POLITICA
A un año de que la Corte dejó firme la condena, la Justicia no pudo decomisarle ni un peso a Cristina Kirchner

A un año de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner por corrupción, la Justicia no pudo decomisarle ni un centavo, a pesar de que ordenó recuperar unos 685.000 millones de pesos.
Hoy esa parte del caso volvió a la Corte Suprema, que debe resolver si rechaza el último recurso de Cristina Kirchner y avanza con el remate de sus bienes mediante una plataforma digital por internet.
La expresidenta evitó que sus bienes sean alcanzados por el decomiso porque presentó una catarata de recursos judiciales en el Tribunal Oral Federal 2 que la condenó, en la Cámara Federal de Casación Penal y ahora -otra vez- en la propia Corte.
La última batalla es por 111 bienes que identificaron el fiscal Diego Luciani y su colega Sergio Mola para que sean tasados y rematados, de modo de cubrir esa suma de dinero, aunque sea en parte. Resta otro grupo de bienes identificados por la fiscalía que están siendo objeto de un trámite en el tribunal oral.
El rechazo del recurso extraordinario por parte de la Cámara Federal de Casación confirma definitivamente la ejecución de los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia.
Con el recurso rechazado, el fallo del posible decomiso queda en condiciones de ser ejecutado de inmediato. Sin embargo, Cristina Kirchner fue a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso directo, que difícilmente prospere.
Además de seis años de prisión, la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad implica el decomiso de bienes por unos 685.000 millones de pesos, por los que deben responder solidariamente todos los condenados.
Pero, entre ellos, los únicos que tienen bienes cuantiosos son Cristina Kirchner y sus hijos, pues los activos de Lázaro Báez fueron rematados en la quiebra de Austral Construcciones y en la otra condena que tiene por lavado de dinero, en la causa de la Ruta del Dinero K.
La decisión de rechazar el recurso extraordinario fue de los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación y dejó firme la decisión de avanzar con la ejecución de los bienes. La defensa de Cristina Kirchner argumenta que muchos de ellos fueron adquiridos antes de los hechos que motivaron la condena.
Los magistrados Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña rechazaron por mayoría los recursos presentados por las defensas de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y por el apoderado de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner contra la sentencia que había confirmado la ejecución de bienes para hacer efectivo el decomiso en la causa Vialidad.
En el caso del recurso extraordinario presentado por Cristina Kirchner, los tres integrantes de la Sala coincidieron en declararlo inadmisible. En su voto, Hornos sostuvo que los recursos no demostraban la existencia de una cuestión federal suficiente que habilitara la intervención de la Corte. El juez reiteró el fundamento general del decomiso en casos de corrupción, al señalar que “el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida” y que el instituto busca impedir que el ilícito produzca beneficios económicos permanentes.
Por su parte, el juez Diego Barroetaveña adhirió al voto de Hornos. Consideró que los agravios de las defensas se limitaban a expresar desacuerdos con lo decidido y que no planteaban una controversia federal concreta sobre el alcance de normas constitucionales. También entendió que no se verificaban supuestos de arbitrariedad que justificaran la apertura de la instancia extraordinaria ante la Corte.
El juez Mariano Borinsky coincidió en declarar inadmisible el recurso extraordinario presentado por Cristina Kirchner. Sin embargo, mantuvo una posición parcialmente distinta respecto de los recursos presentados por Lázaro Báez y por el apoderado de Máximo y Florencia Kirchner.
Luego de que la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la sentencia que ordena concretar el recupero de los 685.000 millones de pesos, el tribunal oral que impuso las condenas le mandó un oficio a la Corte Suprema para avanzar con el asunto. Quiere saber si, en función de las normas vigentes, alguno de los 111 inmuebles a ejecutar es de interés de la propia Corte para su utilidad o del Consejo de la Magistratura.
El juez Rodrigo Giménez Uriburu —que condenó a la expresidenta y está a cargo de ejecutar la sentencia— pidió a la Corte que se resuelva si algún bien “será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso [por la Corte] o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”.
La tobillera
En tanto, la expresidenta reclamó a un año de su condena, que es el tiempo que lleva cumpliendo arresto domiciliario en su casa de San José 1111, que le saquen la tobillera electrónica, amplíen su régimen de visitas y la dejen salir a la terraza.
Pero el fiscal Luciani se opuso y la semana pasada fracasó el último intento cuando el juez Rodrigo Giménez Uriburu ratificó la vigencia de todas las condiciones de arresto.
Sobre el régimen de visitas, el tribunal autorizó el ingreso libre exclusivamente para familiares, médicos, custodios y abogados. El resto de las personas deben requerir sin excepción la autorización judicial.
En cuanto al permiso de subir a la terraza del edificio, el tribunal autorizó su uso dos horas al día entre las 6 y las 20. En su última resolución, consideró que Cristina Kirchner “conserva la posibilidad de acceder diariamente a un espacio abierto apto para el desarrollo de actividades físicas y recreativas”.
contra Cristina Kirchner,el recupero,Hernán Cappiello,Cristina Kirchner,Conforme a,Cristina Kirchner,,A un año de la condena. El drama político que Cristina Kirchner irradia al peronismo,,La desdicha del oficialismo. El día en que Milei chocó con la pared,,“Siempre fui un luchador”. El productor que convirtió la defensa del campo en una causa personal y atravesó décadas de batallas
POLITICA
El Gobierno suma apoyo de las provincias para eliminar las PASO, pero aún no tiene los votos asegurados

