POLITICA
Más fondos para hospitales, becas y salarios: los detalles del acuerdo que busca cerrar el Gobierno con las universidades
El Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes mantendrán este miércoles una nueva reunión con el objetivo de cerrar un aumento en los fondos para las universidades públicas y un incremento salarial para los profesores. El encuentro, previsto a las 13, llega después de varias semanas de negociaciones y con una demanda ante la Corte para que el Ejecutivo cumpla con la ley de financiamiento.
Fuentes de la conducción universitaria indicaron a TN que las conversaciones continuaban activas y que algunos sindicatos todavía estaban realizando consultas internas antes de definir su postura final ante la oferta oficial.
“La idea es que sea un esquema con todos los actores involucrados”, señalaron desde las casas de estudio. En el mismo sentido, agregaron que “hay gremiales que todavía están en consultas y resuelven esta mañana, pero el acuerdo podría anunciarse hoy mismo”.
Acuerdo entre el Gobierno y las universidades: qué aumento salarial se negocia
Según el borrador que negocian el Gobierno y las universidades, la iniciativa contempla una recomposición salarial total del 24,33% para docentes y no docentes.
El esquema prevé un aumento del 21,33% en junio sobre los salarios vigentes a mayo de 2026 y una nueva suba del 3% en octubre, calculada sobre los haberes de septiembre.
La actualización busca compensar el atraso acumulado durante 2025, cubrir la inflación registrada hasta mayo de este año y sumar una mejora adicional para recuperar parte del poder adquisitivo perdido.
Además, el acuerdo establecería que las paritarias universitarias se convoquen al menos cada tres meses, uno de los reclamos históricos de los sindicatos del sector.
Acuerdo entre el Gobierno y las universidades: qué aumentos plantean para el financiamiento
La propuesta en discusión no se limita a los salarios. También incluye una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas desde junio de 2026.
A eso se suma un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano.
Pese al avance de las negociaciones, el conflicto por el financiamiento universitario no quedará completamente cerrado. Las universidades mantendrán el reclamo judicial ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario vigente, mientras el Gobierno sostiene que volverá a discutir el esquema de partidas durante el debate del Presupuesto 2027.
El Gobierno busca cerrar el conflicto salarial sin renunciar a una nueva ley universitaria
Como informó TN, en la Casa Rosada buscan presentar el acuerdo con las universidades y los gremios como una herramienta para descomprimir el conflicto salarial que atraviesa al sector, pero sin abandonar el planteo de fondo sobre el esquema de financiamiento.
El Ejecutivo sostiene que la Ley de Financiamiento Universitario vigente incrementa el gasto público sin establecer una fuente específica de recursos para cubrirlo y, por ese motivo, considera que la discusión debe darse dentro del marco general del Presupuesto nacional.
Leé también: El Gobierno insistirá con una nueva Ley de Financiamiento Universitario pese al acuerdo con rectores
Con esa lógica, el Gobierno prevé volver a impulsar cambios en el financiamiento de las universidades durante el debate del Presupuesto 2027. En Balcarce 50 entienden que esa instancia permite ordenar el costo fiscal del sistema universitario junto con el resto de las prioridades del Estado.
La postura oficial se da, además, en un contexto de ajuste de las cuentas públicas: hace menos de un mes, la administración de Javier Milei aplicó una reestructuración presupuestaria cercana a los $2,5 billones que incluyó recortes en educación, universidades, obras públicas y otros programas, con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal.
universidades, Gobierno, salarios, PRESUPUESTO
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Tras el fallo de la Corte, el Gobierno acelera negociaciones con aliados para blindar en Diputados el DNU sobre la Ley de Tierras
El Gobierno inició contactos con bloques aliados y gobernadores para blindar el DNU 70/2023 en el Congreso después de que el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras reactivara los intentos opositores para rechazar el decreto en Diputados. En la Casa Rosada reconocen que el tema volvió a generar una dificultad política, pero consideran que tienen margen para negociar durante los próximos meses.
“El DNU lo vamos a blindar. Ya arrancamos los contactos con bloques y gobernadores para que acompañen”, aseguran en el Ejecutivo. La estrategia apunta principalmente a evitar que Diputados se sume al rechazo que el Senado aprobó en marzo de 2024, condición necesaria para que el decreto pierda vigencia bajo el régimen actual.
La Ley 26.122 establece que un DNU queda derogado cuando es rechazado expresamente por las dos cámaras. El Senado votó contra el 70/2023 por 42 votos negativos, 25 positivos y cuatro abstenciones, pero la Cámara de Diputados nunca completó ese procedimiento. Por eso, el decreto continúa vigente en los puntos que no fueron modificados posteriormente por leyes o decisiones judiciales.
El nuevo movimiento se produjo después de que la Corte Suprema revocara el fallo que había frenado el artículo 154 del decreto, mediante el cual Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El máximo tribunal concluyó que el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata no tenía legitimación para impulsar la acción en los términos planteados.
Noticia que está siendo actualizada.
Gobierno, ley de tierras, DNU
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Gritos, forcejeos e insultos entre la oposición y legisladores oficialistas en la comisión por Malvinas
El plenario de comisiones en Diputados para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas comenzó en un clima de marcada tensión, luego de que el fallo de la Corte Suprema conocido ayer restableciera la vigencia del artículo 154, que elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros.
