El oficialismo de la Cámara de Diputados le dio este miércoles a la noche media sanción al proyecto conocido como “Súper RIGI”, un régimen que concede beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios por 30 años a inversiones superiores a los US$1000 millones.

Obtuvo 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. Fue apoyado por Pro, la UCR, el MID y otros bloques provinciales alineados con la agenda oficial, como Independencia, Innovación Federal y Producción y Trabajo. Se abstuvieron los dos catamarqueños alineados con Raúl Jalil y cinco diputados de Provincias Unidas: dos jujeños aliados a Carlos Sadir, la mendocina Lourdes Arrieta y el rionegrino Sergio Capozzi.

La votación contó con la presencia de la secretaria General, Karina Milei. Fue acompañada por Sharif Menem, director de la Secretaría Privada de la presidencia de la Cámara de Diputados. La iniciativa se girará al Senado para su sanción definitiva.

Mientras La Libertad Avanza (LLA) defendía la iniciativa como una herramienta para atraer industrias que hoy no existen en la Argentina, la oposición denunció un régimen de excepción diseñado para un puñado de grandes proyectos y cuestionó el costo fiscal de los beneficios.

El libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch defendió el proyecto como miembro informante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El diputado reivindicó la inversión privada como motor del crecimiento, sostuvo que “el capital dignifica el trabajo”, reclamó “proteger la propiedad” y cuestionó la presión impositiva y la inestabilidad regulatoria. También pidió una “autocrítica” a quienes, a su juicio, fueron responsables del deterioro del sector productivo.

El Súper RIGI replica y amplía el esquema definido por el RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones aprobado en 2024 dentro de la Ley Bases y cuya vigencia expirará en julio del próximo año.

Según el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, el objetivo es “crear un régimen integral de incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa destinado a atraer proyectos de inversión de gran escala”.

La propuesta no específica a qué empresas apunta, algo que la oposición le critica. El texto habla de atraer industrias “del futuro” que el Gobierno define como “genuinamente nuevas” para la Argentina. Menciona infraestructura tecnológica y digital estratégica, actividades todavía “experimentales o piloto” en el país y sectores que requieren “soluciones macroeconómicas anticipadas” para poder desarrollarse.

Martín Lousteau lo subrayó en su intervención. “El secretario de Energía Daniel González dijo que no tenía certeza para quién era esta ley”, recordó. “Este es un régimen inédito, el más generoso de todos, con renuncia de soberanía, con pérdida fiscal monumental, pero no sabemos quiénes vendrán. Esta es la diferencia con el RIGI, que fue para ocho sectores, se sabía cuáles. No sabemos con quién comparar”, sumó el diputado de Provincias Unidas.

La iniciativa tendrá una vigencia inicial de cinco años, con la posibilidad de ser prorrogada por un año por única vez. El oficialismo busca atraer proyectos industriales de gran escala que hoy no se desarrollan en el país y que agreguen valor a los recursos naturales impulsados bajo el RIGI.

El régimen establece una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las ganancias -frente al 25% del RIGI y del 35% general- estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y una liberación progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.

Además, habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales, como el CIADI, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje, en caso de controversias con el Estado argentino. El texto también dispone que los derechos otorgados bajo el régimen serán considerados “inversiones protegidas” en el marco de tratados internacionales, lo que abre la puerta a eventuales reclamos ante futuras modificaciones regulatorias.

También prevé compromisos para que provincias y municipios mantengan Ingresos Brutos por debajo del 0,5% y eliminen impuestos de sellos y otros tributos locales.

Durante el debate en comisiones se incorporaron modificaciones impulsadas por los bloques aliados. Entre ellas, beneficios para proyectos que realicen inversiones en investigación y desarrollo, la obligación de presentar planes de integración de proveedores locales con un piso del 20% de contratación, una ampliación de los objetivos vinculados al desarrollo tecnológico y la creación de un registro público de proyectos aprobados.

Asimismo, se reforzaron algunos requisitos ambientales y sociales. Los inversores deberán acreditar que las iniciativas no comprometerán recursos naturales ni infraestructura esencial y se incorporó una nueva causal de rechazo para proyectos con impactos negativos significativos en sus áreas de influencia.

