POLITICA
A pesar del escándalo Adorni, el Gobierno busca avanzar en Diputados con el Super RIGI y el pago a holdouts
Mientras el futuro del jefe de Gabinete se define en el Senado, el oficialismo buscará retener a toda costa el control de la agenda legislativa en la Cámara de Diputados para poder asegurar una victoria antes de que termine el Mundial. Convocó para este miércoles, tras el debut mundialista de Argentina, a dos plenarios de comisiones para dictaminar el pago a los Holdouts y el denominado Super RIGI.
Los libertarios planean convocar a una sesión especial el 24 de junio en la que se tratarán ambas iniciativas. El pago a los fondos buitres ya viene con media sanción, en cambio el Super RIGI todavía deberá pasar por el Senado. También habían adelantado que pretendían incluir en el temario la nueva ley de Lobby pero las duras críticas de las asociaciones civiles, sindicatos y cámara empresarias a la redacción del proyecto, sumados a los cuestionamientos de los bloques aliados, dejaron en claro que aún no existe consenso suficiente alrededor de este tema.
A las 12, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Justicia, el oficialismo buscará dictaminar el proyecto que avala un plan de pago a dos “fondos buitre” con los que el gobierno de Javier Milei alcanzó un acuerdo de conciliación económica.
La iniciativa, que fue aprobada en el Senado por 40 votos positivos contra 22 negativos, tiene que ser aprobada antes del 30 de junio, que es el último plazo fijado en el entendimiento. Producto de este acuerdo de conciliación entre las partes alcanzado en la Justicia norteamericana, que incluye una quita en las sumas adeudadas cercana al 30%, se definió que el Estado argentino deberá abonar USD 67 millones a la firma “Bainbridge Ltd.” y USD 104 millones al grupo de holdouts encabezado por “Attestor Value Master Fund LP.”, lo que hace a un total de USD 171 millones.
Ambos fondos integran el grupo de los últimos holdouts con reclamos activos que no adhirieron a los canjes de deuda que se ejecutaron tras el default (cesación de pagos) declarado a fines de 2001. La ratificación parlamentaria del acuerdo permitirá dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos del país, incluyendo acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
A las 15 será el turno de la reunión conjunta de Presupuesto, Industrias y Ciencia para abordar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Super RIGI) en industrias “de frontera” tecnológica.
El Super RIGI tiene como objetivo incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en las denominadas “industrias del futuro”. La categoría es bastante amplia e incluye desde la fabricación de baterías de litio o autos eléctricos, a desarrollos de Inteligencia Artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y hasta proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio.
Entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
También garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y -como el RIGI- contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.
Los aliados habituales del oficialismo, como el PRO, la UCR y los gobernadores del norte, se mostraron favorables a la iniciativa pero plantearon, entre otros puntos, la posibilidad de incluir un mínimo de 20% de contratación de proveedores locales -tal como figura en el RIGI original- para fomentar el desarrollo local y reclamaron una definición más acotada de “industrias del futuro”, algo que el oficialismo se habría comprometido a aclarar durante las sesiones informativas.
Ante la consulta de Infobae, los libertarios se mostraron confiados de contar con las firmas para dictaminar ambos proyectos y convocar a sesión el 24 de junio.
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POLITICA
Antes de la visita del Papa al Cottolengo, el Gobierno recibe a la Iglesia para defender sus políticas sobre discapacidad
Previo a la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione, el Gobierno recibe a la Iglesia para defender sus políticas sobre discapacidad. La reunión está prevista para las 11.00 en el Ministerio de Salud, entre funcionarios del área y autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). El próximo mes el pontífice visitará el centro residencial y de asistencia para personas con discapacidad.
Desde la CEA anunciaron su participación en la reunión, “a partir de una invitación del Gobierno nacional, con el propósito de dialogar sobre la realidad de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que trabajan por su cuidado, acompañamiento e inclusión”.
De parte del Gobierno participarán el jefe de Gabinete del Ministerio, Roberto Olivieri Pinto, y funcionarios del Área. En representación de la Iglesia participarán su secretario general, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti; el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione; y María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad, constituida recientemente por la Conferencia Episcopal Argentina con representantes de Pastoral Social, Pastoral de la Salud y Cáritas.
