POLITICA
El plan de Trump para redefinir el mapa de la Argentina
El vínculo directo que forjó el presidente Javier Milei con su par Donald Trump generó una corriente de relación entre la Argentina y Estados Unidos inédita en la historia. Ni siquiera en el menemismo el alineamiento había sido tan profundo. El argumento más frecuente para explicar este grado de sintonía fue el de la empatía personal entre los mandatarios, sus afinidades ideológicas y estéticas, y la vocación común de generar una liga global de líderes de la derecha dura.
Pero de fondo subyace un factor mucho más consistente, cuyas implicancias reales todavía son difíciles de pronosticar: el cambio radical en la visión geoestratégica de Estados Unidos que impuso Trump, en la cual por primera vez en la historia América latina ocupa un papel de relevancia. La intervención en Venezuela, la presión sobre Cuba y los documentos de defensa y seguridad que difundió entre diciembre y enero pasados son una expresión elocuente.
En ese contexto, la Argentina se transformó en una pieza clave, especialmente por la relevancia que en la nueva doctrina norteamericana adquieren el Atlántico Sur, los pasos transoceánicos y la Antártida. En alguna medida, el jefe de la Casa Blanca está redefiniendo el mapa del país. Como si fuera el planisferio invertido que tenía en su escritorio Raúl Alfonsín, y que retrató Pablo Gerchunoff.
Ese significativo reseteo se sostiene en tres replanteos conceptuales. El primero, que Estados Unidos asume que ya se agotó definitivamente la etapa de la unipolaridad que marcó la post Guerra Fría, por lo cual dejó de ser la potencia hegemónica. En consecuencia, debe prepararse para un mundo más caótico, en el cual emerge una nueva bipolaridad, ahora con China. Esta línea se viene edificando desde la gestión de Barack Obama, pero ahora adquirió una nueva intensidad.
El segundo, que en ese nuevo diseño global el mundo se distribuye en áreas de influencia, y la región donde Washington proyecta su ascendencia es inevitablemente el continente americano, por geografía, por historia y por razones de seguridad. Es la versión Trump de la vieja doctrina Monroe, con la diferencia de que la potencia a repeler no es Europa, como en 1823, sino China, que ya extiende su dominio por Asia.
Y el tercer replanteo, derivado de lo anterior, es que Estados Unidos reemplaza su histórica visión hemisférica horizontal, que la unía esencialmente a Europa, por una concepción hemisférica vertical, que va desde el Ártico hasta la Antártida. Desde la perspectiva trumpista, Europa ha dejado de ser confiable como aliado incondicional y sus prestaciones en materia militar han mermado. En consecuencia avanza hacia un desacople que se expresa en las tensiones dentro de la OTAN, aun cuando la amenaza de Rusia haya aumentado tras la invasión a Ucrania.
Complementariamente el Pentágono analiza un cambio fuerte en su operatividad al evaluar la unificación del Comando Norte (cuya área de acción es América del Norte y el Caribe, donde se encaran los problemas más críticos: inmigración y narcotráfico) con el Comando Sur (para América del Sur), en un único Comando Hemisférico, avanzando hacia una seguridad continental integrada. También prevé una actualización de su doctrina, a partir del reciente recambio en el Colegio Interamericano de Defensa, que reúne a militares y diplomáticos de la región, bajo la órbita de la OEA. Allí acaban de dejar la conducción en manos de un general del Comando Sur que tiene como misión adaptar la orientación de la institución a la nueva cosmovisión.
Dentro de este marco conceptual, una obsesión recurrente de Trump son los pasos interoceánicos, porque son los que le permiten dominar los mares que rodean y protegen el continente americano, frente a un programa naval de China que ha venido creciendo sostenidamente en los últimos años.
Por esa razón, amenazó con invadir Groenlandia, hasta que logró que le habilitaran la instalación de tres bases militares en la gigantesca isla. Después presionó fuertemente a Panamá para expulsar a las empresas asiáticas de la logística del canal y lo declaró una prioridad de seguridad nacional, aunque por ese cruce sólo pueden pasar embarcaciones comerciales, no buques de guerra, que por su dimensión y calado requieren de otra profundidad.
