POLITICA
A un año de que la Corte dejó firme la condena, la Justicia no pudo decomisarle ni un peso a Cristina Kirchner
A un año de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner por corrupción, la Justicia no pudo decomisarle ni un centavo, a pesar de que ordenó recuperar unos 685.000 millones de pesos.
Hoy esa parte del caso volvió a la Corte Suprema, que debe resolver si rechaza el último recurso de Cristina Kirchner y avanza con el remate de sus bienes mediante una plataforma digital por internet.
La expresidenta evitó que sus bienes sean alcanzados por el decomiso porque presentó una catarata de recursos judiciales en el Tribunal Oral Federal 2 que la condenó, en la Cámara Federal de Casación Penal y ahora -otra vez- en la propia Corte.
La última batalla es por 111 bienes que identificaron el fiscal Diego Luciani y su colega Sergio Mola para que sean tasados y rematados, de modo de cubrir esa suma de dinero, aunque sea en parte. Resta otro grupo de bienes identificados por la fiscalía que están siendo objeto de un trámite en el tribunal oral.
El rechazo del recurso extraordinario por parte de la Cámara Federal de Casación confirma definitivamente la ejecución de los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia.
Con el recurso rechazado, el fallo del posible decomiso queda en condiciones de ser ejecutado de inmediato. Sin embargo, Cristina Kirchner fue a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso directo, que difícilmente prospere.
Además de seis años de prisión, la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad implica el decomiso de bienes por unos 685.000 millones de pesos, por los que deben responder solidariamente todos los condenados.
Pero, entre ellos, los únicos que tienen bienes cuantiosos son Cristina Kirchner y sus hijos, pues los activos de Lázaro Báez fueron rematados en la quiebra de Austral Construcciones y en la otra condena que tiene por lavado de dinero, en la causa de la Ruta del Dinero K.
La decisión de rechazar el recurso extraordinario fue de los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación y dejó firme la decisión de avanzar con la ejecución de los bienes. La defensa de Cristina Kirchner argumenta que muchos de ellos fueron adquiridos antes de los hechos que motivaron la condena.
Los magistrados Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña rechazaron por mayoría los recursos presentados por las defensas de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y por el apoderado de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner contra la sentencia que había confirmado la ejecución de bienes para hacer efectivo el decomiso en la causa Vialidad.
En el caso del recurso extraordinario presentado por Cristina Kirchner, los tres integrantes de la Sala coincidieron en declararlo inadmisible. En su voto, Hornos sostuvo que los recursos no demostraban la existencia de una cuestión federal suficiente que habilitara la intervención de la Corte. El juez reiteró el fundamento general del decomiso en casos de corrupción, al señalar que “el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida” y que el instituto busca impedir que el ilícito produzca beneficios económicos permanentes.
Por su parte, el juez Diego Barroetaveña adhirió al voto de Hornos. Consideró que los agravios de las defensas se limitaban a expresar desacuerdos con lo decidido y que no planteaban una controversia federal concreta sobre el alcance de normas constitucionales. También entendió que no se verificaban supuestos de arbitrariedad que justificaran la apertura de la instancia extraordinaria ante la Corte.
El juez Mariano Borinsky coincidió en declarar inadmisible el recurso extraordinario presentado por Cristina Kirchner. Sin embargo, mantuvo una posición parcialmente distinta respecto de los recursos presentados por Lázaro Báez y por el apoderado de Máximo y Florencia Kirchner.
Luego de que la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la sentencia que ordena concretar el recupero de los 685.000 millones de pesos, el tribunal oral que impuso las condenas le mandó un oficio a la Corte Suprema para avanzar con el asunto. Quiere saber si, en función de las normas vigentes, alguno de los 111 inmuebles a ejecutar es de interés de la propia Corte para su utilidad o del Consejo de la Magistratura.
