POLITICA
La flota extranjeras china extrae en la milla 201 hasta cuatro veces más recursos naturales que la pesca argentina
El mar negro se parte en dos: de un lado, la oscuridad; del otro, una ciudad flotante de luz blanca que se refleja sobre las olas que, a esa hora, cerca de las tres de la madrugada, se elevan a más de cuatro metros. Quien escribe esta nota está embarcado en uno de los cinco buques guardacostas de la Prefectura Naval Argentina (PFA) que patrulla la Zona Económica Exclusiva de nuestro país, las 200 millas marinas, esto es 370,4 kilómetros de la costa patagónica. El buque potero Chino Lurong Yuan Yu 669 avanza, según el capitán, a menos de dos nudos, menos de cuatro kilómetros por hora. La nave extranjera pesca en la milla 201, pero, si continúa en ese rumbo y velocidad, en pocos minutos ingresará en zona prohibida. Los prefectos están preparados para entrar en acción, primero una advertencia lumínica, después sonora, y por último disparos a babor y estribor.
La escena no se observa desde nuestra posición, pero los oficiales de la PNA imaginan que desde el puente, que los tripulantes chinos detectan a través de las pantallas de sonar como se desplaza una mancha compacta. Son miles de calamares Illex argentinus que ascienden a la superficie y caen en las redes atraídos por los focos.
Visto desde un satélite, el conjunto de la flota depredadora, entre 300 y 500 embarcaciones concentradas en un radio de 90 kilómetros (50 millas)— forma una ciudad mediana en la profundidad de la noche cerrada.
En cubierta, una decena de marineros procedentes de países asiáticos como Indonesia, Filipinas, China y Vietnam trabajan a destajo. Los marineros lo arrojan a una canasta plástica los calamares atrapados. Los recipientes se llenan en minutos. Cuando el cardumen es abundante, explica el oficial de la PNA, los turnos se pueden extender hasta 16 horas.
En los camarotes, duermen, o al menos los intentan, los que terminaron la jornada anterior. Los expertos explican que, en esas embarcaciones, las literas están separadas por menos de medio metro. El ruido de los generadores es incesante, al igual que el balanceo del casco por el oleaje.
Los poteros llevan semanas, meses sin atracar en un puerto. No hace falta: cada cierto tiempo, un carguero frigorífico aparece en el horizonte, se acoda al costado y recibe la carga. Repostan combustible, alimentos, a veces recambian parte de la tripulación. La pesca viaja directamente hacia China sin pasar por ningún control portuario.
Poco después ocurre lo que los oficiales argentinos que patrullan la ZEEA sabían que iba a suceder: el barco chino apaga el sistema de identificación automática (AIS). En las pantallas de seguimiento satelital de Buenos Aires, ubicado en la sede de Puerto Madero de la PNA, la embarcación desaparece, pero sigue pescando, ahora, dentro de la milla 200, en zona prohibida. En ese momento, la autoridad naval argentina comienza su trabajo para, o detener a la embarcación que depreda los recursos naturales nacionales sin autorización, aplicarle una multa y decomisar su carga, u obligarla a abandonar la Zona Económica Exclusiva Argentina.
Pero pescar en el límite de la milla 200, la denomina da milla 201 tiene nombre pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y una dimensión económica que la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) acaba de poner en cifras: las flotas extranjeras que operan en la milla 201 extraen entre dos y cuatro veces más recursos que toda la industria pesquera argentina.
Según el puntilloso trabajo al que accedió Infobae, mientras la pesca nacional desembarca entre 750.000 y 900.000 toneladas anuales, las estadísticas internacionales ubican las capturas de flotas extranjeras en el Atlántico Sudoccidental entre 1,5 y 3 millones de toneladas por año. Entre 400 y 600 buques provenientes principalmente de China, Corea del Sur y Taiwán operan anualmente en la región, según el estudio. Los niveles de extracción en la zona crecieron un 65% entre 2019 y 2024, y la flota china incrementó su esfuerzo pesquero un 85% en ese mismo período.
organización internacional dedicada a investigar delitos ambientales, pesca INDNR (ilegal, no declarada y no reglamentada), trabajo forzoso y explotación de recursos naturales, que ha confirmado que en el caso del calamar Illex la combinación de sobrepesca y malas condiciones ambientales “podría provocar un colapso poblacional en apenas un año, porque es una especie de ciclo muy corto”.
