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Entre la reforma electoral y el impacto del caso Adorni en la militancia: el doble frente que inquieta a la Casa Rosada

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En el Gobierno se encendieron las alarmas por dos temas que preocupan en la Casa Rosada: el futuro de las PASO y el impacto del caso Manuel Adorni en la militancia libertaria.

En Balcarce 50 creen que la reforma política es una condición clave para ordenar la estrategia electoral de Javier Milei en 2027 y admiten preocupación por el efecto que podría tener una primaria nacional en la que el Presidente compita sin interna, pero la oposición aparezca sumada en todas sus variantes.

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Sin reforma política, Milei no reelige”, expresan en un sector del Ejecutivo. En el oficialismo reconocen que ya se pasó la fecha límite que la mesa política había fijado como objetivo para obtener media sanción en el Senado: antes del primer partido del Mundial, que fue el 11 de junio. La iniciativa sigue trabada, pero en Nación aseguran que no la dan por caída. “La reforma va a salir, pero porque van a poner todo lo que sea necesario. Es la obsesión interna”, agregan.

La principal preocupación está puesta en las PASO. En el oficialismo temen que una elección primaria funcione como una gran encuesta nacional antes de las generales y produzca un efecto financiero adverso si Milei queda en torno a los 34 o 38 puntos, mientras el peronismo y otros sectores opositores, sumados, aparecen por encima. “Podés tener un estrés financiero que te complique”, advierten.

La cuenta que hacen en Balcarce 50 es distinta si no hay PASO. En el Ejecutivo especulan con que, sin primarias, Milei podría superar los 40 puntos en una elección general polarizada, mientras que con PASO quedaría expuesto a una foto intermedia menos favorable. En ese marco, algunos funcionarios resumen la orden política en una frase: “Creen que va a salir. Van a dejar todo”.

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El encargado de empujar la reforma desde la estructura política es Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y mano derecha de Karina Milei en el armado nacional de La Libertad Avanza. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene una ronda de reuniones con gobernadores para acercar posiciones y conseguir los votos necesarios en el Congreso.

El Presidente participó este sábado de la ceremonia central en el Monumento a la Bandera junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin (Foto: Presidencia).

En la Casa Rosada ya trabajan con una alternativa más flexible que la eliminación lisa y llana de las PASO. Aunque algunos sectores internos todavía se inclinan por una suspensión, la opción que gana volumen es convertirlas en un sistema optativo. Ese esquema permitiría que los partidos sin competencia interna no tengan que participar de la primaria y abriría una vía de negociación con gobernadores, radicales, sectores del PRO y bloques provinciales.

En otros despachos oficiales le bajan el tono al riesgo electoral y sostienen que “no va a suceder lo que pasó con Macri”. La referencia apunta al antecedente de 2019, cuando el resultado de las PASO provocó una fuerte reacción de los mercados y dejó al gobierno de Cambiemos muy debilitado antes de la elección general. En el oficialismo creen que Milei llega con un núcleo más firme, pero admiten que no quieren exponerlo a una instancia que pueda condicionar la economía y la campaña.

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La discusión electoral se cruza con la necesidad de evitar nuevos quiebres internos. En esta etapa, en sectores de Balcarce 50 se inclinan por Patricia Bullrich como eventual candidata a vicepresidenta de Milei, aunque la definición todavía no está cerrada. El diagnóstico que comparten en distintos sectores es que el Presidente necesita llegar al año electoral con menos frentes abiertos, acuerdos provinciales más estables y una estructura libertaria alineada detrás de su reelección.

El segundo frente de alarma es territorial. En paralelo a las negociaciones por la reforma política, referentes y funcionarios reciben testimonios de militantes libertarios del interior que trasladan quejas por el caso Adorni. Se trata de dirigentes de base que ponen mesas de La Libertad Avanza en pueblos y ciudades, hacen recorridas de calle y quedan expuestos a insultos, chicanas y reclamos de vecinos.

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Hay varios casos como el de uno al que le dieron plata y le dijeron: ‘Tomá, para Adorni’”, relatan en el oficialismo. La preocupación no está solo en la agresión puntual, sino en la dificultad para bajar una respuesta política ordenada. En los armados territoriales advierten que los militantes no tienen una explicación sencilla para defender al jefe de Gabinete y que el caso les complica el desarrollo discursivo en la calle.

