La minera con base en Canadá AISA Group presentará un nuevo RIGI por alrededor de USD 1.500 millones para expandir Gualcamayo y convertirlo en una plataforma de exploración, reposición y crecimiento mineral de largo plazo. La decisión, según comunicó la compañía, amplía el desembolso que ya había comprometido en San Juan y se suma al régimen de promoción de inversiones que ya acumula 20 proyectos aprobados por más de USD 33.000 millones.

El anuncio lo hizo Juan José Retamero, CEO y fundador del grupo, durante el encuentro que el presidente Javier Milei mantuvo el último viernes en Madrid con empresarios e inversores españoles. La reunión estuvo organizada por la Embajada de la Argentina en España y contó con la presencia del embajador argentino Wenceslao Bunge Saravia y del canciller Pablo Quirno.

La iniciativa de AISA Group se denomina Programa G50 y complementa el RIGI ya aprobado para el Proyecto Carbonatos Profundos. Ese primer esquema prevé una inversión de USD 665 millones y exportaciones estimadas en USD 26.500 millones entre 2030 y 2055.

En tanto, el segundo RIGI buscará llevar el desarrollo de Gualcamayo a una escala mayor. Según la información difundida por la empresa, el Programa G50 plantea una estrategia intensiva y sostenida de exploración distrital para ampliar el inventario de recursos, fortalecer el flujo de proyectos operativos, sostener la vida útil de la mina y desarrollar el potencial total del yacimiento.

En una primera etapa, el plan prevé acelerar la evaluación de recursos remanentes en un plazo de 24 a 36 meses para incorporar nuevas onzas al perfil productivo de corto plazo. En paralelo, avanzará sobre nuevos sectores del distrito, que abarca 38.000 hectáreas de concesión minera, incluidas áreas con potencial aurífero y de metales industriales.

Nicolás Bareta, head of mining de AISA Group, explicó el alcance del proyecto: “Estamos pensando Gualcamayo como distrito, no solo como mina. La oportunidad está en integrar Carbonatos Profundos, exploración brownfield, nuevos targets y una nueva mirada de toda nuestra propiedad. La Argentina necesita proyectos que repongan reservas, generen divisas y sostengan empleo durante décadas para que haya más minería en las próximas décadas; ese es el sentido estratégico del Programa G50, aprovechando los incentivos adecuados para la reinversión”.

El primer RIGI de la compañía fue aprobado en enero de 2026. Ese proyecto contempla el desarrollo de Carbonatos Profundos, un cuerpo mineralizado ubicado debajo de las antiguas zonas productivas de Gualcamayo, junto con la construcción, puesta en marcha y operación de la planta de tratamiento asociada.

La operación cuenta hoy con 7,1 millones de onzas de oro en recursos y 4,9 millones de onzas en reservas, certificadas bajo NI 43-101 y Código JORC. Ese activo constituye, según la empresa, el eje del nuevo ciclo minero de Minas Argentinas.

Gabriel Corvo, gerente general de la compañía, sostuvo: “Gualcamayo dejó de ser una operación en declive para convertirse en un distrito minero con futuro. El primer RIGI nos permitió asegurar la viabilidad de Carbonatos Profundos; este segundo proyecto apunta a consolidar una plataforma de crecimiento de largo plazo, con más exploración, más reservas y más oportunidades para San Juan”.

Retamero vinculó la nueva presentación con la estrategia que el grupo desarrolla desde su llegada a Gualcamayo en 2023, cuando impulsó la continuidad operativa, el saneamiento financiero, la recategorización de recursos y reservas y la reactivación de la exploración. “El RIGI es una herramienta clave para que la Argentina pueda transformar potencial geológico en inversión real. Nuestra decisión es seguir apostando por el país, por San Juan y por una minería moderna, competitiva y de largo plazo. Gualcamayo demuestra que una mina que parecía llegar al final puede renacer si hay visión, equipo, parámetros macroeconómicos estables y seguridad jurídica que permitan invertir”.

El nuevo proyecto de Gualcamayo se enmarca en un contexto donde la minería tiene un peso central. De acuerdo con la página oficial del Gobierno que recopila los datos del régimen, además de los 20 proyectos ya aprobados bajo el RIGI, hay otros 19 en observación por más de USD 109.000 millones. El total de capital comprometido asciende a USD 121.237 millones.

De esta forma, del total de iniciativas ingresadas al RIGI, 19 corresponden al sector minero: 13 de litio, cinco de cobre, dos de oro y una de plata.