Y es allí en donde emerge la gravitación del último paso interoceánico, compuesto por el estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake al sur de la isla de Tierra del Fuego, que no sólo es uno de los seis pases estratégicos a nivel global, sino que es uno de los mejores lugares para operar y esconder submarinos balísticos, en casos de crisis.
Bajo esta lógica, para Estados Unidos se transformó en un objetivo garantizar la gobernabilidad del cono sur, que significa alejar la amenaza china, contar con socios confiables y establecer una presencia disuasiva más visible.
Y esta mirada no está atada exclusivamente a una dimensión militar, sino también a otro aspecto estratégico que es asegurar cadenas de suministro para las economías del futuro, en un contexto global que se ha vuelto demasiado inestable.
Por eso ahora incorpora un plano adicional a su mirada cuando transforma en un factor de seguridad a la energía y a los minerales críticos (la Argentina suministra hoy el 58,8% del carbonato de litio que importa EE.UU.), y cuando proyecta la importancia de la Patagonia como un lugar propicio para la instalación de empresas tecnológicas que son aliadas directas de la administración Trump, las que además del frío y el agua requieren también estar lejos de las zonas de conflicto. El que maneja la energía, la tecnología y los datos, gestiona un poder que ahora desafía la clásica prevalencia militarista.
En esta mirada más integral, opera un cambio fundamental: a diferencia de lo que ocurría hace 100 años, hoy la Argentina tiene objetivos mucho más complementarios con Estados Unidos, que requiere una provisión continua de energía, alimentos y minerales, sin importar al mismo tiempo el desorden que emana de proveedores tradicionales como Rusia o Medio Oriente. Todos estos tópicos vienen siendo motivo de conversación diplomática, a veces reservada.
Los acuerdos de Thiel
Trump realizó en menos de un año tres gestos económicos muy fuertes de apoyo a la gestión de Milei. Intercedió para lograr un nuevo acuerdo con el FMI, lo rescató con un swap de urgencia antes de las elecciones y lo respaldó en el juicio por YPF. Ayudó al Gobierno en sus urgencias como ninguna otra administración norteamericana lo había hecho en su historia. Pero al mismo tiempo impulsó sus objetivos menos inmediatos y se movió para correr a China del proyecto de un puerto y una base integrada en Tierra del Fuego, profundizó una serie de ejercicios militares con la Argentina y avanzó en un esquema de cooperación que tuvo un punto culminante con la habilitación de la venta de los aviones F16.
Además, en los últimos dos meses Estados Unidos avanzó en dos acuerdos de hondas implicancias para el país. El primero fue un pacto regional que se firmó en marzo en Doral, Florida, que se conoció como el “Escudo de las Américas”. Allí 12 países, incluida la Argentina, se comprometieron a disponer del uso de la fuerza militar para desmantelar organizaciones criminales transnacionales y el narcoterrorismo. En los hechos, es un puente de ingreso de las fuerzas norteamericanas, en coordinación con los gobiernos de la región, para poder intervenir frente a una amenaza creciente para la estabilidad hemisférica. La presencia allí del ministro de Defensa, Carlos Presti, pareció desbordar la discusión legal que existe en la Argentina sobre los límites de la acción militar en cuestiones de seguridad interna.
Este compromiso tiene un efecto colateral inevitable: enturbia el vínculo con Brasil, que no adhirió al convenio y que desconfía de las intenciones de Washington. En Itamaraty, la cancillería brasileña, ven con preocupación la apertura generosa que la Argentina le ofrece a Estados Unidos en la región, porque altera un equilibrio implícito en la relación bilateral.
El segundo acuerdo se firmó hace un mes entre Presti y el embajador norteamericano, Peter Lamelas, y atañe específicamente a cuestiones de defensa. Argentina quedó en línea para participar de un programa de adquisición de drones, y al mismo tiempo se estableció un compromiso de abastecimiento de combustible para buques militares en condiciones preferenciales, que los estrategas relacionaron con el interés de EE.UU. en el Atlántico sur.
