POLITICA
A un año de la condena a Cristina Kirchner: el impacto político, su caudal electoral y su liderazgo en el PJ
Un nombre propio que tiene su lugar de jerarquía en la primera línea de La Cámpora, lo que le permite tener un diálogo fluido con Cristina y Máximo Kirchner, mira en el televisor de su casa el sinfín de notas que los medios realizan en la marea callejera que hay en Avellaneda, el domingo en que el Indio Solari fue despedido por los que lo amaban sin conocerlo personalmente.
En esas voces tristes identifica un mensaje político de fondo que lo sorprende. El reclamo que él y sus compañeros de militancia intentan instalar, sin suerte, en la agenda de la mayor parte del peronismo, está presente en mucho de los fieles ricoteros que abundan en las tierras donde gobierna Ferraresi.
“Pareciera que la consigna de Cristina Libre está más presente en la sociedad que en la política. Quizá su importancia está subrepresentada en la dirigencia política”, piensa, un tanto incrédulo, frente a la pantalla. Su reflexión es la exposición de un sentimiento que atraviesa a todo el arco político que mantiene en su cabeza y en su corazón la conducción política de Cristina Kirchner.
Pero es también la expresión de una necesidad. Hay un sector del peronismo al que le falta una voz que tenga más futuro que pasado. Ahí reside uno de los problemas que arrastra el cristinismo en el debate hacia adentro de la fuerza política. Cree que el futuro tiene que tener a CFK en un rol central. Mientras que el resto del peronismo, considera que su lugar debe tener cada vez menos importancia.
Este miércoles 10 de junio se cumple un año desde que la ex presidenta de la Nación, sentada en una oficina del tercer piso de la sede del PJ Nacional, se enteró que la Corte Suprema de Justicia había hecho formal lo que era un secreto a voces: la confirmación de su condena en la causa Vialidad. Esa decisión implicaba su inmediata detención y la inhabilitación, de por vida, para competir y ejercer cargos públicos.
En ese instante, mientras la militancia cantaba “No nos han vencido”, un tema icónico del cancionero kirchnerista, Cristina Kirchner empezaba a perder poder de influencia dentro del peronismo y libertad de acción en el teatro de operaciones de la política. Ese día ingresó al departamento ubicado en el segundo piso del edificio ubicado en San José 1111 y salió en contadas ocasiones. La mayoría por problemas de salud.
En ese camino de condena y privación de la libertad, que en el cristinismo llaman proscripción y persecución, ha limitado la capacidad de acción de CFK, pero no ha disminuido el caudal electoral que tenía el 10 de junio del 2025, al momento de enterarse que su vida cambiaría radicalmente. Una semana después la justicia federal le confirmó la detención domiciliaria y la posibilidad de salir al balcón cuantas veces quisiera. El balcón que se transformó en una postal de resistencia para los kirchneristas y en una discusión sin sentido para el micromundo de la política.
La ex presidenta ha pasado el año de condena y detención recibiendo, de mayor a menor, por las restricciones que le impuso el Tribunal Federal Oral 2, a dirigentes políticos y sindicales, y a economistas y legisladores de Unión por la Patria (UP). La seguidilla de visitas y la foto que la propia CFK mostró de una reunión con nueve economistas, derrumbaron la dinámica que la ex presidenta había construido en sus metros cuadrados.
A partir de ese momento, en noviembre del año pasado, la ex presidenta empezó a tener restricciones en sus visitas. Actualmente puede recibir personas dos días a la semana, durante dos horas cada día y no pueden pasar más de tres personas. Quedan exceptuados de esos límites sus hijos, sus secretarios privados, su médico y su abogado, quienes tienen ingreso libre.
En los últimos meses el cristinismo concentró sus reclamos en las condiciones de detención de la ex mandataria. Sobre todo porque sostienen que hay presos por crímenes de lesa humanidad que tienen más beneficios en su detención que la ex presidenta. Argumento que les sirve para sostener que existe una persecución política y judicial en su contra, y restricciones desproporcionadas en comparación con otras condenas mucho más severas.
Los bloques justicialistas en el Senado y la Cámara de Diputados consideraron que las condiciones de detención son “objetivamente injustas, desproporcionadas, restrictivas y arbitrarias” y advirtieron que “ninguna democracia puede considerarse plenamente saludable cuando la principal dirigente de la oposición se encuentra proscripta e injustamente privada de su libertad”. Este mediodía un grupo importante de legisladores dará una conferencia de prensa en el Congreso para mantener vigente el reclamo.
