Keiko Fujimori o Roberto Sánchez. Derecha tradicional vs. izquierda combativa. Perú decidirá en el balotaje de este domingo el rumbo ideológico que tomará el noveno presidente en la última década de un país atravesado por una grave crisis política.

No hay un amplio favorito. Los sondeos vaticinan un empate técnico y un importante número de indecisos. Ambos representan dos modelos opuestos y solo comparten un rasgo en común: un elevado porcentaje de rechazo de los votantes peruanos.

Quien gane la segunda vuelta asumirá el poder el 28 de julio próximo, en medio de una creciente crisis de credibilidad e inestabilidad institucional que acabaron con siete presidentes en los últimos diez años.

Keiko Fujimori, en su cuarto intento

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, tiene como credencial una extensa carrera política y haber ganado la primera vuelta del 15 de abril con poco más del 17% de respaldo, un porcentaje ínfimo que grafica la enorme dispersión de votos en una ciudadanía cada vez más alejada de sus políticos. Detrás la siguió Roberto Sánchez, postulante de Juntos por el Perú, con solo 12%.

Los peruanos la conocen bien, desde que se convirtió en “primera dama” de un país gobernado por su padre, el fallecido presidente devenido en dictador Alberto Fujimori, en los violentos años 90. Tenía solo 19 años.

Tras la caída del caudillo de ascendencia japonesa, se lanzó de lleno a la política. Hoy es una de las figuras más polémicas del país.

“Yo nunca voy a elogiar la criminal dictadura de su padre. Pero, en este contexto, el mal menor es Keiko Fujimori”, dijo desde el centro político Pedro Cateriano, expresidente del consejo de ministros durante los gobiernos de Martín Vizcarra y Ollanta Humala.

A los 51 años, buscará llegar a la Casa de Pizarro en su cuarto intento. Ya fue derrotada en el balotaje de las anteriores tres elecciones presidenciales. En los últimos comicios denunció fraude tras perder por solo 4000 votos. De romper el maleficio, se convertiría en la primera mujer en ser electa por el voto directo en Perú.

Hasta ahora, Dina Boluarte (2022-2025) es la única mujer en gobernar el país, pero asumió el cargo en su calidad de vicepresidenta del destituido expresidente Pedro Castillo.

Leé también: Balotaje en Colombia: quién es Abelardo de la Espriella, el “outsider” que admira a Trump y promete mano dura

Keiko Fujimori luchó durante años contra el estigma de ser procesada por corrupción. Estuvo en prisión preventiva durante casi un año y medio entre 2018 y 2020. Pero llegó a estas elecciones con una sentencia del Tribunal Constitucional que la exculpó de toda responsabilidad en una causa abierta por la financiación irregular de sus campañas electorales.

Con propuestas de “mano dura” en un país de creciente criminalidad, reivindica un modelo neoliberal y conservador, así como la gestión de su padre, una de las figuras más denostadas de la política peruana.

Sus detractores la acusan de manejar a su antojo el Congreso, donde su Fuerza Popular mantuvo una enorme influencia en los últimos años. El Poder Legislativo ha sido el responsable de la destitución de los últimos siete presidentes. Allí, los votos del fujimorismo fueron claves para el éxito de estos procesos.

“Ya controla el Congreso, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía. Si llega al gobierno prácticamente estaríamos viviendo en una ‘democracia autoritaria’“, dijo a TN el activista Ageo Ramírez, uno de los representantes del llamado Frente de Colectivos surgido de las protestas de la Generación Z que jaquearon al país el año pasado.

Para Ramírez, de 26 años, Keiko Fujimori representa “la corrupción en dinastía. Ella no tiene antecentes laborales. Solo ha sido congresista o primera dama. No tiene otro registro laboral”, afirmó.

La hija de Alberto Fujimori, egresada en Administración de Empresas en la Universidad de Boston, llegó al Congreso en 2005. Desde entonces tejió una carrera que la situó en el primer plano del poder político.

“Ella representa el voto de la derecha principalmente y la continuidad del modelo económico vigente en Perú”, dijo a TN la analista Urpi Torrado, gerente general de la consultora Datum Internacional.