Desde la Iglesia destacaron que el objetivo es el de “fortalecer el acompañamiento de la Iglesia a las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las asisten”, y agradecieron la invitación del Gobierno, que destacaron que es “una oportunidad de diálogo para avanzar en respuestas concretas a las necesidades del sector”.
Los detalles del proyecto de ley de Discapacidad que impulsa el Gobierno, en medio de fuertes tensiones
El mes pasado el oficialismo logró en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el dictamen de mayoría por la situación en discapacidad, en medio de fuertes tensiones internas y con la oposición.
La propuesta de LLA apunta a reemplazar la emergencia en el sector, que vence a fin de año, logró 42 firmas junto a aliados y tendrá prioridad en el debate cuando el tema se discuta en el recinto. Mientras que la oposición tuvo 36 firmas en su iniciativa para prorrogar la emergencia.
El proyecto del Gobierno oficial se titula “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia permanente del sistema de Discapacidad”. Apuesta a consolidar de manera permanente un esquema que brinda previsibilidad y seguridad jurídica a las personas con discapacidad.
POLITICA
El juicio Hotesur y Los Sauces contra Cristina y Máximo Kirchner se encamina a su reunificación
El juicio por las causas Hotesur y Los Sauces, donde Cristina y Máximo Kirchner están acusados por asociación ilícita y lavado de dinero, se encamina a su reunificación, aunque hay dudas si hay tiempo para que comience en la fecha prevista del 23 de octubre, en tres semanas.
Es que hay una pulseada entre el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5, a cargo del proceso, y el fiscal a cargo de la acusación en el juicio, Diego Velasco.
Los jueces del tribunal oral José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machacho Pelloni resolvieron el 18 de septiembre pasado desdoblar el caso Los Sauces del caso Hotesur y hacer dos juicios orales sucesivos contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner, además del resto de los 15 acusados.
Los jueces decidieron de manera unánime que el 23 de octubre próximo comience el juicio oral por la causa Los Sauces, y que Hotesur se inicie el 19 de marzo de 2027. Lo partieron en dos, a pesar de que gira en torno a la misma maniobra de lavado.
Pero el fiscal Velasco se opuso, porque entiende que partir en dos los juicios de Los Sauces y Hotesur pone en peligro la posibilidad de sostener una acusación y llegar una condena. Teme que la medida sea una estrategia para que terminen todos absueltos.
Por eso es que el fiscal impugnó en un escrito esa medida y planteó un recurso para llegar a la Cámara Federal de Casación y que sea ese tribunal el que resuelva.
El TOF 5 decidió el viernes a última hora conceder el recurso del fiscal para que sea la Cámara Federal de Casación la que decida. Todo se encamina a la reunificación, que se discutirá en 15 días.
Hotesur y Los Sauces es un caso de asociación ilícita y lavado de dinero donde Cristina Kirchner y su hijo Máximo, accionista de esas empresas, están acusados de recibir dinero de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en sus hoteles y por el alquiler de sus propiedades, en compensación por los negocios que tenían en el Estado.
El caso Los Sauces persigue la supuesta maniobra de lavado mediante el alquiler de propiedades de los Kirchner que realizaban las empresas de López y de Báez. Pagaron 25.968.042,30 pesos entre 2009 y 2016, lo que representa el 88% de la facturación de la firma de la entonces familia presidencial.
El caso Hotesur apunta a la contratación de habitaciones de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, de los Kirchner, por las empresas de Báez, que presuntamente no las utilizaban, según la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Los Kirchner recibieron más de 28 millones de pesos de ese entonces.
La principal objeción de fiscal Velasco es que, partiendo los juicios en dos, se divide la acusación y es difícil, por ejemplo, probar una asociación ilícita que prevé la reunión de tres o más personas para cometer delitos indeterminados.
Si se dividen los juicios, las maniobras se separan y se pierde la visión de conjunto como una sola actividad destinada al blanqueo de fondos protagonizada por la misma organización, sostuvo el fiscal, aunque en cada caso la actividad no sea protagonizada por todos sus integrantes.
Si esa estructura se prueba fragmentada, en dos juicios distintos y con prueba recortada en cada uno, “se pone en riesgo la posibilidad misma de sostener la asociación ilícita como delito”, señaló Velasco.