Pero en este entendimiento, se incluyó un párrafo que no se difundió públicamente. Es el que hace mención a que la cooperación de Estados Unidos va a ser canalizada a través de la empresa Arsoft US “junto a sus empresas asociadas” MeetKai, XRF.AI y el Grupo Arecco. Es decir que el acuerdo incluye a los contratistas designados, como suele imponer el Pentágono. Presti incluso participo de una exhibición de esas empresas hace más de un mes.
Esas compañías son proveedoras de software específicos e inteligencia artificial del Pentágono y operan en el mismo ecosistema de tecnología para la defensa que aporta Palantir, la empresa del magnate Peter Thiel. “Thiel es el principal socio en tecnología militar de la administración Trump. Está claro que en el acuerdo de Defensa que se firmó tendrá un rol importante. De todos modos, lo más preocupante es su posible participación en el proyecto de gemelos digitales, porque eso le permitirá un acceso ilimitado a todos los datos personales”, explica un importante exfuncionario de la gestión libertaria.
Para algunos sectores militares y diplomáticos la eventual influencia de Thiel es una expresión de algunos problemas de fondo que rodean al vínculo privilegiado entre la Argentina y EE.UU. En primer lugar, la natural asimetría en los acuerdos, producto de la disparidad de capacidades de ambos países, que desde una mirada convencional marca una resignación de cuotas de soberanía por parte de la Casa Rosada.
Esto se complementa con cierta precariedad jurídica que envuelve este proceso. Por ejemplo, el pacto antinarco de Doral y el acuerdo bilateral de Defensa no pasaron por el Congreso. Tampoco tuvo debate legislativo el ingreso de tropas extranjeras para la realización de ejercicios militares, ya que sólo se habilitó por decreto. Estas limitaciones son las que hacen dudar de la continuidad de esta convergencia una vez que Trump y Milei no estén más en el poder.
Y el tercer aspecto reside en las dificultades presupuestarias que tienen las Fuerzas Armadas, que contrastan con el nivel de integración que propone EE.UU. La Argentina destina menos del 1% de su presupuesto a la defensa (y el 80% se va en sueldos), muy por debajo de países como Chile o Brasil, y tiene graves problemas operativos, como haber dejado de contar con un portaaviones, haber perdido su capacidad submarina y haber resignado su potencial aéreo. Hoy se reproducen las bajas militares por los magros salarios y acecha una crisis en la obra social por una deuda abultada. Parece regir una disonancia entre estos problemas domésticos y la vocación por transformarse en un aliado preferencial de la principal potencia global.
Malvinas
Nunca el gobierno y los medios británicos habían reaccionado en modo tan inmediato respecto de una noticia sobre las islas Malvinas como cuando a fines de abril se filtró un mail del Pentágono que hacía referencia a un posible cambio en la postura de EE.UU. sobre el conflicto. No sólo influyó el hecho de que se difundiera en una agencia de noticias de origen inglés, como Reuters, sino principalmente con que el mensaje partió del corazón de Washington, no de una embajada o una fuente periférica. El episodio fue interpretado con profunda seriedad en Londres, como pocas veces ocurre.
La razón evidente de ese mensaje, que después el secretario de Estado, Marco Rubio, intentó minimizar, fue expresar el malestar de Trump por la reticencia de Gran Bretaña a facilitar operaciones militares norteamericanas en la isla Diego García, en el marco de la guerra contra Irán. Por eso la mención a las Malvinas en este contexto pareció más un intento de provocación que un replanteo serio.
Sin embargo, algunos actores de la diplomacia militar, tanto argentina como estadounidense, sugieren no interpretarlo tan superficialmente, no porque haya un giro en ciernes, sino porque proponen enmarcarlo en el contexto de los nuevos lineamientos geoestratégicos de la Casa Blanca.
