Cuando le preguntan quién será su mayor rival en 2027, Javier Milei se muestra tajante: “Compito contra mí mismo”. Se acostumbró desde que llegó al poder a hacer política en el vacío, con enemigos impotentes a los que manipula a gusto. Los ningunea cuando se siente sólido y los agranda cuando una realidad adversa lo obliga a buscar culpables de un complot destituyente.

La premisa que expresa Milei asume que su éxito electoral depende únicamente de ejecutar el programa de reformas en curso. Es una manera de resaltar la ausencia de alternativas a la reformulación de la economía argentina que él plantea. Pero esconde también una duda íntima que carcome a los habitantes de la cúpula libertaria: ¿alcanza la estabilidad macro para ganar elecciones?

La maquinaria reeleccionista actúa en dos planos. En la superficie presiona para cambiar el régimen electoral del país de modo de facilitar los pactos con aliados posibles y obstaculizar una tregua en la disputa destructiva del peronismo de raíz kirchnerista. Debajo del radar enfrenta el desafío de la reactivación económica. Milei sabe por su propia experiencia que, si el clima social es adverso, el descontento puede encontrar el cauce electoral menos pensado.

Milei y el ministro Luis Caputo se aferran a su promesa emblemática de que vienen los “mejores 18 meses de la historia argentina” sobre la base de indicadores que no se traducen en optimismo masivo. Celebran que en el primer trimestre de 2026 hubo un “récord de PBI” en términos netos, obtenido gracias a un crecimiento fenomenal de la refinación de petróleo (19%, respecto a la era pre libertaria) y la intermediación financiera (18%). Esas cifras conviven con una baja pronunciada de la industria, la construcción y el comercio, sectores clave para el empleo. En el análisis mes a mes siguen la lógica del serrucho. La inversión bajó 10,4% de enero a marzo y la recuperación del salario después de siete meses de caída es aún tenue.

La última edición del sondeo de Atlas Intel para Bloomberg, uno de los estudios más consultados por el mercado, detecta un pesimismo dominante respecto de la economía del país para el segundo semestre: el 49% cree que va a empeorar, contra un 41% que espera una mejora. La brecha es aún más amplia cuando se pregunta por el mercado laboral (49% vs. 34%) y sobre la situación familiar (43% vs. 32%). El manejo de las expectativas es un termómetro vital para un gobierno que todavía no tuvo una “fiesta” que ofrecer al electorado, sino que vive de la ilusión de atravesar el desierto y llegar a la tierra prometida.

La distracción que ofreció el Mundial de Fútbol le sirvió al Gobierno para pensar mecanismos de reactivación. Caputo trabaja en un programa para impulsar el crédito hipotecario con ayuda del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que maneja el dinero de los jubilados. La paulatina suba del dólar en el último mes también puede ayudar a mover la perilla de la actividad, aunque demore el “derrumbe” de la inflación con el que se obsesiona Milei.

En la reunión de Gabinete posterior al Tedeum del 9 de Julio, Milei exudó confianza frente a sus ministros. Hizo hincapié en la necesidad de cambiar la Carta Orgánica del Banco Central, una medida que hace juego con el plan financiero que había presentado Caputo días antes. Quiere regar la confianza de los mercados en que no habrá riesgos de impago durante el año electoral y en que la emisión monetaria para asistir al Tesoro es historia antigua. El riesgo país en el umbral de los 400 puntos genera euforia en el área presidencial.

Milei consumió la mayor parte del tiempo que pasó con los ministros describiendo el proyecto de paper que escribió con Demian Reidel en el que sostiene con un modelo matemático el camino de crecimiento que traerá el proyecto de reformas que promueve. Presume de tener ideas revolucionarias. Volvió a fantasear con ganar el Nobel de Economía, aunque el documento quedó envuelto en una discusión sobre cuánta inteligencia artificial usaron para redactarlo.