Ayer hubo una reunión en Matheu 130, la histórica sede del PJ Nacional, donde se terminó de delinear la convocatoria para el sábado 20 de junio, cuando se lleve a cabo un banderazo en Parque Lezama y se realice una caminata desde ese punto hasta el departamento donde pasa sus días la ex Jefa de Estado. Habrá discursos, consignas y mensajes entre líneas. La defensa a la causa de CFK sigue siendo de un sector del peronismo, no de la totalidad. Y eso se nota en cada acto y en cada foto.
La líder peronista mantiene contacto permanente con su círculo operativo. Con los dirigentes que están a cargo del PJ, de los bloques legislativos, de las intendencias que responden a la terminal K y de los que llevan adelante el dispositivo político. Mantiene el vínculo fluido con casi todos los pesos pesados del peronismo. En esa lista falta Axel Kicillof.
La relación entre ambos estaba deteriorada al momento en que CFK quedó detenida. Pero durante el último año la situación empeoró. No solo por las desavenencias del Gobernador con la ex presidenta en materia política, sino por los sinsabores de una relación personal astillada. En todos los círculos que rodean a la ex mandataria piden y exigen, según quien lo diga, que Kicillof la vaya a ver a San José 1111. Si no es por política, que sea por una cuestión humana, suelen decir,
El gobernador bonaerense está dispuesto a sentarse a hablar con ella cuando la situación lo amerite. Es decir, cuando haya un conflicto que resolver. No va a ir para acercar posiciones que están bien lejos. No va a ir para escuchar los reproches ni las quejas. No se va a acercar a negociar los límites de una convivencia que ya rompió todas las barreras. Y, sobre todo, no va a aceptar exigencias.
Sin embargo, la lógico indica que en algún momento va a tener que sentarse frente a la ex presidenta para coordinar el armado de una alternativa política. Porque el Gobernador considera que tanto ella como el resto del cristinismo deben estar adentro de un armado del peronismo. Lo que no está dispuesto es a que le impongan condiciones. De ahí proviene una parte de la tensión reinante.
“¿Quiere ser candidato a presidente y no se puede sentar con Cristina porque no quiere que le diga cosas que no le gustan?“, planteó, con una alta carga de ironía, un dirigente muy cercano a la familia Kirchner. Kicillof no es lo que quieren que sea, ni hace lo que pretenden que haga. Tal vez eso tenga consecuencias políticas a futuro. O, tal vez, no. Mientras tanto, todo ese vínculo esta rodeado de un tornado de hipótesis y recuerdos añejos de un pasado ideal y un camino hasta el presente lleno de sinsentidos.
Cristina Kirchner cumple un año presa y, con dificultades y limitaciones, sigue manteniendo un magnetismo importante sobre un porcentaje importante de la población a la que no le resulta indiferente. La aman o la odia, la quieren fuera de juego o la quieren presidenta, pero no la olvidan.
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Este 10 de junio se cumple un año de la detención domiciliaria de la expresidenta Cristina Kirchner, condenada por corrupción en la causa Vialidad y el gobernador bonaerense Axel Kicillof publicó un mensaje en sus redes para referirse al tema. “Un año atrás se consumó una enorme infamia a la vista de todos: la condena de Cristina dictada por sectores del Poder Judicial tan alejados de la Justicia como cercanos al poder real”, escribió.
Para el funcionario provincial, la también exvicepresidenta -en prisión domiciliaria– “fue víctima de una larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria, desprovista de pruebas y por supuestos hechos que ni siquiera estaban entre sus competencias, usando un argumento jurídicamente absurdo: ‘no podía no saber’”. Su posteo llega en medio de la tensión entre ambos debido a la interna dentro del peronismo.
“Persiguen también a su familia y alimentan un clima de odio y violencia que tuvo su expresión más salvaje en el intento de asesinato que sufrió. A casi cuatro años del atentado, la investigación sobre quiénes lo planificaron, financiaron e instigaron brilla por su ausencia”, apuntó también Kicillof.