Bajo esta óptica, la disputa por la soberanía de las islas es una cuestión menor en comparación con el objetivo de Estados Unidos de garantizar su dominio en el Atlántico Sur y replegar a China. Por eso Washington estaría inclinado a favorecer un acercamiento entre la Argentina y Gran Bretaña, bajo su paraguas. Por ahora sin más implicancias a futuro que la vocación por remover obstáculos y actuar en forma conjunta en cuestiones como la pesca ilegal, el paso seguro por Drake y la logística fluida hacia la Antártida (cuyo tratado debe ser revisado en 2048, en un contexto de revalorización de su potencial mineral).
La primera expresión de este cambio de prioridades se produjo con la venta de los aviones F16, a la que Gran Bretaña siempre se había opuesto, pero a la que ahora debió ceder por la presión de Trump. Algunos expertos incluso destacan que se trata de la versión más moderna y mejor equipada de esos cazas, un factor que siguieron atentamente en Londres y en Santiago (Chile realiza anualmente ejercicios militares con los británicos en el estrecho de Magallanes, por ahora sin generar quejas formales de la Argentina).
El conflicto por las islas Malvinas quedó así expuesto a un cambio de paradigma mucho más amplio que impulsa Trump, y que probablemente en algunos aspectos trasciendan a su gestión. El gran interrogante en este aspecto es: ¿está la Argentina en condiciones de interpretar el sentido más profundo del cambio geoestratégico que experimenta Estados Unidos? ¿O se contenta con los beneficios de corto plazo que ofrece la administración republicana?
Jorge Liotti,Conforme a
POLITICA
La chicana mundialista de la UCR a un gobernador peronista: “No había nacido Messi y él ya estaba en el poder”
En medio de la Copa del Mundo y luego de que Argentina lograra una agónica clasificación a octavos de final, la UCR aprovechó el clima deportivo para hacer una chicana futbolera a un gobernador peronista. “No había nacido Messi y Gildo Insfrán ya estaba en el poder”, aseguró el presidente del radicalismo, Leonel Chiarella, al arribar a Formosa capital.
Sucede que los radicales reclamaron que la Suprema Corte resuelva el planteo que hizo la presidenta de la UCR provincial, Agostina Villaggi, contra la reelección indefinida que Insfrán aprobó el año pasado en una reforma constitucional. Dicha norma fue objetada y será el máximo tribunal nacional el que defina su futuro.
Chiarella hizo estas declaraciones en un video que publicó en las redes sociales de la UCR junto a la secretaria General del partido, Piera Fernández y Villaggi. Además, denunció que la titular del partido en Formosa fue agredida por llevar adelante el reclamo.
“Agostina es legisladora provincial, ella lideró con mucho coraje esta presentación judicial, fue golpeada, atacada por una patota y sin embargo no bajó los brazos, por eso hoy venimos a Formosa para respaldarla”, añadió Chiarella.
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Su visita a la capital provincial formoseña se enmarca en la recorrida por todo el país que viene llevando a cabo desde que asumió el cargo. Según indicaron en su entorno, tendrá encuentros con vecinos, una reunión con la Federación Agraria de Formosa y otra con jóvenes radicales.
Chiarella llegó a Formosa junto a Piera Fernández, el titular de la Organización de Trabajador Radicales (OTR), Luis Cerini y el presidente de la Juventud Radical, Nahuel Breglia. Además de ser presidente de la UCR es intendente de Venado Tuerto (en el sur de Santa Fe). Es el presidente más joven de la historia del partido y en sus primeros seis meses de gestión recorrió la mitad de las provincias argentinas.
Se trata de una elección inusual en el partido, acostumbrado a optar por nombres de más trayectoria. Pero también responde a una necesidad de la UCR: mostrarle a la sociedad un proceso de renovación.
Chiarella es un dirigente joven (36 años) y gobierna la tercera ciudad más grande de Santa Fe. “Gobierna con superávit desde hace seis años y fue reelecto con el 83 por ciento de los votos en 2023″, indicaron desde uno de los sectores del radicalismo que impulsaron su nombre. Y un dato no menor: es un hombre de Pullaro.
