POLITICA
La oposición quiere evitar que prospere la intervención oficial de la Oficina de Presupuesto del Congreso
El avance del oficialismo sobre la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) abrió un nuevo frente de conflicto legislativo. En respuesta, senadores y diputados de distintos bloques opositores comenzaron a impulsar proyectos para proteger al organismo, cuestionar las medidas adoptadas por la comisión supervisora y exigir explicaciones sobre su futuro funcionamiento.
Las presentaciones surgieron después de que la Comisión de Supervisión Parlamentaria (CSP) aprobara una serie de resoluciones que reforzaron su control sobre la oficina técnica encargada de analizar el costo fiscal de las leyes, evaluar el presupuesto nacional y estudiar la evolución de la deuda pública.
Entre otras medidas, la comisión dispuso que las áreas técnicas no podrán realizar actividades extraordinarias o informes no previstos sin autorización previa, ordenó auditorías sobre el funcionamiento de la oficina y limitó la capacidad de sus autoridades para realizar modificaciones presupuestarias.
La respuesta más ambiciosa llegó desde el Senado. Los integrantes del bloque Convicción Federal, Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), presentaron un proyecto de ley para reformar la norma que creó la OPC y fortalecer su autonomía administrativa, financiera y técnica.
La iniciativa propone ampliar el acceso a los informes del organismo para que puedan ser solicitados por las presidencias de todas las comisiones con competencia sobre una iniciativa y no únicamente por las comisiones de Presupuesto y Hacienda. También otorga mayores facultades de gestión al director general, establece mecanismos de transparencia y crea un esquema de financiamiento propio equivalente, como mínimo, al 1% del presupuesto de cada Cámara.
Según los autores, el objetivo es reforzar la independencia del organismo y reducir la “asimetría de información” que existe entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en materia presupuestaria y fiscal.
“La OPC es un insumo muy importante de información para todos nosotros, periodistas y la sociedad en general porque nos provee información técnica específica”, explicó Moisés.
En los fundamentos, los senadores sostienen que la legislación vigente contiene “rigideces que no se le conocen a ningún otro organismo de la administración pública” y que limitan el desarrollo institucional de la oficina. También plantean que garantizar la estabilidad de sus equipos técnicos es una condición necesaria para preservar la independencia de sus análisis.
En Diputados, el radical bonaerense, Pablo Juliano, avanzó por otra vía. Presentó un proyecto de declaración para expresar la “profunda preocupación” de la Cámara por las resoluciones aprobadas por la Comisión de Supervisión Parlamentaria.
El integrante del bloque Provincias Unidas advierte que las nuevas restricciones podrían afectar la capacidad legislativa de trabajar con información propia. “Lo que está en juego es la capacidad del Congreso de la Nación para producir conocimiento propio sin depender exclusivamente de la información elaborada por el mismo Poder Ejecutivo que debe controlar”, sostiene en los fundamentos de la iniciativa.
Juliano también cuestiona que una mayoría circunstancial pueda definir qué estudios puede realizar la oficina. “Su función no puede quedar limitada únicamente a aquello que resulta previamente autorizado o políticamente conveniente”, argumenta.
A estas iniciativas se sumará un tercer proyecto impulsado por la diputada Julia Strada, de Unión por la Patria (UP). Según pudo saber , la legisladora trabaja en un pedido de informes dirigido a la presidencia de la Cámara de Diputados para obtener precisiones sobre las auditorías ordenadas, las modificaciones introducidas por la comisión y el futuro funcionamiento de la OPC.
La controversia se desató luego de que la comisión supervisora aprobara las resoluciones 003 a 006 de 2026. Sus críticos sostienen que las medidas afectan la autonomía de la oficina y podrían condicionar la elaboración de informes sobre temas sensibles. El oficialismo rechaza esa interpretación.
El senador libertario Agustín Monteverde, integrante de la Comisión de Supervisión Parlamentaria, defendió las decisiones adoptadas y sostuvo que se ajustan a las atribuciones previstas en la ley que creó la OPC.
La norma establece que la comisión tiene entre sus funciones aprobar el reglamento interno, el presupuesto, el plan anual de trabajo y la memoria institucional del organismo. También puede solicitar la remoción de sus autoridades y conformar consejos asesores de expertos.
Precisamente ese punto es uno de los que más cuestiona la oposición. La misma comisión que actualmente impulsa auditorías, revisa concursos de personal y limitó la realización de informes extraordinarios es la encargada de aprobar el plan de trabajo anual de la oficina. Hoy ese cuerpo está controlado por representantes del oficialismo y sus aliados.
“Se dispuso expresamente que la OPC siguiese trabajando de manera normal, lo que así está ocurriendo”, afirmó Monteverde a través de las redes sociales.