El gobernador aprovechó para apuntar al gobierno de Javier Milei. Dijo que “los mismos intereses que impulsaron la persecución contra Cristina son los que hoy sostienen un modelo económico que destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones, recorta derechos sociales y laborales, y concentra la riqueza en cada vez menos manos”. Para Kicillof, el Presidente “alimenta todos los días el odio y ataca los fundamentos sociales de nuestra democracia”.
“Cristina es inocente y continúa injustamente detenida. Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa”, insistió en su extenso posteo en su cuenta de X.
Este miércoles se cumple un año del histórico fallo judicial de la Corte Suprema por la causa Vialidad que ejecutó la pena contra la expresidenta. Los días posteriores a la condena judicial se vivieron en un clima de extrema tensión social, con vigilias en las afueras del edificio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, para denunciar un intento de “proscripción” para sacarla del escenario electoral que se avecinaba.
En noviembre de 2025, la Justicia decidió endurecer las condiciones de detención para Cristina Kirchner: puede recibir visitas por afuera de la lista autorizada —la que integran sus hijos, un secretario, sus abogados y un médico— solo dos veces por semana, dos horas como máximo en cada oportunidad, y con un tope de tres personas por encuentro.
expresidenta Cristina Kirchner, condenada por corrupción,Cristina Kirchner procesada,Axel Kicillof,Conforme a,,111 bienes en la mira. A un año de que la Corte dejó firme la condena, la Justicia no le decomisó ni un peso a Cristina Kirchner,,Antes de la declaración jurada. La esposa de Manuel Adorni ingresó al régimen de “inocencia fiscal”,,Rolex, Hermès y caballos. Los lujos no declarados del extitular de Arsat y su familia,Cristina Kirchner procesada,,Tras declarar en Comodoro Py. Cristina Kirchner volvió a su casa y saludó a la militancia,,Privilegio. El Gobierno apeló el fallo que ordenó pagarle a Cristina Kirchner una pensión varias veces millonaria,,Se definiría el 7 de julio. Un abogado penalista sobre la apelación a la prisión domiciliaria de Cristina: “No les va a temblar la lapicera”
POLITICA
La Cámara Nacional Electoral autorizó una plataforma digital para reunir adhesiones a proyectos por iniciativa popular
La Cámara Nacional Electoral (CNE) autorizó una plataforma digital para recolectar adhesiones ciudadanas a proyectos de ley por iniciativa popular, una decisión que habilitó la incorporación de herramientas tecnológicas en uno de los mecanismos de participación directa previstos por la Constitución Nacional.
La resolución, firmada por unanimidad por los jueces Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, habilitó a la organización no gubernamental Plan País Argentina a implementar, en carácter de prueba piloto y bajo supervisión del tribunal, una plataforma destinada a reunir firmas electrónicas para respaldar iniciativas legislativas populares.
La Cámara Nacional Electoral, según pudo saber Infobae, autorizó a Plan País Argentina a probar, bajo supervisión del tribunal, una plataforma para reunir firmas electrónicas de apoyo a proyectos de ley por iniciativa popular. El sistema complementará la recolección en papel prevista por la Ley 24.747 y, según un informe técnico incorporado al expediente, permitirá verificar identidad, integridad del registro y autenticidad de las adhesiones.
La iniciativa popular fue incorporada a la Constitución Nacional durante la reforma de 1994 y está regulada por la Ley 24.747, que permite a los ciudadanos presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados mediante la recolección de adhesiones equivalentes al 1,5% del padrón electoral nacional.
En los fundamentos, la Cámara sostuvo que ese derecho constitucional no puede quedar limitado por cuestiones operativas o tecnológicas. En ese sentido, indicó que la iniciativa popular es una modalidad de participación política “de rango constitucional cuya efectividad no puede quedar condicionada por limitaciones de orden meramente instrumental”.
El proyecto aprobado por el tribunal propuso complementar el sistema tradicional de recolección de firmas en papel con el uso de una plataforma digital que permite a los ciudadanos suscribir electrónicamente un proyecto de ley desde dispositivos electrónicos.
Según la resolución, el sistema previó que cada persona pudiera estampar su firma manuscrita sobre la pantalla de un teléfono celular, una tableta o una computadora con el dedo, un lápiz digital o un dispositivo apuntador. Esa firma ológrafa queda capturada digitalmente y almacenada mediante tecnología blockchain, un mecanismo diseñado para garantizar la integridad y la trazabilidad de los registros.
