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Quién es Alberto Zaltzberg, el argentino que busca convertirse en el primer alcalde latino de la ciudad de Aventura en Miami-Dade

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El empresario argentino Alberto Zaltzberg quiere ser el primer alcalde latino de Aventura, la exclusiva ciudad ubicada en la zona metropolitana de Miami y que los turistas argentinos conocen bien por su gigantesco centro comercial.

A los 51 años, este porteño que vive desde hace más de dos décadas en los Estados Unidos lanzó formalmente su candidatura a “mayor” por el Partido Republicano con un eslogan que lo identifica con el presidente Donald Trump y su movimiento MAGA: “Make Aventura Great Again”.

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En las elecciones de medio término del 3 de noviembre próximo buscará destronar al actual alcalde, el demócrata Howard S. Weinberg, que va por la reelección.

Quiero ser el primer alcalde latino de Aventura”, dijo Zaltzberg en una entrevista con TN.

Aventura, una ciudad conocida por los argentinos por su enorme mall

Zaltzberg es de Buenos Aires y llegó a la Florida hace 23 años junto a su entones novia y actual esposa, Romina. Allá nacieron sus hijos Keyla, de 15, y Dylan, de 11. La Argentina buscaba aún salir de la crisis del 2001.

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“Tenía una empresa de internet con unos socios y me compraron mi parte. Me dieron patacones. Pero me hicieron un oferta de trabajo en Miami y me vine”, contó.

Hoy vive en Aventura, una de las ciudades más ricas de la Florida y de apenas 40.000 habitantes. Se estima que el ingreso per cápita en esta exclusiva zona del condado de Miami-Dade más que duplica al de otras zonas vecinas.

Aventura es bien conocida por los decenas de miles de turistas argentinos que veranean en Miami cada año.

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Su enorme Aventura Mall, inaugurado en 1983 y ampliado en 1996, es el centro comercial más grande de la Florida y el tercero de todo Estados Unidos. Tiene una superficie de 215.000 metros cuadrados divididos en tres niveles.

Zaltzberg conoce bien su ciudad del conglomerado de Miami.

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“Lo que nosotros llamamos partido, acá se llama condado. El condado propiamente dicho es Miami Dade. Lo que nosotros llamamos barrios acá se llaman ciudades y Aventura es una ciudad ubicada al nordeste del condado de Miami Dade”, explicó.

La Ciudad de Aventura tiene alrededor de 40.000 habitantes. (Foto: Cortesía/cityofaventura.com)

Zaltzberg es “broker” innmobiliario. Además, trabaja en marketing online y está involucrado en desarollos de inteligencia artificial.

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“Cada ciudad genera sus propios servicios y tiene su propia policía. Pero es la ciudad que cobra menos impuestos de todo el condado porque tiene superávit. No tiene conflictos graves. Se vive en una utopía”, señaló.

De hecho, la ciudad tiene un servicio gratuito de Uber para residentes válido solo dentro de sus límites. No hay grandes polémicas internas. El debate más intenso se vivió por un proyecto de cambiar el pasto natural de las plazas por césped sintético.

Entre sus propuestas, el empresario mencionó que “la ciudad tiene recursos para tener mejores servicios”. “Por ejemplo, tiene un hospital privado y podríamos cobrar más impuestos para que se atiendan allí todos los residentes”, indicó.

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“En Argentina nunca milité, pero siempre me interesó el civismo. La diferencia entre ambos países es cultural. La cultura anglo es más ejecutiva. Si se quiere arreglar una vereda al día siguiente hay una cuadrilla lista. El tiempo es dinero”, sostuvo.

Zaltzberg se nacionalizó estadounidense y se identifica con el Partido Republicano, pero resaltó que tiene diferencias con Trump, más allá de compartir su eslogan de campaña.

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“No estoy de acuerdo con las últimas acciones del presidente. Está desatendiendo ciertas políticas internas”, dijo Zaltzberg. En ese sentido mencionó la guerra de Irán y la política migratoria.

“Este país se hizo en base a los inmigrantes. Se corrió la línea gris porque hay mucha inmigración ilegal, pero eso no significa que sean delincuentes. Una persona sin papeles está fuera de la ley y entonces se la va a buscar, pero no conocemos su historia. Hay un gris. La gente tiene derecho a vivir tranquila y a emigrar, pero el que no se ajusta a la ley optó por un camino paralelo”, opinó.