El calamar, en el centro de la tormenta
El caso más preocupante para FULASP es el del calamar Illex argentinus, especie de ciclo biológico breve —vive apenas uno o dos años— y pieza central de la cadena alimentaria marina: es consumido por merluzas, mamíferos marinos, aves oceánicas y numerosas especies comerciales. Raúl Cereseto, presidente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera, advirtió que “en el caso del calamar, que vive apenas uno o dos años y cumple un rol central en la cadena alimentaria, una mala combinación de sobrepesca y cambio ambiental puede generar que en el corto plazo estemos discutiendo no una pérdida económica, sino el agotamiento de recursos fundamentales para la pesca argentina y para todo el ecosistema del Atlántico Sur».
La Environmental Justice Foundation, que en español se traduce como Fundación para la Justicia Ambiental (EJF), organización internacional dedicada a investigar delitos ambientales y pesca INDNR, confirmó que en el caso del Illex la combinación de sobrepesca y condiciones ambientales adversas “podría provocar un colapso poblacional en apenas un año”, precisamente por tratarse de una especie de ciclo muy corto.
El antecedente más concreto ya ocurrió: en 2024, las propias autoridades pesqueras de las Islas Malvinas cancelaron la segunda temporada de calamar Loligo porque la biomasa estimada cayó por debajo del umbral de conservación de 10.000 toneladas.
Prácticas de evasión y el rol de las banderas de conveniencia
Entre las tácticas documentadas por las autoridades argentinas y organizaciones ambientales se destacan el apagado deliberado del AIS, el empleo de redes de arrastre prohibidas y el uso de banderas de conveniencia. Desde 2020, embarcaciones de origen chino comenzaron a operar bajo pabellones de países como Vanuatu y Camerún para ocultar su procedencia real y eludir sanciones. En la temporada 2024-2025, al menos 13 buques con esas banderas fueron documentados en el límite de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), todos con salida desde puertos chinos y tripulaciones de esa nacionalidad.
La logística de la flota está diseñada para maximizar el tiempo en el mar: buques nodriza y cargueros frigoríficos se anclan en el borde de la ZEEA para reabastecer de combustible y alimentos a las embarcaciones menores y recibir la pesca capturada, lo que les permite operar durante meses sin tocar puerto.
Frente a ese esquema, el gobierno argentino aplicó por primera vez una sanción de magnitud real. A través de una política de “tolerancia cero” coordinada entre la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, las autoridades impusieron una multa de $1.262 millones —incluyendo costos operativos por $799.000— al arrastrero Bao Feng, un buque de capital chino con bandera de Vanuatu perteneciente a la empresa Hai Shun Shipping Co.
El Bao Feng había sido detectado el 10 de enero por sistemas de vigilancia electrónica y satelital, cuando navegaba a menos de 6 nudos y ejecutó maniobras de arrastre dentro de la ZEEA. Tras verificar nuevas incursiones a fines de marzo, se le aplicó la sanción, equivalente a cerca de un millón de dólares y récord en la materia. La PNA también multó a otros dos buques de la misma empresa: el Hai Xing 2 y el Bao Win, detectados con patrones de navegación compatibles con actividad pesquera ilícita. Ante las sanciones, Vanuatu procedió a dar de baja a los tres buques de su registro nacional.
El procedimiento marcó un precedente al demostrar que la detección electrónica tiene el mismo valor probatorio que la intervención directa en el mar, algo que históricamente había impedido la aplicación de sanciones efectivas en un frente marítimo de esa extensión.
Durante la Operación Mare Nostrum I, lanzada en febrero de 2025, la Armada Argentina desplegó aviones P-3 Orion y C-12 Huron, junto con las corbetas ARA Robinson y ARA Espora, e identificó unas 380 embarcaciones pesqueras extranjeras operando justo fuera del límite de la ZEEA.
