Goldman Sachs, uno de los bancos más importantes de Wall Street, cree que la Reserva Federal de Estados Unidos, ahora bajo el mando de Kevin Warsh, nominado al cargo por el gobierno de Donald Trump, no reducirá las tasas de interés –como ha pedido reiteradamente el jefe de la Casa Blanca, para estimular la actividad económica– sino hasta el año que viene.

Esto implica que, según las previsiones del equipo de David Mericle, economista jefe de Goldman para Estados Unidos, el banco central norteamericano dejará pasar dos reuniones del comité de mercado abierto, una este mes y la próxima en diciembre de este año, sin variar las tasas de referencia.

“La actividad económica y los datos del mercado laboral de Estados Unidos han sido mejores de lo que anticipábamos en los últimos meses, y el crecimiento del empleo, en particular, ha repuntado de forma impresionante», escribió Mericle, cuyo equipo sigue previendo que el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) se ubique levemente debajo de su potencial en la segunda mitad de este año. La razón invocada es que los altos precios del petróleo están afectando al gasto. De todos modos, dados los datos positivos del sector real y los de creación de puestos de trabajo, “nuestros economistas ahora esperan que la tasa de desempleo aumente solo ligeramente este año, hasta el 4,4 %, frente a la previsión anterior del 4,6 %”, dice una síntesis del informe del banco norteamericano.

La previsión es que los efectos combinados de los aranceles, el aumento del precio del petróleo y otras consecuencias de la guerra en Oriente Medio, junto con la demanda de inteligencia artificial (IA), mantendrán el crecimiento del gasto en consumo personal estable y por sobre el 3 % durante todo 2026. A la vez, es la línea de análisis, los fundamentos de la inflación parecen haberse debilitado.

“En consecuencia, seguimos esperando que la inflación caiga hasta cerca del 2 % en 2027, salvo que se produzcan nuevas perturbaciones en la oferta”, escribió Mericle en su informe.

La tasa de interés de referencia que dispone la Reserva Federal influye a través del mercado monetario sobre el rendimiento o tasa de los bonos del Tesoro norteamericano, a las que debe sumarse el nivel de “riesgo país” para determinar el costo de financiamiento para emisores corporativos o soberanos.

Esa “prima de riesgo” cayó para Argentina el viernes a 437 puntos básicos, gracias a la reducción impulsada por una mejora en la nota crediticia del país por parte de la calificadora Standard & Poor’s, que atribuyó su “perspectiva estable” de las calificaciones de largo plazo a la “expectativa de que el gobierno continuará con su programa de austeridad fiscal, mientras el banco central aumenta sus reservas internacionales, se mantiene el crecimiento económico y disminuye la inflación. La perspectiva equilibra los riesgos derivados de vulnerabilidades económicas persistentes con resultados fiscales positivos y otras medidas que mejoran la liquidez del gobierno”.

Si bien la postergación de una reducción de tasas de EE.UU. no es en principio positiva para la Argentina, de momento la reducción del riesgo país tiene un efecto positivo superior en cuanto a reducción del costo de financiamiento. En cambio, sí es positivo para la evaluación de las perspectivas de largo plazo de la Argentina que los precios del petróleo se mantengan altos al menos durante un tiempo más. Esos valores están detrás del fuerte aumento de las exportaciones de petróleo del país, uno de los sostenes del superávit comercial y del equilibrio y hasta ligero superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

En el caso del petróleo, la perspectiva de Goldman Sachs se expresa a través de Ephraim Sutherland, del grupo de estrategias de manejo de riqueza, quien considera “probable” que los precios del petróleo se mantengan elevados durante algún tiempo tras la importante disminución de las reservas mundiales de petróleo.

Sutherland analiza la evolución de los inventarios mundiales de petróleo, que a principios de 2026 habían alcanzado un pico de varios años, debido al aumento de la producción y la menor demanda, lo que brindó un margen de seguridad cuando se inició el conflicto en el Golfo Pérsico y se interrumpió el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz. Pero a junio, los inventarios han disminuido “significativamente” y productos refinados como el combustible para aviones y el diésel se han visto muy afectados.