Todavía sin una fecha fija para su tratamiento en el Congreso, el Gobierno comienza a recibir los apoyos de algunas provincias para la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque aún no tiene garantizados los votos.
Las autoridades nacionales se fijaron como una de sus principales metas legislativas la aprobación de la reforma política, que incluye entre otras esta medida, la cual es rechazada por varios bloques del recinto, incluso algunos aliados del oficialismo.
Para intentar revertir esta situación, la cúpula de La Libertad Avanza estableció una hoja de ruta para las negociaciones que inició hace algunas semanas y que se da tanto en el plano parlamentario como en el ejecutivo.
Como viene sucediendo desde hace algún tiempo, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, son los encargados de conversar sobre este tema con los gobernadores.

Los funcionarios ya lograron que algunos mandatarios locales expresaran públicamente su respaldo a la eliminación de las PASO, mientras que otros lo prometieron en privado y hay quienes se mantienen firmes en la negativa.
Un ejemplo del primero de esos casos es el entrerriano Rogelio Frigerio, quien cuestionó el costo para el Estado de las primarias y consideró importante “aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”.
En esta misma línea se expresó, luego de una reunión con Santilli, el sanjuanino Marcelo Orrego al remarcar que, si bien él llegó al cargo luego de una interna, opinó que “los tiempos cambian” y esa herramienta ya no sería útil.
De la misma forma, Juan Pablo Valdés, de Corrientes, remarcó que la definición de los candidatos “es una cuestión que deben resolver las agrupaciones políticas”, por lo que también apoyará el proyecto de la Casa Rosada.
En el segundo grupo está el mendocino Alfredo Cornejo, quien luego de un extenso análisis, según pudo saber este medio, decidió estar a favor de eliminar las PASO a nivel nacional, pero mantenerlas en su provincia.

