El Gobierno dispuso el secreto militar sobre la compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas en plena escalada de tensión con Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.

La medida se concretó a través del Decreto 1205/2026 publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, y limita el acceso a la información sobre el tipo de material, el costo y el proveedor de equipamiento.

La normativa define como secreto militar a “toda noticia, informe material, proyecto, obra, hecho, asunto, que deba, en interés de la seguridad nacional y de sus medios de defensa, ser conocido solamente por personas autorizadas y mantenido fuera del conocimiento de cualquier otra”.

Los detalles de la resolución del secreto militar para la compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas

La resolución detalló que “mediante el artículo 2° de la Ley N° 23.554 se determina que la Defensa Nacional es la integración y acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo».

Además, este artículo “prevé que la Defensa Nacional tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación y proteger la vida y la libertad de sus habitantes”.

Con citas a la Ley 24.948 mencionó que establece “que es responsabilidad del Ministerio de Defensa evaluar y decidir sobre los requerimientos para el equipamiento de las fuerzas que mejor contribuyan a las capacidades operativas necesarias para el logro conjunto de los objetivos de la Defensa Nacional”.

El Gobierno clasificó como secreto militar una nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas, según el Decreto 1205/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial. La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, ampara bajo reserva absoluta las operaciones contractuales vinculadas a una adquisición cuyo detalle —tipo de material, costo, proveedor y fuerza destinataria— quedó fuera del alcance público.

La decisión se conoce en plena escalada diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. En las últimas semanas, el presidente Milei anunció sanciones contra empresas petroleras que operan en el archipiélago sin autorización argentina, presentó denuncias penales contra varias de ellas, instruyó un procedimiento de arbitraje ante la ONU bajo la Convención sobre el Derecho del Mar para frenar el proyecto de extracción de crudo Sea Lion, y ordenó la construcción de una base naval en Tierra del Fuego. Londres respondió convocando a la embajadora argentina para entregarle una nota de protesta y el primer ministro Andy Burnham advirtió ante el Parlamento que su país será “implacable” en la defensa de los derechos de los isleños.

El decreto invoca la Ley de Defensa Nacional (23.554), la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (24.948) y el Decreto 9390/63, que define como “secreto militar” toda adquisición, fabricación o construcción que resulte de importancia fundamental para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas. Al activar esa clasificación, los organismos contratantes quedan exceptuados de cumplir con las disposiciones de publicidad y difusión que rigen las compras del Estado.

La medida no es aislada. Desde que asumió, el Ejecutivo dictó al menos cuatro decretos de este tipo. Los tres anteriores —los decretos 370/24, 807/24 y 1073/24— estuvieron vinculados a la incorporación de los aviones de combate F-16 Fighting Falcon adquiridos a Dinamarca: cubrieron la operación de compra, la construcción de la infraestructura necesaria y los contratos complementarios gestionados mediante el programa estadounidense Foreign Military Sales (FMS). Un cuarto decreto, el 735/26, clasificó la exportación temporal de material de esos aviones para tareas de mantenimiento y actualización.

El nuevo decreto, sin embargo, tramita bajo un expediente diferente (EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD) y no contiene ninguna referencia a los F-16 ni a la Fuerza Aérea. La Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa fue designada como responsable de instrumentar los actos necesarios para concretar la operación.

Modernización y reequipamiento

El decreto llega en medio de la mayor renovación militar argentina en décadas. Un relevamiento de la Unidad de Datos de Infobae, basado en registros del Sistema de Contrataciones Electrónicas y en acuerdos bilaterales, calculó que desde diciembre de 2023 hasta agosto pasado el Estado destinó USD 445.026.954 a armamento, equipos militares y de seguridad. La cifra ya supera el gasto total de la gestión de Alberto Fernández en ese rubro (USD 428,7 millones) y multiplica por seis el de Mauricio Macri (USD 72 millones), pese a que Milei aún no completó tres años de mandato.

Del total, USD 381,4 millones correspondieron a las Fuerzas Armadas y los USD 63,7 millones restantes al área de Seguridad. El grueso de las compras se concentró en 2024, con USD 357,8 millones, mientras que en 2025 el monto bajó a USD 59,4 millones y en los primeros siete meses de 2026 alcanzó los USD 27,8 millones.

La adquisición estrella fue la de 24 aviones de combate F-16 —16 monoplazas y 8 biplazas— acordada con Dinamarca en abril de 2024 por USD 301,2 millones, pagaderos en cinco cuotas anuales. Los primeros seis ejemplares llegaron al país el 5 de diciembre de 2025 y fueron presentados en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, con el presidente al frente del acto. Una segunda tanda de seis unidades arribó en septiembre de 2026, y la Fuerza Aérea estima que los 12 restantes podrían incorporarse antes de diciembre de 2027.

La operación buscó recomponer una capacidad aérea de combate que la Argentina había perdido en 2015, cuando se retiraron los últimos Mirage del servicio activo. Fue gestionada por el entonces ministro Luis Petri y marcó un punto de inflexión en la política de defensa del gobierno libertario.