El viernes último el petróleo cayó más de 3%, perforando los USD 85 por barril, su nivel más bajo en ocho semanas, debido a las expectativas de un acuerdo provisional entre EE.UU. e Irán.

Al respecto, la consultora Trading Economics citó ayer que, según el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, un Memorando de Entendimiento entre las partes “nunca había estado tan cerca”. De hecho, este domingo Pakistán confirmó que EEUU e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Si bien en la tarde/noche del domingo Donald Trump ordenó la reapertura del Estrecho de Ormuz y anunció exultante “barcos del mundo, enciendan sus motores, ¡que fluya el petróleo!“, la lectura de Goldman Sachs acerca de un precio del petróleo sostenido, más allá de las oscilaciones por noticias como esa, se basa en factores de oferta y demanda, que no se desvanecerán con el acuerdo del domingo.

“Aunque el estrecho se reabriera por completo, los flujos tardarían meses en volver a los niveles anteriores a la guerra, y dado que es probable que los países acumulen reservas de petróleo por temor a futuras interrupciones, es probable que los precios se mantengan elevados durante algún tiempo”, concluyó Sutherland.

Palantir, la empresa de data mining y alta tecnología de Peter Thiel, el tecno-magnate recientemente instalado en Buenos Aires e interesado en la gestión libertaria del presidente Javier Milei, tuvo el viernes una derrota judicial en el tribunal comercial de Zurich, en Suiza, en un nuevo episodio de las resistencias que enfrenta en Europa vinculadas a la “soberanía de datos” y el poder de los gigantes tech norteamericanos.

El caso, descripto ´por Financial Times, es un ejemplo del llamado “efecto” o “momento Streisand”: por un episodio de 2003, cuando la actriz y cantante Barbra Streisand intentó por vía judicial impedir la difusión de una foto aérea de su residencia en California, con lo cual atrajo atención masiva y multiplicó la difusión de lo que quería ocultar.

El tribunal suizo rechazó 22 de las 23 solicitudes de rectificación que presentaron Palantir y su filial suiza contra el medio local Republik, que había publicado investigaciones sobre rechazos del gobierno helvético a ofertas de la empresa. Solo una afirmación fue considerada susceptible de respuesta obligatoria, vinculada al origen de la plataforma Foundry, creada según Republik para operaciones militares de Estados Unidos en Afganistán e Irak, algo que la compañía disputó.

Palantir no reclamó daños ni injurias, sino que se centró en el derecho de réplica ante lo que definió como informaciones inexactas. La justicia suiza consideró que la mayoría de los pasajes objetados eran interpretaciones o juicios de valor, no afirmaciones fácticas susceptibles de réplica legal, y cargó sobre la empresa de Thiel el 95% de los costos del proceso, incluyendo pagarle al medio casi 10.000 francos suizos en concepto de gastos legales.

No se trata del primer desafío a Palantir en Europa, cuyos gobiernos buscan reducir su dependencia de proveedores de EEUU en temas estratégicos y de seguridad. En el Reino Unido, un contrato de cerca de USD 450 millones con el Servicio Nacional de Salud está siendo cuestionado y el alcalde de Londres vetó un acuerdo de Palantir con la policía metropolitana. Las fuerzas armadas de Alemania y autoridades de Dinamarca y Países Bajos también limitaron la participación de la empresa de Thiel en sectores sensibles.

El “efecto Streisand” del litigio renovó la atención sobre los informes de Republik, que citan documentos suizos sobre las reservas a la adopción del software de Palantir en áreas clave de la administración pública.

El episodio en Suiza coincide con una etapa de redefinición de Thiel, quien acaba de instalarse en Buenos Aires y parece haber hecho una apuesta personal y tal vez empresarial a la gestión libertaria de Milei. Esa decisión parece responder a una combinación de factores, según señalaron medios como The New York Times y Financial Times: ponerse a salvo de una avanzada de nuevos impuestos sobre grandes fortunas en California, donde reside la elite tecnológica de Silicon Valley, y la percepción de la Argentina como refugio ante eventuales conflictos globales de alto impacto.

