POLITICA
Otros funcionarios también están inscriptos en el Régimen Simplificado, pero el Gobierno dice que no es para blanquear

Al igual que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hay otros funcionarios del Gobierno nacional que también están inscriptos en el Régimen Simplificado de Ganancias, una ley que partió de la gestión libertaria y que obtuvo aval del Congreso durante el verano de este año.
El sistema opcional simplificado del impuesto se debatió atado al plan para sacar los dólares del colchón, que fomenta volcar ahorros no declarados con un relajamiento de los controles contra la evasión.
Tras el impacto político que tuvo la revelación de de que tanto Adorni como su esposa habían solicitado entrar en ese esquema, desde el Gobierno insistieron con que ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias no significa entrar directamente al plan de Inocencia Fiscal.
Retomaron ese argumento esta tarde, cuando se conoció que había más funcionarios adheridos al sistema, en la previa de la presentación de la declaración jurada con la que el jefe de Gabinete buscará justificar sus bienes y su patrimonio, investigados por la Justicia.
De momento, constató a través de los datos del portal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que, de los integrantes del Gabinete, además de Adorni figura el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
No así el resto de los ministros; ni la secretaria general, Karina Milei; ni tampoco la vicepresidenta Victoria Villarruel o el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
anticipó que Adorni pidió el alta el miércoles por la mañana, mientras que Sturzenegger envió su solicitud el 7 de mayo, también de 2026.
Ante la consulta de , fuentes del Ministerio de Desregulación confirmaron que Sturzenegger se sumó al Régimen Simplificado y lo justificaron en que así optó “por un mecanismo más sencillo para presentar la declaración de Ganancias”.
De acuerdo con la ley, este régimen predetermina el monto a tributar por cada persona adherida, solo sobre la base de la facturación y de los gastos deducibles, y el contribuyente -que ya no tiene que presentar la tradicional declaración jurada de Ganancias- puede optar por aceptarlo y pagarlo, o por rectificarlo.
“Más de 80.000 argentinos ya adhirieron a este régimen; Federico decidió utilizar una herramienta disponible para cualquier contribuyente que reúna las condiciones previstas por la normativa vigente”, sostuvieron desde Desregulación y marcaron: “Presentar esa adhesión como algo irregular o extraordinario es incorrecto. Lo único que acredita es que eligió realizar su declaración de Ganancias a través del procedimiento simplificado previsto por Arca”.
En tanto, dentro de los altos mandos del equipo que comanda Adorni también se unió al Régimen Simplificado la titular de la Unidad de Gabinete de Asesores —en la diaria, la mano derecha del jefe de Gabinete—, Aimé “Meme” Vázquez, quien solicitó el alta el 20 de mayo de 2026.
No están adheridos a este programa ni el secretario de Prensa, Javier Lanari; ni el secretario de Relaciones Parlamentarias, Ignacio Devitt; ni el secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Federico Sicilia; ni el secretario Ejecutivo, Ian Vignale, todos laderos de Adorni. Tampoco el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, que reporta directamente al jefe de Gabinete; ni el de Innovación, Darío Genua.
Asimismo, en redes sociales circuló que sí se encontraban adheridos al Régimen Simplificado de Ganancias Felipe Núñez, asesor del ministro Luis Caputo y titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior, que ya había quedado envuelto en la polémica por los créditos del Banco Nación; como además el director de Realización Audiovisual de la Presidencia, Santiago Oría. Según la consulta de en la web de Arca, efectivamente ambos se sumaron al Régimen Simplificado: Núñez pidió el alta el 1 de este mes; mientras que Oría lo hizo el 6 de abril.
A su vez se inscribió en el Régimen Simplificado el exdiputado nacional libertario José Luis Espert, que solicitó el alta el 9 de junio. Corrido completamente de la vida pública, Espert -imputado por presunto lavado de dinero– bajó su candidatura en la provincia de Buenos Aires para renovar su banca en 2025 por sus vínculos con Fred Machado, el argentino que firmó un acuerdo con la Justicia de Texas para declararse culpable por lavado y fraude electrónico a cambio de no quedar implicado en un cargo de narcotráfico.