Martin Menem, presidente de Diputados, Patricia Bullrich, senadora LLA y Diego Santilli, ministro del Interior (Foto: X / @MenemMartin).
Martin Menem, presidente de Diputados, Patricia Bullrich, senadora LLA y Diego Santilli, ministro del Interior (Foto: X / @MenemMartin).

Nadie lo quiere defender porque no parece creíble su versión. Los pibes se sienten unos boludos”, expresan desde un sector libertario. Otro dirigente territorial agrega: “No tienen idea de cómo afecta a los que ponen la cara en la calle”. Las quejas, por ahora, no fueron elevadas formalmente a Karina Milei ni al Presidente, pero circulan entre armadores, funcionarios y referentes que siguen de cerca el despliegue provincial del partido.

El problema golpea sobre una estructura que la Casa Rosada considera central para 2027. Karina Milei y Lule Menem buscan consolidar el control territorial de La Libertad Avanza, ordenar candidaturas y fortalecer la militancia en provincias donde el sello todavía tiene poca capilaridad. En ese esquema, el caso Adorni aparece como un costo que no solo afecta la imagen del jefe de Gabinete, sino también la capacidad de los referentes locales para defender al Gobierno en el territorio.

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En el Gabinete, la mayoría de los funcionarios quiere que Adorni deje la función. En distintos despachos celebraron la designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial porque creen que permitirá recuperar la comunicación oficial después de meses de desgaste. “Ahora vamos a poder comunicar”, resumen en Nación. La expectativa es que el nuevo portavoz vuelva a poner el foco en economía, gestión y reformas, sin que cada aparición derive en preguntas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete.

El cálculo interno es que Milei podría revisar la continuidad de Adorni si empieza a percibir que su caso traba reformas en el Congreso. El jefe de Gabinete enfrenta pedidos de interpelación y una posible moción de censura, mientras aliados y gobernadores evitan defenderlo en público y le piden a la Casa Rosada que resuelva el problema.

Sin embargo, en el Ejecutivo admiten que no hay un sucesor claro y que nadie puede hablar mal de Adorni frente a Javier y Karina Milei. “Lo va a sostener hasta el final”, agregan cerca del Presidente.

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La preocupación por las PASO y el desgaste territorial por Adorni forman parte de un mismo diagnóstico: el Gobierno busca ordenar rápido su frente político antes de entrar de lleno en la campaña. La reforma electoral aparece como una herramienta para evitar una primaria que pueda generar inestabilidad financiera, mientras que el recambio en la vocería busca separar la comunicación presidencial del caso que más erosiona a la militancia.

Gobierno, PASO, Manuel Adorni

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Del retiro de dos capítulos a la presión de los aliados: así el Gobierno consiguió la ajustada media sanción de la Ley de Propiedad Privada

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“Lo importante fue avanzar con la agenda de Javier Milei”, le dijo un senador libertario a TN tras el cierre de la sesión de este jueves y la madrugada del viernes, en la que el Senado dio media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Aunque la iniciativa finalmente excluyó los cambios a la Ley de Tierras Rurales, el oficialismo logró evitar que la oposición kirchnerista postergara su tratamiento. Ahora, el proyecto deberá ser debatido en Diputados.

El debate fue abierto por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto. “El espíritu de este proyecto es simplificar y agilizar procesos, que los dueños de bienes no sean castigados por ello, y seguir el espíritu del Art. 17 de la Constitución Nacional: que la propiedad privada no sea violada”, fundamentó el senador de La Libertad Avanza.

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Por su parte, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, destacó: “Se acabó la Argentina donde el usurpador tenía más derechos que el dueño y el que cumplía la ley era el que esperaba. Las hacen, las pagan”.

El neuquino Pablo Cervi le dijo a TN: “Argentina necesita reglas claras y seguridad jurídica. La defensa de la propiedad privada es un mensaje de confianza para quienes quieren invertir y producir”.

