POLITICA
Sur Finanzas: volvió a declarar el financista ligado a la AFA y planteó que “no hay delito que perseguir”
El juzgado federal de Lomas de Zamora avanza en una nueva etapa de la causa Sur Finanzas. En los últimos días, fueron indagados los ex directivos del Club Atlético Banfield Eduardo Juan Spinosa y Federico José Spinosa, los responsables de Centro de Inversiones Concordia SRL y por parte de Sur Finanzas Group SA, declaró, por segunda vez, Maximiliano Ariel Vallejo, amigo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. El financista declaró como imputado y presentó un escrito en el que se defendió de cada una de las acusaciones.
La medida judicial se realizó en momentos en que el mandamás de la AFA encabeza la delegación Argentina en el Mundial de fútbol que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.
El juzgado también fijó nuevas indagatorias para imputados que no se presentaron a declarar y advirtió con declararlos en rebeldía si no asisten a la citación.
La cerrada defensa de Vallejo
Ariel Vallejo enfrenta cuatro cargos en la causa que instruye el juez Luis Armella e impulsa la fiscal Cecilia Incardona: asociación ilícita, cobrar tasas usurarias, defraudación—por los contratos de mutuo celebrados con el Club Atlético Banfield— y lavado de activos, este último agravado por habitualidad y por su presunta pertenencia a una asociación formada para la comisión continuada de ese delito.
La acusación también desliza, de manera tangencial, presuntas infracciones al régimen penal cambiario e intermediación financiera no autorizada, aunque sin identificar operaciones específicas, sin precisar montos concretos por hecho y sin sentencia ni determinación administrativa firme que sustente esas calificaciones.
El escrito fue redactado con la asistencia técnica del abogado Pablo Parera y amplía el descargo que el empresario ya había formulado en la primera presentación.
Desde el inicio de su indagatoria, Vallejo fijó su postura: “Aprovecharé esta oportunidad para brindar elementos útiles que reflejarán la actividad lícita de las firmas investigadas y desacreditar las imputaciones indeterminadas que se achacan a mi persona y el resto de los consortes”, dijo. Una frase similar figura en el escrito al que accedió de manera exclusiva Infobae.
Antes de entrar en el detalle de cada cargo que se le imputan al amigo de Tapia, el escrito construye su argumentación sobre una serie de afirmaciones que la defensa plantea como ejes de todo el descargo. Estas son las principales:
- “La mera pertenencia a una organización empresarial, con roles diferenciados, jerarquías claras y funciones específicas, no constituye ni puede constituir el sustrato fáctico de una asociación ilícita”.
- “Una asociación ilícita opera en la clandestinidad, carece de registro, no tiene empleados en relación de dependencia formal, y no rinde cuentas ante ningún organismo estatal.”
- “Sin víctima que se reconozca como tal, en un supuesto menoscabo al patrimonio, no hay delito que perseguir.”
- “La ausencia de un parámetro técnico, sólido y contextualizado deja a la acusación sin un sustento objetivo que permita sostener la tipicidad de la conducta.”
- “No puede configurarse engaño cuando la presunta víctima convalida institucionalmente la operación de que se trate.”
- “La imputación describe el mecanismo de lavado como ‘confusión sistémica de fondos ilícitos dentro de sus patrimonios lícitos’; sin embargo, la ‘confusión patrimonial’ no es ninguno de los verbos típicos enumerados en el art. 303 CP.”
- “La mera enumeración cronológica de adquisiciones de bienes a lo largo de varios años no satisface ese requisito (de habitualidad), si previamente no se explica por qué cada uno de esos actos, individualmente considerado, configura un acto autónomo de lavado”.
- “La circunstancia de que una empresa o sus responsables estén siendo investigados no autoriza a presumir la ilicitud de la totalidad de sus contratos ni que todas las contrapartes revistieron el carácter de víctimas o de cómplices; esa inferencia global sustituye la prueba concreta por la mera sospecha genérica”.
Empleados registrados, no cómplices
El primer cargo que abordó la defensa fue la de asociación ilícita (art. 210 del Código Penal). Para que ese delito exista, la ley exige un acuerdo de voluntades de tres o más personas, de carácter permanente u organizado, con el fin específico de cometer delitos de manera indeterminada. Vallejo dice que ninguno de esos requisitos se verifica.
