POLITICA
Toviggino reclama sanciones a un periodista de LA NACION por hablar de las causas de la AFA

La defensa del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, reclamó que se tomen medidas legales y sanciones económicas contra Nicolás Pizzi, periodista de , por haber disertado en un foro en Miami sobre las causas de corrupción que involucran a las autoridades de la entidad deportiva.
La presentación la radicó el abogado Gregorio Dalbón en el juzgado de Walter Saettone, de Pilar, un magistrado conocido por haber expresado en público su simpatía con el kirchnerismo. Saettone le había otorgado una polémica medida cautelar a Toviggino a partir de la cual prohibió a una serie de periodistas -entre ellos a Pizzi- y a dirigentes políticos acercarse al domicilio del denunciante y reproducir “datos personales, imágenes o información del ámbito privado” que lo afecten.
Pizzi, que lideró la investigación en sobre los negocios de la AFA, participó el miércoles pasado de un foro en la ciudad de Miami en el que se discutieron las causas vinculadas a la administración del fútbol argentino, en coincidencia con la celebración de la Copa del Mundo en Norteamérica. Del panel participaron el empresario Guillermo Tofoni, enfrentado con la conducción de Claudio Chiqui Tapia, y el representante de la AFA en Estados Unidos, Tomás Regalado.
En ese evento se dio una situación sorprendente cuando le tocó subir al atril a Regalado. Después de una breve introducción, pidió que dejaran hablar en su lugar al abogado argentino Mariano Lizardo, de fuertes vínculos con la AFA. Este tomó la palabra y advirtió a los participantes: “Parte de los oradores están hablando acá y no en la Argentina porque están incumpliendo una medida judicial. No pueden hablar en la República Argentina porque tienen una medida cautelar en su contra. Han traído a la ciudad de Miami lo que no pueden hacer en la Argentina, que es hacer este tipo de exposiciones”, advirtió.
Pizzi había disertado durante 14 minutos en el foro organizado por el InterAmerican Institute for Democracy (IID) en un hotel de Miami. Explicó la investigación periodística a partir de la cual se identificaron 10 sociedades en Estados Unidos para mover al menos 57 millones de dólares de manera irregular. Enumeró los expedientes abiertos a partir de esa información, entre ellos el de la mansión en Pilar atribuida a Toviggino, y habló sobre la “inacción de la Justicia argentina” y la complicidad de ciertos magistrados que frenan causas o anulan pruebas clave. Aludió también a la estrategia de “persecución y silenciamiento” contra periodistas que difundieron pruebas clave sobre el patrimonio de los dirigentes.
El abogado Lizardo le respondió sin nombrarlo cuando irrumpió en el escenario: “Escuché en esta sala que se ha denostado a la Justicia argentina. Se ha hablado de causas pesadas, de tráfico de influencias. No hay una sola causa en la que eso haya sido denunciado. Denostar y hacer una generalidad de lo que es la justicia argentina por una causa que tiene un fin particular me parece que es denostar la institucionalidad que tiene el poder judicial en la Argentina”.
Multas de $1 millón
Horas después de este episodio, Dalbón se presentó ante el juez Saettone a reclamar sanciones.
Pidió que se intime de manera formal a los aludidos en la medida cautelar, bajo apercibimiento de adoptar medidas más severas. Exigió, además, que se notifique a Pizzi personalmente de las restricciones a través de Migraciones cuando regrese al país. Y que se lo castigue con “1 millón de pesos por cada incumplimiento”.
Además de Pizzi hace extensiva la denuncia al también periodista Luis Gasulla y al dirigente Matías Yofe (de la Coalición Cívica), que participaron de manera remota del evento en Miami. “Ellos continuaron efectuando manifestaciones públicas referidas a mi persona, a Claudio Fabián Tapia, a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a los hechos objeto de las presentes actuaciones”, escribió Dalbón.
Se quejó también de que los aludidos expresaran opiniones sobre la actuación de los jueces que siguen las causas de la AFA: “Las manifestaciones efectuadas exceden el mero incumplimiento de la medida cautelar, alcanzando incluso descalificaciones públicas dirigidas contra la administración de justicia y contra los magistrados intervinientes, procurando desacreditar la legitimidad e imparcialidad de las decisiones adoptadas en la presente causa”.