La merluza, bajo presión
El fenómeno no se limita al calamar. Los propios informes pesqueros de las Islas Malvinas reconocen que la merluza hubbsi desova principalmente en aguas costeras patagónicas durante la primavera y el verano, y luego puede migrar hacia la plataforma de Malvinas para alimentarse. En 2024, allí se capturaron 54.714,5 toneladas de esa especie, el cuarto registro anual más alto desde 1989. La merluza de cola refuerza el mismo argumento de stock compartido: estudios genéticos y de micro química de otolitos sugieren conectividad entre el Atlántico Sudoccidental y el Pacífico Sudoriental, lo que indicaría que se trata del mismo stock explotado por Chile, Argentina y las islas.
La problemática no es exclusiva del Mar Argentino. Ecuador, Perú, Chile e Indonesia también han denunciado la presencia masiva de flotas chinas en sus zonas jurisdiccionales. En 2020, la Armada ecuatoriana reportó más de 300 embarcaciones operando cerca de las Islas Galápagos. Las pérdidas económicas para Argentina superan los 1.000 millones de dólares anuales, de acuerdo con estimaciones de la Subsecretaría de Pesca.
El esquema de Malvinas: un tercio de la pesca argentina bajo licencias británicas
A la presión de la flota extranjera en la milla 201 se suma otra denuncia de FULASP: el Reino Unido ha consolidado en las Islas Malvinas un modelo de explotación de recursos migratorios de origen argentino mediante la entrega de cuotas pesqueras a largo plazo —de hasta 25 años— a flotas de terceros países, sin control del Estado argentino.
La investigación fue encabezada en los primeros días de abril por el propio Cereseto. A partir del cruce de datos públicos y privados, registros oficiales, información satelital y relevamientos propios, la fundación determinó que durante 2024 las capturas totales en aguas bajo control británico alcanzaron las 261.903 toneladas, uno de los niveles más altos de los últimos años. Dentro de ese volumen, el calamar Illex argentinus representó 146.689 toneladas, uno de los registros más elevados de la última década.
El esquema genera aproximadamente 1.000 millones de dólares por año y representa alrededor del 65% de los ingresos totales de las islas, con el Reino Unido recaudando casi 50 millones de dólares anuales en concepto de permisos. El circuito operativo carece de desarrollo productivo local: solo el 20% de lo capturado se descarga en Malvinas, el 10% se dirige al puerto de Montevideo y el 70% restante se transfiere directamente en alta mar hacia los países que reciben las cuotas. Para FULASP, ese volumen equivale a más de un tercio de toda la pesca argentina, y su extracción sin regulación del país de origen constituye un proceso de destrucción progresiva tanto del ecosistema marítimo como del entramado productivo nacional, con miles de empleos en riesgo.
Corporate Events,South America / Central America
POLITICA
Diputados: el Gobierno evalúa incluir un capítulo de Ley de Tierras en el proyecto de Inviolabilidad a la Propiedad Privada
Con un ojo en la Corte Suprema, ante la posibilidad de que el máximo tribunal vuelva a expedirse sobre la Ley de Tierras, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados evalúa incluir un capítulo o una resolución que limite la venta a extranjeros en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ahora debe tratar la Cámara baja.
La maniobra parlamentaria, encabezada por Martín Menem, busca desactivar a toda costa la megasesión que la oposición convocó para el jueves 15 de octubre, en la que no solo se propone avanzar contra el DNU 70/23, sino también prorrogar la emergencia en discapacidad y llevar al recinto una respuesta a la creciente morosidad y el endeudamiento familiar.
Según pudo saber de fuentes parlamentarias, representantes del bloque libertario se reunieron esta mañana para comenzar a darle forma a la iniciativa, si bien no es la única que barajan para desandar la embestida opositora.
Si bien el oficialismo se jacta de que los bloques críticos no cuentan con los números para alcanzar el quórum y habilitar la sesión, aumenta la presión de gobernadores y aliados para que el Gobierno avance con una alternativa que restablezca los límites a la venta de tierras a extranjeros.
Todo ello convive con la reciente decisión de la Corte Suprema de convocar a dos conjueces para tratar un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie vinculado con la Ley de Tierras. En particular, la ONG ambientalista había presentado una acción colectiva para que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 154 del megadecreto de Javier Milei, que derogó la norma y, con ella, los límites a la venta de tierras a extranjeros.
Tal como publicó , la Cámara Federal de La Plata consideró el planteo conexo a la causa iniciada por el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que perseguía el mismo objetivo.
