“¿Es joda esto?… ¿Pueden adherir los funcionarios a la Inocencia Fiscal?”. Un importantísimo miembro de la mesa chica del Gobierno se agarraba la cabeza ayer, mientras leía las noticias. Los portales informaban que la esposa de Manuel Adorni, Bettina Angeletti, y el mismísimo jefe de Gabinete, se adhirieron al régimen de Ganancias Simplificado. La Ley 27.799, que habilitó esa modalidad, se votó en las sesiones extraordinarias de diciembre, cuando Javier Milei estaba sobrado en el Congreso. El miembro del staff oficialista no había registrado que, a diferencia otras leyes de blanqueo anteriores, la norma de Milei permite que los funcionarios públicos gocen del “tapón fiscal” de ARCA, que se tapa los ojos y exime a los contribuyentes de una pesquisa fiscal, sin hacer mayores preguntas.

Como el resto del Gabinete, el funcionario que se desayunaba con los trámites de Adorni estaba completamente a ciegas de la explicación que, horas más tarde, daría el jefe de Gabinete sobre su nivel de vida actual. Nadie le anticipó al equipo oficial cuál sería la estrategia del ministro coordinador. “Nadie avisó nada”, se quejó.

Adorni dijo que tiene medio millón de dólares en negro gracias a ahorros de toda la vida y a exitosas inversiones en Bitcoin, que acumuló al margen de los radares del fisco. Aseguró que tenía ese dinero antes de asumir, y que decidió invertirlo recién en los últimos dos años por una necesidad familiar.

Adorni, sus contadores y sus abogados trabajaron durante las últimas semanas para encontrar un salvataje legal. No para evitar el papelón. Lo puso de relieve Victoria Villarruel, que ayer publicó en las redes: “Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.

Un colaborador oficial reconoció: “Lo reputacional está perdido. Lo que tiene que hacer Manuel es resolver su causa por enriquecimiento ilícito”.

La Casa Rosada, no obstante, hizo esfuerzos para darle una narrativa digerible al tema, al menos ante la tropa propia. La idea fue instalar que el jefe de gabinete sólo omitió declarar fortuna ante los gobiernos populistas, algo que podría resultar cool en el mundillo libertario. De hecho, cuando se presentó la Ley de Inocencia Fiscal el lema fue: “Todos somos inocentes salvo que ARCA demuestre lo contrario”. Salió de boca de Jose Luis Espert, el ex diputado libertario investigado por presunto lavado de dinero.

Adorni dijo en LN+ que todo el gabinete lo apoyaba, pero al menos hasta ayer, entrada la anoche, ningún ministro se había pronunciado al respecto en redes sociales. Todos mantuvieron un perfil bajísimo, a la espera de que el jefe de Gabinete se defendiera solo. Al menos dos importantes miembros de la mesa política de la Casa Rosada se fueron a dormir rogando que no llegara un pedido de “operativo clamor” de parte de Karina Milei como hubo al inicio del affaire.

Hoy, la plana mayor deberá disimular cualquier incomodidad en la reunión de mesa política que Adorni encabezará en la Casa Rosada.

Quien sí salió inmediatamente a defender en X al jefe de Gabinete fue Santiago Oría, director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia. “Listo, Manuel explicó todo perfecto y completo. Quedó clarísimo que no robó y que el periodismo mintió alevosamente. La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que es inocente. FIN”. El Presidente lo avaló con un retuit.

Hoy, Oría es más que el camarógrafo oficial del Gobierno. Karina le encargó que conforme una estructura de redes sociales que le dispute representación digital a los influencers que se referencian en Santiago Caputo. La hermana del Presidente tiene miedo que sus enemigos internos le “apaguen” el dispositivo digital o que le jueguen en contra.

“A Oría lo están enfierrando”, reconoció una fuente de la Casa Rosada, en alusión a los recursos que comenzaron a volcarse para organizar esa nueva estructura. Una misión semejante requiere, de mínima, contar con un ejército de líderes de opinión que bajen líneas narrativas eficaces. Por ahora, el cineasta cuenta con un sitio digital propio. Se llama Contra Relato (@contrarelatoarg) y tiene un diseño muy parecido a La Derecha Diario, aunque infinitamente menor cantidad de seguidores.

La hermana del Presidente tiene la mira, primero, en aquello que dota de mayor poder a Caputo y que es el magma mismo de Las Fuerzas del Cielo: el control de la conversación oficialista en las redes sociales. “Nos quieren reemplazar pero no saben cómo hacerlo. No tienen cuentas que puedan guiar la conversación y, sobre todo, no entienden la lógica de las redes. Son autoritarios para bajar línea y eso no funciona. La militancia amplifica orgánicamente lo que dicen el Gordo Dan o los pibes de Carajo porque se sienten representados”, replicó uno de los referentes “fuerzadelcielistas”.