La preocupación opositora se explica también por el protagonismo que ganó la OPC en algunos de los debates más sensibles de los últimos meses. El organismo elaboró estimaciones que difirieron de las difundidas por el Gobierno durante las discusiones sobre jubilaciones y discapacidad y, además, fue citado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal al ordenar al Poder Ejecutivo cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Para sus defensores, esos antecedentes refuerzan la necesidad de preservar su independencia técnica.
Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC),pic.twitter.com/OrIBdDSxvZ,June 10, 2026,June 9, 2026,June 11, 2026,Delfina Celichini,Martín Menem,Conforme a,,Hace ocho días. Milei se recluyó y no tuvo actividades públicas desde la entrevista en la que Adorni admitió haber ocultado bienes,,Caso $LIBRA. Novelli pide excluir a los inversores que impulsan la investigación y sostiene que no hubo estafa,,Análisis. Lo que logró y lo que perdió Milei,Martín Menem,,Crimen en Caballito. Se negó a declarar la “viuda negra” acusada del homicidio del CEO de una empresa de Martín Menem,,»Es la autora material». Detuvieron a una «viuda negra» por el homicidio del CEO de una empresa del diputado Martín Menem,,Polémica por los números. El oficialismo interviene la oficina del Congreso que audita el costo de las leyes
POLITICA
Frente al departamento de Adorni, Barrios de Pie montó un operativo de recolección de firmas para pedir su salida
El movimiento social Barrios de Pie, enrolado en el PJ, activó hoy una protesta frente a una de las propiedades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y pidió su despido del Gobierno. Lo hizo con un despliegue que incluyó la recolección de firmas para empujar la salida del funcionario y la instalación de una olla popular en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, donde el ministro coordinador tiene un departamento.
La protesta estuvo custodiada por efectivos de la Policía Federal y se instaló sobre la calle, donde una cocinera sirvió porciones de guiso en recipientes plásticos. Detrás de ella, otras mujeres con sus delantales de cocina completaron la escena, con carteles y una bandera de Barrios de Pie.
Además de la mesa en la que se ofreció la comida, se juntaron firmas que, según los organizadores de la manifestación, presentarán ante el Congreso para exigir la salida de Adorni del Gobierno.
“Juntamos cientos de firmas durante la jornada y la recepción de los vecinos fue muy positiva. Mucha gente se acercó a conversar, a expresar su preocupación por la situación del país y a acompañar nuestro reclamo. Incluso muchos vecinos y vecinas del barrio de Adorni se solidarizaron con la iniciativa y coincidieron en que están atravesando dificultades económicas muy similares a las que vivimos en los barrios populares”, afirmó Norma Morales, referente de Barrios de Pie y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), presente en la protesta, en diálogo con .
“La campaña va a continuar en los próximos días y se extenderá a todo el país. Este fin de semana, vamos a instalar mesas de recolección de firmas en plazas, barrios y espacios comunitarios para que más vecinos y vecinas puedan sumarse a esta iniciativa. Queremos que sea una campaña federal, con participación de ciudadanos de todo el país”, añadió Morales, que subrayó: “Nos llamó la atención que muchos vecinos nos contaran que les cuesta llegar a fin de mes, pagar los servicios, afrontar los alquileres o sostener a sus familias. La crisis ya no distingue barrios. Hay un malestar muy grande por la situación económica y por la falta de respuestas del Gobierno”.
Los manifestantes de Barrios de Pie (un movimiento social que comulga con el peronismo) portaban carteles con mensajes contra el jefe de Gabinete, apuntado por sus gastos y bienes que omitió blanquear, situación que intentó revertir hace una semana, cuando presentó su declaración jurada. Algunas de las consignas contra el funcionario que se vieron en la protesta fueron: “Con el departamento de Adorni, le pagamos el sueldo a casi 3000 trabajadoras por mes” y “Las vacaciones de Adorni y su familia en Aruba valen lo mismo que 154 cocineras”.
Desde que estalló el escándalo por los bienes no declarados de Adorni, distintas protestas se sucedieron frente a sus propiedades en Caballito y en el distrito bonaerense de Exaltación de la Cruz (donde tiene una casa en el barrio privado Indio Cua). El 31 de marzo, la jornada de protesta fue doble, con la UTEP en el country (para reclamar contra el cierre del plan Volver al Trabajo) y militantes de izquierda y agrupaciones universitarias frente al departamento de Caballito (para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario). El 14 de abril, Barrios de Pie se manifestó contra el funcionario, en otra jornada de ollas populares.