Sin embargo, la asociación instó al máximo tribunal a aclarar si lo resuelto en el fallo también alcanza a su amparo. Sostiene que su planteo no debería correr la misma suerte que el de los excombatientes por invocar una legitimación diferente.
En ese sentido, el pedido de aclaratoria reclama “que se precise” si el fallo de la Corte de la semana pasada “produce algún efecto” sobre su expediente. “En su caso, cuál es su alcance, teniendo especialmente en consideración que los actores de autos han invocado títulos de legitimación propios y diferentes de aquel examinado en Cecim, que no han sido objeto de pronunciamiento”, advirtieron desde la ONG.
En caso de hacer lugar al planteo de la asociación, la Corte deberá decidir, junto con los dos conjueces designados por sorteo, los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, si devuelve el expediente a la Justicia Federal de La Plata o de Bariloche, o si es el propio máximo tribunal el que resuelve la medida cautelar.
Suspicacias
Esta última opción genera suspicacias entre algunos diputados opositores, que hablan de un posible “salvataje” de la Corte al Gobierno, justo cuando la oposición presiona con una megasesión si los libertarios no dan señales de ir marcha atrás con la reciente derogación de la Ley de Tierras.
Es así que desconfían de cualquier intención de Menem de incluir una contrapropuesta para limitar la ley de tierras en un proyecto legislativo. “Eso sería el plan b”, señalan los mismos.
Otra de las variantes que circularon en los últimos días era la de sumar el tema al proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional” sobre Malvinas. En el oficialismo lo descartaron de plano. “¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?”, alegaron, para evitar que la venta de tierras vuelva a quedar atravesada por la discusión sobre soberanía.
En cualquier caso, ya sea a través de una resolución de la Justicia o de una iniciativa propia, la intención del bloque libertario sería impedir la sesión del jueves y evitar que coincida con la foto de la marcha universitaria. En paralelo, buscaría trasladar las discusiones sobre morosidad y discapacidad al 21 de octubre, en una convocatoria impulsada por el propio oficialismo con el objetivo de esquivar el golpe política y retomar la agenda que le impuso la oposición.
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POLITICA
Kicillof deberá aguardar por el avance de dos proyectos propios en el Senado: se votarán la próxima sesión
El Gobierno bonaerense aún no puede avanzar en la Legislatura con la votación de dos proyectos de ley propios destinados a la integración del sistema de salud bonaerense y la puesta en marcha de un laboratorio de producción de medicamentos, a partir de la creación de una sociedad anónima con mayoría accionaria estatal. Es que este martes, el Senado bonaerense llevó adelante su cuarta sesión ordinaria y si bien los proyectos contaban con dos despachos de comisión, el peronismo no logró juntar los dos tercios necesarios para votar sobre tablas dichas iniciativas.
No es la primera vez que el oficialismo trabaja sobre estos proyectos e intenta aprobarlos. El año pasado, las mismas iniciativas perdieron estado parlamentario luego de haber sido aprobadas en Diputados. Este martes, para avanzar con los proyectos se requerían los dos tercios para habilitar el tratamiento, un número que en la previa se sabía que no alcanzaría. Entonces lo que se acordó previamente fue que los textos fueran ingresados en el orden del día de la siguiente sesión. Allí, con mayoría simple, los proyectos sí podrían avanzar. Sin embargo, la dilación genera cierto tedio en el Poder Ejecutivo. Asoman algunas garantías de que cuando se vuelva a sesionar en la Cámara alta, los proyectos avancen con los votos del peronismo. En principio, Fuerza Patria tiene quórum propio.
Sin la votación de los dos proyectos de ley referidos a la agenda de salud, el Senado aprobó este martes la Ley Ema con modificaciones que obligarán a una nueva votación en la Cámara de Diputados. Además, convirtió en ley la incorporación de la educación emocional en las escuelas, otorgó una licencia a Guillermo Montenegro para que deje su banca y vuelva a la intendencia de Mar del Plata, y giró a Diputados un proyecto para garantizar el suministro prioritario de gas natural comprimido (GNC) a servicios esenciales.