Dalbón insistió en que, al participar del evento en Miami, “los denunciados aprovecharon dicho ámbito internacional para continuar efectuando manifestaciones dirigidas contra Claudio Fabián Tapia, el suscripto y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)”.
Es curiosa la acusación: el defensor de Toviggino pretende que el bozal informativo que obtuvo, vinculado a cuestiones privadas y familiares, se extienda a cualquier mención sobre las actividades de la AFA que están bajo la lupa judicial.

Acusa a Pizzi de violar la pretendida restricción por haber descripto el material probatorio incluido en el expediente sobre el interior de la mansión de Pilar atribuida a Toviggino. “Lejos de limitarse a informar la existencia de esas fotografías, el expositor las utiliza como supuesto sustento de las imputaciones que formula públicamente, presentándolas como elementos demostrativos de sus afirmaciones y procurando influir sobre la opinión pública respecto de hechos que aún son objeto de investigación judicial”.
Se queja, además, de que Pizzi hubiera dicho que el periodismo “avanzó mucho más que la Justicia” en las investigaciones sobre la conducción del fútbol. Y consideró “grave” que el periodista denunciara la intención de silenciar a la prensa con la decisión que tomó Gaettone. “Tales expresiones radica en que evidencian el acabado conocimiento que el propio expositor posee respecto de las medidas cautelares dictadas en estas actuaciones. Sin embargo, lejos de adecuar su conducta a las obligaciones que de ellas derivan, decidió continuar desarrollando exactamente aquellas conductas cuya reiteración fue expresamente prohibida”.
Quién es el juez Saettone
Walter Federico Saettone, juez de Garantías de Pilar, tiene un perfil público que incluye elogios a Cristina Kirchner, una foto con el gobernador Axel Kicillof y un papel relevante en un documental sobre jueces preocupados por las garantías de los presos en la provincia de Buenos Aires.
Su accionar había llamado la atención en el verano cuando autorizó un allanamiento a Matías Yofe, un dirigente de la Coalición Cívica que con sus denuncias impulsó la investigación sobre la mansión de Pilar atribuida a Toviggino.
Aquel operativo se realizó en medio de una causa por “extorsión”. Las autoridades judiciales ordenaron secuestrar teléfonos celulares, dispositivos tecnológicos de almacenamiento, computadoras y documentación.
En mayo emitió el fallo que ordena a una lista de personas abstenerse de difundir datos personales, imágenes o información vinculada al ámbito privado y familiar de Tapia. La medida alcanza a Pizzi, Gasulla, Federico Teijeiro, Bruno Yacono y Mariano Roa, al legislador porteño Facundo Del Gaiso, a Yofe y al empresario Leandro Camani.
Saettone tiene 46 años y lleva más de una década en los tribunales. Fue designado al frente del Juzgado de Garantías del Departamento Judicial San Isidro -con asiento en la Ciudad de Pilar- el 11 de diciembre de 2013. Su nombramiento fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, en tiempos en los que el gobernador era Daniel Scioli, versión Frente Para la Victoria.
En su perfil de X dedicó posteos para quien era la jefa política del exgobernador bonaerense. “Ella, el cuadro político peronista más importante que dio la vida política argentina en democracia”, escribió al retuitear una publicación con un video de Cristina Kirchner.
Pero no sólo expresó su admiración política; también opinó sobre las causas judiciales contra la expresidenta. El 29 de septiembre de 2020, Saettone consideró que “resulta que realizar planteos en una causa es dañarla, tenía entendido que eso era ejercer un derecho constitucional”, al referirse a una noticia que daba cuenta de intentos por invalidar testimonios de arrepentidos en la Causa Cuadernos.
El fútbol también encuentra un lugar entre sus publicaciones. Se reconoce hincha de Huracán, pero también compartió posteos sobre el club Real Pilar. Es además un apasionado de la música, fan de los Rolling Stones y guitarrista amateur.