el ministro coordinador,Manuel Adorni,Conforme a,,Choque en el Congreso. La oposición quiere evitar que prospere la intervención de la oficina que audita el costo de las leyes,,Caso $LIBRA. Novelli pide excluir a los inversores que impulsan la investigación y sostiene que no hubo estafa,,Análisis. Lo que logró y lo que perdió Milei,Manuel Adorni,,Adorni fue invitado. Javier Milei convocó a todo el gabinete a compartir una foto en el Día de la Bandera, en Rosario,,Hace ocho días. Milei se recluyó y no tuvo actividades públicas desde la entrevista en la que Adorni admitió haber ocultado bienes,,Alfil de Macri. Fernando de Andreis suma presión sobre Adorni: «Lo ideal es que se vaya hoy»
POLITICA
Expertos y ONG criticaron la reforma del proceso de selección de los jueces de la Corte y advirtieron por falta de transparencia y control público
La reforma del sistema de selección de jueces de la Corte Suprema y otras autoridades judiciales que oficializó el Gobierno nacional sumó cuestionamientos de especialistas y organizaciones de la sociedad civil, que advirtieron que los cambios representan un retroceso en materia de transparencia, participación ciudadana y diversidad en la integración del máximo tribunal.
Las críticas apuntaron al decreto 467/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, que modificó los decretos 222 y 588 de 2003. La norma eliminó la instancia que permitía a ciudadanos, universidades, asociaciones y organizaciones presentar observaciones o impugnaciones a las candidaturas antes de que fueran remitidas al Senado. La iniciativa también suprimió las referencias a la necesidad de contemplar criterios de igualdad de género, especialidad y procedencia geográfica al momento de proponer integrantes para la Corte Suprema.
Los cuestionamientos fueron expresados en un documento conjunto firmado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, Democracia en Red, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la campaña GQUAL. Las entidades sostuvieron que la reforma implica “un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género y, por ende, también para la calidad de nuestra democracia”. Además, señalaron que los cambios “debilitan los estándares sobre acceso igualitario a los cargos judiciales y reducen los espacios de escrutinio público sobre algunas de las decisiones más importantes de nuestro sistema institucional”.
En ese contexto, Clara Lucarella, coordinadora del Programa de Democracia de ACIJ, afirmó que “los aportes realizados por distintos sectores en el último proceso de designación de jueces de la Corte Suprema reflejaron que existe un interés y movilización en torno a estos temas”. Agregó: “Eliminar la posibilidad de que la ciudadanía pueda participar en el marco de las designaciones judiciales implica un obstáculo para el ejercicio del escrutinio público y un retroceso que daña la calidad de nuestra democracia”.
La reforma había sido anticipada por el Gobierno con el argumento de acelerar los procesos de cobertura de vacantes y reducir etapas administrativas. La Casa Rosada también sostuvo que la participación ciudadana continúa garantizada durante el trámite legislativo en el Senado, que conserva la atribución constitucional de prestar acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, las organizaciones rechazaron esa interpretación y señalaron que la instancia eliminada tenía una finalidad distinta. “La intervención de la ciudadanía en la etapa inicial permite aportar información, formular observaciones y enriquecer la evaluación que realiza el propio Poder Ejecutivo”, indicaron. A su entender, eso podía “influenciar su propuesta y conducir al Presidente a enviar otra”.
Ese mecanismo había sido establecido hace más de dos décadas por los decretos 222 y 588 de 2003, impulsados durante la presidencia de Néstor Kirchner. Las normas incorporaron estándares de transparencia y participación ciudadana para los procesos de selección de jueces de la Corte Suprema, magistrados, fiscales y defensores públicos.
Uno de los argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar la modificación fue la necesidad de agilizar los nombramientos. Sin embargo, las organizaciones sostuvieron que el mecanismo eliminado demandaba menos de dos meses y que ese plazo resultaba “más que razonable” frente a los tiempos que suelen insumir las vacantes judiciales en la Argentina. “No caben dudas de que los beneficios de la participación son aquí mayores que sus costos de tiempo”, señalaron.
Otro de los aspectos cuestionados por las organizaciones fue la eliminación de los criterios vinculados con la igualdad de género y la diversidad para la integración de la Corte Suprema. Según el documento, la medida “obstaculiza la integración de un tribunal con perfiles diversos y distintas trayectorias, que sea más representativo de nuestra comunidad, y atenta contra el deber estatal de asegurar la igualdad de género en el acceso a los cargos públicos”.
Las entidades también cuestionaron uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno. “La afirmación del Poder Ejecutivo de que esos criterios no se encuentran expresamente previstos en la Constitución Nacional no es correcta”, señalaron. También recordaron que el derecho a la igualdad en la participación pública y política está reconocido en distintos tratados internacionales incorporados al bloque constitucional.