Roberto Sánchez busca devolverle el poder a la izquierda

Roberto Sánchez está ubicado en el extremo ideológico opuesto.

A los 57 años, busca devolverle el poder a la izquierda, tres años y medio después de la destitución del expresidente Pedro Castillo, hoy condenado a 11 años de cárcel por conspiración.

El candidato de Juntos por el Perú no solo fue su ministro de Comercio Exterior y Turismo. También reivindica su gestión y promete que indultará al exmandatario si llega al gobierno.

Así, en campaña, hizo todo lo posible para identificarse con Castillo. Para ello, adoptó el típico “sombrero chotano” que hizo famoso al exmandatario durante sus recorridos por todo el país. Se trata de un símbolo de la identidad y la cultura campesina en los Andes peruanos.

“Sánchez recoge el voto anti-Keiko y otro que busca un cambio de modelo económico, de Constitución y de redistribución de la riqueza. Ha tratado de representar a los votantes de Pedro Castillo. Incluso se autodenomina su sucesor para continuar lo que él no pudo”, dijo Torrado.

El candidato de la izquierda peruana es un psicólogo de extensa trayectoria política. Nacido en la localidad agrícola de Huaral, a unos 80 km de Lima, fue gerente de Desarrollo Social en la Municipalidad Provincial de Huaral y gerente de Capital Humano en la Municipalidad Distrital de San Borja. Además, desde 2021, es congresista.

Leé también: El Estado Islámico busca reorganizar sus fuerzas en Siria: emboscadas, guerra de guerrillas y asesinatos

Después, desde el Partido Humanista, se incorporó al gobierno de Castillo y fue uno de sus ministros más cercanos.

Pero también, como le pasó a su rival, está acosado por denuncias judiciales.

La fiscalía pidió más de cinco años de prisión en su contra por “declarar información falsa” ante el organismo electoral sobre aportes a su campaña entre 2018 y 2020. En concreto, se lo acusa de ocultar más de 57.000 dólares.

En su diálogo con TN, Ageo Ramírez dijo que Sánchez es “alguien oportunista y que se aprovecha del populismo. La opción es elegir entre alquien que puede tener el poder absoluto y darle más poder o a un presidente al que se puede ´vacar´ (destituir), ponerle límites y tener un ejercicio ciudadano. El mal menor sería Sánchez“, afirmó.

Además, aseguró: “No tiene mayoría parlamentaria ni el control de otros poderes. Ahí hay un balance”.

Ahora, el heredero de Castillo buscará unir el voto del campesinado más postergado que respaldó al destituido presidente en las elecciones de 2021 y que salió a las calles para defenderlo tras su derrocamiento durante las violentas protestas reprimidas por la policía que causaron decenas de muertos entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

El caso del magnicidio de Fernando Villavicencio lleva casi tres años acumulando evidencia sobre el asesinato del ex candidato presidencial ecuatoriano ejecutado el 9 de agosto de 2023 al salir de un acto político en Quito. Ahora, un informe pericial forense de la Policía Nacional, al que Infobae tuvo acceso, agrega una pieza más: el contenido de tres memorias USB incorporadas al expediente bajo cadena de custodia, en las que quedaron grabadas reuniones donde figuras vinculadas a la Revolución Ciudadana coordinaban una estrategia para cuestionar la investigación judicial, presionar medios de comunicación y usar fuentes dentro del Estado para sostener la tesis de que el proceso era un montaje.

El documento, identificado como PN-Z9-DMQ-JCRIM-AVA-2026-00621-PER, es una pericia de criminalística que extrae, transcribe y materializa el contenido digital de los dispositivos. No interpreta ni acusa. Solo reproduce lo que estaba grabado.

En una conversación, de más de 25 minutos, los participantes discuten cómo cuestionar un certificado médico del IESS para sostener la coartada de una funcionaria vinculada al caso. En ese mismo audio, uno de los interlocutores propone usar la plataforma de cámaras de Segura EP –la empresa pública de seguridad del Municipio de Guayaquil– para rastrear movimientos, conseguir el distributivo de agentes de tránsito de los últimos seis meses para ubicar a una persona específica, y presionar desde la Asamblea Nacional para que se abra el celular de un detenido que se había negado a entregar la clave. La conversación tiene la cadencia de una sala de operaciones, no de una reunión política.