El dato que sorprendió a algunos de los presentes es que Reidel mantiene su acceso privilegiado al Presidente después de haber sido desplazado de la dirección de la empresa pública Nucleoeléctrica Argentina en medio de una investigación de sobreprecios en la contratación de servicios. “Es muy fiel a sus amigos”, resumió un asistente. Recordó lo que le costó emocionalmente a Milei desprenderse de Manuel Adorni, a pesar del daño que le produjo a la imagen del Gobierno el trimestre de revelaciones sobre su patrimonio no declarado.

La trampa electoral

La salida de Adorni fue una bisagra. Funcionó como la señal de que Milei había aceptado al fin rendirse a una gestión política profesional para ganar con los manuales tradicionales aquello que en 2023 obtuvo a golpe de instinto y errores ajenos.

Diego Santilli asumió como jefe de Gabinete con la prioridad de negociar con los gobernadores afines un pacto de conveniencia mutua. Podría titularse “sigamos todos”. Es una construcción aún declarativa, a la que le falta desarrollar el costo económico. Hay voluntad de un buen número de provincias de no enfrentar en las urnas a los libertarios, pero la urgencia de fondos en medio del ajuste condiciona la evolución de las conversaciones.

El cambio de las reglas electorales se asume como un eje central de ese gran acuerdo, aunque todavía nadie sabe muy bien cuánto piensa invertir el Gobierno en esa empresa.

La reforma que incluía la eliminación de las PASO fue ideada en noviembre, después del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas nacionales. En ese momento bullía la fantasía del fin del peronismo –derrotado una vez más– y parecía impensado que pudieran surgir desafíos a Milei desde el centroderecha. La lógica consistía en darle la lapicera a Karina Milei para que hiciera y deshiciera las listas de un nuevo oficialismo, mientras se les quitaba a los rivales una herramienta institucional para saldar sus diferencias.

Siete meses después no está tan claro que a Milei le convenga esa jugada. Crece la duda de si no será pagar un costo (medido en asistencia financiera a los gobernadores que apoyen) a cambio de un beneficio incierto.

El peronismo nunca necesitó las primarias para ordenar su oferta. Aun en los peores momentos supo encontrar formas de disciplinamiento. En septiembre pasado, necesitó un apagón en media ciudad de La Plata para ganar el tiempo que requería terminar la lista de unidad entre el sector de Axel Kicillof y La Cámpora en Buenos Aires. Las PASO han servido mucho más a los sectores que se enfrentaron al peronismo, como ocurrió en 2015 en las elecciones que llevaron a Mauricio Macri a la Presidencia. ¿Y si ahora fuera Milei quien necesitara contener rebeldías, desde el PRO a la díscola por naturaleza Patricia Bullrich?

El remedio de las listas colectoras que desde antes de asumir viene conversando Santilli con los gobernadores también genera dudas en el propio gobierno. Se trata de un sistema que les permite a los aliados presentar listas propias de legisladores, atadas de alguna forma a una única boleta presidencial (que en el oficialismo sería la de Milei). La historia indica que los modelos de sumas de votos siempre fueron impulsados por el peronismo, experto en sacarles provecho a esas transgresiones institucionales.

“No me gusta, pero no encontramos un sistema mejor”, dijo Bullrich esta semana cuando le preguntaron por las colectoras. Sonó a confesión. ¿No era Milei el presidente que se atribuía el “avance histórico” que implicó la boleta única? ¿Cómo encaja ese alarde de transparencia con la vocación de “encontrar” un sistema que pueda ajustarse a las necesidades coyunturales del oficialismo?

El miedo a la unidad peronista

La ansiedad por los cambios en el código electoral refleja una inquietud instalada en el corazón del Gobierno. Todas las encuestas que llegan a la Casa Rosada muestran a Milei con niveles de aprobación cercanos al 40% y un rechazo firme por encima del 50%. No hay rivales con una validación mucho mejor, pero cifras como esa ponen la reelección en el terreno de la incertidumbre.