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La construcción de mayorías

Para destrabar la aprobación del proyecto, La Libertad Avanza retiró el capítulo cuarto, que modificaba la Ley de Manejo del Fuego. De esa manera, el oficialismo logró sostener el acompañamiento de los aliados, con quienes ya había acordado descartar el capítulo referido a los cambios en la Ley de Tierras Rurales.

Entre los bloques que acompañaron estuvieron el PRO, la UCR y fuerzas provinciales que responden a los gobernadores, como en el caso de la chubutense Edith Terenzi. Desde Misiones, los senadores Carlos Arce (Encuentro Misionero) y Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones, flamante monobloque) también sumaron sus votos a favor.

Sin embargo, durante el debate hubo un episodio que tensó la relación del oficialismo con sus aliados. Ocurrió cuando el senador libertario Joaquín Benegas Lynch planteó una cuestión de privilegio contra la kirchnerista Juliana Di Tullio y afirmó: “La ignorancia de los tibios del medio nos lleva a no votar el capítulo tres (los cambios a la ley de Tierras rurales), que es para los argentinos”.

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Los sectores dialoguistas se sintieron aludidos por la referencia a “los tibios del medio” y terminaron inclinando la balanza por el rechazo al capítulo sobre la Ley de Manejo del Fuego. Benegas Lynch intentó luego explicar el alcance de sus palabras, pero no logró convencer a los aliados.

Varios votos negativos

Desde la bancada justicialista se sumaron varios votos de rechazo. Jorge Capitanich planteó: “Creemos necesario que el debate público tenga que centrarse en el acceso a la propiedad por parte de los pobres. La inviolabilidad de la propiedad privada encubre para facilitar el despojo del patrimonio y de los activos de la República Argentina”.

El también peronista Pablo Bensusán cuestionó que nuevamente se discutiera un proyecto sin dictamen oficial: “De este lado estamos los que defendemos la soberanía, el federalismo, las provincias, las economías regionales. Quienes voten esta ley, están del lado de entregar la Argentina a los Estados extranjeros y yo no voy a ser cómplice de eso”.

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La salteña Flavia Royón (Primero los Salteños), que responde al gobernador Gustavo Sáenz, sostuvo que los cambios realizados no fueron suficientes, ni siquiera con el retiro del capítulo referido a la venta de tierras rurales.

“A pesar de todo el esfuerzo por lograr un proyecto aceptable, no se pudo. Y lo que queda (Cap. I Expropiación y Regularización dominial, Cap. II Procesos de Desalojo, Cap. IV Manejo del Fuego, Cap. V Registro de la Propiedad del Inmueble) no lo puedo acompañar, esta es una decisión responsable, todavía contiene errores conceptuales y técnicos que deben revisarse”.

Bartolomé Abdala, senador nacional de La Libertad Avanza, presidió la sesión. 
Foto:  Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado.-
Bartolomé Abdala, senador nacional de La Libertad Avanza, presidió la sesión.
Foto: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado.-

Otro sector que le dio la espalda al oficialismo fue Convicción Federal, el espacio de la jujeña Carolina Moisés. El catamarqueño Guillermo Andrada, integrante de ese bloque, cargó contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: “No se puede ser desregulador para el capital y regulador para el salario. La propiedad privada empieza por el bolsillo del trabajador”.

El legislador Andrada había señalado previamente: “Entendemos que jurídicamente el salario es propiedad privada. Por lo tanto, si tanto les interesa desregular, que liberen las paritarias, porque los argentinos, si bien el 60% es propietario, la mayoría que cobra un salario está regulada por este Gobierno que impide paritarias libres”.

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Por su parte, el radical Maximiliano Abad se había opuesto a los cambios propuestos en la Ley de Manejo del Fuego. “Se suprime la protección posterior a los incendios para bosques, humedales y zonas agropecuarias, pero el artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, pero también la obligación del Estado de proteger ese derecho”, sostuvo. Además, adelantó que la modificación “va a ser cuestionada judicialmente”.

Los puntos del proyecto

La iniciativa introduce una amplia reforma en la Ley de Expropiaciones en lo referido a la declaración de utilidad pública. El nuevo texto conserva esa facultad, pero establece que deberá interpretarse de manera restrictiva, identificar específicamente el objetivo perseguido y superar un examen de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

En relación con las indemnizaciones, establece que deberá tomarse el valor objetivo del bien y considerar su valor de mercado cuando resulte determinado o determinable. Además, incorpora expresamente el lucro cesante.