En este caso no es nuevo que desaparezcan las acusaciones. Cuando integraban este tribunal, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, con la disidencia de Adriana Palliotti, sobreseyeron a Cristina y Máximo Kirchner sin juzgarlos, el 26 de noviembre de 2021.
La Cámara de Casación, con los votos de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, dio vuelta ese fallo y la Corte Suprema de Justicia exhortó en 2024 a hacer el juicio lo antes posible.
Ahora nuevamente Petrone y Barroetaveña pueden ser quienes destraben el asunto. Ambos convocaron a una audiencia para el 15 de octubre próximo.
Esta audiencia ya estaba agendada antes de la decisión de partir el juicio en dos. La habían dispuesto los camaristas a pedido del fiscal Velasco para exhortar al tribunal a que pusieran fecha de inicio al juicio oral.
El mismo día en que se conocía esta audiencia, los jueces del tribunal oral federal difundieron la decisión sobre la que venían trabajando de comenzar el juicio el 23 de octubre, pero partido en dos procesos.
El fiscal ante la Cámara de Casación Mario Villar avisó entonces que la audiencia del 15 de octubre debía mantenerse en pie porque estaba indefinida aún la fecha de inicio de juicio por el desdoblamiento en dos partes del proceso.
Los jueces de la Casación le dieron la razón al fiscal Villar. El juez Alejandro Slokar no emitió opinión propia porque sus colegas ya votaron. Acudió a la fórmula “a tenor del temperamento concordante de los distinguidos colegas, cabe estar a lo dispuesto por el art. 30 bis”, que es la manera ritual de decir que sus colegas ya decidieron, por lo que no hace falta su voto.
Por la mayoría votaron Petrone y Barroetaveña, que entendieron que deben tratarse en esa audiencia si mantienen o revocan el desdoblamiento.
“No ha desaparecido el interés que sustenta la intervención de esta instancia. Por el contrario, la cuestión conserva actualidad”, dijo Petrone, y agregó que el desdoblamiento de la causa en las fechas diferenciadas para la realización de los dos juicios “no permite considerar agotada la controversia”.
“Permanece vigente el interés en obtener una respuesta jurisdiccional sobre el agravio oportunamente planteado”, sostuvo.
Su colega Barroetaveña señaló que “el asunto conserva actualidad” y consideró que “corresponde continuar el trámite casatorio de este legajo y, atendiendo la proximidad de las fechas de debate ya señaladas, resulta prudente estar a la audiencia asignada oportunamente” el 15 de octubre.
Allí se debatirá todo: la reunificación del juicio y la fecha de inicio. El fiscal Velasco no quiere posponer el juicio, sino que comience en la fecha fijada, para no demorar más el caso. Pero defiende que comiencen los dos procesos juntos, según dijeron a fuentes judiciales.
Los jueces de la Casación, con la misma mayoría que en la decisión de la semana pasada, se inclinarían por unificar las causas nuevamente, con la idea de que el juicio conjunto de Hotesur y Los Sauces comience el 23 de octubre.
El problema es que “Hotesur y Los Sauces son formalmente sociedades diferentes, pero a su vez no lo son, porque todo se juntaba en los plazos fijos de las cuentas de Néstor y Cristina Kirchner”, planteó el fiscal.
Además, los fondos secuestrados en la causa provienen de una cuenta de los Kirchner, no de Los Sauces S.A., la misma cuenta a la que iba el canon locativo de Hotesur. Para los acusadores, eso demuestra que los dos circuitos de dinero confluyen en un solo patrimonio, por lo que es imposible partir los dos juicios.
Por ejemplo, las transferencias de Austral Construcciones, la ruta del dinero y las pericias contables confluyen. Y, al separar los dos juicios, una pericia producida en Hotesur no podría hacerse valer como prueba en el juicio de Los Sauces.
Uno de los ejes del juicio que se viene es una prueba que la fiscalía considera el eslabón entre los dos expedientes: el peritaje contable que reconstruyó el recorrido del dinero desde el Estado hasta las cuentas de la familia Kirchner.
Ese peritaje contable, en parte exhibido por la fiscalía en 2021, determinó que, el mismo día, en 21 oportunidades, los fondos que Lázaro Báez cobró por obra pública con sobreprecios de Vialidad terminaron en las cuentas de los Kirchner después de pasar por Valle Mitre, la sociedad que gerenciaba los hoteles presidenciales.