Si hubiera un candidato de unidad del peronismo, capaz de captar el descontento con el programa de Milei, la Argentina podría encaminarse al cara o ceca que están viviendo casi todos los países de la región. Elecciones polarizadas que se definen en balotaje por uno o dos puntos de diferencia (en las que ganan a menudo los que desafían a quien está en el poder).

Lo que necesita el Gobierno es blindar un 40% propio y garantizarse la dispersión opositora, suficiente para ser reelegido sin segunda vuelta (si supera al segundo por 10 puntos). La estabilidad cambiaria que haría viable ese escenario es muy sensible a la probabilidad de que una opción estatista y heterodoxa regrese al poder.

La guerra abierta que Cristina y Máximo Kirchner le plantean a Kicillof facilita por el momento los planes del mileísmo.

Es una disputa de liderazgo que por ahora no incluye una discusión programática. Los Kirchner han convertido a Kicillof en el traidor más extraño del mundo: lo acusan de pensar igual. Son los mismos que eligieron para competir en su nombre a figuras que parecían ajenas a ellos, desde Daniel Scioli a Alberto Fernández, pasando por Martín Insaurralde y Sergio Massa.

El jefe de La Cámpora se coloca en un extremo antes de negociar. Sus banderas son “Cristina libre” y la renegociación de la deuda privada.

Kicillof hace silencio sobre los dos puntos. Entiende que la ofensiva en su contra es porque no se deja ser elegido por Cristina.

Las encuestas lo ubican como el opositor mejor posicionado para enfrentar a Milei, pero con una paradoja: Cristina tiene números muy similares, a pesar de que está presa e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. ¿Máximo propone postularla para tensar al sistema o para forzar a Kicillof a negociar?

El gobernador de Buenos Aires esquiva la trampa. Construye su camino con la única premisa de combatir a Milei. Se niega a escuchar a los que le piden dar señales de racionalidad económica. Suele decir que no tiene que sobreactuar, que gobernó sin déficit la mayor parte de su mandato provincial y que tiene acordados los pagos de deuda con los bonistas.

La interna pierde densidad en esa batalla de familia. A diferencia de otras épocas, este peronismo no pelea por incorporar nuevos votantes sino por repartirse los escombros de una estructura que estalló. Hay gobernadores que se acercan a Milei y dirigentes sin tierra que ansían una renovación, pero les falta quien la lidere fuera de algún outsider de laboratorio.

Es una ventaja competitiva para Milei. Las alternativas de sus rivales no incorporan a su prédica los signos de época, como el orden fiscal y el valor de la estabilidad. Nadie le da, en su diálogo con la sociedad, un sentido al esfuerzo social que significó el ajuste libertario. Tampoco ofrecen una figura avasallante, audaz, que reclame la confianza para probar algo nuevo en lugar de un viaje nostálgico.

Esa foto no está tallada en piedra. Milei dice que compite solo contra sí mismo, pero gobierna condicionado por dos variables que no controla: una oposición que un día podría dejar de pelearse y una economía que todavía no derrama prosperidad. Para ganar precisa de toda la ayuda que pueda darle la política tradicional que tanto despreciaba. Todo sea por cumplir su sueño de ponerle un punto final a la Argentina peronista.

El presidente de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña, que integra el Consejo de la Magistratura anunció que irá por la reelección en su cargo, por lo que planteó un recurso en la Justicia, pero la decisión ya generó la oposición de sus aliados, de adversarios y del kirchnerismo en el organismo que nombra y remueve magistrados.

El Consejo de la Magistratura está compuesto por 20 representantes de los estamentos de jueces, de abogados, de académicos y de legisladores. Lo preside el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

La renovación de los mandatos está prevista para el 20 de octubre y el calendario electoral arranca 60 días antes.

