POLITICA
Qué provincias decretaron asueto para empleados públicos por el partido entre la Argentina y Egipto
Los gobiernos de Tucumán y de Jujuy decretaron asueto administrativo y escolar para administrativos y escolares, a partir de las 12.00, por el partido que la Selección Argentina disputará ante Egipto, en el Mundial 2026, por el pase a los cuartos de final. Además las administraciones de San Juan y La Rioja les dieron permisos especiales a los estatales para retirarse antes de sus jornadas laborales.
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En el caso de Tucumán el gobernador, Osvaldo Jaldo, dijo que la medida, que regirá a partir de las 12.00, será para “la administración pública que alcanza a todas las áreas del sistema del Gobierno de la Provincia de Tucumán, incluyendo las escuelas”.
El gobernador aclaró: “Por supuesto que los otros poderes tendrán que ver qué es lo que hacen, al igual que el comercio. Por eso nosotros lo que damos es asueto administrativo, de tal manera que los otros poderes y la actividad privada tomen la decisión que ellos consideren”.
En Jujuy, la administración de Carlos Sadir dispuso una medida similar a la de Tucumán, para administrativos y escolares, a partir de las 12.00, e invitó a los demás poderes provinciales a adherir al asueto.
El comunicado oficial indicó: “La decisión tiene por objeto posibilitar que la comunidad jujeña pueda acompañar el encuentro que disputará el seleccionado nacional, teniendo en cuenta el interés general que despierta esta instancia de la competencia y la convocatoria que genera en todo el país”.
San Juan y La Rioja les dieron permisos especiales a los estatales para retirarse antes, por el partido entre la Argentina y Egipto en el Mundial 2026
En los casos de San Juan y La Rioja, los gobiernos encabezados por Marcelo Orrego y Ricardo Quintela les dieron permisos especiales a los estatales para retirarse antes, por el partido entre la Argentina y Egipto en el Mundial 2026.
En San Juan los empleados de la administración pública podrán retirarse 40 minutos antes de su horario habitual. Orrego aclaró en conferencia de prensa que la medida no implica un asueto ni un día no laborable, sino una salida anticipada que deberá aplicarse sin afectar el funcionamiento de los organismos provinciales.
El gobernador de San Juan explicó: “Queremos que cada empleado pueda llegar con tiempo a su casa. Hay que tener humanidad con los empleados. Queremos que todos vayan a su casa para que vean el partido. Siempre hay que trabajar”. La organización de la medida quedará a cargo de cada organismo, que deberá coordinar la salida anticipada de sus agentes sin afectar las tareas habituales.
En el caso de La Rioja el gobierno provincial dispuso una medida similar, un permiso especial para el personal de la administración jurisdiccional, para que los empleados puedan retirarse a partir de las 11.30, para que lleguen a tiempo a sus casas para ver el partido de la Selección, que empezará a las 13.00.
Mundial 2026
POLITICA
Definieron las fechas de los juicios contra Cristina Kirchner por la causa Hotesur-Los Sauces
El Tribunal Oral Federal 5 resolvió que el 23 de octubre próximo comience el juicio oral por la causa Hotesur, que tiene como principales acusados a Cristina, su hijo Máximo Kirchner y el empresario Lázaro Báez. Además, la causa paralela, denominada Los Sauces, con la expresidenta como principal imputada y el empresario Cristóbal López, se iniciará el 19 de marzo de 2027.
La hipótesis es que Cristina Kirchner integró una asociación ilícita con otras personas y obtuvo dinero de la corrupción que fue lavado mediante las transferencias que le hacían los empresarios beneficiados por el kirchnerismo, como Báez y López. Máximo Kirchner integraba el directorio de las empresas de los Kirchner.
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POLITICA
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley para endurecer las penas por explotar recursos en las Islas Malvinas
El Gobierno envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que amplía las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en las Islas Malvinas luego de que repudiaran el inicio del proyecto Sea Lion, impulsado por dos petroleras extranjeras en territorio argentino. Asimismo, propusieron crear un sistema de seguridad nacional bajo conducción presidencial.
De acuerdo con la iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno y los ministros Carlos Presti (Defensa) y Luis Caputo (Economía), propone derogar la Ley N° 26.659, vigente desde 2011 para penalizar actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en el área en disputa.
No obstante, las autoridades remarcaron que “la medida no se limita, como el régimen vigente, a las actividades hidrocarburíferas, sino que resulta aplicable a toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean o no renovables”.