En otro pasaje, uno de los interlocutores propone usar a “un periodista extranjero” para hacer confesar a un abogado defensor quién le paga los honorarios, bajo la hipótesis de que ese abogado está siendo financiado por los mismos procesados. En otro fragmento, discuten en qué aplicación de mensajería cifrada comunicarse en adelante para no dejar rastros. Mencionan Wickr.

Lo que el informe pericial muestra no es la arquitectura de una operación paralela a la investigación judicial: reuniones periódicas con roles asignados, coordinación explícita con medios de comunicación identificados por nombre, uso de fuentes dentro de instituciones del Estado, y una preocupación constante y documentada por blindar la narrativa antes de que avanzara el proceso penal. En las transcripciones aparecen menciones a Radio Pichincha y al diario Expreso como espacios de difusión. Aparece también la figura de un teniente que investiga, un director de comunicación que coordina, y un bloque legislativo que debe actuar en paralelo.

La identidad de los participantes en esas grabaciones no la establece el informe pericial, que solo consigna “VM” para voz masculina y “VF” para voz femenina. Pero el ex policía Rodney Rengel, testigo protegido de la Fiscalía, es quien cierra ese eslabón.

Rengel es el hombre cuyo teléfono celular fue peritado en otro proceso por difusión de información reservada, y de cuya explotación forense provienen los audios incorporados al expediente. Rindió su testimonio anticipado el 3 de junio en la Cámara de Gesell del Complejo Judicial Norte, dos días antes de la audiencia preparatoria.

La diligencia fue reservada, pero al término, Amanda Villavicencio, hija del excandidato asesinado y acusadora particular en el proceso, declaró que Rengel ratificó reuniones presenciales y virtuales en las que participaron el ex presidente Rafael Correa, el ex ministro del Interior José Serrano, el ex asambleísta Ronny Aleaga y el legislador Ricardo Patiño. También se refirió, según Villavicencio, a encuentros en Venezuela con Aleaga, a una videollamada en la que habría participado el procesado Xavier Jordán, y a ofrecimientos de vivienda y trabajo en Estados Unidos a cambio de entregar una versión favorable sobre el caso.

Al día siguiente del testimonio, el propio Correa se pronunció en X. Confirmó que Rengel le pidió ayuda, que le encargaron investigar el caso Porsche, y exigió que los audios sean publicados completos y sin editar. Fue la primera vez en la que el ex presidente condenado por corrupción reconoció algún tipo de vínculo con el testigo.

Renato Montero, abogado de Daniel Salcedo —colaborador eficaz en el proceso—, señaló que el testimonio de Rengel corroboró elementos ya presentes en el expediente, incluyendo los dispositivos cuyo contenido consta en el informe pericial al que accedió Infobae. Salcedo, por su parte, había declarado previamente haber coordinado seguimientos a Villavicencio desde la cárcel y haber entregado esos informes a Serrano.

Ronald Herrera, ex agente de inteligencia policial que según el podcast Magnicidio —producido por las hijas de Villavicencio y su abogado Patricio Rosero— fue reclutado por Serrano para misiones clandestinas, declaró haber realizado vigilancias a Villavicencio por encargo. En mensajes incorporados al expediente, Herrera advirtió a su pareja que si algo le ocurría revelara que Jordán, Serrano y Marcelo Lazo le habían mandado a matar. Lazo, quien compartía comunicaciones cifradas con Leandro Norero y con alias Lobo Menor, declaró según el mismo podcast que el millón de dólares pagado a los cabecillas de Los Lobos para ejecutar el magnicidio fue reunido entre varios de los procesados, con participación de Rafael Correa y Jorge Glas.

Todo ese andamiaje debía exponerse este viernes 5 de junio ante el juez Geovanny Freire, en la audiencia preparatoria de juicio que definiría si los siete procesados pasan a la etapa de juzgamiento. No ocurrió. Las defensas de José Serrano y de Luis Alfredo Arboleda, alias Gordo Luis, presentaron incidentes procesales alegando que asistencias penales internacionales solicitadas a Estados Unidos, España y Colombia no han sido incorporadas al expediente. La audiencia fue suspendida sin fecha de reanudación. En las horas previas, Amanda y Tamia Villavicencio habían denunciado amenazas de muerte.

