POLITICA
Las dudas sobre la herencia: el efectivo que Manuel Adorni dice haber encontrado choca con los antecedentes familiares

Jorge Eduardo Adorni falleció el 21 de agosto de 2002, a los 62 años. Dejó un patrimonio escaso, una viuda y dos hijos, y una ristra de deudas, juicios y embargos. Un panorama que no hacía prever lo que su heredero más conocido dice haber encontrado al entrar a su pequeño departamento en el centro de la ciudad de La Plata.
“Mi primer dinero, por así decirlo, lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que es el dinero que nos encontramos con mi hermano en el departamento”, afirmó el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la entrevista que concedió a LN+ este miércoles. No aportó montos o precisiones por televisión, ni ante la Oficina Anticorrupción. Tampoco, si todo o parte de ese dinero fue parte de los US$ 200.000 con que afirmó haber comprado criptomonedas.
Los dichos de Manuel Adorni sobre el supuesto hallazgo de ese dinero causaron sorpresa. Primero, porque había dado una versión muy distinta sobre su contexto familiar en sus declaraciones públicas anteriores. Segundo, porque introdujo un elemento -la presunta existencia de dinero en efectivo- que no surge de los registros judiciales de la sucesión. Y tercero, porque generó preguntas sobre el proceder de su padre. ¿Afrontó problemas económicos o decidió ahorrar en perjuicio de sus acreedores?
Las declaraciones previas de Adorni pintaban, en efecto, un panorama muy distinto al de un presunto hallazgo de dinero. En un tuit del 19 de octubre de 2018, el actual jefe de Gabinete contó: “En 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga desde 1996. Tardé años en arreglar todo, con mucho esfuerzo”, afirmó, para luego descargar su bronca. “Si hubiese creído que todo se solucionaría sólo porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada: hubiese perdido todo”.
El panorama fue complicado cuando murió Jorge Adorni. El padre del actual funcionario era propietario de un departamento de 52 metros cuadrados en el piso 9 de un edificio de la avenida 53 y calle 4, en el centro de La Plata. Sobre ese inmueble recaían tres embargos: de acreedoras hipotecarias, de la administración del consorcio y del Banco Provincia, según consta en el informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense que obtuvo .
Los reclamos de esos acreedores se plasmaron en tres juicios simultáneos. Uno en la ciudad de Buenos Aires; dos, en La Plata. Buscaron ejecutar al padre del actual jefe de Gabinete por las cuotas de un crédito con garantía hipotecaria sobre el departamento, expensas atrasadas y deudas bancarias.
Jorge Adorni había comprado el departamento en 1972, siendo empleado y soltero, por lo que el bien era propio, no ganancial con Silvia País, quien sería su esposa y madre de sus hijos Manuel y Francisco. Y con ese inmueble en su haber falleció treinta años después, en una situación crediticia complicada.
El reclamo más elevado fue de Liliana Brittanico y su madre, Esther Vecchiola, que en 1996 le habían prestado US$ 22.500 al padre del actual funcionario con garantía hipotecaria, mediante escritura pública. Jorge Adorni incumplió los pagos y promovieron la ejecución hipotecaria en 2002, en los tribunales porteños.
A la viuda e hijos de Jorge Adorni les tomó años dejar atrás esos y otros problemas. Entre ellos, la multa que le impuso a País el Tribunal de Cuentas bonaerense por las “infracciones” y “excesos” detectados en su desempeño como contadora municipal del partido de Coronel Brandsen, sanción que confirmó la Suprema Corte provincial en 2014, según verificó .
Así, recién en 2019, los Adorni dejaron atrás el reclamo del Banco Provincia; y en 2024, la Justicia platense ordenó librar un oficio al Registro de la Propiedad Inmueble para levantar la hipoteca de Brittannico y su madre, aunque no porque hayan cancelado lo adeudado a ambas acreedoras, sino por la caducidad de instancia -y luego prescripción de la acción-, según surge de los expedientes judiciales que compulsó .
