El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para instituir el 5 de junio como el Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo, en homenaje a Carlos Alberto “Indio” Solari, fallecido ese mismo día de 2026. La iniciativa busca reconocer el legado artístico y cultural del músico, así como el fenómeno colectivo construido alrededor de su obra y la de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, e invita a todas las provincias del país a adherirse a la propuesta.

La muerte de Solari, ocurrida apenas tres días atrás, dejó un vacío en la cultura popular argentina que el texto del proyecto describe. Compositor, cantante y poeta, el “Indio” construyó a lo largo de décadas un lenguaje artístico propio que, según la fundamentación de la iniciativa, “trascendió ampliamente el ámbito musical para convertirse en una referencia cultural, social y simbólica para varias generaciones de argentinos y argentinas”. La elección de la fecha no es azarosa ni simbólica en abstracto: es la marca exacta de su partida, convertida por el proyecto en punto de memoria permanente.

El texto de la fundamentación subraya que la dimensión del legado de Solari excede la obra musical en sí misma. En torno a las canciones de los Redonditos y a su posterior carrera solista se fue conformando lo que el proyecto denomina “cultura ricotera”: una identidad colectiva que reúne prácticas, símbolos, lenguajes y formas de encuentro que, según la iniciativa, “han logrado perdurar a lo largo de décadas y forman parte del patrimonio cultural contemporáneo” del país. No se trata, en la lectura del legislador, de un fenómeno de nicho, sino de una de las expresiones más extendidas de la cultura popular argentina de las últimas décadas.

Dentro de ese universo simbólico, el pogo ocupa un lugar central en la propuesta. El proyecto lo define como una manifestación de participación, celebración y pertenencia colectiva, y recuerda que los recitales de los Redonditos y los conciertos posteriores del Indio Solari dieron lugar a algunas de las convocatorias musicales más multitudinarias de la historia argentina. En esos encuentros, miles de personas compartieron una experiencia que, según la fundamentación, “trascendió el espectáculo artístico para convertirse en una verdadera ritualidad popular”.

El proyecto también incluye una fundamentación lingüística e histórica sobre el término “pogo”. Según el texto, la palabra comenzó a popularizarse en la década de 1970 en el ámbito de la música punk y luego se extendió a distintos géneros alrededor del mundo. Su denominación provendría del llamado pogo stick, un bastón saltarín de origen estadounidense cuyo movimiento vertical guarda similitud con la dinámica corporal de la práctica. Aunque el vocablo no figura en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, sí fue incorporado por una institución académica local.

El Diccionario Latinoamericano de la Lengua Española elaborado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) lo define como un “baile ritual armado por saltos incesantes en un mismo lugar y hacia los costados con empujones y choques, para alcanzar cada vez a más personas”, y lo caracteriza como una práctica festiva, juvenil y colectiva originada en conciertos de música punk, rock, thrash metal, indie y trap. La iniciativa de Paulón toma esa definición como punto de partida para argumentar que, en la Argentina, el pogo adquirió una dimensión identitaria propia que excede su origen anglosajón.

La fundamentación sostiene que el proyecto no busca únicamente rendir homenaje a la figura de Solari, sino también reconocer a las comunidades de seguidores que, durante décadas, contribuyeron a sostener y resignificar ese legado. En ese sentido, el texto apunta a una celebración que involucra tanto al artista como al colectivo que construyó sentido alrededor de su obra. La propuesta legislativa invita expresamente a que todas las provincias adhieran a la declaración, con el objetivo de que el reconocimiento tenga alcance federal.

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El Gobierno publicará en los próximos días los pliegos para privatizar Belgrano Cargas, uno de los procesos que venía demorado dentro de la agenda de empresas públicas y concesiones que la Casa Rosada busca acelerar antes de 2027. En el Ejecutivo sostienen que la licitación quedó en la etapa final de revisión y que su publicación permitirá abrir formalmente la instancia de presentación de ofertas.

El expediente de Belgrano Cargas era de los últimos que faltaba dentro del primer tramo de privatizaciones y concesiones, autorizadas por la Ley Bases de 2024.

En Balcarce 50 sostienen que el objetivo es llegar al año electoral con la mayor cantidad posible de empresas, servicios y activos estatales bajo administración privada, concesión o esquemas mixtos.

La licitación del Belgrano Cargas apunta a transferir al sector privado la operación ferroviaria de cargas, con un esquema dividido por líneas y unidades de negocio.