Con la mirada puesta en la Argentina

Zaltzberg no perdió su vínculo con la Argentina, donde vive parte de su familia

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“Más allá de banderas políticas, creo que hay un cambio cultural, en especial entre los jóvenes. Les queda más claro lo que está bien y lo que está mal”, dijo.

Pero tiene sus reservas sobre el gobierno de Javier Milei.

“Por momentos me hace ruido que el presidente sea tan fanático de sus ideas porque se termina aislando. Me gustaría ver una oposición en la que todo no sea blanco o negro”, afirmó.

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Finalmente, destacó su nexo con el país. “Mi corazón está en la Argentina. Veo una milanesa y lloro. Eso no cambia. Mis hijos son gringos pero hinchan por Argentina en el Mundial. Incluso, mi hijo le dice a sus amigos que él es argentino y que nació en Argentina”, concluyó.

Miami, Estados Unidos, Aventura

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Funcionarios de EE.UU. temieron que Israel asesinara a los negociadores iraníes

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WASHINGTON — Según funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, las autoridades creían que Israel podría haber estado conspirando para asesinar a los principales negociadores de Irán mientras Washington mantenía delicadas conversaciones con Teherán esta primavera para alcanzar un acuerdo de paz provisional.

El asesinato de altos dirigentes iraníes formaba parte de la estrategia de Israel desde el inicio de la guerra.

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Sin embargo, la preocupación de Estados Unidos por el ataque contra dos funcionarios iraníes en particular —Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, y Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento— aumentó considerablemente durante las delicadas negociaciones de alto el fuego que comenzaron en abril.

Ante el temor de que un intento de asesinato por parte de Israel pusiera en peligro las negociaciones, Estados Unidos, según algunos funcionarios, llegó incluso a pedir a otros países de la región que advirtieran a Irán sobre la posibilidad de que Israel pudiera atentar contra los dos funcionarios.

Funcionarios estadounidenses reconocieron que, durante la fase más intensa de la guerra, Araghchi y Ghalibaf, como altos funcionarios del gobierno, podrían haber sido objetivos legítimos para Israel, que pretendía derrocar al gobierno de línea dura de Irán.

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Sin embargo, tras el inicio formal de las negociaciones en abril, los funcionarios estadounidenses consideraron que cualquier intento de asesinar a los líderes iraníes pondría fin a las conversaciones y reavivaría los combates.

La guerra comenzó el 28 de febrero con un ataque israelí que acabó con la vida del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, y otros altos funcionarios, basándose en parte en información de inteligencia estadounidense.

Mientras que los ataques estadounidenses se centraron en la armada y las fuerzas de misiles de Irán, Israel priorizó atacar a la cúpula dirigente en la fase inicial de la guerra, con la intención de matar al mayor número posible de altos funcionarios.

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Esto incluyó el asesinato de líderes potencialmente más pragmáticos con los que la administración Trump esperaba negociar, como Ali Larijani, el máximo responsable de seguridad nacional de Irán, y Kamal Kharazi, exministro de Asuntos Exteriores iraní.

Ambos participaban en las negociaciones con Estados Unidos cuando murieron en ataques aéreos israelíes.

Diferencias

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Las sospechas del gobierno de Trump sobre un posible complot israelí para asesinar a los dos principales negociadores demuestran cómo los objetivos bélicos de Estados Unidos e Israel, que coincidían al inicio del conflicto, divergieron radicalmente con rapidez.

Y mientras Estados Unidos deseaba un acuerdo de paz, Israel se ha mostrado escéptico desde el cese inicial de las hostilidades en abril.

El alto el fuego inicial de dos semanas en abril fue recibido con un apoyo reticente por parte de las autoridades israelíes y una gran preocupación pública en Israel por el hecho de que Estados Unidos estuviera poniendo fin a la guerra demasiado pronto.

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Lejos de ser expulsado del poder, el gobierno teocrático de Irán se había vuelto aún más intransigente, y la Guardia Revolucionaria iraní no había hecho más que consolidar su control sobre el país.

Araghchi y Ghalibaf han sido los funcionarios clave en las negociaciones con varios países de la región para lograr un alto el fuego y, posteriormente, una paz más duradera con Estados Unidos.