Lejos de las redes sociales y de las canchas de fútbol, su nombre llegó a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. La exlegisladora Debora Sabrina Galan, que pertenecía al bloque del Frente de Todos, presentó un proyecto de declaración en el que propuso a sus por entonces colegas “expresar su beneplácito por la realización y estreno de la pelícual documental ‘El libro de los Jueces’, dirigida por Matías Scarvaci”.
Saettone participó en dicha película, que se estrenó en mayo de 2023 en el cine Gaumont, según el documento legislativo. El film tiene al juez entre sus protagonistas. Una crítica periodística describió: “No parece un juez, sino un rockero”.
La película muestra a Saettone y a otro juez. Ambos “recorren todos los días las comisarías y cárceles donde están alojados los presos, y revisan sus situaciones procesales y sus condiciones de vida carcelarias, para garantizar un trato y una vida digna para ellos”.
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POLITICA
Tres décadas después de ser echado por los Kirchner: Eduardo Sosa asumió como jefe de los fiscales de Santa Cruz

Fue una reivindicación demorada. Pero al fin se hizo realidad. Eduardo Sosa asumió este viernes como procurador general de Justicia de Santa Cruz, 33 años después de haber sido echado por el kirchnerismo ante la imposibilidad de controlarlo.
La ceremonia de la jura se realizó en la sede del Tribunal Superior de Justicia y estuvo encabezada por su titular, Gabriel Contreras Agüero.
“Voy a aportar lo mejor, espero estar a la altura de la circunstancia”, expresó Sosa tras la asunción.
El control de la justicia fue una de las obsesiones de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. El ejemplo más vívido lo representa Sosa, quien fue arrancado de su cargo en 1995, en la génesis del disciplinamiento del poder judicial que extendería el kirchnerismo en su historia.
El camino para el regreso de Sosa lo inició el gobernador Claudio Vidal, quien envió a la Legislatura un proyecto para restaurar el cargo de Procurador General de Justicia disuelto por una ley impulsada por Néstor y Cristina Kirchner.
Sosa representa una historia de tres décadas de perseverancia, a la espera de una reivindicación.
“Esta iniciativa es simbólica e institucional, porque repara un agravio constitucional, la reparación personal es la que menos importa”, afirma Sosa a , sin perder el tono moderado de sus palabras.
Sosa ejerció funciones al frente de la Procuradoría General de Justicia entre 1990 y 1995, cuando una reforma judicial -promovida por Néstor Kirchner con el aval de los diputados justicialistas encabezados por Cristina Kirchner,- desdobló el cargo en dos para dejar afuera a Sosa.
Sin poder controlarlo, el procurador era un obstáculo para la construcción de poder de Kirchner.
El abogado llevó su causa hasta la Corte Suprema, que ordenó en numerosas oportunidades la reposición en su cargo, pero el Gobierno de Santa Cruz nunca acató el fallo.
La provincia desobedeció un fallo de la Corte Suprema y se puso fuera de la legalidad.
La Corte Suprema hizo responsable al entonces gobernador Daniel Peralta. Se lo intimó para que cumpla la disposición en un plazo inferior a los 30 días. No lo hizo. Los Kirchner no dieron el brazo a torcer. A Peralta, la Justicia le inició una causa y terminó con una condena. Peralta es actualmente miembro de la Legislatura de Santa Cruz, se alejó del kirchnerismo, tiene bloque propio y su voto puede ser decisivo.
El 14 de septiembre de 2010, la Corte Suprema volvió a ordenar al gobernador a que reponga a Sosa.
Para Kirchner, el caso se había transformado en algo personal. En un desafío a la justicia, encabezó un acto en el gimnasio del Boxing Club de Río Gallegos para oponerse a la orden de la Corte Suprema y retrucaba que se promovía una intervención federal. Nunca ocurrió.
Allí, Kirchner, subió al escenario a 14 gobernadores peronistas que viajaron hasta la capital santacruceña: fue el 9 de octubre de 2010, el último acto multitudinario antes de su muerte.
La provincia nunca cumplió la orden de la Corte Suprema y el kirchnerismo siguió firme en el poder provincial hasta 2023.
Un pedido de disculpas
En estos treinta años, Sosa continuó con su vida, mientras seguía los avatares de la causa y ejercía la abogacía de manera privada.