Se vencen este año los cuatro mandatos de los jueces. Barroetaveña planteó a la justicia la posibilidad de su reelección y lo acompañaría en caso de ser admitido el planteo, la jueza civil Agustina Díaz Cordero, su colega en el Consejo de la Magistratura e integrante de la lista Bordó, .

De los otros dos escaños de jueces en el Consejo, ya dijeron que no se van a postular a la reelección Alejandra Provítola, de Compromiso Judicial, y Alberto Lugones, camarista de San Martín, de la agrupación Celeste. En este espacio ya asoman las candidaturas del juez del tribunal oral Walter Venditti y del juez federal Alejo Ramos Padilla, ambos por la lista Celeste, mas cercana al peronismo.

Barroetaveña planteó el mes pasado ante la Justicia Contencioso Administrativo, en el juzgado de Enrique Lavié Pico, una acción declarativa de certeza para que avalen su postulación a la reelección.

Dice Barroetaveña que existe incertidumbre sobre si rige lo normado en la ley original de creación del Consejo de la Magistratura, que permitía la reelección, o si hay que acatar la ley nueva, más reciente, que exige el intervalo de un período para postularse.

El conflicto, dijo el juez, se dio porque la Corte Suprema de Justicia en el fallo Colegio volvió a la ley original del Consejo, que prevé una integración de 20 miembros y al presidente de la Corte como presidente del Consejo.

Y con ello volvió a entrar en vigor la cláusula de reelección de consejeros. Quienes se oponen argumentan que el fallo Colegio de la Corte no volvió a convalidar ese artículo, sino solo los aspectos vinculados con la integración y la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura.

La oposición a la reelección se da, incluso, en la propia lista Bordó de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, que reúne a los jueces federales y nacionales de todo el país.

El presidente de la asociación, el juez Andrés Basso, además de oponerse a la reelección, se postula él mismo para integrar el Consejo de la Magistratura, como una manera de encarnar los valores históricos de la lista Bordó. La agrupación controla la Asociación de Jueces desde hace dos décadas.

Basso cuenta con apoyo de delegados de las sedes de la Asociación de Magistrados del interior. Las diferencias entre los jueces no son personales, sino que refleja diferentes miradas sobre esta práctica, que unos censuran y otros defienden.

Ya se pronunciaron contra este intento reeleccionista la agrupación Será Justicia y Fores, una asociación civil preocupada por la transparencia judicial. Además, también lo hizo el kirchnerismo.

La asociación civil Será Justicia se presentó como Amicus Curiae ante el juzgado de Lavie Pico para exigir el rechazo tanto de la demanda como de la medida cautelar solicitada por Barroetaveña.

El escrito está firmado por Inés Arias, María Eugenia Talerico, Raúl Daniel Aguirre Saravia, Guillermo Lipera, Diego Calvo Suárez y Valeria Biagoni Perrella. Sostienen que el planteo no constituye una controversia electoral, sino que plantea una cuestión de trascendencia institucional.

“Admitir la interpretación que pretende para su reelección el juez Barroetaveña implicaría alterar las reglas de alternancia previstas por el legislador y abrir un precedente que permitiría la permanencia sucesiva en cargos de enorme relevancia institucional”, dijo Será Justicia.

El escrito sostiene, además, que la sentencia de la Corte Suprema en el caso “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires” nunca declaró inválido el régimen legal sobre la duración de mandatos y reelección de los consejeros, sino únicamente aspectos vinculados con la integración y funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

“La independencia judicial también se protege respetando las reglas de alternancia y los límites temporales previstos por la ley”, señalaron; por eso pidió que se rechace tanto la acción principal como la medida cautelar.

Fores, en tanto, advirtió que la ley “impide la reelección inmediata de los consejeros» y dijo que el respeto de las reglas institucionales es un requisito indispensable para preservar la independencia judicial.