Esta columna intentará no nombrar a nadie, alguno quizás se ponga en privado o en público el sayo por sí, quizás alguno lo asigne desde la perspectiva del lector que simplemente pertenece a la sociedad, aun cuando actúe solamente de forma circunstancial con el sistema político. El problema es que en las sociedades desarrolladas existen muchos modelos de éxito económico o social para emular por jóvenes y adolescentes, pero en contextos de subdesarrollo y pobreza el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia se transforman en las alternativas a seguir, intentando de encontrar un significado a vidas miserables. Especialmente cuando estos problemas están tan enquistados en estructuras de poder.

La corrupción y el crimen organizado confluyen en las estructuras de poder político y económico y a partir de allí se establecen en parámetros nefastos de fracaso sistémico. Porque definitivamente ese no es el camino al desarrollo sino al subdesarrollo más tenaz. Nuestras sociedades signadas de la peor forma por la estratificación y el fracaso generan espontáneamente esta disfuncionalidad ética. Y el parámetro de que uno cuanto más pobre es más honrado debe ser se da de cabeza contra algunas urgencias. Ningún poder puede tolerar la impunidad basándose simplemente en factores culturales, pues ello implicaría ponerse del lado de los criminales en momentos cruciales, justo cuando los problemas exigen una atención urgente. Servir a grupos criminales moralmente corruptos resulta inaceptable en coyunturas tan críticas como las que vive la región, no obstante, esto no es la excepción en muchos países, sino que forma parte de la falta de criterio folclórico con que se hace política en estos sistemas. Ante la corrupción, la mera inacción equivale a la complicidad con estos actos delictivos, a una colusión con los criminales; y esto es así por mínima que sea la contribución —incluso si esta se limita a abrirles el “airbag” ante la opinión pública, evitarles una pena o a facilitar su huida.

El análisis del razonamiento moral y de las cuestiones de política deberían ofrecer conjuntamente una respuesta convincente a los juicios de valor inherentes a las políticas públicas, especialmente en lo que respecta a contestar la “eficacia” de estas para condonar la corrupción y la impunidad. En el ámbito de la delincuencia, el individuo corrupto no es más que un reflejo de la cultura en la que se desenvuelve, de la mezcla de sus logros políticos y de los logros de su estupro, esa interacción es el efecto dinamizador de su peligrosidad. La delincuencia se transforma sistemáticamente en una secuencia de reproducciones inevitables; sin ella, resultaría imposible garantizar el camino hacia la impunidad. En cuanto al concepto de justicia llega herido, este resulta siempre controvertido porque queda prisionero en dinámicas políticas e ideológicas que transforman cualquier desquicio en aceptable; a menudo se percibe como un elemento gravemente deficiente en los casos penales —lo cual supone un problema mayúsculo para enfrentar a las organizaciones criminales— y, de hecho, como un factor perjudicial para la seguridad pública.

La libertad de prensa es fundamental, representa un proceso de diálogo social continuo —considerado la única vía para legitimar ciertas cuestiones en el seno de un entorno mediático para crear espacios libres de delincuencia—, las investigaciones criminales terminan revelándose abrumadoras y perjudiciales para el crimen organizado, si como para la legítima prevención de la impunidad y la salvaguarda de los intereses ciudadanos. Por ello, y no por otra cosa, nuestra región pasó a ser la que asesina más periodistas por año.