Nunca perdió la moderación en sus declaraciones, a pesar de los fallos a su favor y la negativa del poder político a reparar la injusticia. Siempre apostó al camino institucional.
Del proyecto para restituirlo se enteró por los diarios, pero hubo un gesto del actual gobernador que lo puso sobre aviso. Unos días antes que asumiera en el cargo, el entonces gobernador electo, lo contactó para una reunión y le pidió disculpas, en nombre del pasado.
“El me manifestó su voluntad de reparar las deficiencias y me pidió disculpas en nombre del cargo que iba a asumir, por el daño que me habían hecho; yo le dije que, en caso que se produjera una vacante en el cargo del que me habían expulsado, yo aceptaría para participar de esta reparación institucional”, detalló Sosa.
Esas disculpas quedaron asentadas en los fundamentos del proyecto presentado el viernes y que se tratará este lunes: “El atropello institucional contra la figura del Procurador General, iniciado con la Ley 2404 que dispuso el cese de funciones del doctor Sosa, al desdoblar su competencia, no podía ser reparado con una mera indemnización, sino que requería el restablecimiento del orden institucional afectado”, sostiene. Y agrega: “Este proyecto de ley subsana el vicio de origen que causó el perjuicio al doctor Sosa y al rol institucional de la Procuración, dotando a este cargo de la autoridad y estabilidad necesarias para garantizar la independencia del Poder Judicial”.
Santa Cruz,Néstor Kirchner,Cristina Kirchner,Conforme a,Santa Cruz,,Investigación alentadora. Probaron un “cultivo estratégico” en una de las zonas más frías y el resultado fue sorprendente,,Rafael Martínez de Sanzo. “El sueño es que se repueble la Patagonia”,,La culpa es del buchón
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El Gobierno anunció un proyecto privado para construir un reactor nuclear en Atucha por US$1200 millones

El Gobierno anunció un proyecto privado para construir un reactor nuclear modular pequeño en Atucha, con una inversión estimada de US$1200 millones. La iniciativa fue presentada por Meitner Energy Latam ante el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli. Prevé el desarrollo del ACR-300, un reactor SMR de Generación III+ y tecnología PWR.
En el Ejecutivo aseguran que el proyecto será financiado con capitales privados estadounidenses y estará basado en una patente argentina. Según informó Caputo, la obra generaría alrededor de 2000 puestos de trabajo directos durante las etapas de desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación.
La central se instalaría en el predio donde ya funcionan Atucha I y Atucha II, en Lima, partido de Zárate. El Gobierno presenta la iniciativa como el primer reactor de ese tipo a nivel mundial y como una señal de que el sector nuclear argentino puede atraer inversiones privadas de gran escala.
El proyecto fue presentado por Teófilo Lacroze, CEO de Meitner Energy Latam, y Pablo Franzetti, director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la empresa en la Argentina. En Balcarce 50, lo ubican dentro del nuevo esquema que busca promover inversiones estratégicas sin financiamiento estatal directo.
“Es exactamente el modelo que venimos impulsando: el Estado genera las condiciones y garantiza la previsibilidad, y el sector privado invierte el capital asumiendo el riesgo”, sostuvo Ramos Nápoli. El funcionario aseguró que la propuesta está en línea con los lineamientos de política nuclear que el Gobierno presentó a fines de mayo.
Por el monto de inversión, en el Ejecutivo creen que el proyecto podría ingresar al super-RIGI, el régimen de incentivos que Milei quiere enviar al Congreso para atraer grandes inversiones en sectores estratégicos. El Gobierno busca incluir allí áreas como energía, minería, inteligencia artificial, data centers, defensa y tecnología nuclear.
El anuncio, sin embargo, no implica el inicio inmediato de la construcción. La iniciativa deberá ser aprobada por el Ministerio de Economía y obtener el licenciamiento correspondiente de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Según trascendió, el plazo previsto de obra sería de alrededor de cinco años una vez superadas esas instancias.