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Otro de los capítulos modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para acelerar los procesos de desalojo. Las acciones sobre inmuebles urbanos y rurales pasarán a tramitar por la vía del juicio sumarísimo, con plazos más breves y una mayor concentración de las etapas procesales.

El proyecto también introduce cambios en la denominada Ley Pierri —en referencia al expresidente de la Cámara de Diputados Alberto Pierri—, que establece un régimen de regularización dominial. La norma vigente permite acceder al beneficio a quienes acrediten una posesión pública, pacífica y continua durante los tres años anteriores al 1° de enero de 2009, con causa lícita y respecto de una vivienda única y permanente.

Senadores nacionales de Convicción Federal: Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés. Foto: Senado nacional.

El proyecto sancionado por el Senado reemplaza ese corte temporal por un requisito móvil. Podrán solicitar la regularización quienes acrediten una posesión pacífica, ostensible y continua durante los diez años anteriores a la presentación.

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Los cambios también alcanzan a la ley que regula los Registros de la Propiedad Inmueble de las distintas jurisdicciones. La iniciativa reconoce expresamente la presentación de documentos digitales y exige que tanto la solicitud como el instrumento registrable estén suscriptos con firma digital.

Si bien algunas jurisdicciones ya admiten presentaciones electrónicas, el proyecto incorpora expresamente esa posibilidad dentro del régimen nacional.

Sin votos virtuales

El Senado no trató las autorizaciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel para que los senadores Anabel Fernández Sagasti, de la bancada justicialista, y Flavio Fama, de la UCR, pudieran sesionar y votar de manera remota debido a distintas situaciones personales que les impidieron estar presentes en el recinto.

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Fernández Sagasti atraviesa la semana 32 de su embarazo, mientras que Fama se recupera de una intervención quirúrgica.

Al inicio de la sesión, la senadora Patricia Bullrich (LLA) presentó una moción basada en el artículo 227 del reglamento del Senado. En ese marco, planteó que “a partir de un debate que se ha hecho público sobre licencias o voto no presencial, con la presentación de proyectos parlamentarios necesarios para poder habilitar este tema, se discuta en la Comisión de Asuntos Constitucionales”.

La propuesta recibió el respaldo de los distintos bloques, incluido el justicialismo. De esa manera, ninguno de los dos legisladores pudo participar de la sesión y se acordó abrir en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Agustín Coto, el debate sobre una eventual vuelta parcial a la virtualidad para casos particulares.

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Para habilitar esa modalidad será necesario modificar el reglamento del Senado con el voto de los dos tercios del cuerpo. Bullrich acordó avanzar por esa vía con los distintos bloques minutos antes de que se retomara el cuarto intermedio iniciado el pasado 16 de julio, cuando la Cámara no había logrado reunir las mayorías necesarias para aprobar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y su tratamiento volvió a quedar postergado.

La sesión fue presidida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, debido al viaje del presidente Javier Milei a Ecuador. En consecuencia, Victoria Villarruel quedó a cargo del Poder Ejecutivo.

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La vicepresidenta había establecido que su resolución, el Decreto de Presidencia 66/2026, que avalaba el pedido de ambos senadores, quedara ad referéndum de la aprobación del pleno del Senado. Finalmente, el cuerpo resolvió que la discusión sobre los votos remotos se lleve a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La vicepresidenta a cargo del PEN, Victoria Villarruel, que no presidió el Senado, participó este jueves de la misa celebrada en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, presidida por el nuncio apostólico, Monseñor Michael Wallace Banach, con la que dio inicio oficialmente a su misión diplomática y pastoral como representante del Papa León XIV en nuestro país.

propiedad privada, sesion, Senado

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Denuncian al gobierno de Gildo Insfrán por un caso de adoctrinamiento político en escuelas

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La diputada radical Agostina Villaggi denunció al gobierno de Gildo Insfrán en Formosa por presunto adoctrinamiento político en escuelas primarias de la provincia. La legisladora presentó un reclamo ante el Ministerio de Capital Humano de la Nación y difundió un video con detalles de la situación en su cuenta oficial de Instagram.