El dirigente radical, que no puede competir por un nuevo mandato, quiere que su sucesor sea uno de sus ministros, pero enfrenta la posibilidad de que los libertarios impulsen a Luis Petri, por lo que esta herramienta sería fundamental para dirimir las diferencias a escala local.
El martes, Santilli recibió en su oficina a los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Catamarca, Raúl Jalil, quienes también le aseguraron al funcionario que acompañarán la reforma política, aunque solamente el último lo dijo abiertamente en las redes sociales.
El patagónico, en cambio, se limitó a comentar en su cuenta de X que durante el encuentro se acordó “seguir avanzando en distintos temas vinculados al desarrollo de la provincia y del país”.
“Nos hemos trazado una hoja de ruta para planificar y llevar adelante las obras que Neuquén necesita para seguir creciendo. Y contamos con el acompañamiento del Gobierno nacional, a través de las gestiones necesarias, para garantizar que ese camino no se detenga. Cuando hay diálogo, planificación y trabajo conjunto, se generan las condiciones para defender los intereses de Neuquén y llevar más desarrollo a cada rincón de la provincia”, escribió.
Por último, figuras como el santafesino Maximiliano Pullaro condicionan los votos de sus legisladores a que haya algunos cambios en el texto -proponen la suspensión y no la eliminación definitiva-, mientras que otras como el Tucumano Osvaldo Jaldo no dan el brazo a torcer y defienden la continuidad de las primarias.

En paralelo, el titular de la Cámata de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, hacen sus propias gestiones en los respectivos recintos.
La ex ministra de Seguridad, que tuvo algunos percances en la última sesión, cuando no consiguió sancionar la iniciativa para reforzar la propiedad privada, encabezó el mismo martes una reunión con las bancadas aliadas.
La senadora pretendía convocar a otro debate para este miércoles para aprobar el proyecto que quedó pendiente, pero al no tener asegurado el apoyo tampoco para ese texto, optó por esperar y seguir negociando.
La dirigente intenta recuperar el control legislativo con la ayuda del secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, que lleva adelante las conversaciones en representación del Poder Ejecutivo.
Todavía sin un panorama claro, el oficialismo tiene previsto continuar recolectando apoyos para la reforma política, que sigue siendo la prioridad para la Casa Rosada en la antesala del Mundial de Fútbol, evento que podría frenar la actividad parlamentaria.
POLITICA
Polarización o elección de tercios: las posturas que convergen en el Gobierno sobre el 2027

Pese la indefinición del calendario electoral, en Casa Rosada evalúan los escenarios con los que se encontrará La Libertad Avanza en la pelea por la reelección de Javier Milei rumbo a las presidenciales de 2027. Si bien hay coincidencias en las posturas sobre el desempeño electoral, que vaticinan positivo, existen diferencias en torno a las lecturas sobre la elección que se viene.
“Veo más un escenario de tercios entre el peronismo, Javier Milei y una oferta más centrista”, sostuvo una fuente que transita habitualmente los pasillos de Casa Rosada. La afirmación difiere de la postura que se le atribuye a la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien detectaría un escenario de cuartos o quintos, con fuerte presencia del voto blanco.
Lo cierto es que no se esperan definiciones en clave electoral hasta después del Mundial 2026, que inicia este jueves y concluye el 19 de julio, pero crecen las versiones que postulan a Mauricio Macri como potencial candidato presidencial. No solo persiste el reclamo de los dirigentes del PRO para que suceda sino que el exmandatario se mueve en consecuencia: hace pie en el interior del país y tiende puentes con gobernadores distantes a la Casa Rosada. En paralelo, cobra fuerza la posibilidad de que el empresario Jorge Brito decida competir y en eso trabaja Emilio Monzó, que concentra energías en la puesta en pie del armado.
Sin embargo, otras voces del ecosistema libertario rechazan el postulado surgido del mismo espacio al sostener que no ven lugar para opciones de centro y anticipan un nuevo escenario de polarización. “Es continuidad o retroceso. No veo lugar para la ancha avenida del medio. Va a ser una batalla entre modelos de país”, definió un alfil violeta ante este medio que detecta que en 2027, La Libertad Avanza se medirá directo con el peronismo que atraviesa su propia disputa interna.