Otro inmueble
Para entonces, el acervo sucesorio había registrado una novedad. Ocurrió el 14 de diciembre de 2023, cuatro días después de la asunción de Javier Milei como presidente, con Adorni como vocero.
Ese día, la viuda e hijos de Jorge Adorni se presentaron ante el juzgado donde tramitaba la sucesión e informaron la existencia de un lote de unos 700 metros cuadrados en la localidad de Salazar, partido de Daireaux, que Jorge, como hijo único, había heredado de su madre.
Ubicado a 450 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Buenos Aires, Salazar registró 2263 habitantes en el censo de 2022. En ese pueblo, los Adorni tienen un lote cuya valuación fiscal en 2026 asciende a $568.000, sobre una base imponible de $18,2 millones, según datos oficiales de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA). Es decir, unos 12.500 dólares. ¿Valor de mercado? Entre 21.000 y 32.000 dólares.
Sin embargo, los trámites sucesorios se alargaron todavía más. Recién en junio de 2025 se dispuso la inscripción de la declaratoria de la viuda y dos hijos como únicos herederos del departamento de La Plata en el Registro de la Propiedad Inmueble: 33,3% para cada uno. ¿Valor fiscal del inmueble de La Plata? $527.896 este año, sobre una base imponible de $6 millones, según ARBA. En otras palabras, algo más de 4100 dólares. ¿Valor de mercado? Entre 45.000 y 60.000 dólares según sea su estado.
Ni antes ni después, sin embargo, la viuda e hijos de Jorge Adorni informaron al Juzgado donde tramitó la sucesión la existencia de dinero en efectivo dentro del departamento de La Plata, como reveló el actual jefe de Gabinete este miércoles. Ese presunto hallazgo tampoco lo comunicaron en los juzgados donde tramitaron los reclamos de los acreedores.
la entrevista que concedió a LN+,Los dichos de Manuel Adorni,October 19, 2018,Hugo Alconada Mon,Conforme a
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“Mochilas raras”: el chofer de Facundo Leal admitió que llevó la valija con US$1,7 millones a Mendoza el mismo mes de su renuncia a Orsna

La declaración de quien durante más de seis años fue el chofer personal de Facundo Leal, el exfuncionario que fue detenido con droga y 2,3 millones de dólares, es una de las piezas más sensibles de la investigación judicial que analiza presuntas maniobras de corrupción vinculadas con la empresa satelital Arsat.
Según pudo reconstruir , el relato no sólo permitió delinear movimientos cotidianos del exfuncionario, sino que además aportó detalles sobre reuniones reservadas y el traslado de equipaje que calificó como “raro”. Específicamente confirmó los movimientos de una valija que, meses después, sería encontrada con parte de los casi US$2,6 millones de dólares secuestrados al extitular de Arsat y el organismo regulador de los aeropuertos Orsna.
El chofer trabajó para Leal desde enero de 2020 hasta el 28 de mayo pasado, cuando el extitular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) fue detenido. Es decir, lo trató constantemente durante las dos gestiones más relevantes que tuvo, tanto en la empresa pública como en el organismo regulador de aeropuertos. Su testimonio fue incorporado a la causa judicial en que se investigan presuntos sobornos y contrataciones irregulares entre la empresa estatal ARSAT y Argentina Logistic Services (ALS).
De acuerdo con el relato incorporado al expediente, en febrero de 2026, cuando Leal renunció al Orsna, el entonces funcionario le encomendó a su chofer una tarea puntual: trasladar una valija desde la Capital hasta un domicilio vinculado a él en la provincia de Mendoza.
Cuando los investigadores le exhibieron fotografías y elementos secuestrados durante los allanamientos, el chofer reconoció formalmente aquella valija. Se trataba del equipaje encontrado en un departamento ubicado sobre la avenida Boulogne Sur Mer, en Mendoza, donde la policía secuestró una parte sustancial de los casi US$2,6 millones incautados durante los procedimientos.
Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, en esa valija había alrededor de US$1,7 millones. El reconocimiento realizado por el chofer permite conectar directamente el traslado ordenado por Leal con uno de los hallazgos más importantes de la investigación.
El chofer explicó que el funcionario llevaba siempre consigo una mochila personal, pero que existía un comportamiento que consideraba fuera de lo habitual. Relató que, en determinadas ocasiones, Leal guardaba una segunda mochila en el baúl del vehículo y la dejaba allí durante dos o tres días. Después de ciertas reuniones, esa mochila era reemplazada por otra o trasladada por el propio funcionario.
El chofer recordó incluso haber visto a Leal ingresar a un edificio en pleno centro porteño, portando dos mochilas al mismo tiempo. Si bien aclaró que nunca observó directamente dinero en efectivo, describió esas maniobras como algo “raro”.
Ante los investigadores, el chofer describió una relación de extrema confianza entre Leal y Santiago Pando, señalado en la causa como uno de los nexos con ALS. Según declaró, Pando era una presencia habitual tanto en las oficinas de ARSAT de Benavídez como en el edificio conocido como “el Rulero”. Pero además sostuvo que los encuentros entre ambos trascendían el ámbito laboral.
El chofer explicó que frecuentemente trasladaba a Leal hasta la zona de la Recova, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, según relató, muchas veces veía a Pando y entendía que ambos mantenían reuniones. “Había mucha confianza entre Pando y Leal”, declaró, al tiempo que aseguró que por la relación que observaba “parecían amigos”.
Su testimonio permite además reconstruir una verdadera ruta gastronómica de encuentros entre los imputados. El chofer recordó que Leal acostumbraba a reunirse en distintos bares y restaurantes. Entre ellos mencionó el café Havanna de la Recova, donde en varias oportunidades observó a Gerardo Boschin, expresidente de Trenes Argentinos, sentado en las mesas exteriores, aparentemente aguardando la llegada del funcionario.
También confirmó que Leal frecuentaba el restaurante Piegari, sobre la calle Posadas, un lugar que coincide con conversaciones incorporadas al expediente en las que los acusados coordinaban reuniones. A ello se suman los viajes que realizó hacia el café Tostado de Nordelta, especialmente durante el primer año de la pandemia. En ese establecimiento identificó a Boschin y a Leonardo Comperatore, además de otras personas cuya identidad no pudo precisar.
En un contexto marcado por la renuncia de Leal al ORSNA y su posterior detención, la palabra de quien fue uno de sus colaboradores más cercanos pasa a ocupar un lugar central en una causa que continúa sumando pruebas y derivaciones judiciales.
que fue detenido,el extitular,Camila Dolabjian,Conforme a
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Nicolás Trotta cuestionó el acuerdo con las universidades: “Es un alivio, pero no una solución definitiva”

El Gobierno nacional acordó con las universidades y los gremios docentes un incremento salarial del 24,3%, además de refuerzos para becas, hospitales universitarios y gastos de funcionamiento, con el objetivo de reducir la tensión tras casi tres años de conflicto. El entendimiento estableció una tregua en la negociación, aunque la demanda por la aplicación de la ley de financiamiento universitario sigue en la Corte Suprema y el reclamo por el cumplimiento de esa norma permanece abierto.
El exministro de Educación de la Nación y diputado nacional Nicolás Trotta sostuvo que el conflicto provocó consecuencias sobre el sistema universitario y cuestionó la falta de aplicación de la ley de financiamiento. “Este gobierno, durante dos años y medio, extendió un conflicto generando un daño en parte irreparable a nuestro sistema universitario“, indicó.
En este sentido explicó que se perdieron “más de diez mil docentes investigadores, se interrumpieron procesos de creación de conocimiento y estudiantes abandonaron sus carreras universitarias”, afirmó.