Javier Milei está hastiado de este tipo de tironeos en su equipo. “Javier no está contento con ese tema, está muy hinchado las pelotas. Pero no tiene el poder para ordenar que tenía antes. Tiene temor a que los propios le hagan quilombo.”, dijo uno de sus interlocutores habituales.

Con la mira puesta en Comodoro Py

Adorni pretende que la rectificación de sus declaraciones juradas oficie de salvavidas en la causa judicial que investiga si él se enriqueció gracias a la función pública.

La pelota está en manos del fiscal Gerardo Pollicita, que espera que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) culmine el peritaje contable sobre los números del jefe de Gabinete. Los auxiliares de la Justicia también trabajan en una pesquisa sobre las criptomonedas de Adorni, que podría verificar las inversiones que el relató en las últimas horas.

En paralelo, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, dio una señal de una etapa de mayor sintonía con los tribunales. Su cartera invitó a Ariel Lijo -juez del caso Adorni y del caso ANDIS- a la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París. En ediciones anteriores, a ese encuentro asistieron Juan Tomás Rodríguez Ponte, el titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que es del riñón de Lijo. También otros jueces federales de primera instancia, como Sebastián Casanello.

“Ese viaje no va a cambiar las causas en trámite. Pero demuestra algo más importante: que si hubo tensión y sorpresa en Comodoro Py por la designación de Mahiques en el Gobierno, hoy prima una larga historia de amistad”, dijo un conocedor de los pasillos de tribunales.

Ayer, en tanto, el Consejo de la Magistratura, con el voto de los representantes del Poder Ejecutivo, avanzó con el Concurso 461, destinado a cubrir dos cargos en la estratégica Cámara Federal que resuelve los fallos de segunda instancia en Comodoro Py. Son sillas actualmente ocupadas por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron trasladados a esos cargos durante la gestión de Mauricio Macri. En las ternas que se elevarán al Poder Ejecutivo hay seis nombres, pero el rumor más fuerte es que los elegidos por el Gobierno serán el propio Bertuzzi (que decidió concursar su cargo) y Pablo Yadarola, juez en lo penal económico.

El futuro de los jueces trasladados trae alguna polémica porque hay quienes señalan que se deberían concursar decenas de cargos que están en la misma situación. Bruglia, de hecho, pidió que se suspendiera el concurso 461.

El jefe de Estado está muy lejos de toda la trama judicial. Solo revisa la lista de pliegos que Mahiques confecciona antes de que se formalice su envío al Senado. El Presidente, en cambio, opta por los temas que lo apasionan más, como la aplanadora desreguladora que le propone Federico Sturzenegger, los anuncios de inversiones que le acerca “Toto” Caputo o la agenda internacional de alineamiento ferreo con los Estados Unidos e Israel.

Milei también deja en un paréntesis las decisiones de estrategia política para 2027 que ya generan chispas entre sus tribus. El Presidente anhela que, al final del camino, la economía -que hoy está empujada por un puñado de sectores “ganadores”- derrame en el gran público y sea una ordenadora de la cuestión electoral. Si después la dirigencia y la voluntad popular no se alinean detrás de su reelección, él se “volverá a la casa” como suele decir en sus entrevistas y discursos.

Una de las decisiones trascendentales, a resolver en el mediano plazo, tiene que ver con la fórmula presidencial de 2027. ¿Quién va a integrar el binomio con Milei? Hay quienes leen los movimientos políticos de Patricia Bullrich en esa clave, como si buscara una candidatura a vice con aporte de votos propios. Es decir, como una compañera de fórmula que, de lograr la reelección, pueda controlar espacios de poder haciendo valer su capital político.

“Patricia hoy está buscando representar a la gente que la votó en 2023. Es un cuarto del electorado. Tiene lógica que recale como una candidata a vice no decorativa que, en caso de ganar, asuma funciones importantes”, describe un miembro del elenco bullrichista.

Hay colaboradores de Milei que coinciden con esa variante y que, incluso, aconsejaron recientemente acelerar un ofrecimiento para abrazar a Bullrich y neutralizar sus movimientos autónomos.

Ese plan, no obstante, tiene un obstáculo mayúsculo: Karina Milei. Ella hoy se resiste a darle a Bullrich la candidatura a la Vicepresidencia. “No quiero otra Villarruel”, le comunicó la hermana presidencial días atrás a uno de sus colaboradores. Si fuera por la secretaria General de la Presidencia, Bullrich se quedaría en la Cámara alta hasta cumplir su mandato de seis años.