Una de las barreras estructurales más habituales que obstaculizan las fuentes de información es la ausencia de políticas diseñadas para proteger y prevenir problemas reales de corrupción; por el contrario, estos problemas han acabado transformándose, en la práctica, en una suerte de “prohibición permitida”, prohibida por la ley y operativa en la práctica, casi en una dimensión costumbrista. La debilidad del sistema de justicia penal solo beneficia a aquellos a favor de la impunidad. Los fracasos resultantes ponen de manifiesto, de manera contundente, la tensión existente entre la respuesta ante las crisis y una política pragmática orientada a la obtención de resultados tangibles: una política profundamente arraigada en el siglo XX y en la fragilidad institucional, la cual privilegia, en particular, una narrativa neutral que refleja cuestiones de agenda, falta de rendición de cuentas y legitimidad dudosa. Así pues, la impunidad se concibe en esa práctica como un estado inofensivo; como la búsqueda de una paz política a la que debería otorgarse prioridad en la agenda, se pretende hacer creer que asegurar la impunidad es asegurar el funcionamiento del sistema y que “siempre se hizo así”. El “placer de no cometer errores” cuando se perpetran estos actos se erige, de este modo, como la ideología dominante. Simultáneamente, la “bondad de la personalidad” del crimen organizado y de los corruptos que resuelven problemas sociales o que se presentan con la ideología “correcta” se interpretan a sí mismos como una limitación lógica que permite el “buen gobierno” y que, por ende, hace andar la premisa de que la mera defensa subterránea de la impunidad basta para dotarla de legitimidad. “No me importa que roben, si me resuelven los problemas”, aunque se creen problemas aún peores.

Por otra parte, esto también demuestra que los políticos son sensibles a intereses que se cruzan con su control. En el núcleo de las fuerzas colectivas que enfrentan la impunidad se halla la relación entre la libertad de prensa y los problemas y acciones del activismo; esta cuestión central da lugar a una dinámica que ha atormentado de verdad durante mucho tiempo a los criminales. La capacidad del activismo para hacer frente a los políticos corruptos se presenta como el mecanismo que puede reconstituir independencia para la justicia y el Estado de Derecho. Con el fin de eludir el castigo —problemas que, en última instancia, podrían destruir o debilitar al crimen organizado— e incluso a iniciativas políticas corruptas el enfrentamiento con estas fuerzas políticas que imponen una agenda de “fin de la impunidad” se transforma en una cuestión de vida o muerte.

El crimen organizado no abordó este aspecto de manera particular durante el siglo XX, dado que la criminalidad en el ámbito burocrático siempre optó por la vía de menor resistencia. Este camino permitía que aquellos que vulneraban el principio de ética pública quedaran impunes. Por el contrario, si la irresponsabilidad social percibe a los individuos corruptos como seres benévolos entonces se recurre a la instalación de narrativas positivas para justificar y defender la impunidad. La soberanía es utilizada permanentemente a este respecto.

La lógica de la impunidad podemos decir que opera en el desarrollo de postulados y de narrativas que realizan la defensa teórica de las cuestiones problemáticas de la corrupción, aun cuando a partir de ellos se crea fragilidad de la política y de las democracias. La instalación de narrativas de crisis y culpas sociales, así como el ejercicio de la libertad de que disponen el crimen organizado y los individuos corruptos para ejercer represalias. Y a cometer las peores violaciones de Derechos Humanos en la región.

La idea de severos castigos propugnados por algunas tradiciones políticas, parte muchas veces de no reconocer las debilidades inherentes de los mecanismos de justicia de lucha contra la impunidad y hacen que el mensaje deambule en una perspectiva poco realista de la crisis sin servir al objetivo que se procura alcanzar. Es necesario reconocer el papel crucial que desempeña la comprensión de la complejidad y la incertidumbre de la política ejercida corruptamente, como la misma permea diferentes niveles de funcionamiento sistémico con su naturaleza criminal. Es necesario tener claro las diversas realidades sociales permeadas por la corrupción, en particular, el modo en que se configuran los medios de comunicación deshonestos en contextos de crisis y las inesperadas experiencias culturales de las élites empresariales y del crimen organizado al defender su codicia financiera. Ello da como resultado la creación permanente de mecánicas políticas y sociales para poner a la sociedad límites al conocimiento de la verdad, dividir la verdad, poner límites al trabajo político decente y a la gobernanza democrática eficiente, la premisa delictiva que impone los límites intrínsecos del conocimiento, la investigación y la justicia límites que desempeñan un papel de gran relevancia en el fracaso de nuestros proyectos de desarrollo.