Sobre el total de dinero comprometido, la minería reúne USD 42.200 millones, mientras que la energía, con 13 proyectos, concentra USD 78.300 millones. El anuncio de AISA Group se incorpora a esa cartera en momentos en que las empresas buscan aprovechar el régimen para escalar inversiones de largo plazo.

Julio empezó con subas en tarifas y transporte, mientras el Gobierno busca que el dólar se acomode sin sumar otro golpe a precios

01/07/2026 – 13:30hs

Julio empezó con una cuenta más pesada para las familias. Desde hoy suben el transporte, las prepagas, los alquileres, la luz, el gas, el agua y también los impuestos a los combustibles. El mes arranca con más presión sobre gastos que ya no se pueden esquivar y eso le pone un piso más exigente al bolsillo justo en el comienzo del segundo semestre.

Ese arranque ayuda a entender mejor que nada por qué el Gobierno está mirando el dólar con tanta atención. Después de varios meses de relativa calma, el tipo de cambio oficial cerró junio con una suba de 5,2%, bastante más rápida que la inflación esperada para el mes. En el mercado leen que el objetivo oficial ya no es volver a dejarlo completamente quieto, sino evitar que ese movimiento se traslade demasiado rápido a precios en un mes que ya arrancó cargado de aumentos.

Julio empezó con más presión sobre gastos que ya no se pueden esquivar

La lista de subas de este mes no es menor. El transporte público volvió a aumentar, las prepagas aplican nuevos ajustes, los alquileres arrancan julio con otra actualización y también suben la electricidad, el gas y el agua. A eso se suma la oficialización del aumento de impuestos a los combustibles, una decisión que vuelve a poner presión sobre un costo que después suele filtrarse al resto de la economía.

Ese combo importa porque se concentra en rubros muy sensibles y poco postergables. No se trata de gastos discrecionales ni de consumos que una familia pueda patear demasiado. Son servicios esenciales, vivienda, salud, movilidad y energía. Por eso, aunque la inflación haya desacelerado, el comienzo de julio se siente igualmente más pesado en la economía cotidiana.

El Gobierno deja que el dólar se acomode, pero no quiere que se desordene

Sobre ese arranque más caro, el Gobierno empezó a administrar otra variable delicada: el dólar. El oficial ya tocó su nivel más alto del año y el Banco Central viene interviniendo para que la suba no se acelere. La señal que dejó junio es bastante clara: Economía acepta que el tipo de cambio se mueva más que antes, pero no quiere que esa corrección se convierta en ruido financiero ni en una amenaza para la desaceleración de los precios.

Por eso el Central compró menos divisas durante junio y reforzó su presencia en futuros y en instrumentos atados al dólar. La idea no parece ser congelar la cotización, sino dejar que refleje un escenario de menor oferta estacional y mayor demanda privada, pero con un freno que evite una dinámica más brusca. En otras palabras, el Gobierno ya no está defendiendo un dólar inmóvil, sino un dólar administrado.

La City ya mira un segundo semestre con dólar más alto y tasas más exigentes

Ahí aparece la discusión que abre este segundo semestre. En la City creen que el tipo de cambio va a seguir subiendo de manera gradual y lo ven más cerca de la zona de 1.650 o 1.670 pesos hacia fin de año. No aparece, por ahora, un escenario de crisis cambiaria. Sí una etapa menos cómoda, con menos oferta de divisas del agro, más demanda por turismo, energía y cobertura, y un Banco Central obligado a administrar mejor cada movimiento.

El problema es cómo sostener esa corrección sin sobresaltos. Para evitar que el dólar corra demasiado rápido, el Gobierno probablemente tenga que aceptar tasas más altas o más intervención en el mercado. Esa es la disyuntiva que ya empezó a instalarse entre analistas e inversores: dólar o tasa. Si seca más la plaza de pesos, suben los rendimientos y se enfría el crédito. Si deja correr más al tipo de cambio, arriesga más presión sobre precios en un mes que ya viene recargado.

La pregunta, entonces, no es solo hasta dónde va a llegar el dólar. La pregunta es cuánto más puede seguir ajustando la economía sin que ese intento de cuidar la estabilidad termine chocando otra vez con el bolsillo. Ese es el equilibrio que el Gobierno empieza a jugar en julio: administrar un dólar más inquieto justo cuando los gastos fijos ya volvieron a subir.

