POLITICA
La independencia judicial, pilar del Estado de Derecho
Las palabras “los hombres pasan, pero las instituciones quedan”, de Jean Monnet, nos muestran con absoluta claridad que los hombres y las mujeres estamos de paso, son las instituciones del país las que perduran. Por eso debemos tener la capacidad de reconocer que, en un sistema republicano de gobierno como el que nos rige, los servidores públicos somos transitorios, son las instituciones las que permanecen, y por eso nuestro compromiso debe ser siempre propiciar más y mejor institucionalidad.
Y aquí cobra especial relevancia destacar la importancia que el Poder Judicial tiene en un Estado de Derecho, ya que es el poder contramayoritario que está llamado por la Constitución nacional para ser el contrapeso de los otros poderes del Estado. Tiene la función de controlar a los poderes políticos y eso genera una lógica e inevitable tensión, pero ese diseño constitucional garantiza justamente que la Justicia pueda ejercer esa función de contrapeso y control en un sistema republicano.
En este sentido, corresponde traer a colación un postulado que es inmanente para un eficiente y adecuado servicio de administración de justicia y es la necesidad de garantizar la independencia judicial. Debe dejarse de lado toda invocación de la independencia judicial como una consigna vacía o abstracta.
En primer lugar, una Justicia independiente es aquella capaz de decidir con autonomía, que asegure a las personas que tendrán la garantía de contar con magistrados capaces de resolver sus reclamos, al margen de toda injerencia o presión de los poderes políticos o fácticos. Solo así se podrá recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y, en especial, en la Justicia.
Y, en segundo lugar, cabe destacar una cuestión estrechamente vinculada con la independencia judicial: la necesidad de una real autonomía financiera del Poder Judicial, ya que no es posible un modelo serio de independencia cuando la Justicia debe someterse a la dependencia económica del poder administrador para obtener los recursos que requiere su normal funcionamiento.
Pero resulta necesario reflexionar sobre las causales de la crisis de credibilidad que están atravesando las instituciones republicanas en su conjunto. En el caso del sistema judicial, las causas son múltiples, algunas propias y otras exógenas, y por eso es imperioso, en primer término, actuar con madurez institucional y responsabilidad para resolver nuestros propios problemas.
Esta discusión es crucial y es una deuda frente a la sociedad, con la que se debe recuperar el vínculo, para mostrar una Justicia más cercana, en palabras de nuestro papa Francisco, porque ello es esencial para la convivencia democrática.
También es necesario alertar que, aprovechando esa crisis de credibilidad, existe una muy preocupante tendencia en numerosos países de la región a cuestionar y esmerilar la función esencial que el Poder Judicial y los ministerios públicos cumplen en un Estado de Derecho. Se trata de una propensión creciente que busca impugnar el sistema de garantías que rodea el ejercicio de la función judicial y que, permeando en diferentes ámbitos, va instalándose mediáticamente como un discurso que crea sentido y propone alternativas presentadas como democratizadoras, pero que, en realidad, solo buscan limitar la independencia judicial.
Se trata de un sutil proceso de erosión institucional, que busca debilitar las bases mismas de nuestro sistema de Justicia. Y aquí cabe pensar -hacia adentro y hacia afuera- a quienes beneficia un Poder Judicial y ministerios públicos débiles.
Por eso, en los tiempos actuales, profundamente alterados por la revolución que inexorablemente provoca la IA, con sus innegables beneficios, pero también con el riesgo que significa que los datos sensibles de las personas se concentren en pocas corporaciones privadas, en las que reina un ámbito de opacidad en todo lo atinente a los sesgos de sus algoritmos; en tiempos en los cuales las redes sociales nos imponen sus reglas y patrones para la convivencia ciudadana, implantándose la “cultura de lo efímero” y del “descarte”; allí es cuando más debemos bregar y luchar por tener instituciones fuertes, con plena vigencia de la división de poderes, y especialmente que se resguarde la independencia judicial.
