El ancla fiscal es uno de los pilares del programa económico del Gobierno y, para el ministro Luis Caputo y su viceministro José Luis Daza, constituyó “un cambio estructural en la política fiscal y monetaria en la República Argentina”. En su visión, “lo que está ocurriendo en Argentina no es un ajuste cíclico, no es un cambio de políticas, sino un cambio del sistema económico en el cual opera la sociedad, e involucra a todas las áreas de la economía, que trasciende las políticas fiscal y monetaria”. Por eso, consideraron que “la economía ya cambió”.

Infobae entrevistó a Pablo Guidotti, secretario de Hacienda y viceministro de Economía de la Nación entre agosto de 1996 y diciembre de 1999, profesor pleno en la Universidad Torcuato Di Tella, y socio de Tenac Asset Management, para analizar la ejecución del Presupuesto 2026 y los desafíos del gobierno de Javier Milei para lo que resta de la gestión y ante un eventual segundo mandato presidencial.

— Si tuviera que definir el programa económico en una frase, ¿Cuál es hoy el objetivo prioritario: desinflación, solvencia fiscal, reservas o actividad?

— Creo que todos estos son objetivos del programa económico, con prioridades e instrumentos distintos. En primer lugar, preservar la solvencia fiscal aparece hoy como el objetivo central del programa, lo que permite avanzar en la disminución progresiva de la inflación. Desde diciembre del año pasado el Gobierno incorporó la acumulación de reservas internacionales como otro objetivo central, lo que me parece que contribuye y contribuirá a una menor volatilidad frente a shocks externos y domésticos.

El crecimiento económico también es un elemento importante del programa y el instrumento utilizado son las reformas estructurales (como la reforma laboral, la apertura económica y la desregulación) y el RIGI para promover un ambiente propicio para inversiones de largo plazo.

— ¿El ajuste fiscal actual es consistente con el programa macro completo (tipo de cambio, política monetaria, tarifas y financiamiento en pesos) o ve contradicciones?

— Creo que es consistente con el programa macro; diría más: es la columna vertebral.

— ¿El ajuste de las finanzas públicas cree que recayó sobre la sociedad con ingresos fijos, al quitar subsidios a las tarifas de los servicios públicos, o tuvo más relevancia la eliminación del “gasto político” en trabajadores ñoquis, pago de obras que no se ejecutaban, discrecionalidades en uso de los recursos, entre otros?

— Lo importante es que el ajuste de las finanzas públicas argentinas se produjo por reducción de gastos, en muchos casos asociados con la política y con grupos que habían tomado control de recursos públicos para su beneficio.

Los economistas italianos Alberto Alesina, Francesco Giavazzi y Carlo Favero analizaron en un libro, dentro de la OCDE, cómo la austeridad fiscal afectaba la actividad y el crecimiento económico. Encontraron que los ajustes producidos por reducción de gasto se asociaron a una mejora en la actividad económica, mientras que los ajustes producidos vía suba de impuestos tendieron a ser recesivos. Esta lección es importante para Argentina y creo que el Gobierno está enfocado en reducir y hacer más eficiente el gasto público y destinar las mejoras a mantener el equilibrio fiscal y luego a bajar la presión impositiva.

También es cierto que en este proceso hubo que sincerar las tarifas de los servicios públicos, lo que en el corto plazo afectó a los consumidores.

— Del superávit/ajuste reciente, ¿qué parte considera permanente y cuál responde a factores transitorios como licuación, postergación de pagos o atraso tarifario?

— En líneas generales, el equilibrio fiscal que se logró es sostenible y tiene un fuerte respaldo político por parte del presidente, algo nuevo para la historia argentina. En el manejo de corto plazo siempre pueden existir postergaciones o atrasos transitorios, pero no alteran de manera sustantiva la sustentabilidad del equilibrio fiscal.

— ¿Cuál considera es el indicador que mejor resume la “calidad” del ajuste fiscal: resultado primario, financiero, gasto real, deuda flotante, pagos postergados u otro?

— Normalmente la variable que se utiliza es el resultado primario, pero en nuestro caso miraría mucho la evolución del gasto público, una variable que creció de manera extravagante durante los años del populismo kirchnerista.

