POLITICA
Radiografía de vivir en situación de calle: los cambios en un drama que atraviesa a niños, jubilados y familias enteras

“¿Qué sentimos en el corazón cuando vemos a un sin techo o a niños pidiendo en la calle? ¿Los vemos como parte del paisaje de nuestras ciudades, como estatuas o paradas de autobús? Ignorar a los pobres y sin techo lleva a la corrupción del alma». La reflexión la realizó el fallecido papa Francisco en la homilía que realizó el 31 de marzo de 2017 en Santa Marta.
No mencionó una ciudad, un país o un barrio en particular. La descripción, brutal, era a nivel mundial. La imágen se sigue repitiendo. En la Argentina, por ejemplo, un reciente informe elaborado por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral revela que la situación de calle dejó de ser un fenómeno circunscrito a perfiles específicos para convertirse en una crisis de inclusión social y habitacional que afecta a segmentos de población cada vez más amplios, entre ellos familias completas, mujeres, personas mayores y adolescentes que nunca antes habían transitado esa condición.
“La situación de calle constituye una de las expresiones más extremas de la exclusión social y habitacional en Argentina. Lejos de limitarse a la ausencia de vivienda, es una problemática multidimensional atravesada por la precariza ción laboral, las dificultades de acceso al hábitat, el deterioro de la salud física y mental, los consumos problemáticos, las violencias, las rupturas vinculares y el debilitamiento de las redes de protección social”, se sostiene en el documento, titulado «Situación de Calle en Argentina en 2026″ elaborado por Daniela Valiente y Agustín Alessio. Combina el análisis de datos de relevamientos existentes con una encuesta propia a 18 referentes de organizaciones socio-comunitarias distribuidas en 17 localidades de distintas regiones del país, entre ellas las ubicadas en: San Luis capital, Córdoba capital y Villa María; varios distritos de la provincia de Buenos Aires como Lomas de Zamora, Moreno, Merlo, Quilmes, Avellaneda, La Plata y Lanús; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santiago del Estero Capital, Comodoro Rivadavia, Trelew, Corrientes Capital, Rivadavia, en San Juan y Rawson.
Uno de los cambios estructurales que registra el informe es el aumento de personas que llegan a la calle por razones económicas directas. “La situación de calle suele aparecer en la agenda pública únicamente durante el invierno, pero estamos frente a una problemática estructural y creciente. Nuestro relevamiento muestra que cada vez más personas llegan a la calle por razones económicas relativamente simples: pérdida de empleo, imposibilidad de sostener un alquiler o ruptura de estrategias familiares de supervivencia“, señaló Alessio, arquitecto becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) e integrante del equipo de Infraestructura y Vivienda de la Fundación.