La entidad recordó que el artículo 3 de la ley 24.937 establece que los consejeros duran cuatro años en sus cargos y solo pueden ser reelectos con intervalo de un período. Asimismo, destacó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no declaró la inconstitucionalidad de esa disposición ni se pronunció específicamente sobre el régimen de reelección de los consejeros.

También sostuvo que, mientras el Congreso de la Nación no modifique la ley vigente o la Corte Suprema resuelva expresamente sobre esta cuestión, corresponde aplicar la normativa en vigor.

El presidente de Fores, Pablo Pirovano, dijo que “las instituciones se fortalecen cuando las reglas son claras y se aplican con independencia de las personas involucradas».

El kirchnerismo también se pronunció en contra: Vanesa Siley, Mariano Recalde y el diputado Rodolfo Tahilade enviaron una nota a Micaela Soledad Figueredo, secretaria de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Magistratura, donde señalan que Barroetaveña “pretende forzar” la ley y que su intención “no tiene sustento normativo”, contradice a la Corte y “violenta” las reglas.

La Corte mira este proceso. Eventualmente debería pronunciarse si el asunto llega a sus estrados. Pero lo que ve no les gusta a los jueces del máximo tribunal. Ricardo Lorenzetti está en desacuerdo con la posibilidad de la reelección, Carlos Rosenkrantz no se pronunció y Rosatti tampoco. Sobrevuela el desagrado en el Palacio de Justicia.

Si le dan la razón a los jueces, es probable que los abogados intenten también esta vía para ser reelectos. Se eligen cuatro consejeros abogados para el período 2026-2030, con al menos dos mujeres, al menos dos abogados de la matrícula federal del interior y uno de la Ciudad de Buenos Aires. Los cargos que se renuevan son los que hoy ocupan Jimena de la Torre, César Grau, Alberto Maques y María Fernanda Vázquez.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital no se pronunció, pero entre los integrantes de su consejo directivo hay abogados que integran agrupaciones que ya plantearon su objeción a la reelección.

El influyente Daniel Angelici, operador judicial que controla la justicia porteña, aspira a poner un pie en el Consejo avalando a un postulante en la elección.

La convocatoria del estamento de jueces debería salir a más tardar hacia mediados de septiembre. La composición de los postulantes debería ser dos jueces de cámara, dos de primera instancia, haber paridad de género y al menos un magistrado federal del interior del país.

Entre los legisladores, los mandatos vencen con el resto del período 2022-2026, en noviembre. Los ocho consejeros del estamento político (cuatro senadores y cuatro diputados) no surgen de comicios sino de designación por los presidentes de cada Cámara a propuesta de los bloques.

El Gobierno ya cuenta con dos consejeros propios sobre los 20 que integran el Consejo; uno de ellos es Santiago Viola, representante del Poder Ejecutivo en el organismo y viceministro de Justicia.

Además sumó al diputado Gonzalo Roca, de La Libertad Avanza por Córdoba, que juró el 18 de diciembre de 2025, en reemplazo de la radical Roxana Reyes, cuyo mandato legislativo venció.

Fue una designación de Martín Menem a propuesta de Karina Milei. A eso hay que sumarle los aliados dialoguistas dentro del estamento político como los senadores Eduardo Vischi (UCR) y Luis Juez (Frente Cívico), que votan cerca del Gobierno, y el diputado Álvaro González (Pro, larretista).

Con ellos, el oficialismo y sus afines suman cinco de los nueve del sector político (8 legisladores + PEN). Enfrente, el kirchnerismo retiene 4 legisladores: los senadores Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde, y los diputados Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley.

Los académicos ya resolvieron su elección, pues golpeó primero Diego Molea, un histórico rector de la Universidad de Lomas de Zamora, que fue electo personalmente consejero. Hasta ahora incidía en el Consejo pero vía otros consejeros académicos.