El argumento se apoya en la documentación laboral incautada en los propios allanamientos. Cada uno de los imputados tenía un vínculo formal con las sociedades del grupo: Gerardo Salvador Carrozza, gerente general y apoderado de Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA y ARS Cambios SAS; María Fernanda Sena Argis, presidenta de Sur Finanzas Group SA y responsable del área de liquidación y pagos; Bárbara Denise Sena Argis, jefa de departamento y directora suplente de Sur Finanzas PSP SA; Nahiara Gamarra, secretaria del directorio; Daniela Sánchez y Micaela Sánchez, secretaria y cajera respectivamente; Rolando Soloaga y Sergio Da Silveira, afectados al área de transporte de caudales; Susana Beatriz Hoffmann, asesora externa.
El texto hace mención a que las cuatro sociedades señaladas por la acusación —Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA, Centro de Inversiones Concordia SRL y ARS Cambios SAS— son personas jurídicas inscriptas, con CUIT asignado por ARCA y nómina de empleados registrados ante los organismos de seguridad social. La defensa también cuestionó que se impute a Hoffmann y a Gamarra haber integrado la asociación ilícita con base en que la primera aparece citada de manera periférica en una conversación y la segunda figura en remitos de compra.
Usura sin víctima
En segundo lugar la defensa de Vallejo atacó el cargo por tasas usurarias (art. 175 bis del Código Penal) con una pregunta que la defensa considera sin respuesta en el expediente: ¿quién es la víctima?. Los contratos de préstamo cuestionados fueron celebrados con clubes de fútbol —personas jurídicas con asesoramiento contable— que nunca impugnaron los contratos, nunca reclamaron la restitución de intereses y nunca formularon denuncia alguna, según señaló Vallejo.
La defensa también sostuvo que la Fiscalía no explicó en qué parámetro técnico se basó para calificar las tasas como usurarias. El argumento de fondo fue que, en un contexto de alta inflación como el que atravesó la Argentina en los períodos investigados, una tasa nominalmente elevada puede ser razonable en términos reales. La norma, agrega Vallejo, no reprime cualquier tasa alta; reprime el aprovechamiento de la necesidad, la ligereza o la inexperiencia del deudor. Y los clubes de fútbol, con sus comisiones directivas y sus asesores contables, no encajan en ese perfil, sostuvo la defensa del financista que llegó a ser prestamistas y sponsor de los clubes de la AFA por intermedio de Tapia.
Banfield y los millones de dólares
El tercer cargo —defraudación en perjuicio del Club Atlético Banfield— fue refutada apoyada en contratos fechados, transferencias bancarias y decisiones institucionales del propio club.
La Fiscalía sostiene en su acusación que los contratos de mutuo entre Sur Finanzas Group SA y Banfield integraron una maniobra fraudulenta. La defensa presentó la secuencia de hechos tal como consta en el expediente:
- El 17 de julio de 2023, Sur Finanzas y el club suscribieron un primer mutuo por USD 500.000 para cubrir necesidades de liquidez.
- El 9 de octubre de ese mismo año, firmaron un segundo contrato por igual suma para atender requerimientos de caja. Ambos contratos, dice Vallejo, contaron con aprobación previa de la Comisión Directiva del Club. Los fondos se transfirieron, el club los recibió y los aplicó a sus necesidades. Luego, las propias autoridades renegociaron la deuda. Y la nueva conducción, tras el cambio de dirigencia, ratificó y continuó el vínculo comercial con Sur Finanzas.
Sobre el sponsoreo —que la acusación fiscal califica de ficticio—, la defensa presentó una propuesta formal de patrocinio emitida el 12 de diciembre de 2022 y señaló que la marca Sur Finanzas estuvo visible en la indumentaria del club y en partidos televisados, incluyendo los de la “Copa Sur Finanzas”. La nueva conducción del club ratificó el vínculo, dato que la defensa presentó como prueba de que el contrato tuvo valor económico real.
Los números del lavado
El cargo de lavado de activos (art. 303 del Código Penal) fue cuestionado por la defensa desde cinco ángulos.
El primero es conceptual: la evasión tributaria no puede ser “hecho precedente” del lavado. Vallejo citó al jurista F. J. Córdoba para sostener ese punto: “Lo característico del delito de evasión es que el autor se ahorra gastos que debería realizar para cancelar una deuda con el Fisco; por lo tanto un gasto ‘ahorrado’ es un gasto que no se hizo, es decir, una ‘nada’ que no puede, por consiguiente, ser objeto idóneo de un delito de lavado”.