En junio, Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo marco que buscaba abrir el estrecho de Ormuz y sentar las bases para futuras conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán.

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Funcionarios y analistas israelíes consideraron el acuerdo inicial un desastre, ya que no logró los objetivos bélicos de su país:

forzar un cambio de régimen, destruir las fuerzas aliadas de Irán y dañar gravemente su programa de misiles.

A los funcionarios israelíes también les preocupaba que el acuerdo inyectara miles de millones de dólares en Irán, permitiéndole reconstruirse rápidamente tras la guerra sin restringir significativamente sus ambiciones nucleares.

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Un portavoz de la embajada israelí en Washington declinó hacer comentarios.

Al ser consultado sobre los planes israelíes y la advertencia a Irán, un funcionario estadounidense señaló que las conversaciones entre las delegaciones estadounidense e iraní continúan y que Steve Witkoff, enviado especial, y Jared Kushner, yerno del presidente, mantuvieron reuniones productivas en Qatar.

El funcionario añadió que el presidente Donald Trump desea que el proceso de paz siga su curso.

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The Wall Street Journal informó en marzo que Israel tenía a Araghchi y Ghalibaf en una lista de objetivos, pero que los retiró temporalmente mientras Estados Unidos discutía el inicio de negociaciones con Irán.

Un funcionario estadounidense y otro de Oriente Medio afirmaron que la administración Trump se enteró por esas fechas de que al menos Ghalibaf figuraba en una lista de objetivos israelíes y pidió a Israel que se abstuviera de atacarlo.

Ghalibaf estuvo a punto de morir tanto en la guerra de doce días en junio de 2025 como en el conflicto de este año, cuando Israel atacó una reunión secreta de altos funcionarios del gobierno en un búnker bajo una montaña, según tres altos funcionarios iraníes y declaraciones públicas de funcionarios.

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En ambos incidentes, Ghalibaf fue rescatado de entre los escombros, indicaron los funcionarios.

“Hoy, el señor Ghalibaf, el señor Araghchi y otros miembros del equipo negociador han arriesgado sus vidas, conscientes de los graves riesgos para su seguridad, y esto se llama un verdadero sacrificio, no una maniobra política”, declaró Mohsen Zanganeh, un legislador, a los medios locales a finales de abril tras la reunión en Islamabad.

Durante las negociaciones, Irán ha tomado precauciones destinadas a dificultar que Israel ataque a altos funcionarios.

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En abril, Ghalibaf tenía previsto viajar a Islamabad para reunirse con el vicepresidente JD Vance.

Sin embargo, los funcionarios de seguridad iraníes temían que Israel aprovechara la oportunidad para asesinar a Ghalibaf o a Araghchi y así sabotear las conversaciones, según indicaron dichos funcionarios.

Según informaron los funcionarios, los iraníes solicitaron garantías a Estados Unidos, a través de intermediarios paquistaníes y cataríes, de que Israel no llevaría a cabo ninguna operación encubierta contra la delegación iraní.

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Aviones de combate paquistaníes escoltaron a los aviones iraníes que transportaban a una delegación de más de 70 iraníes desde la frontera de Irán hasta Islamabad y de regreso una vez finalizada la sesión.

Pero en el camino de regreso a Teherán, surgió una amenaza a la seguridad israelí.

Las fuerzas de seguridad iraníes notificaron al avión que transportaba a Ghalibaf de regreso a Teherán que habían recibido información de inteligencia que indicaba que Israel planeaba atacar el avión y que dos aviones de combate israelíes habían entrado en el espacio aéreo iraní desde su frontera occidental cerca de Irak, según informaron los dos funcionarios.

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Mahdi Mohammadi, asesor principal de Ghalibaf, quien lo acompañó a Islamabad, confirmó esta versión en sus redes sociales.

El avión realizó un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Mashhad, el aeropuerto iraní más cercano a la frontera con Pakistán, y la delegación iraní viajó unas ocho horas por tierra de regreso a Teherán, según informaron Mohammadi y los dos funcionarios.

Pero los funcionarios han seguido viajando.

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A finales de mayo, Ghalibaf y Araghchi volaron a Qatar para mantener conversaciones y, posteriormente, en junio, viajaron a Suiza para una segunda reunión presencial con Vance y la delegación estadounidense.

c.2026 The New York Times Company

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Immigrant business owner who built the American Dream says birth tourism is a ‘slap in the face’

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

A legal immigrant from Trinidad who became a U.S. citizen after nearly a decade-long process told Fox News Digital that birth tourism and illegal immigration are a «slap in the face» to those who came to America the right way.