No se trata de dos movimientos independientes, sino de un pago del Estado y una transferencia al patrimonio familiar que ocurren en la misma jornada y por montos equivalentes.
Los acusados en estos dos juicios son, además de Cristina y Máximo Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López, Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Kirchner y expresidenta de Hotesur SA, y Patricio Pereyra Arandia, esposo de la hermana de Mercado y directivo de la compañía.
También Osvaldo “Bochi” Sanfelice, expresidente y administrador de Hotesur; Víctor Manzanares, contador histórico de la familia Kirchner y arrepentido en el caso Cuadernos; Ricardo Leandro Albornoz, escribano; Martín Báez, hijo del empresario patagónico, y Julio Enrique Mendoza, expresidente de Austral.
El listado se completa con César Gerardo Andrés, contador; Adrián Esteban Berni, abogado y directivo de Valle Mitre SA; Emilio Carlos Martín, directivo, y Óscar Alberto Leiva, Edith Magdalena Gelves, Martín Samuel Jacobs y Alejandro Fermín Ruiz, que fueron todos empleados o apoderados menores.
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POLITICA
¡Precios de Manhattan con sueldos de Argentina! Cómo los créditos hipotecarios inflaron las propiedades y congelaron el sueño de la casa propia
La reactivación de los créditos hipotecarios bajo la gestión económica de Luis Caputo en el gobierno de Javier Milei generó una expectativa masiva entre la clase trabajadora que sueña con la casa propia. Sin embargo, detrás del anuncio oficial y la promesa de bancarización, se gestó un efecto colateral alarmante: la falta de regulación en el mercado inmobiliario desató una suba desmedida en el valor de los inmuebles.
Lejos de democratizar el acceso a la vivienda, la inyección de liquidez de los créditos terminó beneficiando de manera exclusiva a los vendedores y desarrolladores, empujando los precios a niveles absurdos, congelando las operaciones reales y dejando al comprador en una posición de absoluta vulnerabilidad.
El negocio del vendedor: precios por los nubes y metros cuadrados mínimos
Cuando se habilitan líneas de crédito sin una contraparte de regulación estatal o topes lógicos, la ley de la oferta y la demanda se desvirtúa por completo. Los propietarios e inmobiliarias inflan los precios de manera especulativa, sabiendo que el comprador cuenta con un monto financiado que, teóricamente, «lo respalda». El resultado es trágico: el crédito subsidia el sobreprecio.
Hoy en día, buscar un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expone una disparidad enorme según la zona, pero con un denominador común: los metros cuadrados se pagan a precio de oro. Si analizamos el valor del metro cuadrado (USD/m^2) en CABA, el abanico va desde las opciones más económicas hasta los valores más prohibitivos:
* Zonas más accesibles / Sur de la Ciudad (ej. Lugano, Pompeya o barrios periféricos): Los valores del metro cuadrado pueden encontrarse desde los USD 1.000 a USD 1.300 por metro cuadrado en unidades a refaccionar o alejadas de los ejes comerciales.
* Zonas medias / Residenciales (ej. Almagro, Caballito, Balvanera): Los precios oscilan entre los USD 1.800 y USD 2.200 por metro cuadrado.
* Zonas norte y de alta gama (ej. Palermo, Belgrano, Núñez, Puerto Madero): El metro cuadrado se dispara sin escalas desde los USD 2.800 hasta superar los USD 4.500 o 5.000 en emprendimientos premium.
Bajo este panorama, los monoambientes —que apenas rondan los 25 a 30 metros cuadrados— en zonas norte o centro se ofrecen sistemáticamente en valores exorbitantes de entre USD 90.000 y USD 110.000. En la práctica, esto significa que se pagan cifras ridículas por espacios diminutos, donde el metro cuadrado de las unidades chicas se vuelve artificialmente más caro que el de las propiedades grandes debido a la desesperación de la demanda.
¿Qué pasa en la Argentina? Cuando el metro cuadrado supera a las capitales del mundo
Esta distorsión nos obliga a frenar y hacernos una pregunta incómoda pero urgente: ¿Qué pasa en la Argentina que el metro cuadrado en barrios selectos o incluso en unidades chicas sale igual o más caro que en grandes metrópolis del primer mundo?
