos en Formosa es un acto de soberanía cultural, memoria y orgullo provincial”.
En marzo, se conoció otra situación de uso partidario de las escuelas en Formosa, cuando el gobernador Insfrán se hizo entrevistar por alumnos durante la inauguración de una escuela EPEP N° 548 “Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez”. Los chicos solo se dedicaron a elogiar su gestión en una muy cuestionada puesta en escena, como parte de un programa radial que hacen los niños en el marco de sus tareas educativas.
“¿Sabés quién es el responsable de que todos nosotros, niños y niñas, podamos tener espacios para estudiar dignamente?“, fue uno de los pasajes comentados por los chicos. “Claro, nuestro señor gobernador y su equipo de política pública siempre nos han dado todo: edificios, útiles escolares, buenos maestros y más”, respondió otro de los niños.
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Ley de Propiedad Privada: qué se aprobó con la media sanción del Senado
El oficialismo, con el apoyo de la oposición dialoguista, aprobó esta madrugada y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero debió resignar el capítulo que modifica la ley de Manejo del Fuego ante la fuerte resistencia de algunos aliados de fuerzas provinciales.
Así, el núcleo del proyecto quedó limitado a la regulación para acelerar los desalojos y a cambios en los requisitos para la expropiación de bienes por parte del Estado.
Ya sin el polémico capítulo que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeros, el debate giró en torno a la aceleración de los plazos judiciales para los desalojos.
Los cambios en materia de desalojos regirán en la Ciudad de Buenos Aires y en los predios que sean de jurisdicción nacional, que se rigen por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El proyecto quedó reducido a tan solo cuatro capítulos. Uno de ellos está relacionado con la instauración del juicio sumarísimo para el caso de desalojos por usurpaciones y ocupaciones, y la aplicación de un plazo de 10 días hábiles para el abandono de una vivienda en caso de deuda en el pago de los alquileres.
Según el texto aprobado, todos los procesos de desalojo, tanto urbanos como rurales, se tramitarán por juicio sumarísimo. En ese sentido, se contempla la posibilidad de que el propietario pueda solicitar la restitución inmediata del bien contra intrusos o tenedores precarios en cualquier estado del juicio tras la litis, bajo caución juratoria.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Agustín Monteverde (Capital), defendió la propuesta del Gobierno al sostener que la demora procesal para recuperar un inmueble “termina devastando el mercado de alquileres”.
“Fortalecer el derecho de propiedad es indispensable para permitir el acceso a la vivienda”, opinó Monteverde. “Si quieren ser solidarios, háganlo con la propia, no con la de los demás”, remató el senador oficialista en dirección al bloque kirchnerista.
A pedido de la oposición dialoguista, se estableció que el juez debe dar participación obligatoria a organismos de protección si hay menores o personas con discapacidad. Se establece un plazo de hasta 10 días para asegurar una alternativa habitacional antes del desalojo.
Ese mismo plazo de 10 días de intimación previa se aplicará para desalojos por falta de pago y se habilita que la notificación se haga en el domicilio electrónico constituido en el contrato.
También consiguió los votos para su aprobación las modificaciones al régimen de expropiación por parte del Estado de bienes privados, estableciendo nuevos requisitos a cumplir para poder apropiarse de una propiedad.
Así, para declarar de utilidad pública un bien, debe hacerse una interpretación restrictiva, identificando el Estado de forma específica el fin perseguido y demostrando que la medida es idónea, necesaria y proporcional.
La indemnización se limita al valor objetivo (de mercado) y a los daños directos. El lucro cesante solo se reconoce si está debidamente acreditado y tiene un tope del 30% del valor del daño emergente, salvo prueba fehaciente de una afectación mayor.
Los montos se actualizarán por IPC más una tasa de interés para plazo fijo del Banco Nación. Para poder llevar a cabo ocupaciones temporales y anormales, se define estrictamente el “estado de necesidad”, limitándolas a 90 días con una única prórroga por igual plazo ante circunstancias graves.
Este capítulo del proyecto fue duramente cuestionado por el kirchnerista Martín Soria (Río Negro), quien denunció que los cambios tienen el objetivo de “restringir la facultad de que el Estado pueda expropiar bienes necesarios para el bien común”.
“También quieren que las expropiaciones le salgan cada vez más caras al pueblo argentino, al incluir el pago de lucro cesante y a también, además del valor real del bien, se paguen las ganancias hipotéticas y futuras”, agregó.
También se incluyó una cláusula que facilita la regularización dominial para inmuebles rurales, extendiendo el concepto de usucapión de 10 años contemplado en la denominada Ley Pierri a agricultores familiares para que puedan regularizar los inmuebles rurales donde residen y producen.
el polémico capítulo,Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Conforme a
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