El diseño prevé separar el proceso entre las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, y habilitar ofertas independientes para infraestructura, operación ferroviaria y talleres. La intención oficial es evitar un único paquete cerrado y permitir que distintos operadores compitan por partes del sistema.

El esquema también busca abrir la posibilidad de que una empresa participe solo en una de las unidades de negocio o que presente una propuesta integrada si quiere operar más de un tramo. En el Gobierno sostienen que ese formato puede ampliar la competencia y atraer interesados con perfiles distintos: operadores ferroviarios, empresas logísticas, usuarios intensivos de carga, compañías vinculadas a infraestructura y grupos con experiencia en mantenimiento.

Belgrano Cargas y Logística administra la principal red ferroviaria de cargas del país a través de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Transporta granos, insumos industriales y otras mercaderías desde economías regionales hacia puertos y centros de consumo. También tiene bajo su órbita infraestructura ferroviaria, material rodante y talleres.

La licitación tendrá como eje el modelo de acceso abierto, previsto en la Ley 27.132. Ese esquema permite que distintos operadores puedan utilizar la red ferroviaria mediante el pago de un canon o peaje, en lugar de concentrar toda la operación en un solo prestador. En el Ejecutivo argumentan que la exclusividad comercial limitó el desarrollo del sistema ferroviario de cargas y que la apertura puede aumentar el volumen transportado.

El Gobierno venía anticipando que el pliego se publicaría durante mayo, pero el proceso se ralentizó por definiciones técnicas y administrativas.

Ahora, en Nación aseguran que la publicación será en los próximos días. Una vez abierto el llamado, se prevé un período para la presentación de ofertas y una etapa posterior de evaluación, con la expectativa oficial de encaminar la adjudicación antes de fin de año.

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Las otras privatizaciones que acelera Javier Milei

El expediente se suma a otros procesos que avanzaron en las últimas semanas. AySA ya entró en el calendario formal con la licitación para vender el 90% de las acciones estatales y mantener el 10% restante en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada. La apertura de ofertas está prevista para agosto y el Gobierno busca incorporar un operador estratégico con experiencia en agua y saneamiento.

La Hidrovía también registró avances. El Gobierno preadjudicó la concesión de la Vía Navegable Troncal al consorcio integrado por Jan de Nul y Servimagnus, después de la evaluación técnica y económica del proceso. Se trata de uno de los corredores logísticos más relevantes del país, por donde circula el 80% del comercio exterior argentino.

En paralelo, el Ejecutivo sigue de cerca la privatización de Intercargo, la empresa estatal de servicios de rampa y asistencia en tierra en aeropuertos. El proceso apunta a vender el 100% de las acciones y transferir activos, contratos, licencias y continuidad operativa. Este martes, prorrogó los plazos de la licitación una semana: la presentación de ofertas se hará hasta el 17 de junio y la apertura de los sobres el 25 de junio.

Las rutas nacionales son otro frente que el Gobierno quiere mostrar con impacto visible. Economía avanza con la Red Federal de Concesiones, que incluye 9000 kilómetros distribuidos en tramos estratégicos. El objetivo es que los corredores -de un total de 40.000 kilometros- pasen a operar bajo un esquema privado, sin subsidios, con obras asociadas y mejoras de mantenimiento.

El frente energético también tuvo un antecedente con la venta de la participación estatal en Citelec, controlante de Transener, a Genneia y Edison Transmisión por US$356 millones. En el Ejecutivo usan ese caso para mostrar interés privado por infraestructura regulada y miran los activos que aun controla Enarsa: centrales térmicas y concesiones hidroeléctricas.

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Otro expediente en seguimiento es Correo Argentino. En Nación trabajan para que el proceso avance este año y lo presentan como una compañía con mayor margen político para privatizar que otros servicios públicos. En el Gobierno destacan que el presupuesto 2026 proyecta un resultado económico positivo para la empresa y transferencias desde el Correo hacia la Administración Nacional.

La agenda forma parte también del plan financiero del equipo económico. El Gobierno busca que privatizaciones, concesiones, emisión de deuda, garantías de organismos multilaterales y acumulación de reservas ayuden a fortalecer el “colchón financiero” rumbo a 2027. En Economía calculan que la venta de activos y concesiones puede aportar fondos para cubrir vencimientos y reforzar la posición del Tesoro.

La excepción más relevante sigue siendo Trenes Argentinos, que no figura dentro del calendario más inmediato.