El segundo es aritmético. Para la defensa de Vallejo «los montos no cierran». La retención de aportes imputada totaliza aproximadamente $46.000.000. Las adquisiciones de vehículos señaladas como maniobra de lavado suman $338.659.900 —casi ocho veces más—. Vallejo sostiene que esa cifra se condice con su patrimonio declarado al 1° de diciembre de 2025: $1.800 millones, compatibles con un salario de $70.000.000 mensuales durante más de tres años como CEO del grupo, más dividendos societarios, financiamiento bancario y reinversión empresarial.
El tercero apunta a la vaguedad de la imputación fiscal: la fórmula de la acusación se repite de manera idéntica para todos y cada uno de los actos enumerados —compra de vehículos, administración de una caja de ahorro, transferencias a RDA, aportes de capital— sin ninguna referencia a hechos concretos que permitan inferir dolo o conocimiento por parte de Vallejo.
El cuarto cuestiona la lista de vehículos. La acusación los enumera de forma acumulativa, generando una imagen de acumulación patrimonial que no se corresponde con la realidad: la mayoría estaban registrados a nombre de las empresas del grupo, no a nombre personal de Vallejo. “En forma simultánea nunca tuvo más de cuatro rodados propios”, sostiene el escrito. La compra de un camión Mercedes Benz, agrega la defensa, respondió a las necesidades operativas del área de transporte de caudales de Sur Finanzas Group.
El quinto rechaza el agravante de habitualidad: la mera enumeración cronológica de adquisiciones a lo largo de varios años no alcanza para configurarlo si no se explica por qué cada acto, individualmente considerado, constituye un acto autónomo de lavado.
Los clubes de fútbol como testigos
El descargo también revela la magnitud de la red de contratos deportivos que Sur Finanzas tejió con el fútbol argentino. La defensa pidió la citación de representantes de Asociación Atlética Argentinos Juniors —que recibió $600.000.000 destinados al pago de salarios y obras en la tribuna de su estadio—, Club Atlético Temperley, Club Atlético Acassuso, Defensores de Glew, Dock Sud, Estrella, Club Atlético Excursionistas y Racing Club, todos para testificar sobre la naturaleza comercial real de sus contratos con el grupo.
Respecto de Club Atlético San Lorenzo de Almagro, el escrito revela que la deuda de ese club —de $420.000.000— obligó a Sur Finanzas a refinanciar pasivos y resignar locales alquilados. La Liga Profesional de Fútbol Argentino abonó a Sur Finanzas PSP S.A. el 15 de julio de 2025 en cumplimiento de una cesión de derechos televisivos de San Lorenzo, dato que la defensa presentó como prueba de que ese mecanismo de financiamiento es una práctica legal y habitual en el fútbol argentino.
Clubes de fútbol como testigos
Para respaldar su posición, el defensor Parera, que integra el estudio jurídico de Mauricio D’Alessandro, le solicitó al juez Armella una pericia contable integral sobre sociedades del grupo —entre ellas Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA (ex Neblockchain), Roma Inversiones SA, Sur Crypto SA y Cluster Palace Beach SA—, una auditoría forense independiente sobre el origen de los fondos catalogados como espurios, y oficios al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para verificar si existieron sanciones firmes contra las sociedades del grupo y si Sur Finanzas PSP SA estaban registrada como Proveedor de Servicios de Pago (PSP).
También pidió que declaren como testigos:
- La Asociación Atlética Argentinos Juniors para acreditar que los fondos recibidos ($600.000.000 totales) fueron destinados al pago de salarios y a obras en la tribuna del estadio, y que el descuento de cheques propios es una práctica legítima de financiamiento adoptada libremente por la entidad.
- Club Atlético Temperley para acreditar las condiciones reales del contrato y ausencia de coacción.
- Club Atlético Acassuso, Defensores de Glew, Dock Sud, Estrella, Club Atlético Excursionistas, Racing Club para “testimoniar sobre la naturaleza comercial real de los contratos y que los fondos fueron recibidos conforme a lo pactado”.
- Liga Profesional de Fútbol Argentino / Superliga para “informar que la cesión de derechos televisivos futuros como mecanismo de financiamiento es una práctica habitual y legal en el fútbol argentino”, y “ratificar el pago efectuado a Sur Finanzas PSP S.A. el 15/7/2025 en cumplimiento de la cesión del Club Atlético San Lorenzo de Almagro”.
