El fiscal Franco Picardi citó hoy a declarar como testigos a dos funcionarios de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el marco del expediente que investiga el funcionamiento del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). El fiscal venía reclamando información al Ministerio de Economía y al organismo recaudador, pero nunca quedó conforme con las respuestas. “Los funcionarios que suscribieron las respuestas se encuentran en mejores condiciones de explicar el alcance técnico de la información proporcionada”, justificó al pedir su declaración.

Los funcionarios citados son Carlos Alberto José Rodríguez (Subdirector General de la Dirección de Programas y Normas de Procedimientos Aduaneros) y María Carolina Caironi Corral (Subdirectora General de la Subdirección General Técnico Legal Aduanera de ARCA).

Picardi había reclamando la nómina de los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación del SIRA a lo largo de 2023, especialmente aquellos vinculados a tres sociedades que aparecen mencionados en los chats encontrados en el teléfono de Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo. Se trata de Nemes S.H. de Fuentes N. y Mazzarini C., Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A. y Fizika S.R.L.

Según consta en el expediente, ARCA informó, en dos oportunidades, que la operatoria del sistema SIRA era de carácter “sistémico”, precisando que en el seno de la ex AFIP no existían usuarios habilitados para operar el sistema y que la totalidad de las interacciones se realizaban mediante procedimientos informáticos automatizados.

El fiscal no quedó conforme y ahora directamente citó a dos funcionarios del organismo para que aporten más datos.

Además, para avanzar en el tramo del expediente que investiga el rulo financiero, Picardi le pidió al juez Ariel Lijo que levante el secreto fiscal y bancario del banquero Juan Napoli, presidente de Napoli Inversiones. Un sumario del Banco Central identificó a esa firma como una de las estaciones que utilizó la agencia “Fast Cambio” para realizar un “rulo” sin efectivo.

Ese rulo, en vez de financiarse con billetes físicos sin trazabilidad bancaria, utilizaba dólares adquiridos a valor oficial para comprar bonos. Estos mismos bonos luego se vendían a una cotización del dólar más alta (dólar MEP). Entonces, la ganancia era el resultado de la brecha entre el dólar oficial y el MEP.

Napoli fue candidato a senador nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires en 2023. Durante la campaña ganó notoriedad cuando organizó un almuerzo en Mar del Plata entre Milei y empresarios, justo después del batacazo de las PASO. En ese momento, se presentaba como un de los principales asesores del entonces candidato a presidente.

Picardi también reclamó la misma medida para José María Napoli, Marisol Aquino Laprida (vinculada a Creden Agencia de Cambio y Turismo S.A.S), y Juan Ignacio Agra, uno de los protagonistas clave de la trama del dólar blue.

Agra tenía contacto con todos los financistas investigados y era una suerte de nexo con la política, o al menos eso trasmitía. Además, estuvo detrás de Mega Latina, una casa de cambio que vendió US$466 millones entre enero de 2022 y agosto de 2023.

“El levantamiento de los secretos respecto de las personas mencionadas resulta indispensable para verificar la eventual existencia de operaciones relacionadas con los hechos objeto de pesquisa, determinar el grado de intervención de cada una de ellas y establecer posibles conexiones patrimoniales, financieras y societarias de interés para la investigación”, planteó Picardi en un dictamen al que tuvo acceso a través de fuentes judiciales.

El fiscal también citó a declarar a dos personas cercana a Elías Piccirillo y Martín Migueles que podrían aportar datos sobre el movimiento de dinero en efectivo. Se trata de Sergio Daniel Speroni, que estaba autorizado a conducir uno de los autos de Piccirillo, y Mario Marcelo Leguizamón, alias “Pan Dulce”, quien, de acuerdo con la información reunida en la causa habría efectuado traslados de dinero por pedido de Migueles.

Noticia en desarrollo

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, compartió un duro mensaje contra los trapitos ayer, luego de que la Legislatura porteña aprobara una reforma del Código Contravencional para endurecer las penas contra cuidacoches y limpiavidrios. El proyecto era una iniciativa conjunta del oficialismo porteño y La Libertad Avanza (LLA).

“Dejaron que esta mafia se apropiara de las calles. Dejaron que una banda de extorsionadores decidiera dónde podías estacionar. Ya no hay más advertencia. Si sos trapito, te meto preso”, sostuvo el dirigente de Pro en un video que compartió en sus redes sociales con el que celebró la aprobación de la ley “anti trapitos” que había impulsado en el parlamento local.

La iniciativa -que propone un cambio en el Código Contravencional de la ciudad- se aprobó con 36 votos a favor y 18 en contra. Hasta ahora, la ciudad podría aplicar sanciones de uno o dos días de trabajo comunitario o multas de entre 50 y 300 unidades fijas para quienes ejercieran esta actividad de manera ilegal. Con la reforma aprobada, esas penas se incrementaron considerablemente.

La nueva normativa establece que quienes trabajen como cuidacoches sin autorización podrán enfrentar sanciones de entre 10 y 30 días de arresto o entre 20 y 45 días de trabajos de utilidad pública. Además, en caso de multas, eleva el monto a pagar a entre 1200 y 7000 unidades fijas. Así, a valores actuales, la penalidad económica oscila entre $300.000 y $6.649.930.

Las sanciones serán incluso más severas si se comprobasen agravantes específicos como amenazas o conductas intimidatorias contra los conductores de los vehículos o en los casos en los que se identifique la existencia de una organización previa detrás de la actividad. En esos casos, las penas podrían hasta duplicarse.

Además, en caso de que la actividad ilegal se realice en las inmediaciones de un estadio, la nueva ley prevé multas para los organizadores del espectáculo que oscilan entre 10.000 y 40.000 unidades fijas, es decir, entre $9,5 millones y $38 millones.

El proyecto había sido presentado por el Poder Ejecutivo, pero tras su ingreso en la Legislatura, incorporó múltiples cambios a instancias del bloque libertario que preside Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la ciudad. Así, la bancada oficialista -que integran Pro, la Coalición Cívica y Republicanos Unidos- y LLA trabajaron en conjunto para modificar el Código Contravencional.

Durante la votación en el recinto, la ley “antitrapitos” consiguió también el apoyo de la Unión Cívica Radical (UCR) -tradicional aliado de Pro en la Legislatura- y de Confianza y Desarrollo, la bancada que preside Emmanuel Ferrario y se referencia en el exjefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

Hace meses que Jorge Macri busca mostrar un perfil más duro en el distrito frente al avance de LLA en la Capital Federal. En las últimas elecciones locales de mayo de 2025, el partido de Javier Milei se impuso con alrededor del 30% de los votos y relegó a Pro al tercer lugar, detrás del peronismo.

Tras esa derrota -y, en especial, tras el acuerdo electoral que sellaron ambos espacios para la contienda nacional de octubre pasado-, el jefe de gobierno profundizó sus guiños a LLA, con una agenda de desregulación, por un lado, y orden y control del espacio público, por el otro. En el entorno de Macri, aseguran que no se trata de un viraje en su propuesta, sino de una profundización de lo que ya se venía haciendo en los primeros dos años de gestión.

Como parte de esta nueva impronta, en los últimos meses el jefe de gobierno hizo gala en redes sociales de los sucesivos operativos de la Policía de la Ciudad para desalojar y recuperar propiedades tomadas en el distrito. A esos anuncios, se sumó, ayer, su celebración por la nueva ley “anti trapitos”, que había anunciado en la última apertura de sesiones ordinarias.