Porque debemos tener muy presente que el fracaso de los países siempre proviene del fracaso de sus instituciones.
El autor es presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y juez federal de Cámara.
Andrés Basso,Poder Judicial,Conforme a,Poder Judicial,,Orden judicial. Cristina Kirchner cobrará $15,68 millones mensuales de la Anses, pese a estar condenada por corrupción: desde cuándo y en qué condiciones,,Sorpresa. La Justicia suspendió el pliego y el cronograma de venta de la láctea SanCor tras un planteo de Gustavo Scaglione,,Fue juez en San Isidro. Lo denunciaron por acoso sexual y ahora le secuestraron armas que había transferido a su hijo
POLITICA
Vence el plazo para que Manuel Adorni justifique su patrimonio y en la Justicia no descartan que pida una nueva prórroga
Este viernes vence el plazo que tiene Manuel Adorni para responder el requerimiento de la Justicia y justificar su patrimonio en la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El exjefe de Gabinete ya había conseguido una prórroga de 15 días y ahora deberá presentar su descargo o solicitar una nueva extensión.
Según pudo saber TN, en la Justicia creen que Adorni podría pedir una nueva postergación, aunque hasta el momento no hay una presentación formal en ese sentido y habrá que esperar al vencimiento del plazo.
El motivo estaría relacionado con el acceso a parte del contenido del celular del contratista Matías Tabar, uno de los testigos clave de la investigación. Adorni había solicitado obtener las conversaciones vinculadas con él para preparar su respuesta al requerimiento patrimonial y ese material le fue entregado la semana pasada.
En entorno de Adorni sostiene que las reparaciones en la casa de Indio Qua no costaron US$ 245 mil —tal declaró Tabar ante la Justicia— y por eso quiere acceder a todas las conversaciones y facturas que presentó el contratista.
Por ese motivo, una de las posibilidades que manejan en tribunales es que la defensa argumente que necesita una o dos semanas adicionales para analizar esa prueba antes de contestar los más de 20 puntos planteados por el fiscal Gerardo Pollicita.
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La primera intimación había otorgado a Adorni 15 días para presentar las explicaciones. Antes de que venciera ese plazo, su defensa pidió más tiempo con el argumento de que necesitaba acceder a los archivos utilizados en la investigación. El juez Ariel Lijo hizo lugar al planteo y le concedió otros 15 días. Esa prórroga vence este viernes.
Qué tiene que explicar Adorni ante la Justicia
El requerimiento de justificación patrimonial busca reconstruir el origen de los fondos utilizados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, durante el período investigado. La fiscalía analiza bienes, inversiones, créditos y deudas, pero también gastos, pagos en efectivo, movimientos en moneda extranjera y transferencias.
El eje central pasa por los US$200 mil que él mismo dijo haber invertido en Bitcoins en 2014, lo que le habría generado una ganancia de 300 mil dólares. La Justicia espera que pueda aportar documentos sobre las compras de esa criptomoneda y sus inversiones a lo largo de estos años.
Entre los principales puntos, Adorni deberá explicar de dónde salió el dinero para comprar un departamento ubicado en Miró 550, en Caballito, y el lote 380 del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
La Justicia también puso la lupa sobre las refacciones realizadas en ambos inmuebles. En el caso de la propiedad del country, uno de los puntos centrales son los US$245.000 que, según el expediente, fueron abonados a Tabar por la remodelación integral de la vivienda.
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El fiscal le pidió que individualice el origen de las sumas utilizadas y aporte recibos y documentación respaldatoria. También deberá justificar los fondos empleados para comprar muebles destinados al departamento de Caballito, que habrían sido pagados en dólares y en efectivo.
Los viajes realizados por el grupo familiar son otro de los ejes. La investigación detectó desplazamientos a distintos destinos internacionales y gastos realizados tanto con tarjetas como en efectivo. Entre ellos aparece un viaje a Aruba, donde se registraron desembolsos por US$14.696.
El requerimiento también alcanza a otros gastos familiares, alquileres temporarios, expensas, cuotas escolares y operaciones realizadas a través de terceros.