Además, Thiel considera al exceso de normas y regulaciones estatales un obstáculo a la innovación y el progreso tecnológicos. Antes de mudarse a Buenos Aires en una serie de charlas en Roma equiparó el exceso de regulaciones al “Anticristo”. Por el contrario, el Papa León XIV publicó su primera encíclica, Magnifica Humanitas, que alerta sobre los riesgos de una inteligencia artificial fuera de control.

Al igual que Milei, Thiel se define como libertario y en un ensayo publicado en 2009 sostuvo que “democracia y libertad ya no son compatibles”.

Thiel es un actor relevante en debates globales sobre el alcance y los límites de la innovación, como la reciente controversia en torno de la propuesta de Milei de otorgar personería jurídica a empresas de inteligencia artificial sin participación humana.

La idea, incluida en el proyecto de Ley de Sociedades que el gobierno envió al Congreso, y que tiene como antecedente un paper de Emiliano Kargieman, CEO de Satellogic, el más reciente unicornio argentino, generó la réplica del historiador israelí Yuval Noah Harari, quien en una columna en el Financial Times advirtió que conferir ese estatus a entidades no humanas podría abrir la puerta a riesgos inéditos, al permitir que modelos de IA accedan a sistemas financieros, económicos y políticos sin responsabilidad directa de personas físicas.

Según Harari, sanciones a humanos, como la prisión, no serían eficaces frente a al IA, carente de motivaciones biológicas. Harari citó que investigaciones han demostrado que la IA es capaz de hacer trampa y alertó sobre la posibilidad de que las corporaciones de IA exploten vacíos legales, participen en el comercio internacional, contraten empleados y financien campañas políticas sin exposición personal.

También James Bosworth, columnista del World Politics Review, criticó la propuesta presidencial, señalando que “Milei quiere desatar el caos de IA en la Argentina” y confrontó su idea con la cautela de Anthropic, una de las empresas líderes en desarrollo de IA, que propuso ralentizar la innovación para evitar riesgos.

La reacción de Milei fue rápida y conciliadora; agradeció el interés de Harari y prometió responder en profundidad para calmar sus temores. “Estamos en el amanecer de una nueva era, que nos sitúa en un lugar no tan diferente del que tú mismo describiste tan bien en Sapiens y tus otros libros”, escribió el presidente argentino.

Thiel no se pronunció públicamente sobre el cruce, pero su afinidad con la desregulación tecno-libertaria sugiere que simpatiza con la visión de Milei. Tanto en sus escritos como en los manifiestos difundidos por Palantir, el empresario aboga por reducir al mínimo la intervención estatal y ampliar los márgenes para la innovación disruptiva.

Milei se define como un “tecno-optimista” y Thiel, en su libro “De cero a uno”, destilado de un curso para estudiantes y emprendedores que dio en la Universidad de Stanford, saca de la teología y a su modo ]“humaniza” el concepto de “milagro”. Lo dice así: “los humanos nos distinguimos de otras especies por nuestra singular capacidad para hacer milagros. Llamamos a esos milagros Tecnología”.

Palantir publicó un manifiesto sobre el futuro de la tecnología, la seguridad y la economía occidentales en el que reivindica el poder duro (hard power) basado en el software y critica la neutralidad tecnológica por considerar que beneficia a rivales estratégicos como China. El punto 12 del documento afirma que “una nueva era de disuasión construida sobre la IA está por comenzar”.

En definitiva, el evento judicial en Suiza ilustra los desafíos que enfrentan empresas como Palantir en su intento de moldear el marco institucional en que operan.

El conflicto salarial entre los gremios aceiteros y las empresas agroexportadoras suma un nuevo capítulo. Con el vencimiento de la conciliación obligatoria previsto para este jueves 18 de junio, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) pidieron a la Secretaría de Trabajo que convoque a ambos sindicatos del sector a una mesa de negociación para este martes, en lo que las cámaras califican como el primer “intento real” de diálogo paritario desde que se inició el conflicto.

A días del vencimiento del plazo que dictó Capital Humano de forma casi instantánea luego del anuncio de paro de los gremios aceiteros, CIARA-CEC difundió un nuevo comunicado en el que sostiene que su posición es sólida desde el punto de vista numérico.

