El Gobierno y las universidades nacionales firmaron un acuerdo que pone fin a casi tres años de conflicto presupuestario. La propuesta incluye un aumento salarial del 24,33% y refuerzos millonarios para sectores críticos del sistema universitario.

El ajuste contempla 21,33% para junio y 3% adicional en octubre. A esto se suman fondos para becas, hospitales universitarios y gastos de funcionamiento que venían prácticamente congelados.

El acta quedó sellada este mediodía en el Palacio Sarmiento. La reunión estuvo encabezada por Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, junto a rectores y representantes gremiales que estamparon sus firmas formalizando el pacto.

Este desenlace busca cerrar —al menos parcialmente— uno de los conflictos más persistentes de la gestión libertaria, aunque el proceso judicial en la Corte Suprema continúa su curso.

Cómo llegaron al acuerdo después de años de enfrentamiento

El camino hasta esta firma duró casi tres años. Incluyó cuatro marchas federales universitarias, clases públicas frente a la casa de Manuel Adorni y la Corte Suprema, tomas de colegios y semanas enteras de paros docentes.

También pasó por seis votaciones en el Congreso, vetos presidenciales y una judicialización que llevó la disputa hasta el máximo tribunal del país. Las últimas dos semanas fueron de negociaciones intensas.

Desde abril de 2024, cuando la primera movilización reunió a más de 400.000 personas en defensa de la educación pública, el conflicto universitario se consolidó como uno de los principales frentes de la batalla cultural libertaria.

Hubo múltiples capítulos: acusaciones de curros en las universidades públicas, resistencia a las auditorías, denuncias de adoctrinamiento. También cuestionamientos por falta de eficiencia, alumnos fantasmas y exceso de extranjeros.

Qué contempla el acuerdo en números concretos

El Ministerio de Economía autorizó una partida de $800.000 millones. La promesa incluye paritarias cada tres meses en lo que resta del año.

El sector universitario vislumbra ahora la posibilidad de un alivio en su principal urgencia: los salarios docentes y no docentes que venían perdiendo poder adquisitivo mes a mes.

Pero el acuerdo va más allá de la recomposición salarial. Se destinarán $50.000 millones adicionales para los hospitales universitarios, no contemplados en el presupuesto 2026.

Estos fondos se suman a los $80.000 millones ya previstos para estos centros de salud. Los rectores venían reclamando hace meses la distribución de esas partidas.

Los gastos de funcionamiento recibirán un 20% de aumento. Las becas Manuel Belgrano, exclusivas para carreras universitarias o terciarias vinculadas a áreas estratégicas, subirán un 50%.

Estas becas se mantenían congeladas en $81.685 desde 2024, una cifra que había quedado muy por debajo de la inflación acumulada en ese período.

No está contemplado un aumento para las becas Progresar. Estas cubren un espectro más amplio —educación secundaria y todos los niveles superiores— y por las que también reclamaban.

Por qué este acuerdo marca un cambio respecto a propuestas anteriores

La administración libertaria había intentado impulsar sin éxito una ley alternativa en el Congreso. Esa propuesta contemplaba apenas un 12,3% de actualización, muy por debajo del 24,33% ahora acordado.

Meses antes había intentado derogar la ley de financiamiento aprobada en la votación del presupuesto 2026. Ese intento también fracasó ante la resistencia legislativa.

El acuerdo actual representa una mejora significativa. Y señala un cambio de estrategia del Gobierno frente a un conflicto que se había vuelto políticamente costoso.

Las negociaciones las llevó Álvarez por parte del oficialismo. En representación de las casas de estudios participaron Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, y Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro.

Ambos ocupan los cargos de presidente y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Sin plazos definidos para un fallo de la Corte, las dos partes se mostraron dispuestas a dialogar desde hace algunas semanas.

Qué pasará con la demanda judicial que sigue en la Corte Suprema

Las negociaciones se habían trabado porque el Gobierno pedía que el CIN levantara la demanda judicial. Los rectores no estaban dispuestos a hacerlo.

El tema judicial de la Ley 27.795 comenzó cuando los rectores interpusieron una acción de amparo contra el Estado. El motivo fue la suspensión, por decreto, de la Ley de Financiamiento Universitario.

Esta ley insta al Gobierno a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial desde 2023, pero fue suspendida hasta que se definieran las fuentes para financiarla dentro del presupuesto general.

El juez de primera instancia, Martín Cormick, ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6. Esos artículos se refieren a las actualizaciones salariales y de las becas.

El Gobierno apeló. La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades.

El Ejecutivo entonces recurrió a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario que fue aceptado. 

La ley fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto del año pasado. Luego fue vetada por el Presidente Javier Milei y volvió a pasar por ambas cámaras, que la ratificaron.

En 2024, Milei ya había vetado una iniciativa similar. En esa oportunidad el Congreso no la sostuvo, dejando el conflicto sin resolución legislativa.

El acuerdo firmado hoy cierra un capítulo de ese largo enfrentamiento. Pero el proceso judicial continúa abierto, a la espera de que la Corte Suprema defina si interviene o no en la causa.