En principio, la Ley Ema crea el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, denominado Programa EMA. El texto unificó las iniciativas de las legisladoras de Fuerza Patria, Laura Clark y Mayra Mendoza, tras el trabajo de las comisiones de Educación y de Legislación General. El proyecto tuvo modificaciones y volvió a Diputados para su sanción definitiva. La propuesta surgió por impulso de Laura Sánchez, madre de Ema Bondaruk, la adolescente de Longchamps que tenía 15 años y se quitó la vida 24 horas después de que un compañero de escuela difundiera un video íntimo suyo sin consentimiento. El proyecto apunta a prevenir situaciones similares con mecanismos de detección, acompañamiento y formación dentro del sistema educativo.
Clark explicó que el acuerdo con la familia de Ema, la autora del proyecto y su equipo permitió reunir las dos iniciativas en un solo dictamen. “Queremos que la Ley Ema trascienda en la provincia de Buenos Aires y que se apruebe lo más completa posible”, sostuvo. Como el Senado introdujo cambios, Diputados deberá revisar nuevamente la redacción antes de la sanción definitiva. El tratamiento avanzó tras un entendimiento entre el peronismo y los bloques opositores para acelerar expedientes que ya contaban con media sanción en alguna de las cámaras. Como contó Infobae, el acuerdo se definió en una reunión organizada por Sergio Berni, titular del bloque peronista en la Cámara alta, para evitar que los proyectos quedaran demorados.
El articulado aprobado este martes incorpora el objetivo de garantizar una convivencia digital segura y suma contenidos de ciudadanía digital a la Ley de Educación bonaerense. También prevé la actualización de protocolos y capacitaciones para intervenir ante situaciones que afecten a estudiantes.
La norma define como violencia digital a las conductas realizadas mediante tecnologías que provoquen daños físicos, psicológicos, económicos, patrimoniales, sexuales o morales contra niños, niñas y adolescentes.
La capacitación para docentes, personal no docente, directivos y equipos de orientación escolar será obligatoria y continua, con el propósito de facilitar la detección temprana y una intervención adecuada. Durante el debate, Clark afirmó que el caso de Ema expuso la falta de recursos para las instituciones y las familias. “Ella fue víctima de violencia digital de género y de la difusión no consentida de imágenes íntimas. Ni la escuela, ni la familia, ni Ema tuvieron herramientas para poder acompañar”, señaló.
Clark también señaló que la aplicación de la ley no tendrá impacto en el presupuesto provincial, ya que coordinará acciones y recursos previstos en normas y dispositivos vigentes, como la Educación Sexual Integral, la Ley de Protección y Promoción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la guía escolar para situaciones conflictivas y de vulneración de derechos.
La senadora bonaerense Mónica Macha, impulsora de un proyecto de Ley Ema en el Congreso, recordó que su iniciativa pasó por dos comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, aunque permanece en la comisión de Presupuesto. También destacó que, antes de la redacción de la norma, se elaboró una guía de prevención para escuelas y clubes. “No tiene una instancia punitivista; hay una sanción, pero debe estar en la línea de las políticas reparatorias y construirse de modo comunitario”, expresó.
El Senado también convirtió en ley el proyecto de la diputada del Frente Renovador Luciana Padulo para incorporar educación emocional en los niveles inicial, primario y secundario. La norma modifica los artículos 26, 27 y 28 de la Ley Provincial de Educación 13.688. Diputados le había dado media sanción en noviembre de 2025.
La legislación suma contenidos sobre autoconocimiento, autorregulación emocional, habilidades sociales y empatía. En primaria se incorporarán recursos vinculados con el autoconocimiento, las habilidades sociales y la empatía. Para secundaria, la norma prevé herramientas destinadas a potenciar las competencias emocionales, con atención especial a la salud mental de los adolescentes. La Dirección General de Cultura y Educación deberá definir los lineamientos pedagógicos para aplicar la ley. Durante la sesión, la senadora del Frente Renovador Malena Galmarini pidió una implementación rápida y sostuvo que la escuela debe continuar como “segunda casa” para los estudiantes, ante los índices de suicidio adolescente.
