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La interna del Partido Justicialista en 1988 enfrentó a dos gobernadores con poder real en Argentina. Carlos Menem, junto a Eduardo Duhalde, compitió contra Antonio Cafiero y José Manuel de la Sota, en una contienda que movilizó al peronismo y definió el rumbo político posterior. Menem se impuso con el 54% de los votos, resultado que lo habilitó para enfrentar más tarde a Eduardo Angeloz en la elección presidencial. El proceso dejó huellas en la dinámica interna y en las estrategias del movimiento peronista.

Iván Orbuch, doctor en Educación y autor del libro La interna que paralizó al país, destacó en Infobae en Vivo que el contexto carecía de un liderazgo peronista indiscutido tras la muerte de Juan Domingo Perón. La ausencia de una figura dominante abrió la puerta a enfrentamientos directos, en los que la renovación y el estilo de los candidatos cobraron protagonismo.

Menem, catalogado como “outsider” por su estilo histriónico y diferente, logró capitalizar el descontento mediante una campaña artesanal y una presencia mediática singular.

La interna Menem-Cafiero

Carlos Menem construyó su candidatura a partir de un perfil distinto al de Antonio Cafiero. Mientras Cafiero representaba una línea moderada y mantenía lazos estrechos con Raúl Alfonsín, Menem criticó abiertamente al gobierno radical y se mostró cercano tanto al peronismo tradicional como a sectores populares y del espectáculo. Orbuch remarcó que esta diferencia en el discurso y la estética política resultó central en el resultado de la interna.

La Confederación General del Trabajo (CGT), principal central sindical argentina, desempeñó un papel relevante. Cafiero eligió excluir a los grandes gremios de su estructura interna, mientras Menem los sumó a su espacio, un hecho que, según Orbuch, fue determinante para sumar apoyos y votos.

Al mismo tiempo, la interna se desarrolló sin un líder indiscutido en el peronismo, situación inédita desde la vuelta de la democracia, lo que favoreció la competencia abierta entre ambos sectores.

La campaña de Menem se caracterizó por gestos de cercanía y una construcción simbólica del “outsider”. Esto no implicaba venir de fuera de la política, sino ejercerla de un modo inesperado y diferente.

En provincias como La Rioja y Catamarca, Menem logró cerca del 98% de los votos, una cifra que, aunque irrelevante en términos cuantitativos frente a Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, reflejó la fuerza de su mensaje en el interior.

Variables de disputa interna: del pasado al presente

La comparación con los mecanismos de disputa actuales muestra importantes diferencias. Orbuch sostuvo que la interna de 1988 se desarrolló sin campañas negativas en el sentido moderno. No se utilizó información privada ni hubo ataques personales a través de redes sociales, herramientas inexistentes en ese momento. Los búnkers de ambos candidatos estaban a escasas cuadras, pero la relación se mantuvo cordial y sin episodios de carpetazos.

Los medios de comunicación jugaron un papel relevante, aunque limitado a la televisión, radio y prensa gráfica. La confrontación discursiva se canalizó a través de solicitadas y entrevistas cruzadas. Menem acusó a Cafiero de querer transformar al peronismo en un partido socialdemócrata, mientras Cafiero apostó por una línea moderada y democrática. No existió el nivel de polarización mediática que caracteriza las campañas recientes.

En cuanto a la presencia de voceros o terceros, Orbuch identificó algunas figuras que operaron en la periferia de la disputa, como José Manuel de la Sota y Eduardo Duhalde. Sin embargo, estos actores no alcanzaron el protagonismo ni la capacidad de influencia que hoy ostentan ciertos diputados o intendentes cercanos a los principales líderes del peronismo.

Épica, artistas y movilización

La campaña de Menem introdujo una fuerte carga épica. El candidato realizó caravanas, actos masivos, y gestos simbólicos como la célebre “ñoqueada” en La Boca, donde reunió a diversos sectores sociales afectados por la hiperinflación. Un ejemplo significativo fue un acto en Laferrere, partido de La Matanza, que congregó a cerca de medio millón de personas un sábado por la tarde. Este tipo de movilizaciones resultaron clave para consolidar la imagen y el apoyo popular de Menem.

En el plano cultural, la mayoría de los artistas y referentes de la cultura apoyaron abiertamente la fórmula Cafiero-De la Sota. Menem contó con escasos apoyos en ese ambiente, aunque la tendencia se modificó durante su presidencia. Orbuch aclara que el respaldo masivo de músicos y figuras del espectáculo a candidatos peronistas se consolidó en elecciones posteriores, especialmente a partir de la década de 2000.

La campaña transcurrió sin hechos de violencia política. El intercambio entre los candidatos se limitó a declaraciones públicas y solicitadas. Antonio Cafiero reconoció rápidamente su derrota y destacó el tamaño del Partido Justicialista, que por entonces contaba con cerca de cuatro millones de afiliados.

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La Libertad Avanza presentó una acción popular de inconstitucionalidad -única provincia que lo aplica- ante la Corte de Justicia de Salta para frenar la reforma electoral provincial que ya fue aprobada en ambas cámaras.