Fuentes oficiales del Gobierno, ante la consulta de respecto a si los funcionarios adheridos lo hacían para blanquear fondos, alegaron que ingresar al Régimen Simplificado forma parte de un tema “contable-operativo” para hacer más sencilla la declaración de Ganancias y obtener de esa forma “algún beneficio”.
Acotaron, siempre bajo esa postura, que adherir al Régimen Simplificado es un paso excluyente para ingresar en el programa de Inocencia Fiscal, pero que no necesariamente implica acogerse al blanqueo impulsado por esta misma gestión.
“Cada uno elige si adherir a este régimen simplificado o no, en función de su situación contable personal”, refirió una de las voces autorizadas de la Casa Rosada.
Otra fuente de peso en el Gobierno ahondó en el mismo sentido: “22% del padrón argentino está incluido en el Régimen Simplificado de Ganancias. Eso no significa entrar a Inocencia Fiscal, no significa que tengas nada para blanquear. Cada uno hace lo que su contador le recomienda. Es algo transparente y aplicado por ley”.
En el mundillo libertario, además, negaban cualquier tipo de acción coordinada entre los funcionarios para adherirse al Régimen Simplificado y denunciaban una “caza de brujas” contra funcionarios que -supuestamente y siempre según el propio oficialismo- solo siguen los parámetros que les marcan sus contadores.
el jefe de Gabinete, Manuel Adorni,sistema opcional simplificado,Paula Rossi,Manuel Adorni,Conforme a,,Los atajos de Adorni. Noventa días de idas y vueltas y contradicciones, sin presentar su declaración jurada ante la Justicia,,Crisis. Karina Milei llevó a Pettovello a una cena con diputados y alimentó versiones sobre el eventual reemplazo de Adorni,,»Leyes con nombre y apellido». La oposición cuestiona a Adorni y pide excluir a los funcionarios de la Inocencia Fiscal,Manuel Adorni,,Régimen Simplificado de Ganancias. Cómo es el esquema al que accedió Adorni y los beneficios que podría lograr,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: la situación judicial de Adorni y el avance del caso $LIBRA,,Los atajos de Adorni. Noventa días de idas y vueltas y contradicciones, sin presentar su declaración jurada ante la Justicia
POLITICA
El Consejo de la Magistratura envió al Gobierno los pliegos para cubrir cargos en un tribunal estratégico de Comodoro Py

El Consejo de la Magistratura aprobó por mayoría las ternas de candidatos para cubrir dos vacantes en la Sala I de la Cámara Federal porteña y las elevó al Poder Ejecutivo.
El avance marca el primer paso concreto hacia la renovación de un tribunal estratégico en causas de corrupción, que actualmente integran los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, designados mediante traslado en 2018.
Las ternas aprobadas incluyen, para la primera vocalía, a Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola. Para la segunda, figuran Julio César Di Giorgio, Cecilia Incardona y el propio Bertuzzi, quien volvió a concursar por el cargo que ocupa.
La decisión final de los nombres que prosperarán la tiene el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y al presidente Javier Milei.
El Gobierno proyecta enviar los pliegos al Senado en julio para que los nuevos jueces puedan jurar en agosto. De forma paralela, el organismo aprobó otras ternas para cubrir vacantes en el fuero penal económico, entre ellas la del Juzgado N° 10, donde tramita la causa de evasión contra la AFA.
También para los juzgados federales de Corrientes y La Plata, en la Cámara Civil y Comercial Federal de la Capital y en varios tribunales federales de Santa Fe.
La Cámara Federal porteña concentra expedientes de alto impacto institucional, entre ellos la causa Cuadernos y otras investigaciones por corrupción. Su integración fue obejto de disputas desde que, en noviembre de 2020, la Corte Suprema dictó el fallo “Bertuzzi”, que estableció el carácter transitorio de los traslados de jueces y camaristas hasta tanto se complete el procedimiento constitucional de designación.
Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados durante la gestión de Mauricio Macri con aval del Consejo de la Magistratura de entonces.
El gobierno acelera el envío de pliegos
Durante mayo, el organismo remitió 17 ternas al Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques. Durante junio se prevé el envío de otras 15 ternas, que contemplan candidatos para la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal, tribunal que revisa las decisiones de primera instancia en causas de instrucción. En total, se sumarán 32 ternas a las que ya retiene el Ejecutivo.
En los ocho Tribunales Orales Federales de Comodoro Py existen 24 cargos titulares, de los cuales siete se encuentran vacantes. Solo los TOF 1, 3, 7 y 8 se encuentran completos, con sus tres jueces. El caso más crítico es el del TOF 6, que no tiene ningún cargo cubierto y opera exclusivamente con magistrados subrogantes. El TOF 2 tiene una vacante, el TOF 4 cuenta con dos y el TOF 5 con una.
Leé también: El Gobierno insistirá con una nueva Ley de Financiamiento Universitario pese al acuerdo con rectores
Hasta el momento, Mahiques remitió 150 pliegos a la Cámara Alta y tiene en revisión otras 115 ternas. Aún permanecen en poder del Ejecutivo 105 ternas sin enviar al Senado, equivalentes al 28% de las vacantes totales.
En paralelo, el Consejo tiene en trámite 151 concursos que representan el 41% de las vacantes existentes. De ellos, 15 se encuentran a consideración del plenario, 10 en etapa de evaluación de entrevistas y 34 listos para la realización de entrevistas personales. El total de vacantes en la justicia nacional y federal asciende a 371 cargos.
Juan Mahiques, Gobierno, pliegos
POLITICA
La tregua de Milei con las universidades: un acuerdo que trajo alivio en el Gobierno después de un largo conflicto

Mientras intenta salir del agujero en el que se metió con el caso de Manuel Adorni y despejar el clima de internas que atraviesa al Gabinete, el Gobierno logró este miércoles aplacar la disputa con las universidades por el ajuste presupuestario, un frente de conflicto que se abrió hace más de dos años y que le provocó un costo político excesivamente alto a Javier Milei.
El acuerdo que firmó la cartera de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, con los rectores y representantes gremiales de las casas de estudios trajo cierto alivio en la Casa Rosada. Por un lado, Milei ensayó un giro pragmático: dejó de lado su discurso intransigente en materia fiscal y abrió la billetera para descomprimir la presión callejera en un momento complicado de su gestión.
Semanas atrás, se habían reactivado las protestas, con medidas de fuerza de docentes y toma de colegios en reclamo de mejoras salariales y en rechazo del ajuste. Y en el Gabinete temían una escalada de la conflictividad social por el accionar de los sindicatos más radicalizados del sector. Son momentos en que Milei lidia con un creciente malhumor social, según indican la mayoría de las encuestas, por la pérdida del poder adquisitivo y el lento repunte de la economía. En ese contexto, la tregua con las universidades se había convertido en una necesidad imperiosa.
A su vez, los colaboradores del Presidente esperan que el convenio firmado con los rectores y sindicatos les permita ganar tiempo y evitar un eventual revés judicial en la Corte Suprema de Justicia, que debe definir si deja firme o no la medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con la actualización de salarios y becas, prevista en la ley de financiamiento universitario.
Desde los tribunales le habían mandado señales al Gobierno de que los jueces del máximo tribunal aguardaban que emergiera una solución política para el conflicto universitario. Por esa razón, los funcionarios oficiales olfateaban que la Corte no estaba dispuesta a zanjar el tema y, peor aún, se disponía a fallar en contra de los intereses del Ejecutivo si no existía una solución acordada.