- También pidió oficios a cinco bancos —Banco Hipotecario, Banco Macro, Banco Industrial, Banco COINAG y Banco BBVA Argentina— para determinar si se emitieron Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF). La declaración testimonial del contador interno del grupo, Gustavo López, está en la lista. Y también la designación de un perito experto en derecho corporativo y compliance que explique al tribunal, con criterios técnicos, cuándo un entramado societario configura lavado de activos y cuándo responde a prácticas habituales en grupos empresarios del sector financiero argentino.
POLITICA
El exgobernador Sergio Urribarri fue trasladado a una cárcel de Gualeguaychú: cómo es la granja penal donde quedó alojado
Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, fue trasladado durante la madrugada del viernes a la Unidad Penal N°9 – Granja Penal “El Potrero, de Gualeguaychú, para cumplir su condena por administración fraudulenta.
El exmandatario provincial fue trasladado desde la UPP1 de Paraná junto al exministro Pedro Báez y su cuñado Juan Pablo Aguilera, también condenados por el mismo hecho de corrupción. El operativo comenzó cerca de las 4:30 y concluyó alrededor de las 8:20, cuando ingresaron al penal de Gualeguaychú bajo custodia del Servicio Penitenciario provincial.
El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná lo había condenado a Urribarri en abril de 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Lo declaró culpable de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. Había sido detenido previamente en su domicilio de Concordia y alojado de manera transitoria en la cárcel de la capital entrerriana.
El esquema de penal granja
La llegada de los tres condenados se enmarca en un establecimiento que combina un régimen de seguridad con tareas agropecuarias, talleres de oficios y producción de alimentos.
La Unidad Penal 9 está ubicada sobre la ruta nacional 136, a la altura del kilómetro 26,5, y tiene capacidad para unos 500 reclusos. Dispone de diez pabellones para varones y uno para mujeres. Los internos son distribuidos según el tipo de causa que enfrentan y el régimen se apoya en la reinserción social mediante el trabajo.
La actividad agropecuaria es uno de los rasgos centrales de El Potrero. En el predio se crían cerdos, ovejas y gallinas, mientras que los detenidos participan en la faena, la producción de alimentos y el mantenimiento de la granja. La unidad cuenta además con una sala de faena de ovinos y una panadería que abastece de comida al penal, y ofrece tareas de albañilería, carpintería, tapicería y costura como parte de la capacitación laboral.
Uno de los proyectos desarrollados dentro de la cárcel es un taller de confección artesanal de pelotas de fútbol instalado en la biblioteca. La iniciativa surgió a partir de los conocimientos de un interno y luego se extendió a otros establecimientos penitenciarios de la provincia.
Además, durante el último año, la Unidad Penal 9 incorporó un Centro Operativo de Monitoreo para vigilar las áreas críticas del establecimiento en tiempo real. El sistema incluye domos de alta definición, cámaras en puntos estratégicos y un dron de observación táctica, y permite supervisar el perímetro, atender situaciones críticas, controlar aspectos sanitarios y registrar incidentes durante las 24 horas.
El detalle de las condenas
Báez, exministro de Cultura y Comunicación, y Aguilera, expresidente del Partido Justicialista entrerriano y cuñado de Urribarri, recibieron penas de seis años y seis meses de prisión efectiva. El primero fue condenado por su intervención como funcionario y el segundo como autor material de los delitos investigados.
La sentencia determinó que Báez completará su pena en mayo de 2031, Aguilera en enero de 2033 y Urribarri el 15 de julio de 2034. La resolución de la Corte Suprema habilitó al Ministerio Público Fiscal a pedir la detención inmediata de los tres condenados.
La investigación examinó maniobras iniciadas en 2010, cuando Urribarri encabezaba el gobierno provincial. La acusación sostuvo que se direccionaron contrataciones de publicidad estatal hacia empresas vinculadas a Aguilera mediante un esquema de testaferros y cartelización para captar fondos de la pauta oficial.
El proceso reunió a 13 imputados y abarcó cinco hechos principales. Entre ellos figuraron la contratación de la firma Global Means antes de su existencia formal, el manejo durante cinco años de la cartelería oficial a través de Tep SRL y Next SRL, y las operaciones identificadas como la causa del “Sueño Entrerriano”.