En medio de los reclamos por la pérdida de competitividad, en un contexto crítico para la industria, la UIA presentó un informe que ubica a la Argentina en el primer puesto entre los países con mayor presión fiscal sobre el sector formal de la industria, en una muestra de 30 Estados. Respecto de 2023, el indicador marcó un aumento relevante.

El estudio establece una comparación con los países del G20, Sudamérica, Países Bajos, España y Suiza, que en conjunto representan el 81% del PBI mundial.

Se consideraron los 8 tributos más significativos del sistema tributario argentino: IVA, Impuesto a las Ganancias para Sociedades, Impuesto a los Débitos y Créditos, Impuesto al Patrimonio, derechos de exportación, Ingresos Brutos, tasas municipales y el Impuesto de Sellos.

La entidad, conducida por Martín Rappallini, señaló que la Argentina se ubica en el puesto 12° en términos de presión fiscal (recaudación/PBI) entre los 30 países analizados. Sin embargo, al considerar la carga tributaria sobre el sector formal, lidera el ranking con una presión del 56%, lo que implica un incremento de 6 puntos porcentuales en relación a 2023. Esto se debe a la elevada informalidad laboral.

Al presentar el informe en una conferencia de prensa, Carlos Abeledo, presidente del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial, aseguró que observa una intención del equipo económico de bajar los impuestos, pero aún queda un largo camino por recorrer.

“El Gobierno nos ha dicho que en el mediano y largo plazo los beneficios impositivos del RIGI podrían extenderse al resto de la economía, una vez que la estabilización y el superávit fiscal estén consolidados”, contó el especialista, que estima que ello ocurrirá a fines de 2027 y principios de 2028.

Subrayó que “tenemos un sistema tributario regresivo, terminan pagando más impuestos las capas de menores recursos cuando consumen por el peso del IVA e Ingresos Brutos”.

A su turno, Rappallini destacó que la carga fiscal ha limitado el crecimiento y el empleo y que, en un marco de apertura económica, deja a muchas industrias fuera de la competencia global. Como dato relevante, el sector representa el 18% del PBI y genera el 28% de la recaudación y el 40% de Ganancias.

“Para nivelar la cancha, estamos pidiendo un pacto fiscal federal industrial”, agregó.

Cabe mencionar que el sector manufacturero se ubica un 10% por debajo de los niveles de 2022 y ya se perdieron 70.000 puestos de trabajo en el rubro desde mediados de 2023. Desde noviembre de 2023, desaparecieron 3.393 firmas industriales, de acuerdo a Politikon Chaco.

La principal preocupación para la mayoría de las empresas es la falta de ventas, derivada en gran medida de la caída del poder adquisitivo y de la competencia con los productos importados.

El informe indica que en el caso de Ganancias para las Sociedades, la Argentina ocupa el segundo lugar entre los países con mayor carga tributaria, con una alícuota máxima del 35% y un gravamen del 7% por dividendos. Como resultado, la carga efectiva sobre la renta empresarial asciende al 39,5%.

“De cada $100 de utilidad que tiene una empresa, $50 lo destina a pagar impuestos”, enfatizó Abeledo.

Colombia encabeza la lista, dado que la alícuota pasó del 31% al 35% por la reforma tributaria de 2022 y aplica una retención sobre dividendos del 20%.

En el ranking del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el país se posiciona en el cuarto lugar, detrás de Brasil, Uruguay e Italia. La UIA identificó 3 problemáticas adicionales:

• Generación estructural de saldos a favor técnicos de difícil absorción, que implican costos ocultos al inmovilizar capital de trabajo.
• Dificultades para la devolución o acreditación de los saldos a favor técnicos originados en exportaciones. El mecanismo previsto para el recupero del crédito fiscal presenta demoras que afectan la liquidez de las empresas.
• Demoras en la devolución de saldos de libre disponibilidad, generados por la proliferación de regímenes de retención y percepción.

La UIA resaltó que solo 4 países del relevamiento aplican el Impuesto a los Débitos y Créditos, el llamado impuesto al cheque. La Argentina se mantiene al frente del ranking de presión fiscal.

“Se impuso como un impuesto transitorio, como muleta, en 2001 y ya cumplió 25 años de vigencia. El Gobierno promete que lo va a eliminar pero supone el 7% de la recaudación, motivo por el cual pedir la derogación inmediata es casi una utopía. Proponemos que en una primera etapa se pueda utilizar como pago a cuenta de Ganancias e IVA”, afirmó Abeledo y señaló que su derogación va a desincentivar el uso de efectivo y, por ende, disminuir la informalidad.