“Lo de la Corte puede ser eterno, pero necesitábamos cerrar la etapa del conflicto en las calles y garantizar que haya clases”, señalan fuentes al tanto de las negociaciones que llevó adelante el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, un funcionario que orbita cerca de la tropa de tuiteros de Santiago Caputo. Álvarez fue el interlocutor de Milei y Petovello en las tratativas con Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario (CIN).
En un comunicado, el CIN resaltó que “la actualización salarial y presupuestaria” acordada con el Gobierno representa “un paso importante, pero de ninguna manera definitorio ni suficiente”. Buscaron dejar en claro que, pese al entendimiento con Milei, continuarán reclamando la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ratificaron que mantendrán la demanda judicial contra el Gobierno.
En el arranque de la negociación había trascendido que los funcionarios nacionales exigían el retiro de la denuncia para dar el aumento. Finalmente, esa cláusula fue excluida del acta del acuerdo. Se conformaron con incluir como condición que las universidades nacionales deberán rendir los “fondos asignados”. “Vamos a reforzar el área de fiscalización”, dicen en el Gobierno. Hasta anoche, el Presidente solo había reposteado un mensaje en “X” de un tuitero libertario en el que destacaba la labor de Caputo y Álvarez en el acuerdo.
En el Gabinete de Milei están satisfechos, pero no hay ánimo de celebración. Saben que consiguieron una mini-tregua. “Esperemos que ahora se dejen auditar”, chicanearon. Hoy se acordó un aumento salarial del 24,33% -21,33% para junio y un 3% adicional en octubre- y un incremento de los fondos destinados para becas, hospitales y gastos de funcionamiento. Pero la discusión paritaria se reabrirá en septiembre, contemplando la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. Además, rectores y gremios continuarán presionando por una recomposición salarial por el desfasaje del 2024.
Álvarez consiguió una partida del Ministerio de Economía, a cargo de Luis “Toto” Caputo, de alrededor de 800.000 millones de pesos para sellar el trato con los rectores. El costo fiscal de aplicar la ley de financiamiento universitario sería mucho mayor. Según estimaciones, la normativa aprobada en el Congreso implicaría un desembolso de unos $2,5 billones y los $3,6 billones – 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI)-.
En definitiva, la administración de los libertarios necesitaba terminar con un conflicto que arrancó el 23 de abril de 2024 con una masiva marcha en rechazo del recorte presupuestario a las universidades y en favor de la educación pública. Esa fue la primera gran movilización que enfrentó Milei. El conflicto escaló y la oposición llevó los reclamos al Congreso, donde logró aprobar leyes para exigir el incremento de los fondos destinados a las universidades.
El año pasado, el Presidente pagó un costo altísimo cuando vetó por segundo año consecutivo una norma orientada a incrementar el presupuesto universitario. Ambas cámaras del Congreso rechazaron esa decisión y dejaron firme la ley, en una dura derrota para el oficialismo. Milei supo reaccionar con furia ante las ofensivas opositoras para reforzar los fondos destinados a la educación o mejorar los salarios del personal médico y empleados del Hospital Garrahan. Lo interpretaba como un ataque al corazón de su programa económico: el equilibrio fiscal.
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POLITICA
Máximo Kirchner cuestionó las restricciones a CFK y afirmó: “No imaginan la magnitud de las respuestas populares”

A un año de la detención de Cristina Kirchner por la causa Vialidad, el diputado Máximo Kirchner apuntó contra las medidas restrictivas que tiene la ex mandataria mientras cumple con la prisión domiciliaria. El reclamo va en línea con informes presentados por el kirchnerismo durante los últimos días, comparando la situación de otros detenidos con lo que vive la líder peronista.
En diálogo con Gustavo Sylvestre, por C5N, el hijo de la ex presidenta sostuvo que “esa situación de querer humillar, del abuso y la tobillera” y apuntó contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti: “Lo que uno termina viendo es que nuestro pueblo, cuando suceden estas cosas siente ese desamparo”.