Las maniobras también incluyeron contratos para promocionar una Cumbre del Mercosur y la instalación de un parador publicitario en Mar del Plata durante la temporada de verano. La Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena el 31 de mayo de 2024 y rechazó una impugnación extraordinaria en agosto de ese año.
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos habilitó en octubre de 2024 el recurso ante la Corte Suprema, que dejó firme el fallo. Urribarri se convirtió así en el primer gobernador argentino que ingresó efectivamente a prisión por una condena firme por corrupción.
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POLITICA
Representantes de la CGT y de movimientos sociales tendrán una audiencia con el papa León XIV antes de su visita a la Argentina
El papa León XIV mantendrá este sábado una audiencia privada con una delegación de sindicalistas, empresarios y representantes de movimientos sociales, entre ellos dos referentes de la CGT, en el marco de los contactos previos a su visita a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre.
El encuentro se realizará a las 11 (16 hora argentina) en el Vaticano, como parte del IV Encuentro Sinodal “Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur”. Por la central obrera participarán Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, y Cristian Jerónimo, del gremio del vidrio y cotitular de la conducción cegetista, confirmaron fuentes gremiales a TN.
Los dos dirigentes viajaron a Roma como parte de una delegación del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (Cosate) de la OEA y aprovecharán el contacto con el Papa para pedirle una audiencia formal cuando llegue a la Argentina en noviembre. Además le entregarán un documento elaborado en el marco del encuentro sinodal, centrado en el diálogo social como “llave maestra” entre trabajadores y empresarios frente a la crisis socioambiental.
La CGT busca que la agenda de la visita papal incluya “desigualdad, protección de jubilados y niñez, migraciones y acceso a la salud”. En declaraciones previas al viaje, el dirigente también planteó la necesidad de un diálogo social tripartito en la región, el derecho a la negociación colectiva, la generación de trabajo decente y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo.
El pedido de audiencia se da en un escenario de tensión entre la central obrera y el gobierno de Javier Milei, con el reclamo sindical puesto en la situación de los trabajadores durante la gestión libertaria. La visita de León XIV a la Argentina será la primera de su papado y genera expectativa por el peso que pueda tener su agenda social en medio de ese clima.
Los jefes de la CGT que viajan al Vaticano forman parte de una nutrida delegación internacional que reúne a centrales sindicales como la CSI, la CSA, la AFL-CIO y la Central Sindical de Canadá; cámaras empresariales de Estados Unidos y México; organismos como la OIT, la OEA, el BID y la CAF; conferencias episcopales; universidades católicas; movimientos populares argentinos como el MST y la UTEP; y empresas como Microsoft.
El objetivo ampliado del encuentro que impulsa León XIV es avanzar en una “agenda de responsabilidad compartida Norte-Sur para la cooperación multisectorial”, con conclusiones sobre seis ejes: inteligencia artificial y dignidad humana, formación para el diálogo socioambiental, organización comunitaria y cuidados, juventudes y adicciones, inteligencia artificial y amistad social, y transición energética y protección de territorios.
Un día antes de la audiencia con el Papa, este viernes 11 a las 13, está prevista una conferencia de prensa en la Sala Stampa de la Santa Sede, en la que hablarán, entre otros, el cardenal Jaime Spengler (presidente del CELAM), la titular de la AFL-CIO, Liz Schuler, y el propio Martínez.
papa León XIV, CGT
POLITICA
En la zona cero de la Base Naval Integrada: el presupuesto y el plan para reactivar la obra en medio de la tensión por Malvinas
Una vez aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia, si se camina en línea recta unos 200 metros, se llega al punto exacto, a la zona cero, de lo que será la Base Naval Integrada, el proyecto militar que lleva décadas a la espera de concretarse y que volvió a escena con el discurso de Javier Milei sobre el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas. En ese lugar, estratégico por ser el punto más próximo entre el continente y la Antártida, no hay nada más que una platea de 20 metros y un monolito que inauguró en 2022 el entonces ministro de Defensa Jorge Taiana. Y barro, nieve y tres carpas calefaccionadas para protegerse del frío.
Se trata de un predio que ocupa una franja costera extensa al sur de la ciudad, con el frente abierto sobre la bahía de Ushuaia, que desemboca en el canal de Beagle, la vía de navegación que conecta el Atlántico Sur con el Pacífico. La ubicación es privilegiada: el área está separada del casco urbano, tiene acceso directo al agua y queda a metros de la pista del aeropuerto, lo que permite integrar en un mismo perímetro las capacidades marítimas, aéreas y logísticas.