El debate

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro advirtió que el proyecto crea “un régimen de excepción quizás nunca visto” y sostuvo que se trata de una iniciativa “con nombre y apellido”, en referencia a Peter Thiel -CEO de Palantir- y otros empresarios tecnológicos. Además, alertó que el nuevo esquema podría otorgar a grandes corporaciones capacidad para “condicionar las decisiones políticas dentro del Estado”, un fenómeno que definió como “una clara plutocracia”.

Mario Manrique, de Unión por la Patria (UP), fue más directo: “Esto es un negociado entre particulares”.

Desde el PJ se sumaron otros cuestionamientos. Juan Marino sostuvo que el paquete económico impulsado por el oficialismo busca “instalar un cambio de régimen” y vinculó el Súper RIGI con una agenda “tecnofascista” asociada a las grandes corporaciones tecnológicas.

En la misma línea, Juan Grabois cuestionó la creación de “verdaderas zonas liberadas” para los grandes grupos económicos. “No planifican un futuro con verdaderas libertades, sino el libre arbitrio para los poderosos”, afirmó.

Romina Del Plá, del Frente de Izquierda, resumió: “Van a pagar 171 millones de dólares a los fondos buitres mientras condenan a jubilados y trabajadores a la miseria”.

Victoria Tolosa Paz (UP) reconoció la necesidad de atraer inversiones, pero advirtió: “No a costa de la industria nacional y el empleo argentino”. Y agregó: “Este proyecto otorga beneficios extraordinarios por décadas, pero no garantiza más industria nacional, más trabajo argentino ni mayor valor agregado”.

Jimena López (UP) cuestionó el costo fiscal del régimen y sostuvo que el Estado resignó “más de 100 millones de dólares de recaudación” que podrían haberse destinado a jubilaciones, discapacidad o universidades. Durante un cruce en el recinto, la diputada referenciada con Sergio Massa lanzó: “Piden solidarizarse con el compañero hipoacúsico, pero no se solidarizan con todo el colectivo”, y acusó al oficialismo de actuar con “demagogia”.

Entre los defensores del proyecto, el radical Lisandro Nieri sostuvo que el mundo atraviesa una competencia creciente por atraer inversiones mediante subsidios e incentivos fiscales y afirmó que el Súper RIGI busca captar “proyectos de escala mundial que estén viendo dónde radicarse”. En la misma línea, el libertario Álvaro Martínez atribuyó la falta de inversiones a la “presión tributaria” y la “inestabilidad normativa” y definió al régimen como la “puerta de entrada” para nuevas industrias. “Votar en contra es votar para que la Argentina siga siendo un espectador de su propio destino”, sostuvo.

La nueva dupla de comunicación del Gobierno, conformada por el secretario de Medios, Fabián Fernández, y por el vocero presidencial, Adrián Ravier, todavía no asumió, pero ya baraja, entre todos sus objetivos, dos bien nítidos hacia adelante: uno, que la agenda de gestión del Gobierno vuelva a la vida pública; otro, hacer un reseteo en la relación con los medios.

Por lo que pudo averiguar este medio a través de distintas fuentes oficiales, Ravier será el fronting con la prensa y quien se encargará de hablar en on y en nombre del presidente Javier Milei.

Mientras tanto, Fernández -de larga experiencia en la comunicación política, que durante esta gestión manejó la institucional de YPF- hará el back office, es decir, tenderá los vínculos con los medios y también coordinará entre los ministerios para que el oficialismo logre canalizar sus acciones de gobierno y sus líneas discursivas en la esfera pública.

Por estas horas, Ravier y Fernández barajan qué área del organigrama le quedará a cada uno. Toma fuerza la idea de que el vocero también encabece una secretaría que dependa de la Jefatura de Gabinete, pero todavía no está cerrado.

Según pudo saber de fuentes del Gobierno, la idea con este flamante tándem que viene a reemplazar a Manuel Adorni y Javier Lanari, más allá de que el primero sigue como jefe de Gabinete, será en principio “retomar el flujo de información de la gestión”, que se vio achacado por los problemas judiciales de Adorni.