En los informes de comisiones de lucha contra la corrupción y la impunidad, las más diversas fuentes dan testimonio de financieros codiciosos que gozan reiteradamente de impunidad; no porque los individuos corruptos tengan la capacidad de imponer dicha protección, sino debido a la colusión acumulativa que genera fuerzas ajenas más potentes que el control de la justicia. Otros problemas pueden surgir no de conflictos directos de intereses, sino de una lealtad inquebrantable hacia líderes autoritarios, la corrupción de las dictaduras es siempre la peor corrupción de todas, la que roba a la gente sus Derechos Humanos. Doblarse nacional o internacionalmente ante la corrupción de las dictaduras es un acto corrupto en sí, que termina irremediablemente generando malas prácticas internas, el favor que hace el corrupto dentro o fuera del país lleva siempre a la peor lógica de funcionamiento y a terminar admitiendo como válidas prácticas absolutamente infames. El movimiento regional de la impunidad termina defendiendo dictaduras y crimen organizado por igual, ya que sostiene que ciertas «formas de legitimidad soberana» a menudo susceptible a objetivos y factores incontrolables que impone un régimen autocrático o un sistema de democracia deficiente o defectuosa en que la justicia no tiene capacidad de investigar en forma autónoma.

En teoría, este escenario simboliza la frecuente criminalidad organizada que emerge entre intereses directos contrapuestos de la política en crisis en que se debaten los sistemas, intereses que quizás no pueden ser calificados de manera plenamente legítima como corrupción pero que terminan siéndolo por utilizar al crimen organizado y a la corrupción para dirimir el conflicto entre los mismos. A partir de allí se generan raíces de la impunidad, la cual, a menudo, pretende introducir nuevas distinciones entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo admisible y lo inadmisible, tomando como referencia que funciona y que no funciona, que tiene éxito y que no tiene éxito. Es más, a partir de muchos de estos casos, dicha impunidad empieza a ser justificada.

El uso de la fuerza para empoderar a aquellos que son afines a los delitos y a la corrupción es recurrente en la región, como también lo son las conspiraciones políticas con ese objetivo, llevándolos a abusar de los principios pertinentes para adoptar una postura agresiva de defensa de la corrupción y la impunidad, como dijimos anteriormente, generalmente en nombre de la soberanía, o incluso peor. Este desafío pone a prueba el riguroso marco teórico del Derecho respecto a las cualidades regresivas del delito de corrupción, que aparece protegido por la impunidad sistémica.

El problema de la toma del poder por la corrupción y, especialmente, de su ejercicio es, de hecho, una respuesta a esta vulnerabilidad percibida en los sistemas políticos engendra crimen organizado, y este crimen organizado se retroalimenta con determinados grupos de interés a los que alimenta financieramente. Se puede apreciar especialmente como el populismo regional enfatiza la supremacía del poder sobre los medios de comunicación imparciales y se centra no en los problemas en sí mismos, sino en la retórica vacía; por consiguiente, a través de su efecto corrosivo, a menudo genera sentimientos protectores en el marco social, enmascarando así la falta de acción y de rendición de cuentas. El poder sigue siendo un instrumento fundamental para inclinar la balanza de intereses en conflicto, pero especialmente para inclinar la balanza de la justicia. Por eso el populismo a pesar de una retórica fuertísima contra la corrupción nunca ha resuelto los problemas de la misma, sino que los ha exacerbado. Lo máximo que ha hecho es cambiar el signo político de la corrupción y a veces ni eso.

Desde esta perspectiva, una sociedad política con capacidad de auto retribución y poca sabiduría colectiva puede evolucionar hacia actividades corruptas, al tiempo que construye una narrativa autosostenible para proteger y promover la impunidad, una narrativa inalterada por la siempre cambiante y ajustable censura política. La capacidad de la impunidad para construir una narrativa social desde el poder depende de la creación de un entorno que reconozca tanto la interconexión social como la cultura particular de los problemas propios de alimentarse de una situación de crisis moral de una sociedad, a veces por estar inmersa en la bajeza que crean las múltiples crisis financieras, sociales y políticas.