El informe subraya que es un problema federal atravesado por profundas dife rencias territoriales y climáticas que exigen respuestas adaptadas a cada re gión. También sitúa esta tendencia en un contexto de creciente “inquilinización” de la población: cerca del 21% de los hogares alquila. A ello se suma la expansión de formas precarias de acceso al hábitat —conventillos, hoteles pensión, casas tomadas—, caracterizadas por hacinamiento grave e inseguridad en la tenencia. Según un informe del Centro para la Integración SocioUrbana (CISUR) citado en el documento, 1 de cada 2 hogares presenta algún tipo de problema habitacional, con un 14,19% que registra déficit compuesto, tanto cuantitativo como cualitativo.
“En los últimos años -se sostiene en la investigación-, la problemática ha adquirido una creciente visibilidad pública en distintas ciudades del país. Sin embargo, gran parte de las respuestas estatales continúan centradas en la emergencia inmediata y en abordajes fragmentados, sin lograr intervenir sobre las condiciones estructurales que producen y sostienen las trayectorias hacia la calle. A su vez, persisten importantes dificultades para dimensionar el fenómeno de manera integral, tanto por la ausencia de sistemas públicos de información continuos como por las limitaciones de mu chos relevamientos oficiales centrados exclusivamente en el conteo de personas en vía pública”.
El perfil de la población, en transformación
Si bien el patrón predominante sigue siendo el de varones adultos jóvenes de entre 20 y 40 años con vínculos familiares fracturados y problemáticas de consumo, los referentes territoriales consultados por la Fundación DHI coinciden en señalar una diversificación acelerada. Aparecen con mayor frecuencia adultos mayores jubilados sin ingresos, mujeres víctimas de violencia de género, familias desalojadas sin acceso a empleos que les permitan costear una vivienda, y adolescentes expulsados de sus entornos familiares
El consumo problemático aparece como un factor transversal en prácticamente todas las respuestas, aunque los referentes advierten que, en muchos casos, no es la causa inicial de la situación de calle sino una consecuencia de ella.
Por ejemplo, el 54% de las personas relevadas declaró consumir sustancias psicoactivas, y dentro de ese grupo, el 45,3% indicó que el consumo aumentó desde que se encuentra en la calle.
Los datos del informe al que accedió Infobae describe el perfil de las personas que sufren situación de calle:
- Familias completas desalojadas sin acceso a empleo que permita sostener un alquiler.
- Mujeres víctimas de violencia de género.
- Personas mayores jubiladas sin ingresos.
- Jóvenes y adolescentes desvinculados de sus familias por conflictos ligados al consumo.
- Niñas, niños y adolescentes.
- Personas con padecimientos de salud mental severos.
A esto se suman Indicadores clave:
- Completaron el nivel secundario el 14,75%.
- Saben leer y escribir el 87,7%.
- No están alfabetizadas el 8,8%.
- Estudiaban al momento del relevamiento el 5,5%.
- Expresaron interés en retomar estudios más del 50%.
- No reciben asistencia económica estatal el 61,5%.
- Sufrieron violencia desde que están en calle el 54%.
- Padecieron violencia por parte de fuerzas de seguridad 1 de cada 4 personas.
- Mujeres y personas trans que sufrieron violencia de género más del 50%.
- Realizaron un chequeo médico en el último año 36,8%.
- Nunca se realizaron un control médico el 8,3%.
- Consumen sustancias psicoactivas 54%.
- De ese grupo, aumentaron el consumo desde que están en calle el45,3%.

Incremento y transformación en los últimos años
El informe registra que una abrumadora mayoría de los referentes consultados reporta cambios significativos y estructurales en el perfil de la población. Los principales cambios son:
-Aumento exponencial de personas que llegan a la calle por razones económicas: incapacidad de pagar alquileres en contextos de desocupación y falta de oportunidades laborales.
-Diversificación de perfiles: familias enteras de varias generaciones, adultos mayores jubilados, personas que nunca antes habían estado en situación de calle.
-Expansión geográfica: el fenómeno se extendió desde los centros urbanos hacia barrios más alejados.
-Rejuvenecimiento de la población: cada vez más jóvenes y adolescentes transitan la calle.
-Deterioro profundo de la salud mental: aumento de padecimientos psiquiátricos complejos en personas que antes no los manifestaban.
Tendencias emergentes y desafíos para la intervención pública
El informe, de 35 páginas también describe que:
- Muchas personas circulan constantemente entre alojamientos, alquileres precarios y calle, lo que dificulta anclar políticas locales de respuesta.
- Rechazo a los paradores: tanto por restricciones vinculadas al consumo como por horarios incompatibles con las estrategias de supervivencia de la población.
- Feminización y familiarización del fenómeno: la crisis económica trasladó la situación de calle a hogares enteros, difuminando las fronteras entre vivienda precaria y calle.
- Dependencia y violencia estructural en mujeres y disidencias: dependencia económica y emocional de varones que ofrecen “protección” a cambio de sumisión.
- Cronificación de la salud mental: aumento de padecimientos psiquiátricos complejos que antes no se manifestaban en esta población.