El reequipamiento no se limitó al aire. El Ejército acordó con Estados Unidos la compra de 8 vehículos blindados Stryker 8×8 por USD 20 millones, con la posibilidad abierta de ampliar la flota hasta 235 unidades en distintas configuraciones: transporte de infantería, evacuación médica, comando y apoyo de fuego. Una primera partida de 50 vehículos fue inspeccionada en Texas y se proyecta su llegada antes de que termine el año.

En paralelo, el Ministerio de Defensa formalizó en marzo de 2026 un acuerdo para incorporar helicópteros UH-60L Black Hawk, también provenientes de reservas estadounidenses. El programa contempla hasta 20 aeronaves con un techo presupuestario de USD 140 millones, canalizadas a través del sistema de Ventas Militares al Extranjero. Se espera que los primeros cuatro lleguen antes de fin de año para reemplazar a los envejecidos AS332 Super Puma del Batallón de Helicópteros de Asalto 601.

La Armada, por su parte, incorporó 4 aviones de patrulla marítima P-3 Orion adquiridos a Noruega por USD 60 millones, destinados al control del Atlántico Sur y la zona económica exclusiva argentina. Completaron el cuadro 6 helicópteros Bell 407GXi por USD 32,4 millones —comprados a Canadá mediante un contrato de gobierno a gobierno— y 48 camiones Unimog U4000 por USD 8,16 millones para la logística terrestre del Ejército.

El próximo capítulo

El proyecto de Presupuesto 2027, enviado al Congreso en septiembre, incluyó una autorización para tomar deuda por USD 2.300 millones destinados a tres submarinos convencionales y otros USD 1.200 millones para dos fragatas multimisión. Las unidades operarían desde la Base Naval Mar del Plata y la Base Naval Puerto Belgrano, respectivamente.

La Armada ya evaluó las propuestas de dos fabricantes europeos: la francesa Naval Group, con el submarino Scorpène Evolved —72 metros de eslora, 2.000 toneladas de desplazamiento y hasta 80 días de autonomía—, y la alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), con el Type 209NG, de 63 metros y 1.590 toneladas. Según el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Marcelo Dalle Nogare, ambos países ofrecieron financiar la totalidad de la operación, que podría superar los 3.000 millones de euros.

La decisión recae ahora en el presidente Milei. Una eventual firma marcaría la recuperación de la capacidad submarina que la Argentina perdió tras el hundimiento del ARA San Juan en noviembre de 2017, cuando murieron sus 44 tripulantes. La inclusión de las partidas en el Presupuesto, sin embargo, no equivale a un contrato cerrado: la concreción dependerá de la aprobación legislativa y de los términos de financiamiento que se negocien con los proveedores.

Horas antes de iniciar una nueva gira internacional por Madrid, Javier Milei retomará este lunes con una visita a Neuquén su plan de viajar a todas las provincias con proyectos productivos adheridos al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.

Según explicaron fuentes oficiales, el Presidente llegará a la provincia patagónica junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para participar de la apertura de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, en el Espacio DUAM de la ciudad de Neuquén.

Se trata de una nueva parada dentro del proyecto de la Casa Rosada que se propone que el mandatario y sus principales funcionarios comiencen a recorrer el interior del país a pocos meses de iniciar el año electoral. En ese sentido, el mandatario también tiene previsto ir a Catamarca el próximo 29 de octubre para hacer una visita a un proyecto minero y luego participar de una actividad partidaria.

El esquema ya fue estrenado en Bahía Blanca a mediados de septiembre, cuando el Presidente visitó los proyectos de Compañía Mega, Louis Dreyfus y Fértil Pampa, para luego mantener un encuentro con militantes junto a Diego Santilli -principal aspirante a la gobernación bonaerense- y el armador Sebastián Pareja en el centro de la ciudad.

Luego, Santilli y Karina Milei inauguraron en Salta la segunda planta del proyecto Sal de Oro, de Posco, junto a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta). Hacia adelante, Zárate y San Juan siguen en carpeta como posibles destinos.

En el caso de Neuquén, el Presidente dará el discurso de cierre del acto inaugural de la exposición organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), tras las palabras del presidente de la entidad, Ernesto López Anadón, y el gobernador local, Rolando Figueroa. Se espera la visita de más de 20 mil personas y la presencia de más de 400 marcas expositoras.

La presencia de Milei en el evento tiene múltiples lecturas. Por un lado, la provincia se convirtió en uno de los principales motores del modelo económico que impulsa la Casa Rosada, además de la protagonista de buena parte de las inversiones amparadas en el RIGI.

Según datos oficiales, Neuquén aporta el 79% de la producción petrolera nacional, unos 715.105 barriles diarios, y el 77% del gas natural. Además, el Gobierno viene de aprobar la adhesión al régimen de un proyecto de Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén para el área Los Toldos II Este, con una inversión de US$6432 millones, que se suma a la de Pluspetrol y GyP para Bajo del Choique-La Invernada por US$12400 millones a lo largo de 25 años. El distrito cuenta también con obras como Rincón de Aranda y la ampliación del Gasoducto Perito Moreno.