— ¿El nivel actual de gasto primario es compatible con una desinflación sostenible? ¿Qué supuesto “crítico” no puede fallar para que cierre?

— Con la historia reciente de crisis sucesivas que tuvo la Argentina, el ancla fiscal es esencial para lograr una desinflación sostenible. Además, también son importantes la política monetaria y cambiaria y la formación de expectativas. En este sentido, la inestabilidad política es un factor importante. Por ello, creo que el Gobierno tiene que seguir poniendo énfasis en la acumulación de reservas internacionales y lograr cuanto antes la normalización de su ingreso al mercado internacional de capitales.

— ¿Cuáles son las rigideces del gasto que más condicionan al Gobierno y qué margen real ve para modificarlas?

— Creo que la rigidez más importante es la que proviene de la seguridad social. Durante años se destruyó sistemáticamente el sistema de seguridad social, a través de la confiscación de los ahorros previsionales de la población y a través de la incorporación masiva de beneficiarios del sistema que nunca aportaron al sistema. Esto generó una fuerte licuación de las jubilaciones y, lo que es grave, se destruyó la correspondencia entre aportes y beneficio previsional. Cuando eso ocurre, se incentiva fuertemente el trabajo informal, que es lo que sucedió en el país. Modificar esta situación es difícil en un plazo corto.

En algún momento habrá que encarar una reforma previsional que corrija los descalabros del pasado y reponga una correspondencia adecuada entre aportes al sistema y haberes jubilatorios.

— ¿Si las tarifas quedan atrasadas más tiempo, qué se rompe primero: el resultado fiscal, la inflación o el tipo de cambio real?

— Creo que la normalización completa de las tarifas es algo manejable en el tiempo, sopesando el impacto fiscal por un lado y el impacto sobre los ingresos de los consumidores por el otro. No veo a la normalización tarifaria impactando sobre el tipo de cambio real de manera significativa. Los efectos sobre la inflación hay que verlos como transitorios y no deben requerir cambios en la postura de política monetaria.

— ¿Cómo evalúa la sostenibilidad de la deuda pública bajo distintos escenarios de crecimiento, inflación y tipo de cambio?

— La deuda pública argentina es sostenible. En particular, excluyendo la deuda intrasector público, la deuda pública hoy representa alrededor del 44% del PBI. Además, de este total, la deuda con el sector privado ya está en niveles del 26% del PBI, lo que es positivo. La deuda con organismos multilaterales, el FMI en particular, representa un 17% del PBI aproximadamente. Son números positivos, especialmente en un contexto donde se logró el equilibrio fiscal.

El principal problema de Argentina es que, debido a su pasado, todavía no se normalizó un acceso normal al mercado internacional de capitales y, de esa forma, despejar cualquier duda que pueda tener el mercado sobre la sustentabilidad a futuro, ya que las necesidades de financiamiento aumentan significativamente a partir del año próximo.

— ¿La carga de intereses es manejable sin crecimiento sostenido del PBI?

— No tengo preocupación sobre la carga de intereses y creo que la economía argentina va a crecer de la mano de un clima económico previsible y las inversiones que están empezando a consolidarse.

— ¿Qué tan vulnerable es el financiamiento en pesos ante un shock de expectativas? ¿Qué evento cree que podría gatillarlo?

— La falta de acceso al mercado de capitales indujo un crecimiento del mercado de deuda local en los últimos años y esto estuvo acompañado por una madurez de la deuda doméstica en pesos que es más corta de lo deseable. El Gobierno está haciendo esfuerzos para alargarla, pero el proceso es lento en la medida en que no se normalice el acceso al mercado internacional.

— En un escenario de estrés de rollover, ¿cuál sería el canal dominante: suba de tasas, ampliación de la brecha, emisión o ajuste fiscal adicional?

— En un escenario de estrés de rollover, lo inmediato se manifiesta en una suba de tasas de interés y en inestabilidad cambiaria, como ocurrió en 2025. Por eso es importante acumular reservas y restablecer el acceso al mercado internacional durante 2026, lo antes posible. Estas dos políticas son las más importantes para evitar que vuelva a resurgir la inestabilidad que se vio el año pasado.

— ¿El esquema previsional actual es sostenible con haberes que quedan rezagados frente al salario medio? ¿Qué corrección ve inevitable?