Sobre ese espacio, la Armada proyecta 39.362 metros cuadrados de superficie cubierta en instalaciones principales: más de una docena de inmuebles que van desde el edificio de comando y la jefatura de la base, hasta alojamientos para suboficiales, galpones de intendencia, un helipuerto y una capilla. Sobre el borde del agua, lo más importante, 585 metros de muelle, y el sector de logística antártica: galpones de carga, cámaras frigoríficas, talleres, depósitos de combustible y un galpón de grúas, orientados a dar soporte a las campañas hacia el continente blanco.
Hasta allí llegaron el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno, para conocer los detalles técnicos. La reanudación de las obras comenzarán a principios de 2027 y se prevé terminar, si no hay imprevistos, a finales de 2029. En la comitiva viajaron también el jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Marcelo Dalle Nogare, y el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, entre otros altos mandos militares, y cuatro legisladores libertarios de Tierra del Fuego: los diputados Miguel Rodríguez y Santiago Pauli, y los senadores Agustín Coto y Belén Monte de Oca.
Para la Armada Argentina, este proyecto es de importancia central. Lo explicó el propio Romay durante una presentación a la que asistió Infobae. “La zona económica exclusiva, que abarca hasta doscientas millas, es prácticamente una superficie igual a la superficie continental de nuestro país”, sostuvo.
La Base Naval Integrada no es un proyecto nuevo. Durante décadas, atravesó los vaivenes de la política argentina. El contraalmirante Guillermo Prada recordó que los primeros estudios para la construcción son de 1971, cuando se analizó el traslado de la base naval a la península. Desde entonces, el proyecto sobrevivió en los cajones de la planificación militar durante cinco décadas.
El arranque formal de obras llegó recién en marzo de 2022, bajo la gestión de Alberto Fernández, con Jorge Taiana al frente del Ministerio de Defensa. En aquella primera etapa se niveló el terreno y se construyó una platea de hormigón. Para diciembre de 2023, la obra había alcanzado un 9,13% de avance. Ahí se frenó. Durante casi dos años no hubo movimiento, en sintonía con la llegada de Milei al poder y su política de déficit cero. Recién en agosto de 2025 volvieron a mostrar señales de actividad.
“Esta decisión del presidente es un paso muy importante en nuestra estrategia sobre la Causa Malvinas. Esta estrategia integral que se ha diseñado en estos meses de trabajo va a permitir defender nuestros intereses desde una perspectiva completamente diferente a la que se ha hecho hasta ahora”, sostuvo Quirno a los medios que participaron de una recorrida por el terreno.
Antes, junto a Presti, se reunió en la sede de gobierno con Gustavo Melella, el mandatario de Tierra de Fuego que atraviesa una compleja situación: el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) mantiene un paro docente desde hace más de un mes.
Para el canciller, este nodo logístico es clave en la proyección soberana argentina hacia el sur. “Si Ushuaia es el punto más cercano a la Antártida y desde allí se darán servicios logísticos a todos los países que también tengan presencia allí, esto nos va a permitir revalidar nuestro reclamo de soberanía de una manera diferente”, planteó.
Presti, por su parte, graficó el estado de situación actual: “Lo sintetizaría con la nada misma. Hay un monolito y hay un playón de cemento. Venimos a cambiar eso. Hay una decisión presidencial, hay un decreto y tenemos los recursos por primera vez en cuarenta años, que ya los tiene el Ministerio de Defensa, ya los tiene la Armada, para ponerlos en ejecución”.
Hasta ahora, mediante el Decreto 867 que firmó Milei, se reasignaron $217.954 millones de pesos que ya tiene Defensa para reiniciar las obras. El segundo tramo depende del Presupuesto 2027, donde el Gobierno proyecta incluir más de 300.000 millones de pesos adicionales para este proyecto. En este caso, queda supeditado a la votación del Congreso.
Consultados sobre el origen de los fondos, o la posibilidad de financiamiento de otros países, como Estados Unidos, u organismos extranjeros, tanto Quirno como Presti fueron categóricos y señalaron que la obra se financia íntegramente con recursos del Estado argentino, sin financiamiento multilateral ni colaboración extranjera
“Cien por ciento argentina. Hasta por el nombre mismo uno lo puede identificar: es una base naval integrada porque pertenece cien por ciento a la Armada argentina. No está vinculada con otros países, no es una base combinada”, explicó el ministro de Defensa. “No hay posibilidad de ninguna otra vinculación con países que vengan a aportar sus recursos o a pretender tener algún tipo de interés en nuestra patria”, agregó.