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El análisis patrimonial determinó que Adorni y Angeletti realizaron pagos en efectivo por $51,7 millones y US$374.081 entre diciembre de 2023 y mayo de 2026.
En total, los gastos relevados durante el período alcanzaron $272,8 millones y US$402.578. La fiscalía busca establecer especialmente de dónde provinieron los dólares utilizados, ya que el 92,9% de las erogaciones realizadas en moneda extranjera fueron abonadas en efectivo.
Otro punto bajo análisis es la diferencia entre los ingresos comprobados y los gastos del grupo familiar. Según el expediente, los recursos acreditados sumaron $229,7 millones, mientras que los egresos registrados llegaron a $272,8 millones: una diferencia superior a $43 millones.
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La evolución de las deudas también forma parte del requerimiento. Durante el período investigado, el pasivo declarado pasó de $92,4 millones a $317,3 millones. La fiscalía detectó la incorporación de cuatro nuevas deudas en dólares con particulares y pidió explicaciones sobre su origen, condiciones y utilización.
Además, Adorni deberá responder por una tenencia declarada superior a US$500.000 y explicar qué activos vendió para obtener esas divisas, las fechas de las operaciones, quiénes fueron los compradores y cuál fue la trazabilidad del dinero.
El requerimiento de justificación patrimonial es una instancia previa a una eventual declaración indagatoria. Una vez que Adorni presente sus explicaciones, la fiscalía deberá analizar si resultan suficientes. Si no lo fueran, la investigación podría avanzar hacia una nueva etapa procesal.
Manuel Adorni
El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó al embajador ante la Unión Europea Fernando Iglesias en una causa por enriquecimiento ilícito que le había iniciado en 2021 el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade.
El cierre del caso se apoyó en un peritaje contable sobre el patrimonio del entonces legislador y la resolución deja constancia de que el proceso no afectó el buen nombre y honor del imputado.
Según el dictamen fiscal de Ramiro González, el análisis pericial y la evaluación conjunta de los patrimonios de los imputados no advirtieron la existencia de un enriquecimiento sin justificación.
Sin impulso fiscal, el juez Casanello dictó el sobreseimiento.
Los bienes y las variaciones patrimoniales registradas encontraron respaldo adecuado en los ingresos acreditados y en los demás fondos verificados durante los períodos analizados, señala el fiscal.
Tailhade había presentado la denuncia el 4 de febrero de 2021, cuando integraba el bloque del Frente de Todos e Iglesias era diputado nacional.
El expediente se sorteó y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Casanello.
Decía la denuncia que al cierre del ejercicio 2017, según sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, Iglesias declaraba un patrimonio neto de 3.751.753,98 pesos.
Y que al cierre de 2019, en su última declaración jurada presentada al momento de la denuncia, consignaba activos por 12.250.198,90 pesos y deudas por 2.210.000, con un patrimonio neto de 10.040.198,90.
En ese período había incorporado una camioneta 4×4, una propiedad de 100 metros cuadrados y una tenencia en efectivo de 10.000 dólares que no tenía al inicio.
Tailhade sostuvo que ese incremento no guardaba relación con los ingresos declarados y pidió que se lo citara a indagatoria y se ordenara su procesamiento. También cuestionó los viáticos que el diputado percibió por viajes al exterior financiados por la Cámara.
Iglesias respondió desde el recinto y desde las redes. Atribuyó sus ingresos a la venta de sus libros, al alquiler de propiedades y a conferencias, calificó la denuncia de ridícula y dijo que a los 63 años era la primera vez que debía ir a un tribunal a defenderse.
Tailhade replicó que la explicación de los libros era inverosímil porque no había editado ninguno en 2018 ni en 2019.
Casanello delegó la investigación en la fiscalía. El primer fiscal a cargo fue Jorge Di Lello, que imputó a Iglesias el 11 de febrero de 2021 junto con Ana Kliauga y José Bocles, y dispuso las primeras medidas de prueba. Tras la muerte de Di Lello, el expediente pasó a Ramiro González.