La ex ministra de Seguridad, por su parte, está concentrada en acumular volumen político y evita dar definiciones para el año próximo. “Yo tengo capacidad de decisión propia y hoy no quiero atarme a nada”, le transmite a su entorno. Lo que sí viene diciendo internamente -incluso se lo dijo de frente a la propia Karina- es que LLA no puede prescindir de un acuerdo con PRO. Y que eso implica negociar la ciudad con los primos Macri para lograr un respaldo de ese partido “en todo el país”.

Bullrich hoy cumple 70 años pero le pidió a su primer anillo que no hubiera festejos. La senadora considera que una celebración es inoportuna con amplios sectores sufriendo la recaída de la industria y la construcción (tras el rebote de marzo, esta semana se conoció que en abril esas actividades retrocedieron 2,1% y 4%, respectivamente). Toda una definición política. Además de elevar la vara republicana ¿Bullrich va a empezar a diferenciarse también aspectos económicos? En principio, su austeridad para los agasajos muestra un contraste apabullante con la declaración de Adorni del medio millón de dólares “bajo el colchón”.

Contra los deseos de Bullrich, el jefe de Gabinete mandó a comprar una torta para agasajar a la senadora hoy en la reunión de mesa política.

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A la espera de la presentación de la declaración jurada patrimonial de Manuel Adorni ante la Oficina Anticorrupción, el Gobierno trabaja en una estrategia para blindar al funcionario y correrlo del centro de las críticas.

En la Casa Rosada reconocen que el operativo tendrá dos líneas centrales: sostener que Adorni “no robó” y redoblar los cuestionamientos contra los periodistas que publicaron información sobre sus bienes, sus gastos y su adhesión al régimen simplificado de Ganancias ante ARCA. La defensa oficial apunta a instalar que el jefe de Gabinete cumplió con la presentación ante la Oficina Anticorrupción y que la causa judicial deberá avanzar sobre documentación concreta.

La estrategia, coordinada por la mesa chica del Ejecutivo, comenzó a desplegarse desde el gabinete y desde el ecosistema digital libertario.

En Balcarce 50 también miran el calendario. Apuestan a que el inicio del Mundial, previsto para este jueves, diluya la atención pública sobre su situación judicial. En varios despachos oficiales creen que la competencia absorberá buena parte de la agenda mediática y permitirá que el oficialismo vuelva a concentrarse en las reformas, el Congreso y la negociación política.

La apuesta no se limita a bajar la exposición del caso. En Nación también buscan que Adorni recupere protagonismo después de semanas de bajo perfil. Este jueves encabezará junto a Karina Milei una nueva reunión de la mesa política, en la que se revisarán poroteos, estrategia parlamentaria y la secuencia de reformas pendientes.

Los cercanos a Javier Milei sostienen que, para el Presidente, el tema está “terminado” y que mantiene el respaldo total al ministro coordinador. En Nación esperaban que el jefe de Estado vuelva a respaldarlo públicamente, con una base similar al gesto que hizo en mayo con José Luis Espert, cuando lo defendió en medio de los cuestionamientos judiciales por su vínculo con Federico “Fred” Machado.

La diferencia es que, en este caso, el Gobierno busca ordenar la reacción después de una presentación formal ante la Oficina Anticorrupción. Desde el fin de semana, los equipos de Adorni trabajaron con el objetivo de completar el trámite y acompañarlo con una explicación pública. Por eso también lo habilitaron a hablar con un periodista distinto a los que suelen entrevistar a funcionarios de alto rango del oficialismo.

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La línea que bajan cerca del jefe de Gabinete es que Adorni no utilizó el régimen simplificado de Ganancias para blanquear bienes. Sostienen que tanto él como su esposa, Bettina Angeletti, adhirieron ante ARCA a una modalidad que permite acceder a una declaración precargada, revisarla, corregirla si corresponde y pagar el impuesto que surja. En el Ejecutivo remarcan que esa vía tributaria no implica, por sí sola, una exteriorización de activos no declarados.

El caso, sin embargo, seguirá bajo análisis judicial. La causa por presunto enriquecimiento ilícito está en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, que investigan propiedades, gastos, deudas, viajes, consumos y movimientos financieros del grupo familiar. La presentación ante la OA puede ordenar la defensa pública de Adorni, pero no cierra el expediente penal.

En el caso de Karina Milei, sus cercanos reconocen que hubo un enojo inicial por la “desprolijidad” del manejo del tema, aunque aseguran que la relación con Adorni ya volvió a estar “en buenos términos”. La secretaria general de la Presidencia mantiene al ministro coordinador dentro de la mesa de decisiones y lo acompañará en la reunión política de este jueves.