Villaggi detalló que en el Colegio Don Bosco, ubicado en la ciudad de Formosa, a estudiantes de cuarto grado se les imparte el denominado “modelo formoseño” en el área de Ciencias Sociales.

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“Es una política pública que la instaló el gobernador Insfrán a partir de materiales didácticos de la provincia, donde su asunción en 1995 como gobernador aparece como un hito histórico, sin repasar la historia previa u otros gobernadores en el cargo”, sostuvo hoy la legisladora, en declaraciones a radio Mitre. “Este texto en particular no tiene que ver con nuestra geografía, flora y fauna. Parece un balance de gestión de repertorio de datos que no condicen con la realidad”, agregó.

Según Villaggi, se trata de actividades pedagógicas en la que se “le piden a los niños que no se instala el pensamiento crítico”. “Les preguntan: ¿desde que año empiezan las transformaciones en Formosa? Dos minutos antes, les dijeron desde el año 1995, momento que Insfrán asume la gobernación«, remarcó.

En el video, la diputada afirmó que “se les está diciendo a niños de entre 9 y 10 años que durante la gestión actual del gobernador en Formosa se hicieron escuelas, hospitales, rutas, acceso a agua potable, además se les pide que hagan una valoración del modelo formoseño”.

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Villaggi, quien había sufrido un episodio de violencia de una patota de mujeres el año pasado durante una actividad de campaña, calificó esta práctica como “un claro caso de adoctrinamiento político” y afirmó que “se está instalando en la conciencia de niños de la escuela primaria una ideología política, algo que está prohibido por la Constitución Nacional y por la ley nacional de Educación”.

Tras la visibilización del planteo, Villaggi recibió el apoyo de Lucy Aguayo, docente y convencional constituyente mandato cumplido por la UCR, quien manifestó que el diseño curricular provincial no obliga a impartir proyectos de gobierno específicos. Aguayo expresó su preocupación por la posibilidad de una orientación partidaria en el ámbito educativo, que podría ir en contra de la Constitución de Formosa.

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La exintegrante de la Junta de Clasificación aclaró que no puede asegurar que la práctica denunciada por la diputada alcance a todo el sistema educativo provincial y diferenció la enseñanza de la historia local de la exaltación de una gestión en particular.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la documentación presentada por Villaggi será incorporada al expediente correspondiente, junto con materiales y testimonios recogidos de docentes y autoridades educativas.

Respuesta del gobierno de Gildo Insfrán

En respuesta a la denuncia, Juan Ignacio Meza, director de Educación Primaria de Formosa, aseguró en declaraciones a AGENFOR que “la enseñanza de las transformaciones territoriales, económicas y sociales de la provincia no responde a un mero eslogan partidario, sino a los preceptos consagrados en la propia Constitución Provincial, recientemente sancionada”.

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Meza criticó a la oposición por, según él, solicitar “censura” bajo el argumento de defender la libertad y sostuvo que “quieren borrar de los libros la historia reciente de la provincia porque contradice el relato centralista que ellos defienden”.

El funcionario provincial argumentó que “enseñar lo que fuimos, lo que somos y lo que construimos juntos en Formosa es un acto de soberanía cultural, memoria y orgullo provincial”.

En marzo, se conoció otra situación de uso partidario de las escuelas en Formosa, cuando el gobernador Insfrán se hizo entrevistar por alumnos durante la inauguración de una escuela EPEP N° 548 “Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez”. Los chicos solo se dedicaron a elogiar su gestión en una muy cuestionada puesta en escena, como parte de un programa radial que hacen los niños en el marco de sus tareas educativas.

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“¿Sabés quién es el responsable de que todos nosotros, niños y niñas, podamos tener espacios para estudiar dignamente?“, fue uno de los pasajes comentados por los chicos. “Claro, nuestro señor gobernador y su equipo de política pública siempre nos han dado todo: edificios, útiles escolares, buenos maestros y más”, respondió otro de los niños.