Qué implica el acuerdo
El acuerdo contempla un aumento del 21,3% para junio y un 3% adicional previsto para octubre. Además, incorpora un incremento del 20% para gastos de funcionamiento, una partida de $50.000 millones para hospitales universitarios y una suba del 50% para las becas Manuel Belgrano.
En cambio, las becas Progresar no forman parte del entendimiento. La negociación salarial ingresó en un cuarto intermedio de 90 días y el Ejecutivo asumió el compromiso de retomar la discusión.
La decisión del Gobierno respondió al avance del conflicto con los gremios y al proceso judicial que permanece en la Corte Suprema. También remarcaron que el entendimiento representa un alivio parcial para los trabajadores universitarios, aunque no implica la aplicación de la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.
Críticas al rol de la Justicia y al alcance del acuerdo
Trotta señaló que el Congreso aprobó la norma en dos oportunidades y que el Poder Ejecutivo mantiene un incumplimiento. “Estamos frente a un incumplimiento de una ley que fue aprobada dos veces por el Congreso”, expresó.

El exministro indicó que el acuerdo anunciado representa una porción de los recursos contemplados en la legislación. Según explicó, “de los 2,8 billones que debería invertirse en el sistema universitario para compensar la inflación, se invierten 0,8”. Además, sostuvo que “menos del 40% de la pérdida salarial docente se recupera con este esquema”.
Al mismo tiempo, Trotta cuestionó la demora de la Corte Suprema para resolver la disputa judicial. “No solo existe un conflicto de poderes, sino también un riesgo institucional enorme en el capital social educativo de la Argentina, que son las universidades”, afirmó.
Además, consideró que la instancia judicial no debería frenar la aplicación de la ley. “No podría haber una suspensión del cumplimiento de la ley. Se puede discutir el fondo, pero el daño continúa mientras tanto”, señaló.
El exfuncionario también sostuvo que la resolución parcial no modifica el escenario estructural del sistema universitario. “Esto no es una solución definitiva. Es resultado de la movilización social, pero no resuelve los problemas que atraviesa el sistema universitario”, afirmó.
En el mismo sentido, remarcó que muchos docentes impulsan reclamos individuales para exigir el cumplimiento de la norma y reclamó una intervención más rápida de la Justicia para resolver el conflicto institucional.
Trotta aseguró que el debate debe centrarse en las prioridades del gasto público. “Hay cosas de las que se puede prescindir, pero la inversión en educación no puede formar parte de una política de ajuste”, sostuvo.
Y afirmó que la discusión incluye la estructura tributaria y la distribución de los recursos públicos. “La prioridad uno es el sistema educativo y no debe tocarse”, expresó.
El diputado agregó que el acuerdo anunciado mejora parcialmente los ingresos de los trabajadores, pero no modifica el reclamo central. “Cuando perdés casi la mitad de tu ingreso y recuperás solo una parte de esa pérdida, existe un alivio, pero no una solución definitiva”, indicó.
Sobre la continuidad del conflicto, Trotta rechazó la idea de una tregua prolongada. “No debería haber tregua porque no existe una resolución definitiva del problema”, afirmó. Y sostuvo que el compromiso de reabrir la negociación salarial en septiembre no garantiza una salida permanente para el sistema universitario ni para los trabajadores del sector.
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Milei frente al acertijo de la nueva argentinidad antipolítica

Ya se habían consumido dos horas de la reunión de mesa política entre la agenda legislativa y algunos temas operativos. Una rutina útil para fingir demencia. Pero cuando sintió que la conversación languidecía, Patricia Bullrich introdujo el tema tabú que todos habían intentado eludir hasta entonces. Y ahí cambió el tono del encuentro. La burocracia de la gestión le abrió paso a la tensión de la política en un instante. La tarde del jueves estaba muy nublada.