La mención a Estados Unidos no es casual. La entonces comandante del Comando Sur, la general Laura Richardson, visitó la zona en 2024 junto al propio Milei.
Otro aspecto a tener en cuenta es el mecanismo de contratación. En la gestión anterior, y según se informó de manera oficial, la obra tenía un contrato cerrado con el astillero estatal Tandanor. Ahora, el Gobierno anunció que toda la construcción se realizará por licitación pública. El Ministerio de Defensa ya recibió los pliegos y los derivó a la Armada, que tiene previsto salir con cinco licitaciones en simultáneo. La fecha que se maneja internamente para el inicio efectivo de los trabajos es el 2 de enero de 2027.
Ushuaia contra Punta Arenas
Hay otra dimensión del proyecto que atraviesa todas los análisis oficiales: la competencia con Punta Arenas. Hoy, la ciudad chilena concentra la mayor parte del tráfico logístico y científico hacia la Antártida, precisamente porque tiene la infraestructura que Ushuaia todavía no tiene. “Punta Arenas se lleva todo, porque es por la infraestructura que tiene”, señaló uno de los oficiales presentes en la presentación técnica.
La geografía, en principio, favorece a Ushuaia: navegar el canal Beagle desde el puerto de la ciudad permite estar en aguas abiertas en un período significativamente más corto que desde el puerto chileno. Además, la bahía tiene características que la hacen atractiva para buques de gran porte: es una bahía cerrada, medianamente protegida y con condiciones de viento que permiten el ingreso de embarcaciones de gran calado.
El horizonte que le da más peso estratégico a esta discusión es 2048, el año de la primera revisión del Tratado Antártico. En esa instancia, los países con presencia activa en el continente blanco tendrán una posición negociadora cualitativamente distinta a los que no la tienen. La lectura que hacen en la Armada es directa: si Argentina es la puerta de entrada y salida a la Antártida, su lugar en esa negociación está mucho menos en discusión. “A vos te interesa estar en un lugar donde todo el mundo no va a poner en discusión si tenés que estar vos o no en Antártida. Porque ya sos la puerta de entrada”, planteó uno de los oficiales.
Seis obras, un muelle de 585 metros y 30 meses para la primera etapa
Según explicó el contraalmirante Daniel Francisco Finardi, director general de Material de la Armada, a cargo de la ejecución del proyecto, la base contempla la ejecución de seis obras de infraestructura: la construcción del muelle —la más importante—, los obradores para apoyar la obra durante la temporada invernal, el edificio de servicios marítimos, la urbanización del predio para llevar los servicios básicos (agua, luz, gas, Internet), los edificios de logística antártica y, finalmente, la relocalización de la base naval actual con la construcción de viviendas para el personal.
El eje central de la primera etapa es el muelle. La longitud total proyectada es de 585 metros, pero el objetivo inicial es construir los primeros 240 metros en un plazo de 18 meses desde el inicio de obras. Ese tramo ya permitiría recibir a las lanchas de la División Patrulla Austral, que hoy amarran en el muelle auxiliar. La obra continuará de manera simultánea con los demás frentes, con el objetivo de que tanto el muelle completo como la logística antártica estén terminados para mediados de 2029, a más tardar a fines de ese año. Para 2028 está previsto iniciar la relocalización de la base naval actual, y a partir de 2029, la construcción de viviendas para el personal.
Hay además una dimensión económica que los mandos navales mencionan con énfasis: la base no solo servirá a la Argentina, sino que podría prestar servicios logísticos a los buques de cualquier país que opere en la Antártida, con un retorno sobre la inversión inicial.
Hay otro aspecto. En Defensa aseguran que con la nueva base habrá “mejor monitoreo de la milla 201 y del Atlántico Sur”, sobre todo para contrarrestar la actividades no permitidas en la zona, como la pesca ilegal china. También, las actividades de las empresas que participan del proyecto Sea Lion. Consultado por Infobae sobre las medidas del gobierno, Quirno concluyó: “Seguiremos avanzando a los diferentes niveles de sanciones justamente para que ese proyecto no avance”.
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