En este sentido, ese esquema plantea que toda explotación de recursos naturales renovables y no renovables realizada en las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares circundantes y la Plataforma Continental Argentina sin habilitación de una autoridad nacional.
A raíz de esto, las autoridades propusieron que las personas o empresas que desarrollen actividades prohibidas podrían recibir multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de permisos y una inhabilitación de entre cinco y 20 años.
La escala penal se endurecerá para los casos vinculados con hidrocarburos. La exploración o explotación de recursos no renovables sin habilitación tendría penas de 12 a 20 años de prisión. Para la extracción, el transporte o el almacenamiento de hidrocarburos, la condena prevista ascenderá a entre 15 y 20 años, con multas de hasta 3 millones de barriles de petróleo.
También quedarían alcanzados los proveedores que entreguen bienes o servicios considerados esenciales para esas actividades, siempre que conozcan su destino. Así, el proyecto contempla penas de cinco a siete años para esas conductas.
De la misma forma, las sanciones se extenderían a las sociedades que participen en los hechos. Entre otras medidas, podrían sufrir la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años, la imposibilidad de contratar con el Estado y, en casos determinados, su disolución o liquidación.
La inhabilitación alcanzaría contratos, beneficios fiscales y operaciones en Argentina
El régimen propone que una empresa inhabilitada no pueda desarrollar actividades económicas en el país durante el plazo de la sanción. Además, se revocarían sus permisos, cesarían beneficios impositivos o previsionales otorgados por actos particulares y se rescindirían contratos con ejecución total o parcial en territorio argentino o sobre bienes situados en el país.
Para ordenar el retiro de las compañías afectadas, la autoridad de aplicación fijaría un período de cese de entre 30 y 180 días, prorrogable en función de la continuidad de servicios, la situación de trabajadores, acreedores o terceros de buena fe.
El proyecto crea, a la vez, un Régimen de Desistimiento y Regularización. Los infractores que abandonen las prácticas cuestionadas podrán pedir su ingreso, pagar multas o comprometer inversiones en actividades legales dentro de Argentina. Si cumplen las condiciones, se archivarán las actuaciones administrativas y se extinguirá la acción penal, salvo que exista una sentencia firme o reincidencia.
Un Consejo de Seguridad Nacional coordinaría defensa, economía, diplomacia e inteligencia
El segundo eje de la iniciativa es la creación del Sistema de Seguridad Nacional, que reuniría las funciones diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa, inteligencia y protección de infraestructuras críticas.
Su órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Milei e integrado de forma permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.
El Consejo tendría a su cargo la elaboración de una Política de Seguridad Nacional, que luego debería ser aprobada por el Poder Ejecutivo. Asimismo, podría requerir información y asistencia obligatoria a organismos del sector público nacional y solicitar cooperación a provincias, la Ciudad de Buenos Aires y municipios.
En línea con esto, la norma define como infraestructuras críticas a las redes, instalaciones y sistemas públicos o privados indispensables para los servicios esenciales, la salud, la defensa, la economía y el funcionamiento estatal. Las jurisdicciones locales deberían identificarlas y elaborar planes de protección; el Consejo definiría cuáles tienen interés nacional.
La propuesta regula la respuesta ante aeronaves y buques considerados hostiles
El proyecto también establece una secuencia para identificar, interceptar y eventualmente emplear fuerza contra aeronaves que vulneren reglas de vuelo, no se identifiquen o desobedezcan órdenes de autoridades competentes.
La utilización de medidas coercitivas para impedir la continuidad de un vuelo requeriría una orden expresa del Presidente, quien podría delegarla en el ministro de Defensa. El articulado aclara que las decisiones deberán ajustarse al derecho internacional y evitar poner en riesgo a los ocupantes de aeronaves civiles.
En el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, la iniciativa habilita advertencias, maniobras de interposición, disparos de advertencia e inutilización de buques después de agotar medidas menos lesivas. El hundimiento solo podría ordenarse como una medida militar excepcional contra un buque hostil, con autorización previa del Presidente.
Sin embargo, las autoridades ratificaron que estará prohibido hundir un buque civil como sanción, herramienta policial o forma de impedir una fuga.
Las sanciones por amenazas a la seguridad nacional incluirían bloqueos de activos
Por otro lado, el Consejo de Seguridad Nacional podría abrir procedimientos administrativos contra personas o entidades vinculadas a Estados u organizaciones extranjeras que busquen afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones estatales, atacar infraestructuras críticas o financiar esas acciones.