Mientras que en vastas zonas de Estados Unidos o Europa los mercados inmobiliarios responden a macroeconomías estables, créditos con tasas bajas reales y una oferta regulada, en la Argentina conviven salarios pauperizados en dólares con costos del metro cuadrado completamente desquiciados.
Si contrastamos esto con los valores estadísticos internacionales del metro cuadrado, el sinsentido queda en absoluta evidencia:
* Europa (ej. Madrid, España): El promedio del metro cuadrado en zonas intermedias ronda los USD 3.000 a USD 3.500, mientras que en capitales del este europeo desciende considerablemente.
* Europa del Este / Sur (ej. Atenas o Roma): En zonas metropolitanas funcionales, los valores se ubican entre los USD 2.000 y USD 2.800 el metro cuadrado.
* Estados Unidos (fuera de los núcleos ultra exclusivos de Manhattan o San Francisco): En ciudades secundarias de gran crecimiento (como Houston, Atlanta o Phoenix), el costo promedio del metro cuadrado se sitúa entre los USD 2.000 y USD 2.800, guardando una proporción directa con el ingreso anual medio de un trabajador formal.
En contraparte, pagar USD 3.000 o más por metro cuadrado en CABA significa que un habitante local necesita acumular décadas de ingresos íntegros para comprar lo que en el hemisferio norte se adquiere con facilidades crediticias lógicas y estables. Pagamos precios de primer mundo con ingresos pulverizados.
El gran estancamiento: un crédito que beneficia al vendedor y ahoga al comprador
El combo entre la libertad absoluta de precios («todos cobran lo que quieren») y las cláusulas de actualización atadas a la inflación (como las líneas bajo sistema UVA) genera una trampa perfecta.
* La disparada inicial: Ante la demanda de créditos de Caputo, los valores nominales de las propiedades subieron de inmediato.
* El bloqueo de operaciones: El comprador se encuentra con que el préstamo ya no le alcanza para la propiedad que estimaba, y el mercado entra en un profundo estancamiento. Las operaciones reales se frenan porque la brecha entre lo que el banco presta, lo que el sueldo permite pagar y lo que el vendedor pretende especularmente cobrar se vuelve insalvable.
Los requisitos de los créditos hipotecarios actuales: ¿quién puede endeudarse y por cuánto tiempo?
Para comprender el trasfondo de este colapso, es fundamental analizar cuáles son las condiciones reales que imponen hoy las entidades financieras en la Argentina para acceder a un crédito hipotecario (en su mayoría ajustados por UVA):
* Plazos de endeudamiento extremo: Los créditos se extienden habitualmente por plazos de 15, 20 y hasta 30 años. Esto significa que una persona que toma un préstamo a los 35 años terminará de pagarlo pasados los 50 o 65 años de edad, asumiendo el riesgo inflacionario durante décadas.
* Relación cuota-ingreso: Por reglamentación general, la cuota mensual del crédito no puede superar el 25% o 30% de los ingresos netos demostrables del grupo familiar.
* Ingresos familiares requeridos (la barrera más alta): Debido a los altos montos y tasas iniciales, para calificar a un crédito destinado a un departamento promedio de USD 100.000 (financiando un 75% o 80%), los bancos exigen hoy ingresos familiares netos que oscilan, como piso, entre los $2.500.000 y $4.000.000 de pesos mensuales (o cifras superiores según la entidad). Esto deja automáticamente afuera a más del 80% de los trabajadores informales y de la clase trabajadora registrada con sueldos promedio.
* Ahorro previo (Anticipo): Los bancos no financian el 100% de la propiedad; por lo general cubren entre el 75% y el 80% del valor de tasación, lo que obliga al comprador a contar de cash con un 20% a 25% de anticipo en dólares, además de afrontar los costosos gastos de escribanía e impuestos iniciales.
El saldo de esta política es clarificador: el mercado inmobiliario se mueve al ritmo de la especulación financiera, los créditos se transforman en una herramienta inflacionaria de precios y el sueño de la casa propia queda, una vez más, secuestrado por la falta de regulaciones inteligentes que protejan al eslabón más débil de la cadena.
Nunca ha sido tan fácil hacer crecer un patrimonio
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