Los magistrados señalaron que la herramienta buscó “ampliar el acceso a los mecanismos de participación ciudadana directa, dotándolos de una infraestructura tecnológica moderna, segura y verificable”.
Evaluación técnica y condiciones de verificación
Antes de autorizar la implementación, la Cámara solicitó un informe técnico a la Oficina de Coordinación General de Sistemas Informáticos Electorales y convocó a una audiencia especializada para evaluar las características de la propuesta. Tras el análisis, el área técnica concluyó que la plataforma resultó viable y cumplió con los estándares necesarios para asegurar la autenticidad de las adhesiones ciudadanas.
De acuerdo con el informe incorporado al expediente, el sistema garantizó que el ciudadano se identificara mediante credenciales vinculadas al Documento Nacional de Identidad, que la firma capturada permaneciera íntegra en un soporte digital inalterable y que pudiera ser sometida a los mecanismos de verificación previstos por la legislación vigente. Además, los especialistas concluyeron que el procedimiento ofreció “niveles de confiabilidad equivalentes o superiores a los del soporte papel”.
La resolución estableció que la autorización no implicó reemplazar el sistema actual de recolección de firmas en papel. La plataforma funcionará como un mecanismo complementario y continuará coexistiendo con el procedimiento previsto por la Ley 24.747. Las adhesiones recolectadas digitalmente seguirán sujetas a los controles y verificaciones que realiza la Justicia Electoral.
El anexo técnico aprobado junto con la resolución fijó una serie de requisitos de seguridad. Entre ellos, procedimientos de validación biométrica facial, verificación del Documento Nacional de Identidad, comprobaciones de “prueba de vida” para evitar suplantaciones de identidad, certificación del correo electrónico del firmante mediante códigos de uso único y mecanismos criptográficos destinados a preservar la integridad de cada adhesión.
Asimismo, el sistema deberá consultar los registros de la Cámara Nacional Electoral para verificar que quien suscriba una iniciativa esté incorporado al padrón electoral y reúna las condiciones exigidas para participar del proceso.
La supervisión técnica de la experiencia piloto quedará a cargo de la Oficina de Coordinación General de Sistemas Informáticos Electorales de la Cámara, que deberá monitorear periódicamente el cumplimiento de los estándares de seguridad, autenticidad y preservación de datos establecidos en la resolución.
Antecedentes internacionales y encuadre jurídico
La resolución realizó un repaso sobre la experiencia internacional en esta materia. Los jueces mencionaron que países como Alemania, España, Estonia, Finlandia y Letonia ya incorporaron plataformas digitales para la recolección de firmas electrónicas vinculadas a iniciativas ciudadanas, con resultados positivos en términos de participación, trazabilidad y control de identidad.
En esa línea, el tribunal sostuvo que el uso de estas tecnologías puede ofrecer “garantías superiores a las del soporte papel en cuanto a inmutabilidad, trazabilidad e integridad de los datos”, y fortalecer los controles de autenticidad exigidos por la ley.
Uno de los puntos centrales de la decisión fue la validación jurídica de la firma electrónica ológrafa como herramienta apta para respaldar este tipo de procedimientos. La Cámara recordó que el principio de equivalencia funcional entre los soportes digitales y los tradicionales está reconocido por la Ley de Firma Digital y por jurisprudencia en distintos fueros judiciales.
Sobre esa base, concluyó que, cuando la tecnología utilizada garantizara autenticidad, integridad y posibilidad de verificación, la firma electrónica podía considerarse equiparable a la firma manuscrita tradicional.
Modernización del sistema electoral
Para el tribunal, la iniciativa se inscribió en una política de largo plazo orientada a incorporar herramientas digitales en la administración electoral. Los jueces señalaron que la Cámara impulsó desde hace más de una década medidas para modernizar procedimientos que históricamente se realizaron en papel y afirmaron que esa trayectoria reflejó una “política deliberada” en favor de la innovación tecnológica aplicada al fortalecimiento de los valores democráticos.
La prueba piloto autorizada permitirá evaluar el funcionamiento del sistema digital de recolección de adhesiones y podría convertirse en un antecedente para futuras iniciativas vinculadas a la democracia participativa en la Argentina.