En el caso del Impuesto al Patrimonio, si bien en 2024 se introdujeron cambios a través del REIBP (Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales), que redujeron la alícuota general, la Argentina continúa encabezando la lista de los países con mayor carga tributaria en este gravamen.

“Por efecto de este impuesto, lo que está blanco se negrea. Tiene un efecto muy nocivo en controlar la evasión”, expresó Abeledo.

En términos de comercio exterior, solo Argentina y Rusia aplican derechos de exportación, más conocidos como retenciones. La alícuota argentina es superior, alcanzando el 8,68%, frente al 3,9% registrado en Rusia.

Si bien el Gobierno eliminó el tributo para 4.411 posiciones arancelarias (88% de los productos industriales), estas solo representan cerca del 18% del valor total de las ventas al exterior del sector.

Este miércoles el Ejecutivo, mediante el Decreto 566/2026, dispuso la reducción a 0% de las retenciones para productos químicos, acero, aluminio, cobre, zinc, estaño y parte de la producción automotriz. Asimismo, se implementará una baja gradual hasta junio de 2027 para petroquímicos específicos, plásticos, fertilizantes seleccionados, caucho natural y sintético, y una parte importante de la cadena automotriz, que incluye automóviles, pick-ups, camiones, ómnibus, carrocerías y algunas autopartes.

En otro orden, a nivel provincial, la Argentina integra el reducido grupo de países que gravan con Ingresos Brutos; únicamente Italia y Canadá cuentan con un tributo comparable, aunque con menor carga impositiva. Abeledo lo denominó “el padre de las distorsiones” por el efecto cascada que tiene. En suma, “las provincias exceden su potestad tributaria porque se lo cobran a empresas que no están en su jurisdicción”, resaltó Abeledo.

En el ámbito municipal, constituye el único caso de la muestra donde se imponen tasas sobre la misma base imponible que dicho tributo. Laura Bermúdez, directora ejecutiva de la UIA, dijo: “Los municipios inventan tasas para financiarse”.

En el Impuesto de Sellos, el país también mantiene el primer puesto, ya que presenta una alícuota promedio superior al 1% y alcanza a “todo acto documentado de carácter oneroso con efectos en el país”. Abeledo opinó: “Debería derogarse porque complejiza la instrumentación de las operaciones”.

En este marco, la central fabril elaboró una serie de propuestas para mejorar la competitividad del sector transable, entre las que se encuentran:

• Reducción del costo laboral no salarial: se propone permitir el cómputo de hasta el 95% de las Contribuciones Patronales a cuenta de IVA y Ganancias, para los sectores intensivos en empleo, industriales y economías regionales. Esta medida incentiva la formalización de la actividad productiva.
• Establecer una alícuota única del 25% para el Impuesto a las Ganancias.
• Implementar la devolución automática de los saldos a favor de IVA para su compensación con otros impuestos y con saldos de libre disponibilidad, y eliminación de los regímenes de retención y percepción.
• Cuenta única tributaria para la automaticidad en la disponibilidad de saldos a favor y compensación entre impuestos.
• En el caso del Impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, se plantea permitir su cómputo como pago a cuenta del IVA y del Impuesto a las Ganancias: del 100% para las PyMEs y de manera gradual para el resto de las empresas (60%, 75% y 100% en los siguientes tres ejercicios), hasta su eliminación.
• Eliminación de los derechos de exportación para las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y alimentos elaborados.
• Aumento de reintegros de exportación para bienes industriales, alimentos y bebidas y economías regionales.
• Inclusión del concepto “Buen Contribuyente”.
• Actualización de valores en normas tributarias, atada a un índice público.

A su vez, la UIA cree necesario avanzar en un pacto fiscal federal que contemple la reducción gradual de las alícuotas de Ingresos Brutos hasta llegar al 0% en un plazo determinado.

También busca la actualización automática de los umbrales de ingresos que determinan las distintas alícuotas aplicables, mediante un índice público de referencia.

En cuanto a las tasas municipales, la UIA pide que se correspondan con la prestación concreta, efectiva e individualizada de un servicio y que sus importes sean proporcionales al costo de esa prestación, de acuerdo con lo previsto en la Constitución.

Por último, asegura que es importante que más provincias se adhieran a la Ley de Transparencia Fiscal y que haya un compromiso de estabilidad fiscal y jurídica por 30 años para dar certidumbre a las nuevas inversiones, tomando como referencia el RIGI.

La próxima reunión de la UIA con el ministro de Economía, Luis Caputo, para tratar estos temas será en agosto.