Por ejemplo, los seguidores de líderes populistas democráticos a menudo tienen dificultades para pedir o trabajar para diseñar o implementar políticas eficaces en contra de la impunidad; esto se debe a que se les impide establecer vínculos estrechos con las instituciones basadas en el poder —conexiones cruciales para lograr soluciones preventivas— y se enfrentan constantemente a la tentación del poder que toma atajos que, en última instancia, socava la eficacia necesaria para proteger y fortalecer a las instituciones que pasan a ser periféricas. El populismo puede utilizar las instituciones de manera eficaz para promover su propio poder —optimizando así sus resultados—, o bien provocar su fracaso, o incluso prescindir de ellas por completo. Todo ello es funcional a la corrupción. Sin duda alguna, el populismo —caracterizado por su desprecio hacia las instituciones— no ha logrado ningún resultado positivo en la lucha contra la impunidad a pesar de ser absolutamente altisonante al respecto.

Los expertos en Derecho y en el fenómeno de la impunidad deberían argumentar siempre que, más allá del ámbito puramente jurídico, el ejercicio de la libertad de expresión y la búsqueda de controles administrativos y jurídicos concretos y orientadas a la resolución de problemas resultan cruciales para una acción política eficaz; aun cuando tales acciones causen dolor dentro del sistema, son absolutamente necesarias. Si la lucha contra la impunidad pudiera alcanzarse únicamente mediante el discurso el populismo sería la tentación, pero las tentaciones propias del populismo hacen que la práctica transforme la corrupción en una infección bacteriológica generalizada, mientras nos quiere hacer creer que su discurso está resolviendo la situación.

Las leyes y las normativas son elementos esenciales para una acción política eficaz, aun cuando puedan causar cierto malestar, resultan indispensables, pero nunca causan tanto malestar a los corruptos como un sistema judicial con instrumentos prácticos para investigar y controlar la acción de los políticos y funcionarios, especialmente de aquellos que tienen poder, especialmente de aquellos que están en contacto con trámites importantes, controles, auditorías. El balance e independencia de los poderes del Estado es fundamental. Es decir, la Democracia es fundamental.

Solo mediante la administración de antibióticos que ataquen directamente a las bacterias —erradicando verdaderamente la infección— podrá el sistema experimentar un cambio genuino. En lo que respecta al problema de la impunidad, la rendición de cuentas constituye siempre un elemento esencial de cualquier solución práctica en la lucha contra la corrupción. Si un líder que promueve la lucha contra la impunidad se limita a criticar políticamente el uso indebido de los fondos públicos en el marco democrático, es más probable que termine convirtiéndose en un aliado cultural que aquel que no asume la responsabilidad de sus propios actos; la denuncia, la investigación y la judicialización son los únicos instrumentos reales.

Es importante reconocer que un sistema político sólido es susceptible al populismo, especialmente en lo que atañe a la falta de rendición de cuentas, lo cual lleva a terminar por concebir la política como un medio directo para satisfacer los intereses propios. La religiosidad que genera la política respecto a los liderazgos depende, asimismo, de factores tales como la simpatía, el poder y la riqueza, elementos que hacen a la esencia de un sistema corrupto; o el comienzo de un camino aquejado por graves problemas o crisis que termina por ser incapaz de abordar eficazmente la impunidad, incluso si contara con una estructura social moralmente justa. Esto resulta crucial para el avance de la impunidad, dado que sus cimientos residen en las estructuras políticas, sociales y operativas dentro de las cuales esta se desenvuelve.

Este absurdo de la impunidad ha sido perpetuado por aquellos que detentan el poder y se está convirtiendo en un desafío para cualquier sistema que quiere ser libre de delitos y para los enfoques éticos específicos que sustentan su funcionamiento. La reproducción política de las iniciativas de impunidad implica la reconstrucción de objetivos, juicios situacionales y genera algo que es igualmente perjudicial: el distanciamiento emocional de la sociedad. Todo ello puede pasar dentro de un marco de apariencia de estricta adhesión a la Democracia. En este contexto, resulta particularmente evidente la necesidad de la tensión inherente creada por la sociedad de “culpas responsables” para el surgimiento de medidas preventivas y para la condena social de actividades corruptas. Este esfuerzo tiene por objeto establecer reglas claras, al tiempo debemos reconocer que la sociedad y las redes pueden tener el poder de la condena para los corruptos. Pero a veces le pueden errar. O extralimitarse mal. Pero qué seríamos los políticos democráticos si no pudiéramos lidiar con la libertad de expresión, la misma es nuestro alimento principal.