UCR, Gildo Insfrán, Formosa
POLITICA
Inédita decisión: citarán a veedores de la CGT y de una ONG para fiscalizar las nuevas elecciones en la UOM Zárate-Campana
Ya con Abel Furlán desplazado, el interventor judicial en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Alberto Biglieri, avanza con fuertes decisiones para garantizar la transparencia en la nueva votación a la que convocará antes de fin de año en la Seccional Zárate-Campana.
El abogado, que integra el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, tiene previsto citar a veedores de la CGT y de la ONG Transparencia Electoral para que fiscalicen las elecciones en esa filial del gremio metalúrgica, que se hicieron en marzo pasado y fueron anuladas dos meses después por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ante serias irregularidades del oficialismo liderado por Furlán.
El 22 de mayo pasado, además de anular las elecciones de Zárate-Campana, los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González tomaron la misma decisión con la elección nacional de autoridades, llevada a cabo el 18 de marzo y en la que también se proclamó ganador Furlán, y dispuso la intervención del gremio.
Los jueces fundamentaron su decisión en la falta de garantías de “elección confiable, segura ni transparente” en el proceso electoral en aquella seccional bonaerense y aseguraron que la mecánica adoptada para el resguardo y el recuento de votos durante los tres días de los comicios “destruyó la objetividad de todo el proceso” y vulneró los principios de libertad y democracia sindical establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.
Biglieri es interventor tanto a nivel seccional como nacional, tiene a su cargo la administración del sindicato y de la obra social, y se le otorgó un plazo de 180 días para llamar a nuevas elecciones en la UOM Zárate-Campana en condiciones que aseguren transparencia y respeto a los principios de libertad sindical.
Para ayudarlo en su tarea, el interventor designó algunos asesores con pasado en la función pública. El más conocido es Omar Yasín, el primer secretario de Trabajo libertario que provenía del equipo de Jorge Triaca y duró un año en el cargo, o Carlos Galina, jefe de asesores de Biglieri, que en el gobierno de Mauricio Macri tuvo el mismo puesto en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En la obra social de la UOM figura otro ex funcionario: Sandro Taricco, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, adonde había llegado con Graciela Ocaña en la gestión de Cristina Kirchner y luego volvió con Cambiemos, entre 2017 y 2018.
Cerca del interventor afirmaron que su plan de gestión al frente de la UOM contempla cuatro pasos y el primero fue presentar en la Secretaría de Trabajo una lista de los nuevos delegados paritarios que, sugestivamente, son 5 dirigentes distanciados de Furlán: Roberto Bonetti (líder de la estratégica Seccional Capital), Daniel Martínez (Cañada de Gómez), Adrián Pérez (Quilmes), Enrique Salinas (La Plata), Edgardo Holstein (San Nicolás) y Manuel Casas (Villa Constitución).
Una vez que Trabajo reconozca a los nuevos delegados paritarios metalúrgicos, el segundo paso trazado por Biglieri será justamente la negociación de aumentos salariales con los empresarios para la rama siderúrgica (que no pacta incrementos desde hace 2 años) y la metalúrgica en general. “Tenemos más del 40 por ciento de los trabajadores cobrando un básico por debajo de la línea de pobreza -dijeron a Infobae fuentes sindicales-. No podemos esperar a terminar con la intervención judicial para salir a discutir los salarios”.
“Entre abril de 2025 y mayo de 2026 tenemos una pérdida contra el IPC de 12,9 puntos”, sostuvo otro dirigente metalúrgico, que recordó que el último aumento salarial para el sector se acordó en abril pasado.
En este escenario salarial, cruzado por la interna en el sindicato, se destacó la postura de Bonetti, quien encabezó este lunes un acto en memoria del líder metalúrgico Augusto Timoteo Vandor al cumplirse 57 años de su asesinato, porque volvió a criticar al desplazado jefe de la UOM: tras mencionar que existe “un contexto muy adverso para los metalúrgicos, con salarios por debajo de la línea de pobreza, pérdida del poder adquisitivo, paritarias aún sin resolver y la UOM intervenida”, señaló que » el Gobierno ataca a los trabajadores y a la industria, pero también hay una responsabilidad de Furlán, cuya conducción carece de la capacidad y grandeza de Vandor, quien supo liderar en peores circunstancias y nunca entregó derechos”.