Las diferencias climáticas, una variable que las políticas ignoran
Uno de los aportes del informe es el análisis de la situación de calle a partir de las seis zonas bioclimáticas del país. La extensión territorial de Argentina implica que las personas que pernoctan en el espacio público enfrentan adversidades radicalmente distintas según la región: desde las altas temperaturas y la elevada humedad del norte, que agravan cuadros de deshidratación y enfermedades transmisibles, hasta las bajas temperaturas, nevadas y vientos intensos del sur, que incrementan el riesgo de hipotermia y mortalidad por exposición.
El documento señala que, mientras en el Área Metropolitana de Buenos Aires la prioridad es dar refugio ante la combinación de frío y alta humedad invernal, en localidades patagónicas el riesgo de hipotermia exige paradores con estándares de aislamiento térmico y calefacción permanente mucho más rigurosos.
En el norte del país, en cambio, las exigencias son opuestas. Para la Fundación DHI, cualquier estrategia de intervención que ignore estas diferencias reproduce desigualdades territoriales en lugar de atenuarlas.

Obstáculos estructurales en el acompañamiento
Los referentes territoriales consultados identificaron tres planos de obstáculos que se retroalimentan entre sí. En lo económico, la escasez de recursos estatales impide ofrecer alternativas habitacionales a personas que atravesaron procesos de rehabilitación, lo que perpetúa un círculo en el que quienes logran avances no encuentran dónde consolidar su salida de la calle.
En lo burocrático, la falta de documentación actúa como barrera de acceso a servicios básicos, mientras que los trámites para solicitar alojamiento o gestionar derechos resultan complejos y lentos.
En lo social, la estigmatización y el rechazo comunitario dificultan tanto el acceso a instituciones como la reconstrucción de vínculos.
«Uno de los principales desafíos es producir información confiable y sistemática. Sin una metodología adecuada que brinde datos efectivos, es muy difícil dimensionar el problema, asignar recursos y construir políticas públicas acordes. Esa respuesta, además, no puede quedar en la emergencia, debe ser una estrategia permanente de integración social», afirmó Julieta Eva Neumann, directora de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, socióloga e integrante del equipo de Infraestructura y Vivienda de la Fundación.

Lineamientos para una política integral
Sobre la base de los hallazgos, el informe propone seis lineamientos para el diseño de políticas públicas. El primero es reconocer la situación de calle como una problemática multidimensional que excede la ausencia de vivienda e involucra dimensiones laborales, sanitarias, educativas y comunitarias.
El segundo plantea construir un sistema federal de abordaje integral que articule los distintos niveles del Estado y garantice un piso mínimo de derechos en todo el territorio, sin delegar la responsabilidad exclusivamente en provincias y municipios.
El tercer lineamiento apunta a fortalecer las políticas habitacionales y las estrategias de prevención del riesgo de calle, con herramientas como subsidios habitacionales, programas de alquiler social y producción pública de vivienda.
El cuarto propone consolidar dispositivos territoriales e interdisciplinarios de acompañamiento —centros de integración social, centros de día, equipos comunitarios— con capacidad para sostener intervenciones continuas y no solo operativos estacionales.

El quinto lineamiento exige incorporar perspectivas específicas para poblaciones particularmente vulneradas: infancias y adolescencias, personas mayores, personas con discapacidad y personas con padecimientos de salud mental.
El sexto y último plantea garantizar la producción pública de información y la participación social, con relevamientos periódicos, sistemas interoperables de registro y mecanismos que habiliten a las organizaciones comunitarias a intervenir en el diseño y la evaluación de las políticas.
Cambio de perfil
“La situación de calle suele aparecer en la agenda pública únicamente durante el invierno, pero estamos frente a una problemática estructural y creciente. Nuestro relevamiento muestra que cada vez más personas llegan a la calle por razones económicas relativamente simples: pérdida de empleo, imposibilidad de sostener un alquiler o ruptura de estrategias familiares de supervivencia”, explica Agustín Alessio, uno de los autores del informe, arquitecto becario de CONICET e integrante del equipo de Infraestructura y Vivienda de la Fundación.
Durante décadas, la imagen asociada a la situación de calle fue la de un varón adulto solo, de entre 20 y 40 años, con vínculos familiares fracturados y problemáticas de consumo. Ese perfil sigue siendo el más frecuente, pero los referentes consultados por la Fundación DHI describen una transformación que califican como estructural, no coyuntural.
¿La razón? “Las transformaciones recientes en la compo de la población a partir de las dificultades en el mantenimiento y sostenimiento de la vivienda, el crecimiento de la informalidad habitacional, la precarización laboral, el deterioro de las condiciones socioeconómicas y el debilitamiento de las redes de protección social configuran escenarios de vulnerabilidad cada vez más extendidos en todo el territorio nacional”.
León XIV, el sucesor del papa Francisco también abordó el tema de los excluidos en su mensaje para el IX Día Mundial de los Pobres bajo el título“Tú eres mi esperanza”. Allí escribió:“La pobreza tiene causas estructurales que deben abordarse y eliminarse”.
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POLITICA
La Justicia remata camionetas, camiones y propiedades que pertenecieron a Lázaro Báez