— El esquema previsional actual es insostenible y genera incentivos muy nocivos para la economía. Es inevitable enfrentar el problema, pero hay que reconocer que la polarización política hace muy difícil una discusión seria.

Por eso creo que la continuidad de las políticas presentes en otro período electoral va a ser clave para avanzar con estas reformas y bajar de manera contundente el índice de riesgo país.

— ¿Una reforma tributaria integral es fiscalmente viable en el corto plazo? ¿Qué impuesto tocaría primero y cuál no tocaría?

— La reforma tributaria es otra reforma necesaria y difícil. Un sistema tributario moderno se basa en dos impuestos clave: Ganancias e IVA. Para poder avanzar en una reforma tributaria es necesario discutir una nueva Ley de Coparticipación adoptando el criterio de que todos los recursos tengan la misma distribución, de modo que la coparticipación sea independiente de la estructura tributaria. Hoy eso no es así.

Otro tema central es atacar el rol de los tributos provinciales, como Ingresos Brutos, y la voracidad fiscal de los municipios. Todos estos temas hacen muy compleja la discusión.

— ¿Cuál es el shock más peligroso para la estabilidad fiscal en los próximos 12 meses y qué dato le confirmaría que el programa está funcionando?

— Sin duda el shock más peligroso es la incertidumbre política. La continuidad de las políticas que se están aplicando es central para no volver a las andadas como país.

Fotos: Jaime Olivos

Argentina tiene un sistema tributario que, sumados los tres niveles de gobierno, alcanza los 150 tipos diferentes de tributos, según el relevamiento anual que realiza el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) en su Vademécum tributario.

El número no implica que cada ciudadano o empresa pague los 150. Como aclara el propio informe, “una persona humana o jurídica no tributa la totalidad de los tributos identificados, sino la parte que le corresponde en función del desarrollo de sus actividades, de su posesión de bienes, de su ubicación geográfica y del intervalo temporal que se considere”. Pero la existencia de ese universo de obligaciones —y la posibilidad real de quedar alcanzado por buena parte de ellas— define un escenario de presión fiscal que atraviesa la vida cotidiana de los argentinos.

Argentina es un país federal, y eso se refleja en su estructura impositiva. El Iaraf señala que “las potestades tributarias están distribuidas entre los distintos niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal”, y que “cada uno de estos establece, dentro de su marco legal, distintos tipos de tributos que determinan el financiamiento de sus funciones”.

De los 150 tributos identificados para 2026, 40 corresponden al nivel nacional, 28 al provincial y 82 al municipal. Este último dato es el que más llama la atención: más de la mitad de los tipos de tributos existentes en el país son de origen municipal. Tasas por habilitación de comercios, contribuciones ambientales, derechos de publicidad y propaganda, tasas por alumbrado, por residuos, por inspección de higiene, por uso de espacios públicos y decenas de otras figuras conforman un catálogo municipal que duplica en extensión al del gobierno nacional.

Esa cantidad de tributos a nivel local tiene consecuencias concretas sobre la carga administrativa de ciudadanos y empresas, especialmente de las pequeñas, que deben cumplir con obligaciones ante tres jurisdicciones distintas y, dentro de cada una, con múltiples conceptos.

A pesar de la amplitud del mapa tributario, la recaudación efectiva está lejos de estar distribuida entre los 150 tributos. El Vademécum 2026 del Iaraf revela una concentración llamativa: apenas seis tributos explican el 85% de la recaudación consolidada proyectada para este año.

Esos seis son el IVA, los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, el impuesto a las Ganancias, el impuesto provincial a los Ingresos Brutos, el impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias y la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene municipal (conocida como TISH). Los 144 tributos restantes se reparten apenas el 15% de lo que recauda el Estado en su conjunto.

Al desagregar la participación de cada uno, el IVA encabeza con el 25% del total recaudado. Le siguen los aportes y contribuciones a la Seguridad Social con el 19,1%, el impuesto a las ganancias con el 18,1%, Ingresos Brutos con el 14,7%, el impuesto a los créditos y débitos en cuentas corrientes con el 5,9% y la TISH municipal con el 2,6%.