«La verdad, si hoy nosotros tuviéramos la oportunidad de una Cristina caminando y no que esté reducida, sería diferente. Estos días no pude ir a verla. Desde el día viernes fui a verla poco, hoy sí me fui y estuve más tiempo y me decía lo complejo y difícil que se vuelve. Aparte para una persona que ha hecho de la vida pública, de la discusión, del debate, de hablar, de leer, de su vida. Y ella misma expresó en algún momento que se puede morir presa“, señaló.
Y agregó: “Me parece que hay gente que está jugando con cosas que no tienen repuesto y que no imaginan después la magnitud de las respuestas populares. Lo podemos ver hace unos días en todo esto que viene sucediendo en nuestro país”.
Kirchner trazó un paralelo entre el trato que recibe su madre y el de otros condenados. “Tiene, en las condiciones de lo que es la prisión domiciliaria para cualquiera, las peores condiciones, peores que narcotraficantes y genocidas, que torturaron, que mataron, que se apropiaron de bebés, que dejaron el país prendido fuego con inflación y multiplicando por cinco o seis veces la deuda externa”, afirmó.
El legislador también cuestionó al poder judicial en términos amplios. “Esa mafia que se ha instalado en el sistema judicial argentino mira para otro lado”, sostuvo, y recordó como antecedente que “la Corte Suprema menemista cayó con la convertibilidad”, sugiriendo que el actual modelo económico podría arrastrar consecuencias similares para el tribunal.
En ese marco, señaló que la ex presidenta aparece “primera o segunda en todas las encuestas” pese a lo que describió como una proscripción, y advirtió que el sistema judicial debería prestar atención a ese dato.
Sobre el primer aniversario de la detención, el diputado afirmó: “A un año de la detención de Cristina, se ve lo que se ha ido construyendo. Cuando vino acá y anunció que iba a ser candidata por la tercera sección electoral, de allí en más ya ni siquiera se sonrojaron, sino que avanzaron de una manera descarada”.
El diputado extendió su diagnóstico más allá de la situación judicial y describió un cuadro de degradación social que, a su juicio, agrava el clima político. “Desde aquel día a hoy ha empeorado enormemente la calidad de vida de la gente. El transporte público cuesta más caro y funciona peor”, señaló, y añadió que los servicios públicos —luz, agua— subieron pese a las promesas de campaña de reducir impuestos.

Además, apuntó al pluriempleo como uno de los fenómenos más extendidos. “Hoy hay situaciones de dos, tres, cuatro trabajos”, lo que, según describió, desintegra el núcleo familiar: “Una parte se la pasa trabajando y casi prácticamente no puede ver a su familia. No tiene registro de lo que es el descanso propio. No se puede permitir soñar con unas pequeñas vacaciones”.
Por otro lado, se refirió a la muerte del músico Carlos “Indio” Solari y reveló detalles de la organización del velatorio. Contó cómo se forjó su vínculo con el artista: “Un día llamó, nos invitó a comer a mí y a un par de compañeros y se fue generando en el tiempo algo bueno”.
Kirchner relató que el bloque oficialista en la Cámara de Diputados, a través de los legisladores Germán Martínez, solicitó al presidente del cuerpo autorización para realizar el velatorio en el Congreso Nacional. Sin embargo, comentó que el Ministerio de Seguridad rechazó el pedido argumentando que no estaban dadas las condiciones. “A la luz de los hechos, queda claro que se podía hacer”, afirmó el diputado.
Describió que una de las condiciones que el entorno de la familia priorizó fue que la policía permaneciera retirada en la mayor medida posible. Contó que Virginia, la compañera del músico, le expresó durante el viernes previo al velatorio que quería que la gente pudiera estar “como en un último show, si se quiere, como una última misa”.
“Mi cabeza funcionó de esa manera”, dijo Kirchner. “Después, a quién tenía que llamar o no para que eso saliera, había que hacerlo”. Y completó: “Salió bien porque la gente estuvo hiperpredispuesta a eso”.
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