En el corazón del espacio fundado por el mandatario y liderado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, garantizan que la campaña que llevará adelante el sello estará basada en la gestión y remarcan que el repunte de la economía posibilitará los deseos por otros cuatro años. La expectativa de que la mejora económica impulse las chances electorales constituye otra de las coincidencias.
Al margen de la puja interna que atraviesa al Gobierno, la ilusión por la potencial recuperación económica -aferrados al deseo de que así suceda- es transversal a la plana del poder, quienes alertan además que los efectos de las medidas adoptadas en el último tiempo presentan un retraso de algunos meses. La preocupación gira en torno a que el tiempo restante hasta los comicios sea suficiente para llegar competitivos a 2027.
Con la oposición fragmentada, el oficialismo detecta una ventaja en la competencia electoral y minimiza el reciente deshielo entre los actores centrales del peronismo. El incipiente acercamiento entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el titular del Partido Justicia bonaerense, el diputado Máximo Kirchner por la organización del homenaje al Carlos “El Indio” Solari tras su reciente fallecimiento pareció no sobresaltar a los libertarios. “Estaba dentro de lo posible”, graficó un armador del espacio.
“No nos preocupa porque contamos con que al final de la carrera terminan juntos”, sostuvo un alfil violeta. “El grado de internismo en el peronismo es inversamente proporcional a sus chances de éxito”, coincidió una importante voz con acceso al despacho presidencial.

En Balcarce 50, más de un integrante de la mesa política fantasea con que persistan en 2027 las diferencias entre la gobernación y la conducción que encarna la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No obstante, descuentan que, en etapa de cierre de listas, el peronismo competirá en unidad. “Naturalmente creemos que el peronismo se va a unir. Que suceda antes o después no cambia nada. No vemos al peronismo yendo dividido. Si se unen podrían habilitar una segunda vuelta”, sostuvo una fuente con peso territorial.
Como contó este medio, en el oficialismo admiten que lo prefieren a Kicillof como el candidato de la oposición ante un eventual balotaje. “Si bien Kicillof es el peronista mejor posicionado, también es la mejor opción para competir con Milei ante un eventual balotaje. La alternativa tiene que ser lo más kuka posible”, se expidieron.
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POLITICA
Milei espera los pliegos del Senado para designar a 73 magistrados, pero evitará firmar el de la jueza Michelli

El Gobierno espera la llegada formal de los pliegos judiciales aprobados por el Senado para comenzar a firmar las designaciones de jueces. En el Ejecutivo aseguran que el Congreso todavía no envió las comunicaciones correspondientes y remarcan que, hasta que eso ocurra, no puede avanzar con los decretos de nombramiento.
En la Casa Rosada sostienen que los tiempos de firma se definirán políticamente una vez que los expedientes lleguen a la secretaría de Legal y Técnica. “No hay urgencia, se van a ir firmando a medida que lleguen”, expresan en el oficialismo. Cerca de la vicepresidenta Victoria Villarruel confirman que los pliegos todavía no fueron comunicados a Nación y explican que el trámite requiere la firma de la presidenta del Senado y de la Secretaría Parlamentaria.
El proceso quedó abierto después de la sesión en la que la Cámara alta aprobó 74 pliegos judiciales, incluido el de María Verónica Michelli, la candidata a jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata que Javier Milei había pedido retirar. El Senado le dio acuerdo pese al rechazo de la Casa Rosada, pero sin el decreto presidencial la magistrada no puede asumir el cargo.
En el Gobierno mantienen la postura de que Milei no planea firmar la designación de Michelli. Cerca de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del asesor Santiago Caputo dan por descontado que el Presidente mantendrá demorado ese decreto, aun cuando llegue la comunicación formal del Senado. En Balcarce 50 sostienen además que el tribunal para el que fue propuesta todavía requiere pasos administrativos para funcionar plenamente.
La lectura oficial es que el acuerdo del Senado no obliga al Presidente a firmar de inmediato el nombramiento. En despachos del Ejecutivo mencionan como antecedente el caso de Juan Manuel Yalj, cuyo pliego había sido aprobado en 2011 para asumir como camarista federal en San Martín, pero cuyo decreto de designación no fue firmado por Cristina Kirchner. El postulante terminó renunciando a la candidatura. “Con un poco de presión, cede”, agregan.
Mientras tanto, la Casa Rosada busca sostener el ritmo de cobertura de vacantes judiciales. En el Ejecutivo preparan nuevos envíos al Senado y siguen con atención la discusión de otros pliegos que ya están en trámite en la Comisión de Acuerdos. El oficialismo quiere avanzar con cargos menos conflictivos y dejar para más adelante los expedientes federales de mayor sensibilidad política.
La Comisión de Acuerdos del Senado abrió esta semana una nueva etapa con siete candidatos. Entre ellos figuran Leopoldo Rago Gallo, propuesto para continuar al frente del Juzgado Federal 2 de San Juan, y seis postulantes para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo: Víctor Pesino, María Claudia Jueguen, Marina Pisacco, Diego Tula, Diego Manauta y Claudio Loguarro.
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El nombre que concentra mayor tensión es Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara del Trabajo. El peronismo, gremios y abogados laboralistas cuestionan su continuidad por fallos vinculados a la reforma laboral y a la intervención de la UOM. Patricia Bullrich salió a defenderlo durante la audiencia pública y anticipó que La Libertad Avanza acompañará su pliego.
En el Senado, además, siguen sin dictamen otros nombres observados. Entre ellos aparecen los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, señalados por sus presuntos vínculos con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y con el tesorero Pablo Toviggino. También permanece trabado el pliego de Juan Manuel Mejuto, cuestionado por sectores de la UCR y el PRO por su supuesta cercanía con el kirchnerismo y Justicia Legítima.
La Casa Rosada también mira el plenario del Consejo de la Magistratura convocado para este miércoles. El temario incluye concursos para juzgados federales y cámaras sensibles, entre ellos el Juzgado Federal 2 de La Plata, el Juzgado Federal 1 de Corrientes, juzgados federales con funciones de garantía en Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto, cuatro vocalías en la Cámara Civil y Comercial Federal y dos cargos en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