La recaudación consolidada proyectada para 2026 alcanza el 26,6% del PBI. Si al grupo de los seis tributos principales se suman el impuesto a los combustibles, los derechos de importación y exportación y otros tributos municipales, el porcentaje sube al 94%. Es decir: diez tributos concentran casi toda la recaudación del Estado argentino, mientras los 140 restantes aportan apenas el 6%.

La distribución de lo recaudado sigue una lógica diferente a la del número de tributos. Según el Iaraf, de cada $100 recaudados en 2026, el Tesoro Nacional recibiría $23,1; la Anses $28,3; las provincias y CABA $35,3; y los municipios $13,3. Pero en términos de cantidad de figuras tributarias, los municipios superan ampliamente a los otros niveles.

Esa asimetría —muchos tributos municipales, menor participación en la recaudación total— refleja en parte la naturaleza de las tasas locales, que en muchos casos financian servicios específicos y cuyo monto individual es menor al de los grandes impuestos nacionales o provinciales. Aun así, la acumulación de esas obligaciones tiene peso sobre el contribuyente, tanto en lo económico como en lo administrativo.

Vale también notar que respecto al año anterior el número total de tributos bajó de 155 a 150. La reducción se explica por la eliminación de cinco impuestos internos nacionales —sobre vehículos automotores, objetos suntuarios, seguros, telefonía celular y embarcaciones de recreo— como consecuencia de la Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802). Los tributos provinciales y municipales no registraron cambios en su cantidad.

Una novedad de la edición 2026 del Vademécum es la posibilidad de identificar cuántos tributos rigen en cada una de 33 ciudades del país y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para determinar qué tan diferente puede ser la carga según el lugar de residencia de un ciudadano o empresa.

Lo cierto es que en cualquier caso la carga administrativa y en la mayor parte de los casos también la económica sobre los contribuyentes es feroz. El municipio del país en que más tributos existen es Tigre, donde hay en total 81 tributos aplicables: los 40 de origen nacional, 9 de origen provincial (en este caso, de la Provincia de Buenos Aires) y nada menos que 32 tasas o gravámenes municipales. Segunda en el ranking está Corrientes, con 80 tributos: los 40 impuestos nacionales, 9 provinciales y 31 tasas municipales de distinto tipo. Tercera en el ranking general es la bonaerense Junín, con 79 tributos (40, 9 y 30 en los órdenes nacional, provincial y municipal, respectivamente), cuarta San Salvador de Jujuy, también con 79 (40, 12 y 27) y quinto el municipio de Ezeiza, con 78 (40, 9 y 29).

En el extremo opuesto, el municipio con menor número de tributos es Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego, pero no por virtud propia, sino exención ajena. Es que allí el número de impuestos nacionales aplicables se reduce de 40 a 26, a los que se suman 9 impuestos provinciales y 18 tasas y contribuciones o cargos municipales. Entre los municipios cuyos residentes viven menos abrumados por el número de tributos también se cuentan General Alvear en Mendoza (62 en total, con 40 nacionales, 9 provinciales y 13 municipales), Catamarca (62 en total), Rosario (63 en total) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, único distrito en que los tributos son solo de dos jurisdicciones: los 40 impuestos de origen nacional y 25 tasas municipales.

A nivel estrictamente municipal, las 32 tasas y cargos del municipio de Tigre son seguidos de cerca por infiernos tributarios municipales como Corrientes, que aplica 31, la ya mencionada Junín, que acuñó 30, Bariloche y San Salvador de Jujuy, que empatan en 27, las capitales provinciales de Misiones y Salta, que aplican 26 tasas y contribuciones cada una, y Santiago del Estero, donde una empresa o ciudadano puede afrontar hasta 25 tributos de orden exclusivamente municipal.

A medida que el contrabando gana terreno en distintos sectores de la economía, también escala la disputa entre las empresas y los marketplaces por las responsabilidades en el control de la mercadería ilegal. Los fabricantes reclaman mayores verificaciones sobre los vendedores que operan en plataformas digitales, mientras que el sector del comercio electrónico asegura que la fiscalización corresponde a los organismos públicos. En el medio, el Gobierno busca reforzar mecanismos de control y coordinación para limitar el avance del fenómeno.