Las penas incluirían multas de entre 30.000 y 180.000 Unidades de Valor Adquisitivo, revocación de permisos, pérdida de beneficios estatales e inhabilitación para actuar en sectores considerados estratégicos.
Ante un riesgo grave e inminente, el Consejo podría ordenar restricciones temporales a operaciones cambiarias, transferencias, importaciones y exportaciones; bloquear fondos; suspender permisos; o elevar derechos de importación y exportación hasta un máximo del 75% para el Estado extranjero involucrado.
También se modificarán normas de defensa, financiamiento político e inteligencia
La propuesta también reforma la Ley de Defensa Nacional para incorporar riesgos y amenazas externas estatales y no estatales, tanto “cinéticos” como “no cinéticos”, y prevé el empleo de las Fuerzas Armadas para proteger infraestructuras críticas de interés nacional cuando corresponda.
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En materia electoral, prohíbe que extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen, dirijan o ejecuten actividades de campaña y propaganda. Además, incorpora figuras penales vinculadas con operaciones clandestinas de inteligencia extranjera, filtración de secretos y campañas masivas de desinformación destinadas a alterar procesos electorales.
Por último, eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, conocido como RePET, bajo la órbita de la Unidad de Información Financiera. El mecanismo permitiría inmovilizar bienes y restringir operaciones de personas o entidades registradas, con posterior intervención judicial.
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LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajará a Nueva York la semana que viene en coincidencia exacta con la visita del presidente Javier Milei a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Las dos agendas oficiales se solapan entre martes y miércoles próximos. Milei buscará reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para obtener aval público al reclamo de soberanía por las islas Malvinas; Kicillof se mostrará con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdami, y disertará sobre el futuro de Argentina en el orden global, en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia.
Milei, en tanto, disertará sobre valores democráticos, economía y libertad ante un think tank promovido por la fundación Federalismo y Libertad y el International Republican Institute (IRI), con el Citi Bank como anfitrión.
En plena batalla ideológica por el rumbo de la Argentina de cara a las elecciones de 2027, Kicillof buscará posicionar su discurso antónimo al de Milei en una universidad de prestigio internacional, dado que no tiene invitación ante las Naciones Unidas.
Milei, por su parte, intentará obtener una reunión bilateral con Trump, luego de que este mandatario señalara que evaluaba cambiar la postura histórica de apoyo de Washington a Reino Unido por Malvinas ante la falta de ayuda que recibió de ese país para el control del Estrecho de Ormuz.
El viaje de Milei se dará una semana después de que el gobierno nacional enviase al Congreso el proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”.
El martes, Milei buscará una reunión bilateral con Trump, durante las reuniones preparatorias de la 81 Asamblea de las Naciones Unidas. Esta foto no está confirmada. Sí está confirmado un discurso de Milei ante la ONU, el miércoles.
Ese día Kicillof también tendrá una foto simbólica con autoridades de Estados Unidos: el gobernador de Buenos Aires participará de un acto con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, referente del Partido Demócrata de Estados Unidos.
Kicillof coincidirá con Mamdani en un coloquio convocado bajo el título “Construyendo una economía para la mayoría”. También se espera la participación de otros mandatarios, como el presidente de España, Pedro Sánchez.
El alcalde de Nueva York brindará a Kicillof la oportunidad de proyectarse como antónimo de Milei en un ámbito progresista.
La agenda de Kicillof comenzará el martes con una reunión con fondos de inversión que poseen bonos de la provincia de Buenos Aires y otro encuentro con empresas que tienen inversiones o proyectos de inversión en el distrito bonaerense.
El viaje de Kicillof será en una línea comercial y los gastos correrán por cuenta de la provincia de Buenos Aires. “Es un viaje oficial”, se precisó ante la consulta de . No se dieron detalles de las partidas destinadas a este fin.
El miércoles, tras reunirse con el alcalde de Nueva York, Kicillof disertará en la Universidad de Columbia sobre “las transformaciones económicas y políticas que están moldeando a la Argentina y a la región en medio de un orden global cambiante”.
De acuerdo al anuncio de esa universidad, Kicillof analizará “las perspectivas de desarrollo del país, las implicaciones del aumento de las tensiones geopolíticas y la fragmentación económica, así como la respuesta de los gobiernos y las fuerzas políticas de América Latina ante este nuevo escenario”.
En la provincia de Buenos Aires lo reemplazará interinamente la vicegobernadora Verónica Magario.
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Definieron las fechas de los juicios contra Cristina Kirchner por la causa Hotesur-Los Sauces
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