La presentación, que fue confirmada a Infobae por el senador Roque Cornejo Avellaneda, cuestiona el mecanismo que permite que los votos de distintas listas de un mismo frente se sumen para definir al espacio más votado en las categorías de legisladores e intendentes, aunque excluye la de gobernador. Esto -sostuvo el legislador- “puede alterar el resultado en los próximos comicios».

La iniciativa de la reforma electoral había obtenido el rechazo de los 9 diputados provinciales de La Libertad Avanza, la radical Soledad Farfán y José Gauffín, del Bloque de la Reconquista. El proyecto pasó al Senado y también se aprobó.

La nueva ley de reforma electoral autoriza hasta cuatro listas por frente, elimina los pisos mínimos de votos para acceder al reparto de cargos y mantiene el sistema D’Hondt.

Ahora, ante este recurso jurídico presentado por LLA, el máximo tribunal provincial deberá resolver si la norma es compatible con la Constitución de Salta o si alguno de sus puntos debe ser invalidado antes de su aplicación electoral.

La demanda contra el mecanismo de acumulación de votos

El espacio libertario sostiene que la reforma habilita una mecánica por la cual el resultado final puede beneficiar a una fuerza política mediante la acumulación de votos entre distintos sublemas, incluso si un candidato individual no fue el más votado.

En un comunicado, LLA Salta definió la ley como “un atropello a la democracia y a las instituciones republicanas”. También afirmó que el sistema aprobado “distorsiona la representación real del elector”, porque desvirtúa el principio de elección directa de los representantes.

Para el partido, la reforma modifica el sentido del sufragio ciudadano y favorece a las estructuras con mayor capacidad territorial y organizativa. La fuerza insiste en que se trata de una ley de lemas encubierta, una caracterización que ya había utilizado durante la discusión parlamentaria.

La herramienta elegida fue una acción popular de inconstitucionalidad, prevista en la legislación salteña. Ese mecanismo permite a cualquier ciudadano pedir a la Corte la invalidez de una norma por presunta contradicción con la Constitución, sin necesidad de acreditar un perjuicio personal y directo.

La defensa del oficialismo y las críticas opositoras

Durante el tratamiento legislativo, el oficialismo rechazó esas críticas y sostuvo que la modificación actualiza el sistema electoral de la provincia. El objetivo declarado de la iniciativa fue ampliar la participación, ordenar la competencia tras la eliminación de las PASO y fijar nuevas reglas para la presentación de candidaturas.

El diputado Gustavo Dantur sostuvo entonces que la reforma “permitirá mayor claridad sobre las posturas políticas” y pidió “no subestimar al electorado”. En la misma discusión, la diputada Socorro Villamayor afirmó que el nuevo esquema “ordena la legislación después de los cambios de las PASO y amplía la participación ciudadana”.

La norma también incorporó exigencias adicionales para los postulantes, entre ellas narcotests obligatorios, y redefinió los plazos de presentación de listas. Para sus impulsores, esos cambios aportan transparencia e idoneidad; para sus detractores, forman parte de un rediseño que concentra poder en las cúpulas partidarias.

Las objeciones no provinieron solo de LLA. La radical Soledad Farfán y José Gauffín, del Bloque de la Reconquista, también cuestionaron el proyecto en la Cámara de Diputados salteña y advirtieron sobre una posible distorsión de la representación y sobre el costo político e institucional del nuevo esquema.

Con la demanda presentada, la controversia dejó de estar concentrada en la Legislatura y pasó al terreno judicial. La decisión de la Corte de Justicia de Salta determinará si la reforma puede aplicarse en los próximos procesos electorales o si el texto deberá ser revisado por sus presuntas incompatibilidades constitucionales.

Qué es una acción popular de inconstitucionalidad

La acción popular de inconstitucionalidad, consagrada en el artículo 92 de la Constitución Provincial, tiene por exclusivo objeto la declaración de inconstitucionalidad de una norma de alcance general contraria a dicha Constitución.

“Salta es la única provincia del país que la aplica en donde cualquier ciudadano puede presentar ante la Corte de Justicia esta acción jurídica”, sostuvo Cornejo Avellaneda a Infobae. Además, deberá contener cita expresa de la cláusula que sostenga haberse infringido y los fundamentos que motivan la pretensión, bajo pena de inadmisibilidad.

En su artículo 2 expresa que tramitará bajo las reglas del juicio sumario previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, como cuestión de puro derecho. Y en el siguiente articulado que la demanda se interpondrá ante la Corte de Justicia dentro del plazo de treinta días hábiles, computados desde la publicación de la norma de alcance general contraria a la Constitución Provincial.

A su vez, el Presidente de la Corte dará traslado de la demanda por ese lapso al Fiscal de Estado, salvo que la acción haya sido interpuesta por éste, como así también a los representantes legales de los municipios o a los funcionarios que ejerzan la titularidad de los organismos involucrados, cuando los preceptos emanaren de dichas entidades.

Roque Cornejo Avellaneda