El juez Rodrigo Giménez Uriburu —que condenó a la expresidenta y está a cargo de ejecutar la sentencia— pidió a la Corte que se resuelva si algún bien “será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso [por la Corte] o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”.
La tobillera
En tanto, la expresidenta reclamó a un año de su condena, que es el tiempo que lleva cumpliendo arresto domiciliario en su casa de San José 1111, que le saquen la tobillera electrónica, amplíen su régimen de visitas y la dejen salir a la terraza.
Pero el fiscal Luciani se opuso y la semana pasada fracasó el último intento cuando el juez Rodrigo Giménez Uriburu ratificó la vigencia de todas las condiciones de arresto.
Sobre el régimen de visitas, el tribunal autorizó el ingreso libre exclusivamente para familiares, médicos, custodios y abogados. El resto de las personas deben requerir sin excepción la autorización judicial.
En cuanto al permiso de subir a la terraza del edificio, el tribunal autorizó su uso dos horas al día entre las 6 y las 20. En su última resolución, consideró que Cristina Kirchner “conserva la posibilidad de acceder diariamente a un espacio abierto apto para el desarrollo de actividades físicas y recreativas”.
contra Cristina Kirchner,el recupero,Hernán Cappiello,Cristina Kirchner,Conforme a,Cristina Kirchner,,A un año de la condena. El drama político que Cristina Kirchner irradia al peronismo,,La desdicha del oficialismo. El día en que Milei chocó con la pared,,“Siempre fui un luchador”. El productor que convirtió la defensa del campo en una causa personal y atravesó décadas de batallas
POLITICA
Pablo Quirno recibió las cartas credenciales de la nueva embajadora de Emiratos Árabes Unidos en el país
El canciller Pablo Quirno se reunió este martes con la nueva embajadora de Emiratos Árabes Unidos en la Argentina, Hafsa Abdulla Mohamed Sharif Alulama, quien presentó las cartas credenciales para comenzar con su misión diplomática en el país.
La representante del poderoso país del Medio Oriente viene de una larga carrera diplomática. Fue embajadora en Montenegro, Brasil y su última experiencia fue en Alemania. Además, supo ser CEO regional del banco Citibank en el continente sudamericano.
Desde Cancillería señalaron: “Tenemos el desafío de profundizar la agenda bilateral tras el inicio formal de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral, clave para dinamizar el comercio entre nuestros países”.
Este entendimiento entre ambos países se anunció semanas atrás, con el objetivo de atraer inversiones al país para sectores como minería, minerales estratégicos, inteligencia artificial (IA), energía, agroindustria, industria aeroespacial, turismo, infraestructura y desarrollo urbano. Todo fue en el marco de la confirmación del Corredor Andes-Atlántico.
El anuncio formal se produjo en septiembre pasado, tras una reunión entre Quirno y el ministro de Comercio Exterior emiratí Thani bin Ahmed Al Zeyoudi en Nueva York, en el marco del 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Allí, ambos países emitieron un comunicado conjunto en el que ratificaron su voluntad de profundizar los lazos comerciales y dieron inicio a las negociaciones hacia un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés).
No fue el primer contacto del año. En julio, Al Zeyoudi había encabezado en Buenos Aires una visita oficial en el marco de los denominados “UAE Trade Days”, donde también se reunió con Quirno y representantes del sector privado de ambos países. En esa oportunidad, el funcionario emiratí consideró a la Argentina uno de los socios comerciales más relevantes de los Emiratos Árabes Unidos en América Latina y destacó la visión compartida en materia de cooperación en agricultura, seguridad alimentaria y tecnología.
Los números respaldan ese interés. El comercio no petrolero entre ambos países alcanzó USD 767,5 millones en 2025, un aumento del 42,6% respecto del año anterior, según datos oficiales emiratíes. Ese vínculo se apoya, además, en marcos institucionales ya vigentes: el Tratado Bilateral de Inversiones y el Convenio para Evitar la Doble Imposición, que operan como pilares de la cooperación económica entre los dos países.