La preocupación de las compañías se apoya en las dimensiones que alcanzó el comercio ilegal en los últimos años. Según un informe elaborado por la consultora MAP, el contrabando generó una pérdida de ingresos fiscales estimada en USD 2.300 millones durante 2025, equivalente al 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI). El trabajo también estimó una pérdida de 10.000 puestos de trabajo directos en sectores productivos y ubicó a la Argentina en el puesto 120 sobre 158 países en el índice de comercio ilícito sectorial elaborado por Tracit (Transnational Alliance to Combat Illicit Trade).

Según el informe, la erosión de los ingresos fiscales constituye uno de los principales efectos del comercio ilegal. Los recursos que el Estado dejó de percibir por la falta de cobro de aranceles, IVA e impuestos internos, entre otros conceptos, equivalen a la construcción de 3.800 escuelas, 80 hospitales de alta complejidad o 1.900 kilómetros de rutas nacionales.

El estudio también identificó cuáles son los sectores más afectados. El tabaco encabezó la lista con una pérdida estimada de USD 1.100 millones, seguido por los textiles con USD 370 millones, los neumáticos con USD 240 millones y los teléfonos celulares con USD 190 millones.

En este contexto, las empresas señalan que una parte creciente de la mercadería ingresada de manera irregular al país encuentra canales de comercialización en internet. Por ese motivo, distintos actores del sector productivo y del retail reclaman mayores controles sobre los vendedores que operan en plataformas digitales y redes sociales.

Entre las medidas que mencionan figura la posibilidad de exigir documentación que acredite el ingreso legal de la mercadería al país antes de habilitar determinadas publicaciones.

También resaltan que, en algunas categorías, podrían solicitarse registros específicos, como Rematel o la homologación del Enacom en el caso de los teléfonos celulares.

Otra de las herramientas que plantean apunta a la utilización de información tributaria. Según explican, con el CUIT de un vendedor podrían hacderse cruces entre IVA crédito e IVA débito para detectar casos en los que la mercadería comercializada no cuente con respaldo de importación.

Algunas fuentes empresarias remarcaron además que las iniciativas impulsadas hasta ahora resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. Esta semana, representantes del sector participaron de una capacitación convocada por el Ministerio de Seguridad para mejorar la identificación de productos provenientes del contrabando, en el marco de una mesa de trabajo con organismos públicos y cámaras empresarias.

Del otro lado de la discusión, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) planteó que el problema excede al comercio electrónico y rechaza que se lo asocie como origen del fenómeno.

Desde la entidad remarcaron, en diálogo con Infobae, que el comercio electrónico funciona como un facilitador del acceso a mayor oferta de productos, más competencia y mejores experiencias para los consumidores. En ese sentido, destacaron que promueven un ecosistema abierto, innovador y con la menor cantidad posible de trabas burocráticas.

Al mismo tiempo, advirtieron en la CACE que observan con atención las situaciones irregulares vinculadas al ingreso y comercialización de productos, ya que pueden generar condiciones de competencia desiguales para las empresas que operan dentro del marco formal de la economía.

Según la cámara, la apertura comercial y la simplificación de procesos deben convivir con mecanismos de control adecuados que garanticen igualdad de condiciones para todos los actores del mercado. Por eso consideran importante fortalecer herramientas de fiscalización para prevenir prácticas irregulares y preservar una competencia leal.

La entidad sostuvo además que el comercio electrónico no constituye el origen del problema. En ese sentido, destacó que más del 90% de las transacciones se realizan mediante medios de pago digitales, lo que permite identificar a las partes involucradas y facilita el acceso a información relevante por parte de los organismos competentes.

También remarcaron que los consumidores cuentan con herramientas de protección como el botón de arrepentimiento, mecanismos de devolución y las garantías previstas por la normativa de defensa del consumidor.

Desde la cámara plantearon también que el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la promoción de la innovación, la digitalización y el acceso a una mayor oferta de productos, junto con la necesidad de asegurar condiciones de competencia transparentes y equitativas para toda la actividad económica.

Mientras empresas y plataformas mantienen posiciones enfrentadas, distintas áreas del Gobierno avanzan con mecanismos de coordinación para detectar publicaciones sospechosas y vendedores irregulares.