“Lo que está pasando destruye el capital simbólico del Presidente y del Gobierno, y vos lo tenés que entender, y tenés que saber qué hacer”. Todos los que estaban ahí interpretaron claramente el sentido de la frase que la senadora le acababa de dirigir a Manuel Adorni. Sólo por cortesía no le había dicho que pensaba que tenía que dar un paso al costado. El jefe de Gabinete esbozó una respuesta para decir que no era la mejor estrategia exponer las diferencias en público porque afectaba a Javier Milei. “Tratame mejor”, reclamó. Claro, Bullrich venía de declarar que había cometido “una omisión ética”.
El clima de la conversación se volvió más tirante, pero sin que escalara el tono. Apenas hubo una intervención ocasional de Santiago Caputo. El asesor se mantuvo apartado en toda esta etapa de la estrategia de Adorni. Su último aporte fue para la exposición del funcionario en la Cámara de Diputados. Karina Milei, el escudo protector del jefe de Gabinete, cerró el intercambio destacando que su protegido había hablado como un hombre común en la decisiva entrevista de esta semana con José Del Rio en LN+, y que eso había sido positivo. No es un argumento que convenza internamente; todos saben que un jefe de Gabinete no es un ciudadano más.
Dos testigos directos coincidieron en que lo vieron aturdido a Adorni. Se enojó en un momento porque no quería que hubiera foto del encuentro, pero Karina insistió con un retrato amigable para endulzar el relato. Confía mucho en la disuasión de la imagen, como cuando difunde sus postales con Patricia Bullrich.
La frágil situación interna en la mesa política se vio sacudida por la entrevista del miércoles a la noche. La decisión de abandonar el silencio explicativo y la estrategia expuesta esa noche por Adorni fue articulada íntegramente con sus abogados y contadores. No hay un comité de crisis ni un esquema similar en la Casa Rosada. Salvo Karina, en el Gobierno todos ignoraban que se iba a anotar en el régimen de inocencia fiscal y también que iba a sorprender con la excéntrica historia de las criptomonedas.
Hay muchísimo malestar interno con él, no sólo por el costo político que les transfiere a todos, sino porque, según la definición de un alto funcionario “juega solo”. “Él dice que no robó, que es un hombre común, que no entiende los códigos de la política, pero a veces parece demasiado cínico y se abusa del respaldo del Presidente”, agregó la fuente, que admite que varios verían como un alivio si finalmente Adorni es removido.
El objetivo de Adorni con la entrevista no fue convencer a la audiencia, sino fijar una nueva argumentación judicial, focalizada en admitir la evasión para eludir un delito más grave como el enriquecimiento ilícito. De paso reconoció haber omitido voluntariamente información en sus anteriores declaraciones juradas, otra transgresión legal. El único público que le interesaba eran el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. Entre inconsistencias y contradicciones, dejó en claro que fue una declaración jurada confeccionada desde el presente hacia el pasado, con el objetivo de que los números se pudieran acomodar a las explicaciones que debía brindar. Incluso todavía dejó abierto el anexo de su esposa Bettina Angeletti por si quedan algunos puntos inciertos.
El tejido que hilvanó entre la imprecisa herencia de su padre, su vocación pionera por las criptomonedas, el ahorro oculto de miles de dólares durante una década, el frenético raid inmobiliario de los últimos dos años, las policías prestamistas, las jubiladas generosas y las refacciones dolarizadas componen un secuencia digna de un guion de una película costumbrista.
Quienes hablaron con él después de esa incursión televisiva quedaron sorprendidos por dos comentarios. El primero, porque dijo estar convencido de que su participación en la entrevista fue muy positiva ya que recibió muchos mensajes favorables en su chat. Aunque después admitió que recurrió a un “apagón mediático”, es decir que se desconectó de las noticias durante varias horas. Así evitó enterarse de la catarata de reprobaciones que cosechó. El segundo, al señalar que está seguro de que va a ser sobreseído judicialmente en un plazo breve, una visión que contrasta mucho con las señales que emanan de Comodoro Py. “A veces no sabés si te está tomando por boludo o si se lo cree en serio”, se indignó uno de sus interlocutores.