En el escrito que envió este fin de semana, las entidades aseguraron que ya anticiparon aumentos del 13,8% desde enero, mientras que la inflación acumulada en el mismo período llegó al 14,7%, una diferencia de menos de un punto porcentual. A partir del mes próximo, proponen actualizar los salarios según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, el mismo mecanismo que rige en otros sectores de la economía formal.

El origen del conflicto se remonta a los últimos días de mayo, cuando el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) lanzaron un paro por tiempo indeterminado en todas las plantas del país.

El detonante fue la propuesta empresaria de un incremento del 0% para mayo, seguido de ajustes atados a la inflación a partir de junio, que los gremios rechazaron de plano y calificaron de “vergonzosa”. En ese momento, el Ministerio de Capital Humano intervino de inmediato con la conciliación obligatoria, que frenó las medidas de fuerza y devolvió el conflicto a la mesa de diálogo.

“Nuestra propuesta es clara: ya anticipamos aumentos salariales por un 13,8% desde enero y recién ahora la inflación consolidada llegó al 14,7%. Este mes la diferencia es menor al 1%, por lo que a partir del próximo mes se irá actualizando el salario en base al índice de inflación del Indec como se hace todos los años”, sostiene el comunicado de CIARA-CEC.

A su vez, la entidad puso en perspectiva el nivel salarial del sector: el salario promedio ponderado del trabajador aceitero alcanza los $4,8 millones mensuales, muy por encima del promedio del empleo privado registrado, que ronda $1,4 millones. La categoría inicial del convenio arranca en $2,34 millones, un 67% por encima del piso del sector privado formal, mientras que en las categorías superiores la brecha trepa al 117%. Desde noviembre de 2023, el salario aceitero acumuló un alza del 361%, frente al 299% del IPC y al 304% del tipo de cambio en el mismo período.

Frente a esos números, CIARA-CEC rechazó el planteo gremial y advirtió que un nuevo paro tendría un costo directo para los propios trabajadores. Cada día de paralización implica una pérdida de $160.000 por empleado; en una semana laboral completa, esa caída acumulada ascendería a $960.000 por trabajador. Las cámaras apuntan además a lo que definen como motivaciones extrasalariales: en el comunicado señalaron que algunos dirigentes gremiales “miran sus ambiciones políticas y la caja de recaudación de los aportes sindicales y solidarios que suman millones de dólares”.

Los sindicatos, por su parte, argumentaron que el pedido de aumento —que en la última instancia previa a la conciliación ascendía al 20%— responde a necesidades concretas. El SOEA y la FTCIODyARA citaron datos del propio INDEC para sostener que la canasta básica que garantiza la reproducción del salario se ubica en $2.802.754, y recordaron que las patronales recibieron un beneficio adicional de USD 3.740 millones por la reducción de los derechos de exportación. “Los salarios representan apenas un 3,3% de las exportaciones del sector”, subrayaron los gremios en su momento.

Desde noviembre de 2023, el salario de los aceiteros acumuló un alza del 361%, frente al 299% del IPC y al 304% del tipo de cambio en el mismo período. De hecho, según un informe de la Secretaría de Trabajo publicado en mayo, los aceiteros fueron uno de los tres únicos gremios del país —junto con encargados de edificio y transporte automotor— que lograron mantener el poder adquisitivo de sus trabajadores frente a una tendencia generalizada de pérdida salarial real.

El conflicto aceitero se produce en un contexto de tensiones previas en la cadena agroindustrial. Semanas antes del paro del 27 de mayo, transportistas autoconvocados de la provincia de Buenos Aires habían paralizado las terminales portuarias de Bahía Blanca y Necochea en plena cosecha gruesa, en reclamo de un aumento del 15% en el flete ante la suba de costos operativos por el precio del combustible.

Esa medida de fuerza, según CIARA-CEC, hizo colapsar las operaciones de comercio exterior en esos puertos. De hecho, las entidades difundieron que esta situación les provocó pérdidas estimadas en al menos USD 450 millones, a la vez que afectó el cumplimiento de contratos internacionales y deterioró la competitividad nacional.