Camionetas, camiones y obradores que pertenecieron a Austral Construcciones SA, la empresa del empresario condenado Lázaro Báez, comenzaron a ser rematados a través de la plataforma de subastas judiciales online de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los bienes forman parte de un incidente dentro del proceso de quiebra de la firma, que tuvo una fuerte participación en la obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
La quiebra de la constructora tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28. En el marco de un incidente de restitución de bienes, la Justicia dispuso que distintos activos de la compañía fueran enviados al área de subastas online de la Corte para su venta.
Entre los vehículos ofrecidos hay seis camionetas Chevrolet S10, con precios base de $2.200.000; una Mercedes-Benz Sprinter, que parte de $5.100.000; y una Renault Master, con un valor inicial de $7.200.000.
También se subastan 11 módulos Tecnimet que eran utilizados como obradores al costado de las rutas. La oferta está dividida en dos lotes: uno integrado por cuatro unidades y otro por las siete restantes.
POLITICA
Arrancó la subasta de bienes de la constructora de Lázaro Báez en la página oficial de la Corte Suprema

Camiones, autos y obradores que pertenecieron a la firma Austral Construcciones SA, del empresario condenado Lázaro Báez, comenzaron a ser ofrecidos para remate a través de la página oficial de subastas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Se trata de uno de los incidentes del último capítulo del proceso de quiebra del expediente judicial de la firma de Báez, que realizó gran parte de la obra pública vial que se hizo entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz.
La causa por la quiebra de Austral Construcciones se abrió en 2017 y se encuentra tramitando ante el juzgado nacional en lo Comercial 28.
Allí se dispuso, en un incidente de restitución de bienes, enviar una serie de bienes a rematar en el área de subastas judiciales, que depende de la Corte Suprema.
En total, se subastan seis camionetas marca Chevrolet S10, que arrancan con un precio base de $2.200.000, una Mercedes Benz Sprinter con un precio inicial de $5.100.000 y otra Renault Máster, por $7.200.000.
Además, también se rematan once módulos Tecnimet (uno en una subasta con cuatro unidades y otra con las siete restantes) que funcionan como obradores al costado de la ruta.
Se trata de casillas prefabricadas, parecidas a un contenedor, de chapa, con paneles aislantes, puerta, ventanas e instalación eléctrica. Llegan armadas en camión y se apoyan en el terreno sin cimientos.
Archivo
Se usan como oficinas, vestuarios y baños para los obreros, comedor, depósito de herramientas y materiales o dormitorios en obras alejadas, como las de la Patagonia.
Por decisión judicial, los bienes están actualmente en poder de la Fuerza Aérea. En cada caso, los interesados pueden observar el lugar en donde se encuentran y un detalle del estado de los bienes.
En 2025, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema creó la plataforma online de remates con el fin de transparentar el mecanismo de subastas para hacer más accesible el proceso, garantizar el anonimato de los postores y facilitar la participación de la gente en todo el país, sin intermediarios.
Días atrás, a través de la página, se remató un departamento de 3 ambientes en el complejo River View de Puerto Madero que tenía como precio base 400.000 dólares y una casa en el country San Diego, del partido de Moreno.
Actualmente, hay en puja desde un departamento de tres ambientes con cochera en la ciudad de Mar del Plata con precio base de 54.000 dólares hasta la estructura de un edificio sin terminar en el barrio de Villa Urquiza y una planta industrial en Mendoza, todos bienes afectados a diversas causas judiciales.
En el caso de Báez, la mayoría de sus bienes ya fueron vendidos en este proceso de quiebra para pagar a los acreedores.
Además de la justicia comercial, también pugnan por rematar los bienes que quedan en pie de Báez el Tribunal Oral Federal 2, que lo condenó en la causa Vialidad, y el Tribunal Oral Federal 4, que lo condenó en la causa de la “Ruta del dinero K”.
La empresa quebró en 2018 y su liquidación sigue abierta: hubo unos 45 incidentes de venta, sobre todo, en Río Gallegos.
En abril de 2024, ya fue rematada maquinaria vial (motoniveladoras, palas cargadoras, excavadora), un semirremolque y vehículos. En septiembre de 2025, se subastaron 28 lotes del ex Obrador Central de Río Gallegos.
Además, en febrero de 2026 se llamó a mejorar ofertas por US$200.000 por un inmueble en Río Gallegos.
Quedan por rematar inmuebles y otros activos de Austral que siguen en liquidación.
En la causa de lavado de la “ruta del dinero K”, el objetivo es recuperar al menos 61 millones de dólares. Ya se remataron dos aviones: un Rockwell Commander y un Learjet.
Desde diciembre de 2025, en tanto, la Corte transfirió al Estado más de 60 millones de dólares.
Quedaron inmuebles bajo administración judicial hasta que se subasten cuentas en Suiza y Bahamas, y participaciones en nueve sociedades (Badial, Austral Agro, Austral Atlántica, Diagonal Sur y otras).
Por otro lado, está pendiente el decomiso por la causa Vialidad. El tribunal aprobó ejecutar 84 inmuebles, la mayoría en Santa Cruz, para cubrir una condena solidaria de 685.000 millones de pesos. Entre esos bienes se cuentan un campo de 5633 hectáreas en Alto Río Senguer (Chubut), la estancia Los Gurises, de 10.000 hectáreas (Santa Cruz), unos 60.000 metros cuadrados en El Calafate, lotes en Río Gallegos y tierras en Río Turbio.
comenzaron,la quiebra,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Río Negro: imputaron a un intendente libertario por corrupción y deberá afrontar un referéndum