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Kris Ramsingh, a Virginia business owner who immigrated in 2006 and became a citizen in 2015, said his own experience becoming an American shaped his support for President Donald Trump’s immigration policies.

«When you see that people come across the border, whether it’s [to] have a baby for an anchor, or come across to border and get free healthcare, [or] free school, it’s really a slap in the face to the people who have worked really hard to come into this country the legal way,» he told Fox News Digital in an interview Thursday.

Unlike those who enter the country illegally, Ramsingh said he was required to satisfy a series of federal immigration requirements before becoming a U.S. citizen.

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‘WEAPONS OF MASS REPRODUCTION’: WATCHDOG UNVEILS ACTION PLAN TO CURB BIRTH TOURISM AFTER SUPREME COURT RULING

The Mill Mountain Star dots the Roanoke skyline in Virginia. (Jeff Greenberg/Getty Images)

As part of the legal immigration process, federal authorities required Ramsingh to provide proof of certain vaccines, personal documentation, a criminal background check and proof of a bank account to demonstrate he would not become a ward of the state.

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«America doesn’t owe us anything,» Ramsingh said of legal immigrants like himself. «Our government here doesn’t owe us anything. We have the privilege of coming into this country where it’s a holiday visa or for school.»

Ramsingh said the week of Independence Day also marks the anniversary of his and his wife’s arrival in the U.S. in 2006 with just $300 and a few suitcases.

«I have lived in Roanoke all of those 20 years since,» he said from his Dominion Custom Upholstery business not too far from the city’s famed Mill Mountain Star.

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WORLD CUP SOCCER FANS ARE DISCOVERING AMERICA’S GREATNESS. IT’S TIME AMERICANS DID, TOO

Kris Ramsingh in Bedford, Va.

Kris Ramsingh visits the National D-Day Memorial in Bedford, Va. (Courtesy: Kris Ramsingh)

As Americans prepare to celebrate Independence Day, Ramsingh said he feels a special sense of pride in the American flag.

He recounted living in his home country in 1990 when Muslim insurgents carried out a coup and shot Prime Minister ANR Robinson while taking officials hostage.

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«When we saw the red, white, and blue [of American] soldiers coming into the country, we knew we were safe. We knew at that point that America had our back. And America has had a lot of countries’ back over the years,» he said, commenting that — having experienced such a situation firsthand — he is troubled by other countries that demand America’s assistance but go back to resenting the U.S. after they’ve been helped.

Ramsingh said that experience shaped his appreciation for the United States and its role around the world.

After immigrating to the United States, Ramsingh founded Dominion Custom Upholstery 13 years ago and later launched another company focused on boatworks and interior repairs.

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He also recently founded Dominion Project International, a missionary organization through which he travels to India, Africa and the Caribbean to share the Gospel while providing potable water and medical supplies to people in need.

«The American Dream is that you can try something — you can work hard and try and if it doesn’t work out you can you can pick up and try again,» he added.

«The flag represents peace [and] hope as we’re getting ready to celebrate Saturday, the Fourth of July, and it means so much to me — it means freedom.»

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The center of every Fourth of July party is the American flag.

The center of every Fourth of July party is the American flag. (Amazon)

Since becoming a U.S. citizen, Ramsingh said he feels a special sense of security and pride whenever he returns from missionary trips abroad.

«There’s a sense of ‘I’m back on U.S. soil; I’m home,’» he said, whether landing in Washington, D.C., Miami or New York.

«That feeling is so great and it really bothers me to see Americans and foreigners coming into this country and saying that they hate America,» he said.

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«I think if you hated that much, you should just leave — there is no need for you to be here.»

Asked about critics’ claims that Trump is anti-immigrant, Ramsingh rejected that characterization.

«He’s not anti-immigrant. Republicans are not anti-immigrant — we just want them to go through the process of doing it legally; coming in legally.»

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«During the Biden administration. When he opened that border — we’re anti-invasion, we are not anti-immigrant. That was an invasion.»