Pero más allá de su percepción personal, algo cambió en la cúpula del poder esta semana. El discurso oficial que ordenó Karina fue decir que todo sigue igual que antes y que ya no es necesario dar nuevas muestras de respaldo público. Sin embargo, lo cierto es que esta vez se movieron las placas tectónicas.
Quienes rozan las conversaciones más profundas entre los Milei admiten que hoy no está garantizada la continuidad de Adorni en su cargo, y que el tema fue motivo de conversación entre los hermanos en estos días. Hay un cambio de situación objetivo: el jefe de Gabinete pasó de ser un funcionario sospechado a admitir un delito expresamente. El Presidente ahora debe sostener a alguien que se encamina a ser procesado y que además del discurso de la moral como política de Estado le desvirtuó la consigna de que evadir está bien, porque Adorni no sólo engañó a “la vieja política”, como dijo, también le ocultó sus bienes a esta gestión libertaria.
De paso le empastó el proyecto del régimen simplificado de Ganancias a Luis Caputo (ausente en la reunión del jueves por un viaje familiar a España, según argumentó), ya que desde ahora adherir a ese esquema queda asociado con las piruetas contables del jefe de ministros. También eclipsó algunos éxitos notables del Gobierno, como la nueva baja de la inflación, la reducción del riesgo país a partir de una mejora en la calificación de la deuda y el cierre del conflicto con las universidades. Una semana gloriosa que quedó otra vez desdibujada en el ábaco caprichoso de Adorni.
A partir de ahora el problema mayor lo tiene Milei, porque la pregunta ya no gira más en torno de si Adorni mintió o se enriqueció indebidamente, algo que la mayoría de la sociedad asume, sino alrededor de por qué el Presidente lo sigue sosteniendo. Cambió el sujeto de la interpelación. Y esa pregunta es muy incómoda porque abre el camino de las sospechas y las conspiraciones.
En una encuesta de Management & Fit de esta semana el 42,1% respondió que la razón principal por la que Milei no le pide la renuncia es “por información que posee Adorni sobre irregularidades en la gestión”. Es decir, el jefe de Gabinete le transfiere un exceso de toxicidad al Presidente. Conceptualmente va en la misma línea de un trabajo de las consultoras TresPuntoZero y Alaska, según la cual el 71,4% dijo que le cree “poco o nada” a Milei cuando defiende a Adorni, pero después hay un 36,8% que considera “bueno o muy bueno” a su Gobierno. En definitiva, el Presidente se vuelve menos creíble cuando tiene que tirarse sobre la granada que le dejó su subalterno.
Mientras los Milei resuelven qué hacer, en el Gobierno se activó un operativo de protección legislativa. Diego Santilli desgastó el teléfono en dos días para pedirles a los gobernadores que no se sumaran a una eventual moción de censura. Lo mismo hizo Bullrich entre los senadores. Encontraron receptividad pero no vocación de inmolación. “Todo depende de cómo evolucione la discusión pública”, les transmitió un referente importante de los aliados. En el Gobierno temen que a partir de esta semana se produzca una espiralización en el Congreso por fuera de su alcance, que adopte una dinámica propia irrefrenable. Hay preocupación por este tema.
En la reunión de mesa política se había resuelto empujar a Adorni a fijar una fecha en julio para dar su informe en el Senado, con la idea de dilatar un poco el escenario, pero en esas conversaciones posteriores con gobernadores y legisladores se decidió adelantarlo al jueves 2 de julio. Entienden que es insostenible mantener la situación un mes más en estos términos.
Los nuevos protagonistas de la calle
El 18 de abril el sacerdote portugués Guilherme Peixoto llenó la Plaza de Mayo con un show de música electrónica y mensajes del papa Francisco. El 12 de mayo, las calles se llenaron con la marcha federal para pedir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. El 3 de junio una movilización similar se nucleó frente al Congreso convocada por el colectivo Ni Una Menos, en medio de la conmoción por el asesinato de la adolescente Agostina Vega. Y el viernes 5 la Plaza de Mayo albergó una multitudinaria misa ricotera por la muerte del Indio Solari. Algo similar podría reeditarse con el Mundial, si la selección nacional tiene un buen desempeño, como ocurrió en aquel 2022 de alegría desbordante.