En agosto de 2021 se levantaron los secretos bancario y fiscal sobre el entonces diputado, se pidieron sus declaraciones juradas a la AFIP y a la Cámara, y se libraron oficios a entidades bancarias para detectar cuentas no declaradas.
Tailhade amplió la denuncia y sumó una transferencia al exterior por 17.921 dólares desde una cuenta del Banco Ciudad, en junio de 2019. Tras esas medidas se ordenó el peritaje que cerró el caso.
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Karina Milei se sumó a la reunión con PRO y el Gobierno confía en su apoyo a la reforma política, pero persiste la cautela en el partido amarillo
Karina Milei -Secretaria General de la Presidencia- se sumó esta vez a la reunión en la Casa Rosada que convocó Diego Santilli en la Casa Rosada con los dos principales referentes de PRO por fuera de Mauricio Macri, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. Sin decisiones concretas aún sobre una eventual alianza nacional, con dudas en especial sobre la Ciudad, en Gobierno se muestran convencidos de que sus aliados respaldarán la reforma política que el oficialismo necesita para mejorar las chances de reelección de Javier Milei el año que viene. Pero entre los socios ses guardan la carta aún y mantienen la cautela.
La reunión empezó puntual, a las 15, con Ritondo, amigo de Santilli y titular del bloque amarillo en Diputados, y De Andreis, mano derecha de Mauricio Macri. Duró unas dos horas y a la salida sólo hablaron los invitados.
En la previa, el jefe de Gabinete se negó a responder sobre sus expectativas concretas para la reunión. Frente a los periodistas que lo esperaban en el ingreso del hotel Alvear Icon, adonde se dirigió pasado el mediodía para dar una breve exposición frente a los empresarios de la agroindustria reunidos por AmCham, pasó raudo sin opinar. También evitó dar definiciones a la salida del evento, donde, por lo bajo, se deslizaba que Santilli tomó la mejor decisión al “saltar” al Gobierno. “Macri está muy desdibujado y después de la próxima elección, desaparece”, decían en el ámbito empresario sobre el ex mandatario.
En la Casa Rosada aseguraron estar convencidos de que los amarillos, hasta ahora reacios a suspender la PASO, ya cambiaron de opinión definitivamente y creen que van a acompañarlos en la votación por la reforma política.
El debate sobre la PASO aún no tiene fecha en el Congreso, pero es el gran objetivo de Karina Milei en el Congreso y quiere apurar la discusión en el recnto para este mes o, a más tardar, octubre.
En PRO ponen como condición para respaldar, eventualmente, que les permitan retener la Ciudad el año que viene. Y no suman a esas negociaciones los picantes mensajes que lanzan Karina Milei y Pilar Ramírez contra la administración porteña. Sin ir más lejos, hoy mismo la diputada tuiteó con dureza contra la gestión de Jorge Macri. Anque sin mencionarlo directamente, dijo que falta “orden” en el sur y “en toda la ciudad”. Lo dijo este mediodía, poco antes del encuentro entre amarillos en territorio violeta (por la Casa Rosada).
Desde el PRO, matizan el optimismo oficialista sobre la eliminación de las primarias, la herramienta en la que confía LLA para descalabrar al peronismo el año que viene. En declaraciones a TN, Ritondo evitó pronunciarse sobre una eventual suspensión de las PASO y remarcó que la discusión debe darse “en el marco de la ley” enviada al Congreso, sin anticipar el sentido del voto de su bloque.
En el espacio que fundó Macri todavía no están dispuestos a dar el brazo a torcer y prefieren guardarse esa carta para negociar contrapartidas, entre ellas, la continuidad de Jorge Macri al frente de la Ciudad.
South America / Central America
Vence el plazo para que Manuel Adorni justifique su patrimonio y en la Justicia no descartan que pida una nueva prórroga
Sobreseyeron al embajador Fernando Iglesias en una denuncia por enriquecimiento ilícito
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