Uno de los proyectos más concretos que ilustra esa convergencia es la alianza entre YPF y XRG, filial del grupo Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). La asociación se encuadra en el proyecto Argentina LNG, que contempla inversiones totales de aproximadamente USD 51.000 millones y el desarrollo de una planta de gas natural licuado (GNL) con una capacidad de producción inicial de 12 millones de toneladas anuales. El plan, que también involucra a la italiana Eni, prevé exportar gas de Vaca Muerta mediante dos unidades flotantes de licuefacción frente a las costas de Río Negro, con primeras exportaciones proyectadas para 2030 o 2031.
La llegada de Alulama se produce, además, en un momento de solidez política entre ambos gobiernos. El embajador saliente, Saeed Abdulla Al Qemzi, quien concluyó su misión en mayo tras cinco años en el cargo, resaltó en su despedida la posición que adoptó la Argentina ante los ataques iraníes contra territorio emiratí. Durante ese período, las defensas aéreas de los Emiratos interceptaron 551 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.265 drones. La Argentina condenó los ataques tanto a través de declaraciones oficiales como en foros multilaterales, y acompañó la adopción de proyectos de resolución en su contra.
En su balance de gestión, Al Qemzi destacó que durante su mandato se suscribieron 36 acuerdos bilaterales —un tercio del total histórico entre ambos países— en áreas que van desde el comercio y la energía hasta la cultura y la educación, con un intercambio acumulado de USD 5.000 millones. La declaración conjunta firmada en septiembre no precisó fechas para las próximas instancias de negociación del CEPA.
Pablo Quirno,EUA,Argentina
POLITICA
El juicio de los Cuadernos de las Coimas: se realizó otra audiencia sin transmisión ni acceso al público
Por segunda vez consecutiva, el juicio por el caso de los Cuadernos de las Coimas tuvo una audiencia restringida. Antes de que iniciara la jornada, el auditorio cerró sus puertas y solo quedaron adentro los abogados de las partes y los testigos que prestarán declaración.
Fuentes al tanto del desarrollo del juicio indicaron a , que se encontraba en el lugar, que, al igual que la restricción del público, la transmisión en vivo que se suele hacer de las audiencias también iba a ser interrumpida. A diferencia de la última audiencia, no se conoció cuáles fueron los testigos que prestaron declaración durante la audiencia que finalizó después del mediodía.
El jueves pasado, el presidente del Tribunal, el juez Enrique Méndez Signori aclaró, ni bien comenzó la jornada: “La Policía Federal informó que dos de las personas son integrantes del cuerpo de Inteligencia”.
Por este motivo, el Tribunal comunicó que se había resuelto “dejar de transmitir la audiencia”. El público presente en la sala, al momento de la declaración de esos testigos, también debió abandonar el lugar, con excepción de los abogados de las partes.
Según pudo saber , en dicha audiencia fueron abordados aspectos técnicos del informe elaborado sobre los teléfonos de los imputados en la causa. Uno de los aspectos que más interesaba era el cruce de llamadas entre ellos. En aquella oportunidad, y tal como informó la Policía Federal, declararon agentes que forman parte del cuerpo de Inteligencia de la fuerza.
En YouTube, por donde se transmiten las audiencias, ocurrió algo similar. “1 video no disponible está oculto”, se leía esta mañana debajo del listado de reproducciones de audiencias anteriores.
¿Qué fue lo último público en las audiencias del caso? El testimonio de Pablo Enríquez, quien había abierto el sumario sobre el entrecruzamiento de llamadas de las personas investigadas en la causa. Indicó que esa información suele llegar en un Excel o PDF con un listado. Especificó que él no realizó más tareas específicas sobre eso, sino que lo hicieron otros integrantes que prestan declaración en esta misma audiencia. “No recuerdo cómo llegó el material”, sostuvo Anriquez, subcomisario de la Policía Federal.