Las tratativas salariales que pilotearán Bonetti y sus colegas podrían darles un protagonismo interno que será clave cuando finalmente se llame al congreso nacional del sindicato para volver a elegir a su conducción.
En esa instancia, hay otra resolución de Biglieri que incidirá de manera directa en el proceso de designación del nuevo jefe nacional de la UOM en reemplazo de Furlán, que tendrá lugar luego de los comicios en Zárate-Campana. Es que los titulares de las seccionales se eligen por el voto directo de los afiliados, pero la conducción nacional metalúrgica surge de un congreso del que participan delegados que envía cada seccional en forma proporcional a la cantidad de afiliados que tiene.
Eso significa que los metalúrgicos no eligen directamente a quienes los van a representar a nivel nacional en el sindicato sino a los electores que son los que, en definitiva, tomarán esa crucial decisión.
Pero el problema detectado por el interventor es que los padrones de las seccionales están inflados y no reflejan en muchos casos la pérdida de afiliados por la crisis del sector metalúrgico, lo que distorsiona la representación verdadera de los electores al congreso de la UOM.
Las cifras oficiales de los padrones en varios casos terminaron favoreciendo a los oficialismos leales a Furlán: el ejemplo más notorio, resaltaron cerca de Biglieri, es el de la Seccional San Martín, una de las más importantes y manejada por el furlanista Osvaldo Lobato, que aportó 19 delegados al congreso de la UOM, pero según sus afiliados reales debería haber llevado sólo 6.
Una curiosidad: Lobato es secretario Gremial de la CGT en representación de la UOM, a propuesta de Furlán durante el congreso cegetista de noviembre pasado. ¿Cómo hará la CGT para mantener la imparcialidad enviando veedores a la votación metalúrgica de Zárate-Campana, donde se jugará el futuro de Furlán, si tiene como virtual número 3 a un dirigente fiel a éste?
El tercer paso de la intervención será, en palabras del entorno de Biglieri, será ver cómo se va conformando este “nuevo mundo del trabajo” a partir de la aplicación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y el cuarto, la adecuación de los convenios colectivos de trabajo, objetivo que, según advirtieron fuentes oficiales a Infobae, el Gobierno no habilitará mientras se mantenga la intervención judicial en la UOM.
Algunos metalúrgicos lo celebran porque de esa forma los convenios que rigen la actividad deberán ser rediscutidos por dirigentes legitimados por los votos, pero para otros es una mala noticia: “Hay que renegociar lo antes posible, no podemos tener un convenio del año 75″, enfatizó un experimentado sindicalista del sector.
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POLITICA
El Gobierno avanza con cambios en la Aduana y pone a Diego Santilli al frente de la negociación por la reforma electoral
El Gobierno avanza con cambios en la Aduana, recalcula la estrategia electoral de Javier Milei y prepara los próximos movimientos de Diego Santilli en el Congreso y con los gobernadores. En la Casa Rosada buscan combinar gestión, negociación política y una etapa de mayor moderación pública del Presidente después de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete.
En el Ejecutivo aseguran que trabajan en modificaciones tecnológicas para la Aduana a raíz de quejas por demoras, falta de trazabilidad y problemas para seguir el recorrido de mercadería. “Necesitamos hardware. No hay formas de seguimiento claras”, expresan en Nación. La frase apunta a una discusión interna sobre la capacidad del Estado para controlar cargas, contenedores, circuitos logísticos y procesos de liberación con información más precisa.
Las quejas llegaron desde empresas, operadores y usuarios que denuncian demoras en la salida de contenedores y trámites aduaneros poco previsibles. En Balcarce 50 admiten que el tema se volvió una cuenta pendiente para el área económica, en especial por el impacto que tiene sobre importaciones, exportaciones, costos logísticos y competitividad.