El encuentro de la mesa política servirá para retomar la agenda legislativa. El Gobierno busca ordenar el tratamiento del super-RIGI, la ley de lobby, los cambios en etiquetado frontal y ludopatía, además de otros textos en revisión como juicio por jurados, la reforma del Código Penal y el paquete de desregulación sobre seguros, cabotaje, mercado inmobiliario y mercado de capitales.

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En distintos sectores del gabinete, mientras tanto, prefieren evitar definiciones públicas sobre la situación patrimonial de su coordinador. Varios funcionarios sostienen que solo hablan de las políticas que impulsa la gestión y evitan opinar sobre causas judiciales internas. En otros despachos reconocen que la presentación de la declaración jurada era necesaria para impedir que el caso siguiera escalando sin una respuesta formal.

La estrategia oficial será sostener que Adorni cumplió con los pasos institucionales, que no hubo blanqueo de bienes y que la discusión debe correrse hacia la documentación presentada. En paralelo, la Casa Rosada buscará instalar que las críticas responden a una ofensiva mediática contra el ministro coordinador. El primer test será este jueves, con el inicio del Mundial, la reunión de mesa política y el despliegue del respaldo oficial al jefe de Gabinete.

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La abogada María Inés Brogin Alba, quien se desempeñaba como subsecretaria de Gestión Administrativa dentro del Ministerio de Capital Humano, fue designada subsecretaria de Culto dentro de la Cancillería.

Así lo dispuso el Poder Ejecutivo mediante el decreto 442/2026, publicado en Boletín Oficial, en donde dispuso que la actual funcionaria del área que conduce Sandra Pettovello formará parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que conduce Pablo Quirno.

Brogin Alba es abogada graduada en la UBA, especialista en derecho administrativo y constitucional. Fue coordinadora de servicios de Casa de Gobierno durante el gobierno de Mauricio Macri; prosecretaria Letrada del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y subgerente de Asesoramiento Legal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

A partir del nombramiento y mientras dure su gestión como subsecretaria, Brogin Alba tendrá asignada la categoría de embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria, a los únicos efectos del rango protocolar. La asignación se encuadra en el artículo 6° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias, que regula las equivalencias de jerarquía para funcionarios civiles que ejercen cargos de esa naturaleza.

Antes de su llegada a la Secretaría de Culto y Civilización, Brogin Alba ya había ocupado un cargo en el gobierno de Milei. Mediante el Decreto 121/2024, firmado en febrero de 2024, fue designada subsecretaria de Gestión Administrativa de Educación de la Secretaría de Educación de la Nación.

La reciente medida se sustenta en las atribuciones que confiere el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, que faculta al presidente a efectuar designaciones en cargos del Poder Ejecutivo.

En forma simultánea, el Gobierno emitió otro decreto —el N.° 443/2026— por el cual designó a Ricardo Luis Bocalandro como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina ante la República de Palau.

El funcionario actualmente se desempeña como embajador ante la República de Filipinas, tras haber sido nombrado mediante el Decreto 67/2022. Sin embargo, este nuevo cargo se produce sin perjuicio de las funciones que Bocalandro ya ejerce. De esta manera, acumula una doble acreditación diplomática para el país insular de Oceanía formado por más de 500 islas y ubicado en la región de Micronesia.

El decreto informó que el Gobierno de Palaus concedió oportunamente el plácet de estilo para la designación, un requisito previo que es indispensable en el protocolo diplomático internacional para que un embajador pueda ser acreditado ante un Estado receptor.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto intervino en el trámite y avaló la legalidad del procedimiento.

Así como en ocasiones anteriores de esta relevancia, los gastos que genere el cumplimiento del decreto serán imputados a las partidas específicas de la Jurisdicción 35, correspondiente a esa cartera ministerial.

Una de las últimas designaciones para representar al país en el exterior fue la de Fernando Iglesias. Lo hicieron mediante el decreto 191/2026, publicado en el Boletín Oficial. De esa manera oficializaron su rol como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante Bélgica y la Unión Europea (UE), con sede única en Bruselas.

La medida consolidaba la fusión de ambas representaciones diplomáticas en una sola. El decreto estableció que Iglesias queda nombrado como funcionario de categoría “A” del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, con acreditación simultánea ante los dos destinos. La norma aclara expresamente que la designación no altera sus funciones en ninguna de las dos representaciones diplomáticas.

La oficialización llegó tras la aprobación del pliego de Iglesias por parte del Senado durante una sesión realizada en febrero. Hasta ese momento, el diplomático se desempeñaba en el cargo de manera provisional, bajo la figura de embajador “en comisión”.

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