Después de eso, el público presente en el auditorio debió abandonar la sala para que el debate continuara con el personal de Inteligencia. El último jueves, cuando se desarrolló la anterior audiencia, el juicio transcurrió bajo una estricta reserva, que se mantiene en el comienzo de este martes. Puertas cerradas, seguridad que controla y adentro solamente las partes (personal judicial, la querella de la Unidad de Información Financiera, testigos y abogados defensores).
La reserva del caso ya había sido anticipada durante el juicio. En la audiencia pasada, las partes habían solicitado que se consideraran algunas medidas para preservar los números de teléfono y otros datos personales de los imputados o de terceros ajenos al proceso. Si bien finalmente no se mostró ningún elemento sobre el entrecruzamiento de las llamadas, existía consenso previo sobre la sensibilidad de la audiencia de este jueves.
“Me parece muy correcta la medida”, había considerado la fiscal Fabiana León. Durante su alocución agregó que le parecía un “exceso” evitar el ingreso a la sala de audiencias, pero se manifestó de acuerdo con evitar exhibir números de teléfono de personas que no están vinculadas a la causa. Fue por esa razón que, en las declaraciones testimoniales de personal que no es de Inteligencia, la puerta del auditorio se abrió para el público.
Los cuadernos de las coimas,Conforme a
El Gobierno designó a Diego Masaragian como nuevo secretario nacional de Discapacidad, un área especialmente sensible para la gestión de Javier Milei, en reemplazo de Pablo Di Liscia. Este último había sido nombrado en el cargo hace menos de un mes, pero un accidente de tránsito y su posterior internación le impidieron continuar en funciones.
“La nueva designación responde a la necesidad de garantizar la continuidad de la gestión y profundizar el proceso de optimización iniciado en el área. La prioridad es fortalecer los mecanismos de control, continuar las auditorías para asegurar una administración eficiente de los recursos y mejorar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad”, dice el comunicado oficial al que tuvo acceso .
El nombramiento se oficializaría mañana en el Boletín Oficial, según fuentes del Ministerio de Salud.
Desde julio de 2025, Masaragian se desempeñaba como administrador nacional de Establecimientos de Salud, un organismo descentralizado del Ministerio de Salud conducido por Mario Lugones. Allí se hizo cargo de la “gestión integral de los establecimientos hospitalarios nacionales”. Previamente, fue director nacional de Gestión de Servicios Asistenciales en la misma cartera.
“Su trayectoria en la gestión hospitalaria y de servicios asistenciales constituye un antecedente crucial para esta nueva responsabilidad dentro del Ministerio, que le agradece por su gestión al frente de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) y le desea lo mejor para esta nueva etapa”, agrega el comunicado.
En el mismo mensaje, el Gobierno “le desea una pronta recuperación” a Di Liscia, quien permanece en terapia intensiva e intubado luego de haber sufrido un accidente de tránsito mientras circulaba en moto, lo que le provocó varias fracturas.
A raíz de su ausencia, Lugones dejó la Secretaría de Discapacidad en manos de Rodrigo Sbarra, secretario de Gestión Administrativa de la cartera de Salud, de manera interina, en una resolución de la semana pasada.
Por su parte, Di Liscia había sido nombrado en el cargo el 22 de septiembre, apenas una semana antes del siniestro vial, en reemplazo de Alejandro Vilches, quien renunció en medio de las tensiones internas del Gobierno por los recortes presupuestarios.
Vilches, a su vez, había asumido tras la salida forzada de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (que fue disuelta tras el escándalo y reconvertida en una secretaría del Ministerio de Salud), apartado en agosto del año pasado en medio de la difusión de una serie de audios atribuidos a él, en los que hablaba sobre irregularidades en el organismo y mencionaba a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. El 22 de septiembre pasado, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo y de otras 18 personas investigadas por presuntos desmanejos en el área.
un accidente de tránsito,en manos de Rodrigo Sbarra,Conforme a
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