El Gobierno ya empezó a mostrar algunos cambios administrativos. Federico Sturzenegger destacó la resolución de ARCA que permite reemplazar garantías por declaraciones juradas para operadores con comportamiento regular, una medida que, según el ministro de Desregulación, reduce costos, trámites y márgenes de discrecionalidad. En el oficialismo lo presentan como parte de una agenda más amplia para simplificar el comercio exterior.
La reforma del Código Aduanero está en esa misma dirección, pero con un alcance mayor. En el Ejecutivo trabajan sobre cambios vinculados a digitalización de procesos, reducción de discrecionalidad, trazabilidad, procedimientos sancionatorios y plazos administrativos. La idea es combinar simplificación normativa con tecnología aplicada al control.
La discusión aduanera se da en paralelo al reordenamiento político que abrió la salida de Adorni y el ascenso de Santilli. En la Casa Rosada adelantan que esperan meses de mayor moderación discursiva de Milei mientras el Gobierno busca recomponer vínculos con gobernadores y conseguir votos para las reformas.
El nuevo jefe de Gabinete tiene como tarea central acercar posiciones con mandatarios provinciales y bloques aliados. En Balcarce 50 creen que la reforma electoral será el punto más sensible de esa negociación. “Si no sacamos las PASO, Milei no reelige”, insisten en Nación. La frase resume la obsesión de la mesa política: evitar una primaria nacional que pueda ordenar a la oposición y generar una foto desfavorable antes de la elección general.
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Por eso, el Gobierno habilitó negociaciones por un esquema de bi-listas o listas compartidas con algunos gobernadores. La alternativa permitiría que mandatarios provinciales o aliados conserven identidad propia en categorías legislativas, pero vinculados a la candidatura presidencial de Milei. En la Casa Rosada lo presentan como una herramienta para destrabar votos a cambio de eliminar o suspender las PASO.
La apuesta oficial tiene dos tiempos. Primero, una etapa de moderación, acuerdos y negociación parlamentaria. Después, un regreso a una campaña más polarizada. “Una vez que salga la reforma política y se cierren algunos acuerdos con gobernadores, vuelve el Milei radicalizado”, expresan en el oficialismo.
La discusión también atraviesa el tono de campaña. En varios despachos oficiales aseguran que la oferta electoral será “estabilidad y resultados económicos”, con foco en inflación, salarios, crédito, seguridad y reformas sancionadas. Pero en otras oficinas creen que Milei deberá recuperar un discurso más duro contra la oposición para ordenar a su núcleo propio.
“No vamos a hablar de la casta porque esa bandera ya la perdimos, pero sí vamos a apuntar contra el modelo anterior”, agregan en Nación. La definición muestra el intento de recalibrar el mensaje: menos eje en la política como enemigo general y más confrontación con el kirchnerismo, el peronismo y las gestiones anteriores.
Santilli volverá esta semana al Senado para reunirse con el bloque de La Libertad Avanza y aliados. El objetivo será destrabar la Ley de Zonas Frías y avanzar con la reforma electoral, dos de las prioridades que Karina Milei marcó en la última reunión con legisladores oficialistas. En el Gobierno reconocen que todavía faltan votos y que el rol de los gobernadores será determinante.
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El martes, Santilli encabezará junto a Karina Milei su primera reunión de mesa política como jefe de Gabinete. El horario todavía no está definido porque la Selección argentina jugará al mediodía, lo que también llevó al Gobierno a adelantar la conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Ravier.
El nuevo ministro coordinador acompañará además a Milei en el viaje a Tucumán por el Día de la Independencia de la Argentina. En la Casa Rosada quieren que la actividad funcione como una señal política hacia los gobernadores, aunque dan por hecho que varios mandatarios no asistirán porque tendrán celebraciones en sus provincias.
A partir de septiembre, el Gobierno buscará imponer con más fuerza el clima electoral, la polarización y la campaña sobre las reformas aprobadas y las que todavía intentará impulsar. La hoja de ruta combina gestión, cambios administrativos como los de Aduana, negociación con gobernadores y una estrategia de campaña que dependerá, en buena medida, de si Santilli logra destrabar la reforma política.
ADUANA, Javier Milei, Diego Santilli
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