En despachos oficiales advierten que los cargos federales más sensibles quedarán para más adelante. “Son los pliegos más complicados, que van a quedar para fin de año”, sostienen en Nación. La estrategia oficial es avanzar primero con tandas menos expuestas y ordenar después los expedientes que requieren acuerdos más amplios con bloques dialoguistas, gobernadores y sectores judiciales.
La agenda judicial tendrá además un capítulo internacional en los próximos días. Está confirmado el viaje del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a París para exponer ante el GAFI las políticas de la Argentina contra el lavado de dinero. Integrará una comitiva de la que también participarán el juez federal Ariel Lijo, el juez federal Sebastián Casanello, el titular de la Dajudeco, Tomás Rodríguez Ponte, el titular de la UIF, Matías Álvarez, el coordinador nacional antilavado, Agustín Flah, y funcionarios del Banco Central y ARCA, entre otros organismos.
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El capítulo judicial se cruza con la agenda legislativa de junio. El Gobierno convocó a una nueva reunión de mesa política para el jueves, en la que buscará ordenar poroteos, nuevos envíos y prioridades en Diputados y el Senado. La Casa Rosada quiere avanzar con el Súper RIGI, la ley de lobby, Inocencia Fiscal, desregulación, cambios en competencia y otros proyectos que todavía siguen en revisión.
El Ejecutivo acelera en paralelo el proyecto de juicio por jurados. En Nación sostienen que el texto está “casi terminado”, que ya pasó por el Ministerio de Justicia y que lo trabajan los equipos técnicos de Legal y Técnica. La iniciativa forma parte de la agenda institucional que el Gobierno tiene en carpeta desde hace meses y que busca enviar al Congreso en el corto plazo.
La reforma de juicio por jurados ya había estado incluida en la primera versión de la Ley Bases, pero luego fue retirada de la discusión parlamentaria. El borrador establecía el sistema en la justicia federal para delitos con pena máxima mayor a cinco años de prisión o reclusión, con jurados de 12 miembros titulares, al menos dos suplentes, integración paritaria y un juez encargado de dirigir el debate.
Gobierno, pliegos
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