Las organizaciones vincularon la reforma con antecedentes recientes relacionados con las vacantes en el máximo tribunal. Recordaron que durante los últimos años distintas entidades formularon objeciones a las candidaturas impulsadas por el Poder Ejecutivo, tanto por los perfiles de los postulantes como por la ausencia de paridad de género en la Corte.
En el documento, señalaron que esas observaciones fueron presentadas justamente a través de los mecanismos de participación previstos por el decreto 222/03 y recordaron que posteriormente el Gobierno avanzó con designaciones por decreto. “Que la respuesta institucional frente a esa experiencia sea reducir los espacios de participación y los criterios de diversidad constituye una señal preocupante de cara al futuro”, afirmaron.
En el cierre del comunicado, las entidades reivindicaron el valor de los mecanismos de control ciudadano. “La participación ciudadana robustece la calidad de las decisiones y la rendición de cuentas, mientras que la diversidad dota de mayor legitimidad a nuestro sistema de justicia”, sostuvieron. Y concluyeron con una advertencia: “La designación de las autoridades judiciales es una de las decisiones de mayor trascendencia en nuestro país, y como tal, requiere de mayores controles, no de menos. En definitiva, son esas personas las que decidirán sobre nuestros derechos”.
Corte suprema
POLITICA
Un exministro de Alberto Fernández declaró como testigo y respaldó un decreto que complicó al expresidente
El exministro de Economía Martín Guzmán respaldó en la Justicia el decreto de Alberto Fernández que obligó a las dependencias del Estado a asegurarse con Nación Seguros, empresa del Estado vinculada al Banco Nación.
Guzmán declaró este miércoles en la causa que investiga presuntas irregularidades en esas contrataciones, un expediente en el que Fernández sigue imputado.
El exfuncionario, uno de los pocos que respondía a Fernández, defendió la “racionalidad” del decreto, destinado, dijo, a proteger los intereses del Estado ante eventuales catástrofes.
Guzmán no se refirió, sin embargo, a la intermediación que en aquellas contrataciones ejercieron los brokers, uno de ellos, Héctor Martínez Sosa, íntimamente ligado a Fernández.
El testimonio de Guzmán fue solicitado por la defensa del expresidente, liderada por la abogada Mariana Barbitta, quien recibió al exministro en los tribunales.
En su declaración, Guzmán argumentó que, en caso de un “shock sistémico”, cualquier aseguradora privada no podría estar en condiciones de cubrir los daños, que deberían ser afrontados por el Estado.
“Con este decreto, el Estado le paga al propio Estado, se autoasegura”, afirmó Guzmán, alejado hoy de la función pública. “Era positivo, la política pública era positiva, porque defendía los intereses del Estado Nacional”, sostuvo.
El exministro, que recibió preguntas solo de la abogada del expresidente, no hizo alusiones a la participación de los brokers, cuyos servicios, en un mercado reducido a una sola opción, quedaron bajo la lupa de la Justicia.
Uno de los intermediarios favorecidos fue Martínez Sosa, amigo de Fernández y marido de la entonces secretaria presidencial, María Cantero. El negocio del broker Martínez Sosa creció exponencialmente en esos años, tal como quedó plasmado en el expediente.
La situación de Fernández en esta causa fue sinuosa. Fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello por el delito de negociaciones incompatibles con su cargo, acusado de haber favorecido a una persona de su más estrecha cercanía.
El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal, pero el fiscal de esa instancia, Jose Agüero Iturbe, no había sostenido la acusación de Carlos Rívolo y dijo que había que seguir investigando.
A partir de ese dictamen, la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal, revocó el procesamiento y luego se ordenó la falta de mérito del expresidente, que sigue siendo investigado en primera instancia.
El decreto
El decreto sobre el que gira la participación de Fernández es el 823/2021. Dispuso que las dependencias y organismos del Estado nacional debían contratar sus seguros con Nación Seguros S.A.
“Nunca me hubieran llevado un decreto a la firma si no estaba todo el proceso realizado en forma correcta”, dijo Guzmán, al defender el trámite administrativo que precedió al dictado de la medida.
Sin embargo, Fernández podría haber tenido todavía un rol todavía más activo en la supuesta maniobra. Algunos elementos en el expediente sugieren que Cantero, su secretaria, oficiaba de nexo entre él y su marido, el broker Martínez Sosa.
En uno de los chats recabados en el expediente, la mujer se quejó ante Fernández afirmando que estaban “sacándole Cancillería a Hecky [el apodo de Martínez Sosa] y nombrando a otro productor”.
“Ya me ocupo”, le contestó Fernández. Unos días después, Cantero le informó a su marido que Fernández le había dicho que ya había hablado con el ministro del área, Santiago Cafiero. Y Martínez Sosa terminó conservando el negocio.
Federico González del Solar,Conforme a
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