La tensión terminó de quedar expuesta esta tarde, cuando diputados de la oposición y el oficialismo se cruzaron a los gritos y con insultos en pleno debate. El hecho se desató cuando Juan Grabois intervino para defender a Myriam Bregman.
En un encendido discurso, la diputada del FIT intentó exponer sus diferencias con el proyecto oficialista, mientras era increpada por el santacruceño Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza, que cuestionaba su posición.
En ese momento, Juan Grabois se levantó, caminó hasta donde estaba Guzmán y lo encaró. El episodio, replicado en redes sociales, incluyó forcejeos e insultos. El conflicto escaló cuando, desde la otra punta de la sala, se levantó el tucumano Gerardo Huesen, quien, a los gritos, acusó de “cagón” al legislador de Unión por la Patria.
Grabois y Huesen quedaron cara a cara ante la mirada del resto de los diputados, algunos de los cuales intervinieron para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.
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fallo de la Corte Suprema,Conforme a
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Fundación Techo analizó el fallo por la Ley de Tierras: “Puede venir un inglés a comprar un pedazo de la Patagonia”
La Corte Suprema dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras al revocar una resolución que había favorecido al Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata. El tribunal consideró que la entidad no tenía legitimación para pedir la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 y no resolvió el planteo de fondo.
Juan Maquieyra, integrante de la ONG Techo, se refirió al fallo y reclamó que el Gobierno incluya recursos para obras de integración sociourbana en el presupuesto que analiza el Congreso. Según planteó en Infobae Al Mediodía, la falta de partidas para barrios populares coincide con una norma que eliminó restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La Corte Suprema revocó una resolución favorable al Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata y dejó vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras. El tribunal no definió la constitucionalidad de fondo del decreto: consideró que la organización demandante no tenía legitimación para solicitar la inconstitucionalidad de esa norma.
Maquieyra cuestionó el alcance de la decisión. “A mí me parece insólito meterse a dejar a disponibilidad de cualquiera que quiera comprar la tierra argentina”, afirmó.
El representante de Techo sostuvo que la situación resulta contradictoria con los planteos oficiales sobre soberanía nacional y mencionó el reclamo argentino por las Islas Malvinas. “Puede venir un inglés a comprar un pedazo de la Patagonia ahora, cerquita de Malvinas”, expresó.
También anticipó que la organización seguirá de cerca las definiciones políticas posteriores al fallo. Para Maquieyra, la medida es “realmente grave”.
Urbanizar barrios populares
El foco central del reclamo de la ONG está en la ausencia de recursos para obras de agua potable, cloacas, electricidad y accesos en barrios populares. “No hay partidas para integración sociourbana”, afirmó Maquieyra sobre el proyecto de presupuesto.
El dirigente señaló que el Fondo de Integración Sociourbana (FISU), destinado a financiar esas intervenciones, quedó “totalmente desfinanciado”. La entidad no plantea como condición conservar ese instrumento, sino asegurar recursos para las obras mediante el mecanismo que el Gobierno considere.
“Si el Gobierno quisiera hacerlo por otro mecanismo que no sea el FISU, nosotros estamos para sentarnos en la mesa y conversarlo”, sostuvo Maquieyra. La organización presentó una iniciativa junto con Cáritas y bloques parlamentarios para declarar la emergencia de los barrios populares y garantizar financiamiento.
Según el integrante de Techo, más de diez bloques y cerca de 140 diputados acompañan la propuesta. El objetivo es sostener intervenciones en zonas donde las familias enfrentan déficits de infraestructura y servicios esenciales.
Un millón y medio de chicos vive con problemas de acceso a servicios
Maquieyra afirmó que 1,5 millones de niños y niñas viven en barrios con dificultades para acceder a servicios básicos. “Cuando abren la canilla del baño no saben si sale agua potable”, expresó.
También describió riesgos asociados a instalaciones eléctricas precarias y problemas de conectividad durante las lluvias. “Niños y niñas que cada vez que llueve mucho no pueden ir a la escuela”, afirmó.
Para Techo, esas condiciones afectan de forma directa las trayectorias educativas. Maquieyra cuestionó que se hable de inclusión y calidad educativa cuando algunos alumnos no pueden asistir a clases por el estado de los accesos a sus viviendas.
El representante de la ONG diferenció las transferencias de ingresos de las políticas de vivienda e infraestructura. Mencionó a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la integración sociourbana como dos herramientas de alcance social que requieren continuidad.
Proyecto de Techo en el Congreso
Techo y Cáritas llevaron al Congreso un proyecto que prevé recursos graduales para las obras. Maquieyra sostuvo que la inversión requerida sería inferior al 1% del producto bruto interno (PBI).
“La propuesta no dice: ‘De un día para el otro meté los 20 mil dólares que hay que poner’”, explicó. Según indicó, el monto representa menos de la mitad de lo que recaudaría el Estado con cambios en el impuesto a las ganancias judiciales.
Maquieyra señaló que la iniciativa fue presentada ante funcionarios nacionales y que la entidad está dispuesta a discutir modificaciones al texto. “Esta no es una propuesta contra el Gobierno, esta es una propuesta a favor de un millón y medio de chicos”, afirmó.
El dirigente remarcó que el planteo busca asegurar agua potable, electricidad segura, condiciones de vivienda y accesos que permitan a los estudiantes asistir a la escuela aun cuando llueve.
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