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Ley de Propiedad Privada: qué se aprobó con la media sanción del Senado

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El oficialismo, con el apoyo de la oposición dialoguista, aprobó esta madrugada y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero debió resignar el capítulo que modifica la ley de Manejo del Fuego ante la fuerte resistencia de algunos aliados de fuerzas provinciales.

Así, el núcleo del proyecto quedó limitado a la regulación para acelerar los desalojos y a cambios en los requisitos para la expropiación de bienes por parte del Estado.

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El Senado de la Nación Argentina

Ya sin el polémico capítulo que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeros, el debate giró en torno a la aceleración de los plazos judiciales para los desalojos.

Los cambios en materia de desalojos regirán en la Ciudad de Buenos Aires y en los predios que sean de jurisdicción nacional, que se rigen por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Patricia Bullrich en el SenadoPilar Camacho

El proyecto quedó reducido a tan solo cuatro capítulos. Uno de ellos está relacionado con la instauración del juicio sumarísimo para el caso de desalojos por usurpaciones y ocupaciones, y la aplicación de un plazo de 10 días hábiles para el abandono de una vivienda en caso de deuda en el pago de los alquileres.

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Según el texto aprobado, todos los procesos de desalojo, tanto urbanos como rurales, se tramitarán por juicio sumarísimo. En ese sentido, se contempla la posibilidad de que el propietario pueda solicitar la restitución inmediata del bien contra intrusos o tenedores precarios en cualquier estado del juicio tras la litis, bajo caución juratoria.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Agustín Monteverde (Capital), defendió la propuesta del Gobierno al sostener que la demora procesal para recuperar un inmueble “termina devastando el mercado de alquileres”.

“Fortalecer el derecho de propiedad es indispensable para permitir el acceso a la vivienda”, opinó Monteverde. “Si quieren ser solidarios, háganlo con la propia, no con la de los demás”, remató el senador oficialista en dirección al bloque kirchnerista.

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A pedido de la oposición dialoguista, se estableció que el juez debe dar participación obligatoria a organismos de protección si hay menores o personas con discapacidad. Se establece un plazo de hasta 10 días para asegurar una alternativa habitacional antes del desalojo.

El bloque de aliados de La Libertad AvanzaSENADO ARGENTINA – Charly Diaz Azcue

Ese mismo plazo de 10 días de intimación previa se aplicará para desalojos por falta de pago y se habilita que la notificación se haga en el domicilio electrónico constituido en el contrato.

También consiguió los votos para su aprobación las modificaciones al régimen de expropiación por parte del Estado de bienes privados, estableciendo nuevos requisitos a cumplir para poder apropiarse de una propiedad.

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Así, para declarar de utilidad pública un bien, debe hacerse una interpretación restrictiva, identificando el Estado de forma específica el fin perseguido y demostrando que la medida es idónea, necesaria y proporcional.

La indemnización se limita al valor objetivo (de mercado) y a los daños directos. El lucro cesante solo se reconoce si está debidamente acreditado y tiene un tope del 30% del valor del daño emergente, salvo prueba fehaciente de una afectación mayor.

Los montos se actualizarán por IPC más una tasa de interés para plazo fijo del Banco Nación. Para poder llevar a cabo ocupaciones temporales y anormales, se define estrictamente el “estado de necesidad”, limitándolas a 90 días con una única prórroga por igual plazo ante circunstancias graves.

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Este capítulo del proyecto fue duramente cuestionado por el kirchnerista Martín Soria (Río Negro), quien denunció que los cambios tienen el objetivo de “restringir la facultad de que el Estado pueda expropiar bienes necesarios para el bien común”.

“También quieren que las expropiaciones le salgan cada vez más caras al pueblo argentino, al incluir el pago de lucro cesante y a también, además del valor real del bien, se paguen las ganancias hipotéticas y futuras”, agregó.

Tratamiento de la ley de tierras en el Senado del Congreso Nacional. – Di Tullio Coki CapitanichPilar Camacho

También se incluyó una cláusula que facilita la regularización dominial para inmuebles rurales, extendiendo el concepto de usucapión de 10 años contemplado en la denominada Ley Pierri a agricultores familiares para que puedan regularizar los inmuebles rurales donde residen y producen.

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el polémico capítulo,Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Conforme a

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