Las palabras “los hombres pasan, pero las instituciones quedan”, de Jean Monnet, nos muestran con absoluta claridad que los hombres y las mujeres estamos de paso, son las instituciones del país las que perduran. Por eso debemos tener la capacidad de reconocer que, en un sistema republicano de gobierno como el que nos rige, los servidores públicos somos transitorios, son las instituciones las que permanecen, y por eso nuestro compromiso debe ser siempre propiciar más y mejor institucionalidad.

Y aquí cobra especial relevancia destacar la importancia que el Poder Judicial tiene en un Estado de Derecho, ya que es el poder contramayoritario que está llamado por la Constitución nacional para ser el contrapeso de los otros poderes del Estado. Tiene la función de controlar a los poderes políticos y eso genera una lógica e inevitable tensión, pero ese diseño constitucional garantiza justamente que la Justicia pueda ejercer esa función de contrapeso y control en un sistema republicano.

En este sentido, corresponde traer a colación un postulado que es inmanente para un eficiente y adecuado servicio de administración de justicia y es la necesidad de garantizar la independencia judicial. Debe dejarse de lado toda invocación de la independencia judicial como una consigna vacía o abstracta.

En primer lugar, una Justicia independiente es aquella capaz de decidir con autonomía, que asegure a las personas que tendrán la garantía de contar con magistrados capaces de resolver sus reclamos, al margen de toda injerencia o presión de los poderes políticos o fácticos. Solo así se podrá recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y, en especial, en la Justicia.

Y, en segundo lugar, cabe destacar una cuestión estrechamente vinculada con la independencia judicial: la necesidad de una real autonomía financiera del Poder Judicial, ya que no es posible un modelo serio de independencia cuando la Justicia debe someterse a la dependencia económica del poder administrador para obtener los recursos que requiere su normal funcionamiento.

Pero resulta necesario reflexionar sobre las causales de la crisis de credibilidad que están atravesando las instituciones republicanas en su conjunto. En el caso del sistema judicial, las causas son múltiples, algunas propias y otras exógenas, y por eso es imperioso, en primer término, actuar con madurez institucional y responsabilidad para resolver nuestros propios problemas.

Esta discusión es crucial y es una deuda frente a la sociedad, con la que se debe recuperar el vínculo, para mostrar una Justicia más cercana, en palabras de nuestro papa Francisco, porque ello es esencial para la convivencia democrática.

También es necesario alertar que, aprovechando esa crisis de credibilidad, existe una muy preocupante tendencia en numerosos países de la región a cuestionar y esmerilar la función esencial que el Poder Judicial y los ministerios públicos cumplen en un Estado de Derecho. Se trata de una propensión creciente que busca impugnar el sistema de garantías que rodea el ejercicio de la función judicial y que, permeando en diferentes ámbitos, va instalándose mediáticamente como un discurso que crea sentido y propone alternativas presentadas como democratizadoras, pero que, en realidad, solo buscan limitar la independencia judicial.

Se trata de un sutil proceso de erosión institucional, que busca debilitar las bases mismas de nuestro sistema de Justicia. Y aquí cabe pensar -hacia adentro y hacia afuera- a quienes beneficia un Poder Judicial y ministerios públicos débiles.

Por eso, en los tiempos actuales, profundamente alterados por la revolución que inexorablemente provoca la IA, con sus innegables beneficios, pero también con el riesgo que significa que los datos sensibles de las personas se concentren en pocas corporaciones privadas, en las que reina un ámbito de opacidad en todo lo atinente a los sesgos de sus algoritmos; en tiempos en los cuales las redes sociales nos imponen sus reglas y patrones para la convivencia ciudadana, implantándose la “cultura de lo efímero” y del “descarte”; allí es cuando más debemos bregar y luchar por tener instituciones fuertes, con plena vigencia de la división de poderes, y especialmente que se resguarde la independencia judicial.

Porque debemos tener muy presente que el fracaso de los países siempre proviene del fracaso de sus instituciones.

El autor es presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y juez federal de Cámara.