Fuentes oficiales explicaron a este medio que, cuando una empresa presenta una denuncia ante la Secretaría de Comercio por una publicación sospechosa, la subsecretaría de Defensa del Consumidor recibe el caso y lo deriva a las plataformas para su análisis.

En el caso de Meta, dueño de Instagram, Facebook y Whatsapp (desde donde se vende mucho producto proveniente del contrabando), el Gobierno firmó un convenio a fines del año pasado que estableció un protocolo específico para el envío de información.

El acuerdo comenzó a operar de manera efectiva este año y permite centralizar denuncias que luego son remitidas a los equipos legales de la compañía.

Muchas de esas denuncias provienen de las propias empresas afectadas. Una vez recibida la información, Meta evalúa los casos y puede disponer la baja de publicaciones o perfiles, dijeron en el Gobierno. Según contaron las fuentes, desde abril se dieron de baja alrededor de 30 perfiles vinculados con la venta de teléfonos celulares.

Con Mercado Libre, el mecanismo funciona de manera similar. Defensa del Consumidor unifica denuncias provenientes de distintas jurisdicciones y las remite a la plataforma para su evaluación. Además, desde marzo comenzó a funcionar un esquema de intercambio de información entre la empresa de Marcos Galperín y ARCA orientado a categorías con alto nivel de contrabando y consideradas sensibles por su potencial impacto sobre la salud y la seguridad de los consumidores.

El acuerdo alcanza inicialmente a neumáticos, celulares, juguetes y cosméticos. En esos rubros, la plataforma remite información sobre los 20 vendedores con mayor nivel de facturación y ARCA realiza cruces con la información tributaria disponible. La verificación apunta a detectar inconsistencias entre las ventas realizadas y las compras declaradas por esos contribuyentes.

Consultadas fuentes de Mercado Libre, plantearon que “el contrabando existe en la informalidad” y que, por el contrario, en su plataforma cada vendedor está identificado, y cada operación queda registrada. Desde la empresa afirmaron que en 2025 respondieron a más de 3.000 requerimientos de información de ARCA y que mantienen acuerdos de cooperación con Aduana y con distintos organismos, tal como dijo el Gobierno.

“Contamos además con mecanismos de prevención y detección proactiva de fraudes, programas específicos de protección de marcas y herramientas basadas en inteligencia artificial que permiten identificar posibles infracciones y adoptar las medidas correspondientes”, dijeron. De hecho, en el segundo semestre de 2025 analizaron más de 1.084 millones de publicaciones y el 99% de las infracciones fue detectado de forma proactiva, antes de cualquier denuncia externa, agregaron las fuentes. Además, contaron que más de 87.000 propietarios de derechos de marca monitorean y reportan infracciones marcarias activamente a través de su programa de Protección de Marcas.

Mientras continúa la discusión entre empresas y plataformas, el debate también llegó al Congreso. Los diputados Guillermo Michel y Kelly Olmos presentaron un proyecto de ley que propone convertir a las plataformas de venta online en responsables solidarias por determinadas operaciones realizadas por sus usuarios.

La iniciativa plantea verificar la identidad y condición fiscal de los vendedores, exigir documentación que acredite la introducción legal de productos importados al país y establecer responsabilidades ante el incumplimiento de obligaciones tributarias.

El proyecto también prevé multas que pueden alcanzar hasta cinco veces el valor de la mercadería involucrada.

El informe difundido por Afarte sostiene que el impacto del comercio ilegal también alcanza al empleo y a la producción. En el caso de los teléfonos celulares, estima que más de uno de cada tres equipos vendidos durante 2025 no se fabricó en el país ni ingresó mediante canales legales. En rubros como indumentaria y calzado, la participación del mercado informal alcanza el 40 por ciento.

“Para las empresas que operan en la legalidad, este fenómeno genera una competencia desleal que distorsiona los precios de referencia y erosiona los incentivos para invertir e innovar en el país”, dijeron desde la entidad que nuclea a las empresas de electrónica.

En Afarte agregaron: “Las firmas legítimas deben absorber costos adicionales de cumplimiento y control, como sistemas de trazabilidad y peritajes, para diferenciarse de productos contrabandeados que, al carecer de controles de calidad, no solo evaden impuestos sino que representan riesgos para la seguridad de los consumidores y dañan la reputación de las marcas originales”.