La crisis política e institucional de Allen, en Río Negro, tendrá un nuevo capítulo el próximo 8 de noviembre, cuando los vecinos de la ciudad acudan a las urnas para definir la continuidad del intendente Marcelo Román. El jefe comunal, que se reivindicaba como el único mandatario municipal de La Libertad Avanza en la provincia, está imputado en una causa penal por presunta administración fraudulenta y peculado y quedó distanciado de la estructura partidaria libertaria.
El referéndum popular fue aprobado por el Concejo Deliberante, que habilitó así la instancia decisiva de un proceso de revocatoria impulsado por un sector de vecinos. La iniciativa avanzó luego de que se verificaran 4.771 firmas correspondientes al padrón electoral municipal, un volumen que permitió alcanzar el umbral previsto en la Carta Orgánica para convocar a la consulta.
La votación trasladará a los ciudadanos la definición sobre la continuidad del mandato de Román, en medio de una disputa que enfrentó al Ejecutivo municipal con el cuerpo legislativo y que tuvo derivaciones judiciales. En julio, los concejales habían dispuesto la suspensión preventiva del intendente, pero el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro anuló esa decisión en agosto, al considerar que el órgano legislativo no tenía competencia para adoptar esa medida en las condiciones en que lo había hecho.
Una disputa institucional que llegó a la Justicia
El 8 de julio, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza 044/2026, que dispuso la suspensión preventiva de Román mientras avanzaba la investigación penal. La medida obtuvo seis votos afirmativos y tres negativos, y estableció que el intendente dejara de percibir su dieta o remuneración. Durante su apartamiento, la conducción interina del municipio quedó en manos del presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa.

