CÓRDOBA.- Dos meses después de haber puesto en duda la legitimidad de los límites entre La Rioja y San Juan vigentes desde 1968, el gobernador riojano, Ricardo Quintela, envió a la Legislatura provincial un proyecto para ratificar el rechazo histórico de esas fronteras y dejar abierta la puerta para nuevas acciones legales para reclamar territorios que hoy están bajo jurisdicción sanjuanina. Marcelo Orrego, mandatario de San Juan, dijo que no puede una norma provincial alterar los límites.

Aunque el tema es de larga data, se reactualizó por el proyecto de cobre Vicuña, instalado en San Juan, pero que para abastecerse necesita pasar por La Rioja. En abril, la Justicia riojana suspendió por 30 días las operaciones y cerró caminos estratégicos en territorio riojano porque consideró que no se había presentado el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente en La Rioja.

Fue entonces cuando Quintela ratificó los cuestionamientos. Ahora, el proyecto de ley busca reafirmar la posición de que el acuerdo limítrofe firmado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía fue perjudicial para sus intereses territoriales.

Según el gobierno riojano, significó un “despojo” de áreas que históricamente le pertenecían y que hoy incluyen zonas de enorme valor económico por sus recursos minerales e hídricos.

El decreto-ley 18.004, de diciembre de 1968, fija los límites entre ambas provincias a partir de un acuerdo suscrito por los interventores militares de la época. Sin embargo, en 1973, la Legislatura riojana sancionó una ley desconociendo la validez de ese instrumento.

La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados riojana faculta a la Fiscalía de Estado riojana a «impulsar medidas cautelares y otras acciones judiciales para defender los intereses» de la provincia en las áreas en disputa.

A la discusión histórica se le suma una económica. En los últimos años, la cordillera sanjuanina se convirtió en uno de los principales polos de desarrollo cuprífero de la Argentina con proyectos como Josemaría, Lunahuasi y, especialmente, el distrito Vicuña.

De hecho, las acciones que podría instrumentar la Fiscalía de Estado son para salvaguardar los recursos naturales, hídricos, arqueológicos y mineros ubicados en la zona de conflicto.

Orrego, cuando el conflicto se renovó, dio a conocer un comunicado oficial. “El límite entre San Juan y La Rioja lo fijó la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso de la Nación. Es una ley, no un acuerdo de funcionarios. Está plenamente vigente, y lleva más de medio siglo de aplicación ininterrumpida, atravesando todos los gobiernos democráticos”, dijo el gobernador, aunque en rigor se trató de una norma firmada por Onganía y por Guillermo Borda, por entonces ministro del Interior.

Ahora Orrego afirmó: “Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión”.

En 2021, Quintela había reclamado una participación riojana en las regalías del proyecto Josemaría; años después, cuestionó la pertenencia de zonas emblemáticas como el área de Parque Provincial Ischigualasto, uno de los principales atractivos turísticos y paleontológicos del país.

En el proyecto de ley que impulsa, crea en la órbita legislativa una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial, que tenga carácter permanente. La integrarán siete diputados provinciales, respetando la proporcionalidad política, y tendrá miembros consultivos como historiadores, geógrafos, peritos en cartografía y especialistas en minería.

La comisión deberá sistematizar los antecedentes históricos y, fundamentalmente, coordinar canales de diálogo directos con los legisladores nacionales riojanos en el Congreso de la Nación.

Manuel Adorni sumó este viernes un nuevo gesto de apoyo del presidente Javier Milei: un desayuno de trabajo en la residencia oficial de Olivos. Se trata de un “desayuno de gestión”, según confirmaron cerca del ministro coordinador a . Resaltaron que es habitual que lo hagan los viernes.

El mandatario viene dando señales de respaldo y apoyos públicos a Adorni desde que comenzó la serie de revelaciones sobre su crecimiento patrimonial que lo complican judicial y políticamente.

En los últimos días, intentos de removerlo desde el Congreso se sumaron a la investigación penal que lleva adelante la justicia federal, con el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita a la cabeza.

El desayuno de este viernes, además, se dio en la previa a lo que será la presentación de ambos mañana, sábado, en el acto por el Día de la Bandera, en Rosario. Será una puesta de escena fuerte para el Gobierno, en la que estarán el Gabinete en pleno; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Mientras que Villarruel está enemistada con todo el Gobierno, Bullrich fue la única de los “leales” al Presidente que se animó a criticar públicamente a Adorni en distintas oportunidades. Mientras tanto, en el Gabinete hay múltiples tensiones con el ministro coordinador por su resistencia a dar un paso al costado.

El desayuno de hoy se da también luego de una semana marcada por nuevas revelaciones sobre gastos de Adorni, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Este miércoles, como resultado de un paquete de nuevas medidas que ordenó la fiscalía, se conoció otro gasto del funcionario que volvió a encender el tema, en momentos en los que su continuidad como ministro coordinador está puesta en duda.

Del celular de Matías Tabar —el contratista a cargo de las remodelaciones de la casa en el country Indio Cua, que alteró el curso de la investigación al sostener que el funcionario le pagó 245 mil dólares en efectivo—, el fiscal Gerardo Pollicita extrajo información que lo llevó a golpear las puertas de una casa de colchones en el corazón de Recoleta.

Es que, en el local, para equipar los cuartos de su nueva casa en el country, Adorni gastó un total de $8.183.383, según refleja una factura que surgió del teléfono que tiene la Justicia.

Casi 6820 dólares, de acuerdo con la conversión al tipo de cambio oficial del 2 de junio de 2025, día en el que una de las personas que trabaja para el funcionario -una empleada de planta que se desempeña desde hace años en el Gobierno- se presentó para pagar en efectivo el total de la compra, que fue luego enviada a la casa de Adorni en Indio Cua, según pudo reconstruir .

A nivel parlamentario, Adorni logró conseguir un poco de oxígeno político luego de que la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, logró el apoyo de la oposición dialoguista para postergar hasta la semana próxima la sesión de la Cámara alta en la que se iba a discutir un pedido de interpelación y moción de censura impulsado por el kirchnerismo.

Sin embargo, como moneda de cambio, Bullrich debió aceptar que en la siguiente sesión, convocada para el próximo jueves 25, la Cámara trate un pedido de interpelación para el próximo 2 de julio. Si lo interpelan y su desempeño es malo, Adorni puede ser sometido a una moción de censura ese mismo día, advierten en el Congreso.