En apenas dos meses, hubo una secuencia de eventos masivos movilizados por razones musicales, religiosas, de género, educativas y sociales, no por la dirigencia política. Más allá de que cada una de estas convocatorias tuvo un sustrato político y un tono opositor (en particular la marcha universitaria), no fueron aglutinadas por los actores clásicos que durante mucho tiempo monopolizaron las calles. No había al frente sindicatos, movimientos sociales o partidos, hoy muy limitados a la hora de construir legitimidad para aspirar a una masividad similar. Pueden acompañar, no liderar. Tampoco sobreviven aquellas movidas cívicas en defensa de las instituciones que se concentraban en el Obelisco.
Hay una expresividad en las calles mucho menos organizada y más aluvional, que se siente convocada por móviles no estrictamente políticos. Es más, trasluce una idea antipolítica, que es la que antes representaba Milei y hoy está en duda. Sobre ese capital simbólico golpea el caso Adorni, porque termina de transformar en casta a quienes venían a combatirla.
Esa emocionalidad contestaria es heredera del desencanto que imperaba en 2023, y que terminó de ser catalizada por la irrupción libertaria. Vuelve de a poco aquella vieja desilusión renovada, pero ya con Milei dentro de la cuenta, no como un redentor externo dispuesto a rescatar a una sociedad agobiada. Y nadie está en condiciones de representar ese desengaño, más allá de que una parte del peronismo se haya entusiasmado.
Prueba de ello fue que cuando algunos quisieron cantar consignas partidarias en algunas de esas movilizaciones o en recitales de artistas críticos del Gobierno, no tuvieron eco. La gente no quiere que la política colonice su expresividad. Incluso aparta al Estado. Prefiere que la policía se corra del control y mostrar que puede haber una movilización espontáneamente pacífica. Hay un intento de desintermediación y autogestión, que luce civilizada pero que en el fondo denota un grado progresivo de anomia.
Pablo Alabarces, sociólogo que estudió el fútbol y la música como fenómenos populares, plantea que lo visto en los últimos meses en términos de ocupación de la calle sigue una larga tradición argentina, pero tiene características particulares porque no la capitaliza nadie y porque es muy transversal en términos etarios, geográficos y de género.
“Hay en ese tipo de movilizaciones la construcción de un sentido de colectividad, donde la gente se reconoce como comunidad”, señala, y la asocia con la instalación cada vez más firme de que la identidad argentina se define en torno de la pasión, de la emocionalidad, de la lógica del “aguante”. “Creemos que somos los hinchas de fútbol más fervorosos y el público de recitales más expresivo. Los mejores del mundo. Incluso la publicidad mundialista apela a ese rasgo”, agrega.
En esa necesidad de definir la argentinidad en términos de una pasión desbordada emerge también un atajo para tramitar las frustraciones en otros planos. Como el país no logra ser rico, poderoso o influyente porque fracasaron los proyectos políticos y económicos durante décadas, entonces el objetivo es ser campeones mundiales de la emocionalidad, el fervor y el fanatismo.
El sentir nacional es una construcción subjetiva que cada comunidad gestiona dentro de sus posibilidades. Hoy la argentinidad es un concepto que está en una etapa de fuerte redefinición, y que es muy convocante, especialmente entre los jóvenes. No gira en torno del Himno Nacional o de los héroes patrios. Orbita alrededor de una emocionalidad que define el carácter nacional en términos de su pasión sin límites, que no está intermediado por ningún tipo de representación y que se ha transformado en un enorme acertijo para la política. Desde ahora, también para Milei.
Jorge Liotti,Conforme a
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