En el Gobierno consideran que no están dadas las condiciones para avanzar con una privatización integral sin una suba fuerte del boleto y obras clave para recuperar los servicios urbanos. Por eso, la prioridad ferroviaria de corto plazo se concentra en cargas y no en pasajeros.

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Después de un mes de que el Gobierno consiguiera media sanción de la Cámara de diputados sobre el proyecto de ley Hojarasca, esta madrugada se publicó en Boletín Oficial una medida que elimina más de 15 normas vinculadas al comercio y la industria que habían perdido sustento legal.

La decisión se conoció mediante la resolución 12/2026 firmada por el secretario de Coordinación de Producción Pablo Agustín Lavigne, en donde explicaron los motivos por los cuales se tomó la decisión.

Según manifestó la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, tras el proceso de desregulación impulsado por la cartera que conduce Federico Sturzenegger desde que Javier Milei asumió su mandato, decidieron actuar en concordancia y derogaron normas estructurales, entre ellas la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la Ley del Observatorio de Precios.

“En su espíritu de modernización y simplificación del marco regulatorio, se han derogado una serie de normativas que regulaban diversos aspectos del comercio y la industria, incluyendo el control de precios de determinados productos, los requisitos de información para la comercialización de bienes, los procedimientos de autorización para la importación de mercancías, entre otros”. De esta manera el Gobierno explicó la medida.

La resolución se apoya en la Ley de Bases (N° 27.742) y en el Decreto N° 70/2023 a partir de las cuales se eliminaron dichos marcos legales, por lo que las resoluciones y disposiciones que los reglamentaban quedaron sin objeto ni sustento jurídico. El texto oficial señaló que la acumulación de normas generó “superposición, desactualización y dispersión”. Además “deviene pertinente mantener una revisión integral continua de la normativa reglamentaria y complementaria dictada en el ámbito de esta Autoridad de Aplicación”.

El listado de normas derogadas abarca resoluciones dictadas entre 2006 y 2025 por distintas secretarías, las cuales “resulta necesario formalizar la eliminación, habiendo sido dictados al amparo de los citados marcos jurídicos, han perdido su objeto y aplicabilidad”, explicaron.

Las principales resoluciones con sus modificatorias, son:

• La N° 355/2022 de la ex Secretaría de Comercio Interior, junto a sus 19 modificatorias, que regulaban el control de precios de determinados productos.
• 426/2022 y 296/2023, vinculadas a requisitos de información para la comercialización de bienes.
• 22/2006, 178/2007 y 167/2008, procedentes del ex Ministerio de Economía y Producción.
• La N° 368/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio, dictada al amparo del Decreto N° 787/2025 que eliminó la obligación de los colegios privados de pedir autorización estatal para modificar sus cuotas.
• 82/2014 de la ex Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo.
• La disposición N° 167/2018 de la ex Subsecretaría de Comercio Interior.
• 282/2021 y sus 21 modificatorias, que regulaban programas de fomento al consumo cuya vigencia venció sin prórroga.
• Las resoluciones 753/2021, 56/2022, 57/2022 y 142/2022 con su modificatoria N° 148/2022, ligadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino
• 254/2019 y 43/2022 vinculadas a procedimientos de autorización para la importación de mercancías.

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La medida se inscribe en el mismo espíritu que la “Ley Hojarasca”, aunque opera por un carril diferente. Mientras la reciente resolución actúa en el plano administrativo, sin necesidad de intervención parlamentaria, la Ley de Derogación de Legislación Obsoleta transita el Congreso y apunta a eliminar normas de rango legal.

El 20 de mayo pasado, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado con 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones. Esta iniciativa busca derogar 58 leyes, modifica artículos de otras 8 y elimina 2 decretos considerados “inútiles, anacrónicos o contrarios a las libertades individuales”, y aguarda tratamiento en el Senado.

Los argumentos que sostienen ambas iniciativas son bastante parecidos. El texto oficial publicado hoy advierte que “la proliferación normativa ha llevado a la superposición, desactualización y dispersión de normas, generando una incertidumbre de cuáles son las vigentes”, lo que “trae como consecuencia una inseguridad jurídica para los ciudadanos que restringe el libre desenvolvimiento de su vida”.

Respecto al debate sobre el primero de los objetivos sostienen que está orientado a “ordenar el sistema normativo argentino mediante la eliminación de leyes que han perdido vigencia práctica, coherencia o compatibilidad con los principios constitucionales” y que afectan libertades individuales, generan burocracia innecesaria, refieren a organismos ya disueltos y organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.

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