La Cámara alta también giró a Diputados un proyecto del senador Marcelo “Chuby” Leguizamón, del bloque Hechos, para garantizar el suministro continuo y prioritario de GNC a vehículos de servicios esenciales. La propuesta incluye la creación de carriles preferenciales de acceso y carga rápida en las estaciones de servicio que expendan ese combustible. La prioridad alcanzaría a ambulancias públicas y privadas, transportes de bomberos estatales o voluntarios, patrulleros de las fuerzas de seguridad provinciales, transportes escolares registrados, colectivos del servicio público de pasajeros, taxis y remises habilitados. También podrán acceder otros vehículos que, en situaciones de contingencia, sean considerados esenciales.
El proyecto dispone que los vehículos beneficiados cuenten con obleas o calcomanías oficiales para facilitar su identificación. Las estaciones de servicio tendrán un plazo de 90 días desde la reglamentación de la eventual ley para implementar el carril preferencial y colocar señalización visible. “Del abastecimiento rápido de estos vehículos depende, por ejemplo, la respuesta inmediata de una ambulancia ante un llamado de urgencia o el patrullaje preventivo de las fuerzas policiales”, afirmó Leguizamón.
Con la licencia de Montenegro, su banca será ocupada por María Luján Fiego, dirigente de Tandil vinculada al presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. Integró la lista libertaria por la Quinta sección electoral en 2025 y quedó como primera suplente después de que la nómina obtuviera tres de las cinco bancas en disputa.
Verónica Magario,Senado de la provincia de Buenos Aires,sesión legislativa
POLITICA
La Cámpora difundió una protesta contra la Corte Suprema y el fiscal Luciani en la Facultad de Derecho
Una particular protesta estudiantil tuvo lugar este martes contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el juez Julián Ercolini en reclamo de la “libertad” de la exmandataria Cristina Kirchner y contra el fallo del máximo tribunal sobre la lay de Tierras.
La intervención de los estudiantes tuvo lugar durante el acto de entrega de los Premios Quorum que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Rosatti, Ercolini y el fiscal Diego Luciani, quien tuvo a su cargo la causapor la que Fernández de Kirchner resultó condenada, fueron sorprendidos en el auditorio por estudiantes que lanzaron papeles con la inscripción “Cristina Libre” y colgaron una bandera con la insignia “La tierra no se vende, la Corte sí”.
Por los videos que trascendieron pudo verse cómo los jóvenes irrumpían en el recinto al canto de “La Patria no se vende”, mientras los organizadores pedían orden en la sala. Después, los militantes procedieron a arrojar papeles desde el palco superior.
Las imágenes de la protesta fueron difundidas por la cuenta de Twitter ‘Cristina Libre’, relacionada a La Cámpora y que mantiene vigente el pedido de “libertad” de la exmandataria, condenada a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.
Pero no fue la única protesta del día contra la Corte. Sectores del PJ, la izquierda, gremios y piqueteros se manifestaron este martes frente al edificio del máximo tribunal contra el fallo que dejó vigente la derogación de la ley de tierras incluida en un decreto del presidente Javier Milei.
Los manifestantes, vinculados a organizaciones sindicales kirchneristas y de izquierda, llevaron a cabo la concentración, que se agrupó sobre una Plaza Lavalle, en el centro porteño.
Frente al edificio de los tribunales se montaron dos escenarios, uno ocupado por los sindicatos más cercanos al kirchnerismo y otro por las agrupaciones de izquierda que convocaron a la protesta.
La convocatoria no alcanzó a cubrir la Plaza Lavalle, aunque la instalación de los escenarios y el despliegue de manifestantes sobre Talcahuano generaron que se interrumpiera el tránsito en esa arteria, entre Tucumán y Lavalle.
El fallo de la Corte
El 30 de septiembre, el máximo tribunal dictó un fallo que, en la práctica, quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros, al restituit un artículo del megadecreto de Milei de 2023.
Ese artículo, que derogaba la ley de Tierras y, por lo tanto, sus límites a la venta de tierras a extranjeros, había sido frenado por una presentación de inconstitucionalidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
Los excombatientes alegaron que estaban legitimados en tanto defensores de la soberanía nacional, pero ese argumento fue rechazado por la Corte Suprema. En su fallo, el máximo tribunal fue muy críticó al advertir a los tribunales inferiores sobre reconocerles capacidad de iniciar acciones colectivas a actores que no tienen esa representatividad.
Un tribunal había dictado la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/23 que derogaba la ley de tierras. Pero la Corte revocó ese fallo.
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