Leé también: El Gobierno prepara una reunión de la mesa política y define el envío de los cambios a la ley de Inocencia Fiscal
El ACR-300 tendría una potencia aproximada de 300 megavatios eléctricos. Se trata de un reactor modular pequeño, una tecnología que distintos países buscan desarrollar para generar energía de base con menores tiempos de construcción, menor escala de inversión por unidad y mayor flexibilidad operativa que las centrales nucleares tradicionales.
La propuesta también involucra a Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país. Según la información oficial, Meitner Energy abonaría un canon por el derecho real de superficie sobre los terrenos donde se emplazaría la central, mientras Nucleoeléctrica tendría derecho a asumir la operación y mantenimiento en condiciones de mercado.
El anuncio se da en medio de la crisis en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), luego de que el Gobierno resolviera no renovar 61 contratos en el organismo.
Desde ATE denunciaron un vaciamiento del sector, mientras las autoridades oficiales sostienen que no hubo bajas de ingenieros nucleares ni de personal técnico especializado. La discusión también quedó cruzada por el futuro del CAREM, el reactor argentino de baja potencia impulsado por la CNEA desde hace años.
Gobierno, nuclear, energia nuclear
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La Cámara Federal unificó dos causas por el “rulo financiero” en el juzgado de Ariel Lijo

La Cámara Federal unificó en el juzgado interinamente a cargo del juez federal Ariel Lijo las investigaciones judiciales contra funcionarios del Banco Central y de casas de cambio acusados de permitir maniobras millonarias para acceder a dólares al precio oficial y venderlos en el mercado paralelo durante el Gobierno anterior.
El camarista Roberto Boico decidió que el Juzgado Federal N° 11 absorba el expediente que se tramitaba en el Juzgado N° 1, a cargo de María Servini.
Así unificó estas dos investigaciones donde están acusados Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García, del Banco Central, y una decena de empresarios, como Elías Picirillo, Martín Migueles y Francisco Hauque, entre otros dueños de agencias de cambio y cuevas.
La disputa comenzó el 8 de mayo de 2026, cuando Lijo le pidió la causa a Servini para sumarla a su propio expediente.
El argumento es que ambas pesquisas perseguían los mismos hechos: contar una red de personas y agencias de cambio que adquirían divisas al tipo de cambio oficial para luego inyectarlas en el mercado paralelo, obteniendo ganancias ilegítimas millonarias.
A esto se sumaba la connivencia o falta de control de los funcionarios del Banco Central (BCRA).
El juzgado de Servini dijo que había objetos procesales distintos y que solo compartían algunos pocos imputados.
El fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, sostuvo el planteo de Servini, pero dijo que la causa de Lijo es más amplia porque también abarcaba irregularidades en la tramitación del sistema de importaciones SIRA, y concluyó que no había una identidad total de los hechos.
Boico estimó que existe una dependencia funcional y operativa entre los sujetos investigados en ambos expedientes, con nombres en común, como Arg Exchange SA, Gis Cambio SA, Banco Más Ventas, entre otros.
Además, el camarista valoró el riesgo real por allanamientos múltiples y simultáneos sobre las mismas oficinas comerciales por parte de dos juzgados distintos.
El juez les dio especial relevancia a las posturas de las defensas y del fiscal Carlos Stornelli, que había coincidido en que, por la comunidad probatoria, unificar era necesario para lograr una investigación “integral, coherente y eficiente”, además de asegurar el derecho de defensa.
Boico entendió que “la mayor amplitud del objeto procesal no excluye la conexión: la refuerza” y dijo que acumular el caso en el expediente más grande y complejo permite reconstruir el suceso histórico criminal en toda su dimensión real, evitando un análisis fragmentario o sesgado de la maniobra global.
Por eso, para la “mejor y más pronta administración de justicia”, y sumado a que la causa del juzgado de Lijo presentaba un grado de avance “sensiblemente superior”, Boico ordenó hacer lugar a la inhibitoria y unificar los casos.
En paralelo, la jueza María Eugenia Capuchetti tiene otra causa por la misma maniobra con los mismos sospechosos y no se definió aún si se la queda, se inhibe o le plantea a Lijo que se excuse.
las investigaciones judiciales,la causa,Hernán Cappiello,Conforme a
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