Kris Ramsingh of Roanoke

Kris Ramsingh is seen at his Roanoke, Va., home. (Courtesy: Kris Ramsingh)

Ramsingh acknowledged that some of the personal stories surrounding deportations are difficult to watch, but said those situations stem from years of lax enforcement of U.S. immigration laws.

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Arrest during ICE raid in Texas

The Trump administration reaffirmed that all illegal immigrants are eligible for deportations as they focus on arresting violent criminals first. (Raquel Natalicchio/Houston Chronicle via Getty Images)

«I came from a third-world country. My missions are in third-world countries. I see how these people live. I understand why they want to come to America. I understand the ‘why’,» he said.

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«I would say Trump is not against immigration. He just wants to see it done right. And again, Donald Trump and our government doesn’t owe immigrants anything. We have the privilege of being here. It’s a privilege. It’s not a right.»

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Fox News Digital’s Hannah Brennan and Kiera McDonald contributed to this report.

america 250, politics, patriotism, immigration, illegal immigrants

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Crisis sin fin en Bolivia: cinco claves del conflicto entre el Poder Judicial y el Gobierno

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El Órgano Judicial y el Ejecutivo de Bolivia protagonizaron un cruce de acusaciones que profundiza la incertidumbre institucional en el país

La reciente disputa entre los poderes del Estado boliviano marca un nuevo hito en la crisis institucional que atraviesa el país. La semana pasada, los órganos Judicial y Ejecutivo protagonizaron un cruce de acusaciones por la presión del primero sobre el segundo: el presidente del Tribunal Supremo de Justicia amenazó con realizar un paro de jueces y vocales si no le aumentan el presupuesto en un plazo de 20 días.

La advertencia también recayó sobre la Asamblea Legislativa, a la que conminó a aprobar al menos cuatro proyectos de ley con los que buscan reformar la administración judicial.

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Flanqueado por magistrados de otros tribunales, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, afirmó en una conferencia de prensa que inicialmente enviarían una nota a los otros poderes para “hablar de igual a igual” sobre los problemas que enfrenta la institución que preside y luego amenazó con una huelga.

“Si no somos atendidos, iremos al paro inicialmente por 24 horas, posteriormente 48 horas, 72 horas y si es necesario, llegaremos al paro indefinido de la justicia en Bolivia”, afirmó Saucedo.

Romer Saucedo
Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (Archivo)

El aumento del presupuesto y las reformas judiciales son el núcleo de las demandas del Órgano Judicial. Sin embargo, ambos temas trascienden la coyuntura y exponen las deficiencias estructurales que afectan al sistema de justicia boliviano desde hace años.

Bolivia asigna menos del 0,5% del Presupuesto General del Estado para el funcionamiento de la Justicia, un porcentaje menor al promedio regional que, según datos del Banco Mundial, es del 3,8% del gasto público.

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En una entrevista televisiva, Saucedo explicó que necesitan cerca de mil millones de dólares anuales para poner en marcha un plan que, según él, permitiría acelerar los procesos judiciales y evitar la corrupción: crear más juzgados y digitalizar la emisión de algunos trámites.

Los jueces también exigen autonomía en la gestión de recursos que permita la administración directa del gasto e inversión, sin depender de la aprobación del Ministerio de Economía.

Finalmente, piden implementar un seguro de vida y medidas de protección para las autoridades judiciales, debido a los riesgos a los que están expuestos por sus decisiones judiciales, luego de que en abril fuera asesinado a tiros el magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, tras haber fallado en un caso relacionado con conflictos de tierras.

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Sede del Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, capital de Bolivia.
Sede del Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, capital de Bolivia (Foto: TSJ)

Más allá del presupuesto, en esta gestión los magistrados judiciales han presentado seis proyectos de ley a la Asamblea Legislativa que hasta ahora no han sido tratados.

Las normas tienen que ver con el aumento del financiamiento y la autonomía en el manejo de recursos, la modernización tecnológica del poder judicial, el manejo de los depósitos judiciales, la administración de los juicios de responsabilidad contra altas autoridades, temas relacionados con los remates de bienes ordenados por una autoridad jurisdiccional y cambios en el régimen disciplinario.

El último punto busca acelerar el procedimiento para sancionar a las autoridades judiciales que incurran en faltas graves o sobre quienes recaigan indicios de corrupción.

En este punto, también determinaron crear una Comisión Nacional del Órgano Judicial encargada del relacionamiento institucional con el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional.

