El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, reconoció fallas en su gestión tras conocerse que Claudio Barrelier, acusado por el femicidio de Agostina Vega, trabajaba en un área de tránsito del municipio. “Lo primero que hay que admitir y reconocer es que el sistema de controles falló, la Municipalidad falló y yo soy el máximo responsable, me tengo que hacer cargo y tomar decisiones”, sostuvo.

El jefe comunal señaló además que tomó determinaciones tanto políticas como administrativas después del femicidio. “No puedo ponerme a opinar o tapar algo que ocurrió y que es muy grave. He tomado decisiones que tienen que ver con lo político y con lo institucional. He pedido la renuncia de funcionarios y estoy haciendo un montón de medidas”, afirmó también en diálogo con El Doce TV.

Además, confirmó cambios en los mecanismos de control de antecedentes y anunció medidas políticas luego del impacto institucional que generó el caso.

Barrelier, principal sospechoso por el crimen de la adolescente de 14 años, había ingresado al municipio con el respaldo del entonces concejal Ricardo Moreno, quien también lo había representado legalmente en una causa por privación ilegítima de la libertad durante 2025.

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Según indicó el intendente, el caso abrió una serie de denuncias y advertencias sobre otros trabajadores municipales con antecedentes penales. “Desde que ocurrió esta tragedia que nos tiene muy mal, tristes y angustiados, muchas de las cosas colaterales tienen que ver con la Municipalidad. Ya recibí más de 200 mensajes de que tengo tipos en tal área que están con una condena y están trabajando. Ante todas las denuncias, lo que hago es pedir los datos”, explicó.

En respuesta a la situación, la Municipalidad avanzará con una reforma en los mecanismos de control sobre su personal. El proyecto que será enviado al Concejo Deliberante contempla que los empleados municipales deban presentar certificados de antecedentes penales cada seis meses, cuando actualmente la exigencia es cada cuatro años. También prevé la implementación de narcotests para toda la planta.

Passerini aclaró que la nueva política no tendrá un criterio punitivo para los casos de consumo problemático. “No es discriminatorio, en caso de que un funcionario tenga problemas de consumo, se le ofrecerán las posibilidades de tratamiento”, detalló.

La repercusión política del caso también alcanzó a Ricardo Moreno. El exconcejal había quedado bajo cuestionamiento por haber impulsado el ingreso de Barrelier al municipio y por sus vínculos profesionales con la defensa del acusado. Tras pedirle la renuncia y recibir una negativa, el oficialismo cordobés avanzó con una estrategia legislativa para desplazarlo de su banca.

La salida se concretó con el regreso al Concejo Deliberante de Raúl La Cava, quien había pedido licencia para asumir funciones dentro del Ejecutivo municipal. Con su reincorporación al cuerpo legislativo, Moreno perdió automáticamente la banca que ocupaba de manera transitoria.

La Cava formalizó su retorno mediante una nota dirigida al viceintendente Javier Pretto, en la que informó que retomaría sus funciones legislativas el jueves 4 de junio y, en paralelo, dejaría su cargo dentro del gabinete municipal.

Agostina Vega, Daniel Passerini, Claudio Barrelier

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Una jueza rionegrina ordenó a una comunidad mapuche la entrega voluntaria de dos parcelas que ocupa en el paraje Mallín Ahogado, a pocos kilómetros de El Bolsón, Río Negro, luego de un proceso judicial en el que validó la documentación presentada por los demandantes para exigir la restitución de los lotes.

La magistrada multifueros de El Bolsón, Paola Bernardini, titular del Juzgado Civil N° 11, otorgó a la lof Inalef un plazo de 30 días para que haga abandono voluntario de las tierras, ubicadas en un sector que históricamente lleva el nombre de la comunidad.

La primera sentencia de desalojo fue notificada a mediados de mayo y la segunda a fines del mismo mes. Ambas resoluciones están vinculadas a denuncias en las que los demandantes sostienen que la comunidad ocupa de manera irregular los terrenos en cuestión.

Uno de los denunciantes es el ex intendente de El Bolsón Félix Argentino Merino, histórico docente de la localidad, quien en 1997 intentó desalojar a los mapuches del lugar, aunque aquella iniciativa no prosperó.

Los Inalef aseguran que su permanencia en el sector “es histórica” y sostienen que quienes impulsan las acciones judiciales “especulan con negocios inmobiliarios”.

Orlando Carriqueo, referente de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, afirmó que “la presencia de la familia Inalef en el lugar es histórica, al punto que el sector es conocido como Rinconada Inalef”.

El dirigente admitió que la comunidad no cuenta con documentación que acredite formalmente su preexistencia territorial. Según explicó, ello se debe a que “en el pasado, los mapuches desconocían la normativa; muchos no sabían leer ni escribir y, por ende, nunca tramitaron la documentación correspondiente”.

También aseguró que los denunciantes “tampoco cuentan con escrituras, sino únicamente con boletos de compraventa”.

A través de un comunicado, la comunidad Inalef sostuvo que Merino “impulsa el desalojo con el único objetivo de vender estas tierras y obtener ganancias personales, sin importarle su valor espiritual, cultural ni familiar”.

“Estas tierras no son bienes negociables: son una reserva invaluable que nos dejaron nuestros abuelos, un legado sagrado destinado a nuestro sustento, protección y continuidad como pueblo. Es nuestra identidad, nuestra vida y el único espacio donde nuestras nuevas generaciones pueden crecer con dignidad y arraigo”, expresó.

En el segundo expediente por el que Bernardini ordenó el desalojo figura como demandante Juan Lux Auroux, un hombre con quien integrantes de la familia Inalef mantuvieron numerosos conflictos, no sólo vinculados a la titularidad de las tierras, sino también a cuestiones contractuales y de convivencia.

La lof Inalef exige la suspensión de las sentencias y el reconocimiento pleno de sus “derechos ancestrales, históricos y legítimos” sobre el territorio. Además, advirtió: “Nuestra postura es clara e innegociable: no nos iremos. Aquí están nuestras raíces, aquí está nuestra historia y aquí permaneceremos”.

La familia, que mantiene otros conflictos territoriales en la zona, sostuvo que desde 2012 busca concluir el relevamiento territorial para acreditar su preexistencia en el lugar, aunque el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) abandonó ese proceso.

Los demandantes no realizaron declaraciones públicas sobre las resoluciones judiciales. Sin embargo, confían en la ejecución de las sentencias, aunque todavía existen instancias recursivas que podrían ser utilizadas para intentar frenar los desalojos.