En principio, ambos buscarán inyectar oxígeno al área comunicacional y volver a instalar la narrativa propia, con la que el Gobierno se siente más cómodo, al contrario de estos últimos meses en los que la pelota estuvo del lado de la oposición, que sacó provecho de las revelaciones sobre los gastos y los viajes del jefe de Gabinete.

Para eso, sobre todo Fernández buscará aceitar la coordinación entre los ministerios para centralizar información, en forma de usina para que después utilice los datos Ravier en sus exposiciones públicas.

Asimismo, el secretario de Prensa encabezará otro objetivo importante: un “reseteo” en la relación con los medios, tanto con los periodistas como con los dueños de las empresas. Avezado en estas tareas, Fernández tendrá en este ítem una misión difícil tras dos años y medio -intensificados este 2026- de altísima tensión entre el Presidente y la prensa.

Sin embargo, por su rol no solo frente a YPF sino antes también en Lanús, el secretario entrante cuenta con un panorama relativamente nítido de cómo se mueven los distintos actores de la comunicación y del estado de los nexos del Gobierno con ellos. Otra de sus tareas será insertar a los funcionarios en programas en vivo.

Esto no significará, aclaran desde la Casa Rosada, que vaya a reanudarse la pauta oficial que se cortó. Esa cuestión está descartada, por orden expresa de Milei. No obstante, los canales de publicidad se mantendrán en las mismas áreas en las que funcionan hasta ahora, sobre todo en las empresas como la petrolera.

Ravier y Fernández sí buscarán canalizar una mejor relación interpersonal con los periodistas para, como otro de sus fines, lograr visibilizar las tareas de los ministerios que no impactan en la vida mediática.

El encargado de dar la cara por la gestión será Ravier, esto pese a que Fernández lo acompañará tras bambalinas y en la producción de sus apariciones públicas.

La vuelta de las conferencias de prensa en la Casa Rosada fue confirmada por Ravier este mismo miércoles. El vocero anunció que el próximo viernes a las 11 será su presentación oficial en la Casa de Gobierno, a la vez que el próximo martes, también a las 11, hará su primera rueda.

Estos encuentros bajaron su frecuencia este año, sobre todo porque Adorni no podía evitar en esas intervenciones las preguntas sobre su situación judicial, en medio de la causa en la que está acusado de enriquecimiento ilícito. La última conferencia de prensa en la Casa Rosada fue el 8 de mayo.

En el Gobierno se entusiasman con la figura de Ravier no solo por su cercanía a Milei y por su manejo de la información económica, sino también porque es una cara nueva para la mayor parte de la gente (pese a sus dos años como diputado nacional), lo que -dicen- permitirá una “renovación” en la narrativa oficial.

Por ahora, se piensa a Ravier en un rol institucional, corrido de los aires chicaneros que supo ostentar Adorni en los albores de la gestión libertaria.

Ya con la bendición de la secretaria general, Karina Milei, que anoche en la Fundación Faro lo aplaudió sonriente cuando su hermano lo nombró, Ravier de origen tiene fuerte cercanía con el estratega Santiago Caputo. Algunos dicen que en el oficialismo es visto con interés para disputar en 2027 la gobernación de La Pampa.

Al igual que Ravier, Fernández intentará hacer equilibrio entre las dos terminales políticas más importantes del oficialismo. A pesar de que trabajó hasta ahora ligado más al universo caputista, el secretario de Medios también fue ungido por la hermana presidencial para su cargo y, claro, por el propio Milei. Esto luego de un reporte con halagos y buenas referencias sobre él de parte de Horacio Marín, mandamás de YPF y quien hasta ahora fue el jefe de Fernández.

“En estos meses estuvo el juicio por YPF, el riesgo país perforó los 500 puntos y bajó la inflación, pero las tres cosas pasaron desapercibidas. La idea es retomar la impronta de información de la gestión”, comentaban en Balcarce 50 este miércoles.

Otra de las incógnitas para la nueva dupla es qué pasará con las fuertes restricciones a la tarea de los periodistas acreditados, ordenadas por los hermanos Milei tras el cierre de la sala que se produjo en abril. De momento, en el oficialismo aseveran que será un tema a debatir. A esta hora, la balanza se inclina más para que en el organigrama la sala quede a cargo de Ravier.