POLITICA
Rodeada por las internas, Karina Milei se muestra hiperactiva y ordena a su tropa de cara a 2027
Envuelta en fuertes internas con los referentes más importantes del Gobierno, Santiago Caputo y Patricia Bullrich, Karina Milei se muestra hiperactiva y baja línea a su tropa de cara al incipiente armado de la estrategia electoral para las elecciones presidenciales de 2027.
La hermana del Presidente nauguró personalmente con bombos y platillos una “escuela de dirigentes” violetas junto a su mano derecha en la Ciudad, Pilar Ramírez, que suena como eventual reemplazante de Patricia Bullrich como aspirante a la Jefatura de Gobierno por la lista de Milei. Y reunió anteanoche, como adelantó Infobae, a unos 70 diputados nacionales que responden a Martín Menem.
No es la primera vez que convoca a este tipo de encuentro, de índole “descontracturado”, según contaron asistentes a este medio, para restarle relevancia. Hace dos meses, la secretaria general había reunido a los representantes de LLA en el interior en otro restaurante. Pero esta vez hubo más asistentes. Y, llamativamente, estuvo Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, muy cercana a Javier Milei que de todas formas mantiene un vínculo positivo con Karina Milei y aparece como eventual candidata para el año que viene.
Petovello fue la única integrante del Gabinete invitada. Manuel Adorni, que sigue envuelto en la tormenta de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, no fue de la partida, a pesar de su cercanía con Karina Milei. Mientras prepara su Declaración Jurada, que sería presentada en los próximos días, en la Casa Rosada aseguran que los Milei de ninguna manera le soltarán la mano al jefe de Gabinete, al menos por ahora.
La Secretaria General, que envió las invitaciones para el cónclave con poca antelación (cuando promediaba la semana pasada) prepara el terreno para el armado electoral del año que viene. Y, según dicen en su entorno, no habrá lugar para que Santiago Caputo lidere la estrategia después de los roces más recientes entre las facciones enfrentadas de LLA. Pero, sobre todo, después de que las fuertes divergencias de miradas frente a los comicios de 2025 complicaran el proceso electoral.
El año pasado, los equipos del consultor experto en campaña y los “territoriales” de Karina Milei discutían sobre la conveniencia de aplicar estrategias puntuales por distritos, o bien “pintar todo el país de violeta”, como quería ella. Este año el plan de Karina Milei es hacer lo primero, pero en el karinismo aseguran que no se debe a un “triunfo” de la visión de Santiago Caputo, sino a la diferencia contextual.
“Ahora son las presidenciales, es clave ser lo más quirúrgicos posible para ayudar a la reelección del Presidente”, dijeron. El año pasado, en cambio, dicen, querían lograr tener presencia en todos los distritos.
Ayer acompañaron a Karina Milei unos 70 diputados que representan a LLA en las distintas provincias y recibieron el mensaje de seguir los lineamientos de “el Jefe”, pero en modo “social” y con “buena onda”, según dijo un participante. En un pasaje de su discurso frente a los referentes, Karina Milei les pidió a sus legisladores perdón por no responder todos los mensajes que le envían y les aseguró que está muy al tanto de lo que hacen. También hablaron Martín Menem y Sebastián Pareja, los referentes de Karina en el territorio a nivel nacional y en la Provincia de Buenos Aires, respectivamente.
En medio de las fuertes discusiones, la hermana de Javier Milei debe fingir demencia frente a la inquieta jefa de los senadores violetas, Bullrich, que parece plantear un proyecto propio. Pero incita a su sector, asesorada por los Menem, a chocar en las redes con las bases del asesor preferido del Presidente, Santiago Caputo..
Además, la hermana presidencial activó a la Inspección General de Justicia (IGJ), que funciona bajo su influencia a través del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para que investigue a Fundación Faro, el think tank que coordina Santiago Caputo con fines recaudatorios.
En la Casa Rosada, los máximos referentes del sector de Las Fuerzas del Cielo consideran que es una especie de “vuelto” de los Menem por la discusión por el caso de “periodistaRufus”. En el karinismo evitan responder, pero el enojo mutuo se ramifica y multiplica por los temas más diversos. Por caso, deslizan que están ofendidos por la diferencia de proporciones entre las repercusiones que tuvo en la agenda pública el caso de Adorni, protegido de Karina Milei, y el caso de ARSAT. “Ellos son los expertos en comunicación, ¿o no?”, deslizaron.
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