Existe una tensión agravada en el ámbito de la impunidad, que es la contradicción entre el ideal de justicia y su convivencia con las crisis políticas. Esta realidad nos exige reconocer características específicas, tales como el “comportamiento civilizado degenerado” de los individuos y la “naturaleza cultural esencial de las crisis”, es la tensión entre el mal comportamiento de individuos que ponen cara de buenos y representativos con aquellas lógicas de falta de inteligencia colectiva para resolver de buena manera los malos problemas. Uno de los fundamentos más perdurables de la impunidad es la reproducción de los límites a la acción social condenatoria por un lado y por el otro del “comportamiento civilizado degenerado” dentro un sistema político.

De hecho, los límites establecidos de conformidad con el Estado de derecho garantizan el pleno ejercicio de la libertad individual, cuando la justicia no impone límites al poder político, el Estado de Derecho colapsa y también lo hacen las libertades individuales. La naturaleza biológica de la impunidad sugiere que el desenlace de los problemas políticos suele estar determinado por factores que no suelen examinarse directamente, tales como nuestra sociedad de origen (incluyendo la estratificación de clases sociales y de las posibilidades de movilidad social), el contexto histórico (democrático o autoritario), el nivel educativo o la capacidad de generación de riqueza. Un sistema de lucha contra la impunidad no puede ignorar estas condiciones; por el contrario, debería convertirlas en la base para la creación y el desarrollo de problemas políticos para luchar contra la impunidad, integrando así una teoría del comportamiento integral ante las crisis éticas que puede estar experimentando una sociedad.

La racionalidad constituye el fundamento del sistema de realismo político, un sistema que afirme a partir de la racionalidad la cultura evolutiva innata de un sistema político libre de corrupción, basado en el desarrollo de los límites a la codicia financiera de los políticos y los funcionarios; así como al mismo tiempo, reconocer también que la desigualdad, la pobreza y el error político son componentes integrales de las experiencias de crisis que afectan nuestro desarrollo. La racionalidad no es ni compatible ni incompatible con la distorsión de las realidades y narrativas políticas, por consiguiente, otro aspecto importante consiste en sostener a la racionalidad como eje central de la cultura política para enfrentarse a la inmoralidad o falta de ética dentro de un sistema. El error moral fundamental de la constante construcción de narrativas “impecables” por el populismo o el autoritarismo radica en que una crisis ética que surge en un momento determinado se vuelve inevitablemente en un problema recurrente que hace a la sociedad inviable en el mediano y largo plazo, sin importar que se dice y cómo se dice por parte de esos actores.

Este es uno de los principales problemas que surge de medios de comunicación que ignoran la criminalidad o son funcionales a la misma es su tendencia a promover ciertas narrativas, ya sean de apoyo, de interés propio o de impunidad. De este modo, estos elementos periodísticos-criminales se convierten en un componente significativo del problema: la exacerbación de la impunidad, el abuso de los principios penales en casos extremos o para promover impunidad o para perseguir opositores políticos, son esenciales al sistema de conculcación de Derechos. Pero por más vueltas que se dé el perro la cola siempre le queda del lado de atrás.

En última instancia, la acumulación de poder político y la capacidad de influir en problemas de crisis es importante pero solamente si se hace lo correcto, si se hace lo incorrecto mediano y largo plazo solamente se refuerzan las crisis y los problemas de la corrupción. Esta perspectiva de hacer lo correcto es clave para evitar la reproducción de la corrupción y sus profundas conexiones políticas, empresariales y sociales con la codicia financiera; obviamente que implica tomar decisiones difíciles y aceptar los costos y los dolores asociados a la lucha contra la impunidad.

La lucha contra la corrupción nos insta a no hacer la vista gorda ante la vulnerabilidad social, sino más bien a construir una ética que reconozca nuestra interdependencia, respete la razón como base del discurso social y adopte una política sensata —en la que la rectitud y probidad republicana esté lo más garantizada posible, aun ante la adversidad— como valor fundamental. Por supuesto, esto debe llevarse a cabo con plena conciencia de las limitaciones culturales inherentes de nuestros sistemas y cómo ello eleva los costos políticos.