La decisión se produjo semanas después de que la jueza de Garantías Natalia González formulara cargos contra el jefe comunal y el empresario Sebastián Ocampo, señalado por la Fiscalía como presunto partícipe necesario en los hechos investigados.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre marzo de 2024 y julio de 2025, el municipio habría adquirido un teléfono celular por $479.999 mediante un plan corporativo. El abono mensual, pagado con fondos públicos, habría elevado el desembolso total a $596.812,38. Según la acusación, el aparato habría sido entregado a una persona ajena a la administración municipal.
La suspensión fue fundamentada por los concejales en el artículo 109 de la Carta Orgánica de Allen, que contempla esa posibilidad cuando un funcionario municipal es procesado. Los ediles interpretaron que la formulación de cargos del sistema procesal penal vigente podía equipararse conceptualmente al antiguo procesamiento.
Román rechazó esa interpretación y calificó la medida como un “golpe institucional”, además de considerarla “avasalladora, ilegal e inconstitucional”. También anunció que recurriría a la Justicia para cuestionar la decisión del cuerpo legislativo.
El 28 de agosto de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro hizo lugar al planteo del intendente y anuló las ordenanzas 044/2026 y 045/2026, junto con los actos administrativos derivados de ellas.
El máximo tribunal provincial entendió que el Concejo Deliberante carecía de competencia para disponer la suspensión en esas circunstancias. Según el criterio adoptado, la Carta Orgánica exige que exista una imputación y que el tribunal competente resuelva procesar al funcionario, condiciones que no pueden interpretarse como alternativas.
El fallo dejó sin efecto la suspensión dispuesta por los concejales, pero no resolvió el fondo de la investigación penal contra Román. La causa por presunta administración fraudulenta y peculado siguió un carril judicial distinto del procedimiento de revocatoria del mandato.
Las firmas que habilitaron el referéndum
En paralelo con la disputa institucional, la iniciativa de revocatoria comenzó a tomar forma a partir de una campaña de recolección de adhesiones impulsada por Silvina Cantero, quien en mayo de 2026 presentó más de 3.000 firmas para promover el mecanismo previsto en el artículo 98 de la Carta Orgánica municipal.
El proceso continuó con la habilitación de cinco libros para reunir adhesiones y el posterior control de las firmas. El informe de la Secretaría del Concejo Deliberante comunicó la finalización de esa verificación y registró un total de 4.771 firmas correspondientes al padrón electoral de Allen, incluidas las adhesiones de electores extranjeros empadronados.

Con ese resultado, la iniciativa alcanzó el segundo umbral previsto por la normativa local: el equivalente al 20% del padrón electoral de 2023, requisito establecido para avanzar hacia el referéndum popular.
La convocatoria fue tratada durante la sesión ordinaria de este jueves, mediante un proyecto de resolución presentado por el presidente y el vicepresidente del Concejo Deliberante. La propuesta recibió seis votos a favor y tres en contra.
Respaldaron la convocatoria los concejales de UCR Auténtica, bloque presidido por Fabián Figueroa; de Alianza Juntos Somos Río Negro (JSRN), representada por Guillermo Pennesi, María Aburto, Gustavo Addamo y Agustina Sánchez; y de Alianza Nos Une Río Negro, encabezada por Marta Crespo.
En contra votaron los tres integrantes del bloque UCR: Antonio Sepúlveda, Valeria Bezic y Analía Martínez.
El resultado de la votación habilitó el avance formal hacia la consulta popular, que tendrá lugar el 8 de noviembre. Ese día, los ciudadanos incluidos en el padrón municipal deberán pronunciarse sobre la continuidad de Román al frente del Ejecutivo local.
El aislamiento político del intendente libertario
El conflicto también tuvo consecuencias en el plano partidario. Román se había presentado como el único intendente de La Libertad Avanza en Río Negro e incluso había ocupado cargos en la conducción provincial del espacio. Sin embargo, tras el inicio de la investigación penal, renunció a su función como vicepresidente provincial y perdió el respaldo de las autoridades partidarias, que sostuvieron que ya no pertenecía a la fuerza.
La disputa dejó al jefe comunal expuesto a dos procesos diferentes: uno judicial, que deberá determinar su eventual responsabilidad penal, y otro político-institucional, en el que los vecinos definirán si debe completar su mandato.
El referéndum del 8 de noviembre será el punto de inflexión de esa segunda instancia. La decisión quedará en manos del electorado de Allen, en un escenario atravesado por el enfrentamiento entre el intendente y el Concejo Deliberante, la controversia sobre los alcances de la Carta Orgánica y el distanciamiento de Román respecto de la estructura libertaria.
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