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La respuesta del Ejecutivo y Legislativo a las demandas

La administración de Rodrigo Paz rechazó la posición del Órgano Judicial y calificó la amenaza de paro como “un hecho inaudito”. El vocero presidencial José Luis Gálvez señaló que la mención de la medida de presión es “reprochable” y que la crisis del sistema judicial “no se soluciona con un paro”.

ReunionJusticia-Gobierno
Ministros del gabinete de Rodrigo Paz se reunieron con jueces de las altas cortes del Órgano Judicial de Bolivia (Archivo)

En tanto, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, manifestó que el Presupuesto General del Estado para el próximo año incrementa el financiamiento de los otros poderes del Estado, pero que aumentar hasta el monto que requiere la Justicia implicaría recortar recursos de sectores prioritarios como salud y educación. “Si subo al 5% del presupuesto a la Justicia, ¿a quién le quito?”, cuestionó y dijo que los recursos del país “son escasos”.

A pesar de estos desacuerdos, dos jueces de las altas cortes y ministros de Gobierno se reunieron el miércoles en La Paz. Al concluir el encuentro, informaron que estaban trabajando en la agenda de demandas, pero no dieron más detalles sobre los avances. “Estamos encaminados a resolver esto; se derivarán todas estas peticiones a los ministerios que correspondan”, manifestó el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa convocó a magistrados de las cuatro cortes de Justicia —Judicial, Constitucional, Agroambiental y el Consejo de la Magistratura— a una reunión este jueves para abordar los proyectos de ley, pero no asistió ninguno. “Eso demuestra una falta de voluntad cuando ellos mismos han solicitado ser atendidos”, afirmó el vicepresidente Edmand Lara sobre las autoridades judiciales.

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En medio de esta disputa surgió otro punto de conflicto en relación con dos propuestas legislativas para cubrir las acefalías en las altas cortes de Bolivia. Luego de que las elecciones judiciales de diciembre de 2024 se celebraran de manera parcial, quedaron cinco vacancias en el Tribunal Constitucional y dos en el Supremo.

Si bien la Constitución Política boliviana establece que estos cargos se renuevan mediante elecciones de voto popular cada seis años, en las últimas semanas se presentaron proyectos para facultar, de manera excepcional y transitoria, al presidente Rodrigo Paz o a la Asamblea Legislativa para que designen a los jueces faltantes para un cargo interino hasta que se concrete la designación definitiva por elecciones.

Una mesa de votación del Colegio Nacional San Luis, en la ciudad de Tarija, Bolivia, inicia el conteo de votos en la elección judicial del 15 de diciembre de 2024.
Una mesa de votación del Colegio Nacional San Luis, en la ciudad de Tarija, Bolivia, inicia el conteo de votos en la elección judicial del 15 de diciembre de 2024

Las iniciativas han generado un intenso debate institucional. La propuesta que otorga la facultad de designación al presidente fue cuestionada por representantes del oficialismo, la oposición y autoridades judiciales, que advirtieron que podría vulnerar el procedimiento constitucional para la elección de magistrados. En tanto, desde el Gobierno, negaron haber impulsado el proyecto.

En cambio, quienes respaldan la designación interina —ya sea por el Ejecutivo o por la Asamblea— sostienen que se trata de una medida excepcional para evitar la paralización de las altas cortes y garantizar la continuidad de la administración de justicia mientras se supera el prolongado bloqueo institucional.

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Una demanda de larga data

La falta de confianza ciudadana, las reiteradas denuncias de retardación y corrupción y la percepción de una fuerte influencia política han convertido a la justicia boliviana en una de las instituciones más cuestionadas del país.

El Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, que examina la corrupción y la eficacia de los sistemas judiciales, ubicó al país en el puesto 131 de los 143 países evaluados en todo el mundo en 2025, solo por encima de Venezuela y Nicaragua en la región latinoamericana.

Frente a este escenario, una reforma integral del sistema judicial sigue siendo una de las tareas pendientes de la agenda institucional boliviana. En los últimos años surgieron iniciativas para iniciar un proceso de reforma estructural —cumbres, comisiones, recolección de firmas para un referendo, etc.—, pero todas fracasaron por falta de consensos políticos.

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corresponsal:Desde Santa Cruz de la Sierra

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