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POLITICA

Los números que mira Milei para el 2027, las negociaciones subterráneas y el nuevo consenso que hay adentro del Gobierno

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Más de un funcionario que habló con Javier Milei por estos días se quedó con la misma sensación: el Presidente está más relajado y cree que hay asuntos de su administración que se están encauzando luego de meses complejos, tanto a nivel político como en el plano económico.

Si bien hace un seguimiento general sobre varias de las carteras ministeriales, el Presidente está particularmente metido en la política económica y en las próximas reformas que quiere lanzar después del receso invernal del Congreso: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una nueva Ley de Mercado de Capitales, la condición de “Shutdown” del Estado al agotarse el presupuesto y la reversión de la Ley de Inocencia Fiscal.

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Al interior del equipo económico afirman que son nuevas normativas que apuntan a generar “más confianza” y a incentivar a que, por ejemplo, empresas financien inversiones de largo plazo para invertir en títulos públicos argentinos o se generen condiciones más propicias para que exista una entrada de los dólares que actualmente están fuera del sistema, de los cuales hay entre USD 250.000 millones y USD 300.000 millones que están “en los colchones”.

El Gobierno se está preparando para que en los próximos días el riesgo país se coloque por debajo de los 400 puntos básicos. El presidente de uno de los bancos más importantes del país comentaba a Infobae que esperan una senda aún más bajista. “Tenés el mismo ministro de Economía hace casi tres años y sigue muy fuerte, dándote la previsibilidad de pagar todo. Se terminó el ruido político”, afirma. Ese banco tiene pensado emitir deuda en el exterior por miles de millones de dólares en los próximos meses.

Todas estas medidas que prevé el Gobierno son para suplir la falta de una “política monetaria populista”. En criollo, no quieren hacer un “plan platita” de cara al año próximo.

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En ese sentido, marcan que no hay mucho que puedan hacer desde el punto de vista macroeconómico para mejorar asuntos como el crédito a privados. “Los bancos tienen que empezar a trabajar como bancos y comenzar a ofrecer tasas más competitivas”, afirman en el Gobierno.

La reunión entre Federico Sturzenegger, Javier Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili

El Palacio de Hacienda hizo una fuerte jugada a comienzos de semana al anunciar el Programa Financiero 2026-2027, en donde mostraron cómo afrontarán los compromisos de deuda de estos dos años. Consultoras privadas indican que fue un paso que explica la baja del riesgo país de los últimos días, pero que hay asuntos a tener en cuenta de cara al panorama del año próximo.

La consultora GMA Capital afirman que “las necesidades aumentan hasta USD 24.900 millones y, aunque las fuentes alcanzarían para cubrirlas, el programa ya no contempla un excedente financiero. En consecuencia, el desafío deja de concentrarse en el acceso al financiamiento y pasa a depender de la capacidad para acumular reservas, sostener el rollover de la deuda en un año electoral y administrar una mayor demanda de cobertura cambiaria”.

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En síntesis, consideran que el éxito del esquema anunciado por Luis Caputo y su equipo depende de que un año electoral transcurra sin alterar las condiciones financieras.

¿Se acabó el ruido político? Parece ser una lectura prematura con tantos meses por delante antes de que comience la campaña electoral. Pero es por ese motivo que en la Casa Rosada ya visualizan que pronto comenzarán a evidenciarse las primeras jugadas de relevancia del tablero político nacional. Milei sabe que no tiene mucho mayor control que el de su espacio, pero que puede dar un golpe certero que dificulte el ordenamiento de otras fuerzas: solo a través de la eliminación o suspensión de las PASO.

“No es opcional. Es un pedido directamente del Presidente. Porque de verdad no cree que ese mecanismo sea necesario y porque implica un gasto innecesario. Por eso nos vamos a tener que quemar las pestañas para tratar de sacarlo del calendario”, afirman cerca suyo.

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Diego Santilli

El oficialismo no tiene los votos para quitar a las primarias del próximo año, pero hay fuerte optimismo de que en algún momento lo van a conseguir. Hay diferentes mecanismos con los que el Gobierno cuenta para poder lograrlo. Además de las palancas presupuestarias que se pueden accionar desde Hacienda o desde la Jefatura de Gabinete, hay otro elemento menos mencionado: los juzgados y fiscalías que tienen impacto directo en los territorios provinciales.

Las últimas cifras disponibles en el Consejo de la Magistratura -el órgano que selecciona y remueve jueces federales y nacionales- dan que hay 133 vacantes en trámite allí mismo, 108 en el Ejecutivo y 67 en el Senado. Muchas de esas son miradas con especial atención por parte de los ejecutivos provinciales. En los próximos días se tratarán otros 26 pliegos en la Cámara alta y el oficialismo habrá llegado antes de la feria legislativa de invierno con 100 pliegos (entre jueces y fiscales) sancionados.

Punto aparte. El Gobierno ya está mirando con atención las próximas elecciones para renovar la composición del Consejo de la Magistratura. En particular en el segmento de la abogacía. Uno de los que está trabajando activamente de cara a las elecciones de esos representantes es el concejal libertario Luis Palomino, del ala de Sebastián Pareja.

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Otro de los elementos clave que tiene el oficialismo para “rosquear” adhesiones son los acuerdos políticos. Esto no implica que La Libertad Avanza vaya a dejar de competir en las provincias donde se arregle con el gobernador, pero sí que habrá una menor fuerza de parte de la conducción nacional libertaria al momento de presentarse ante los oficialismos provinciales.

“Hacer acuerdos no significa que no vayamos a seguir desarrollando el territorio. La Libertad Avanza va a competir en todas las provincias que se pueda”, afirma una importante fuente del karinismo, sector que este año comenzó a tejer una estrategia electoral diferente a la del año pasado: en ese entonces, se privilegiaba el armado local por sobre el vínculo con el gobernador de turno, salvo contadas excepciones.

En ese círculo justifican el viraje de la estrategia política diciendo que en 2025 el Gobierno no estaba peleando por la reelección de Milei, sino que se dirimía la composición parlamentaria que iba a tener el oficialismo para los últimos dos años del mandato.

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“Estabas peleando para dejar de ser el oficialismo más chico de la historia democrática. Necesitábamos construir una mayoría parlamentaria. Si nosotros cerrábamos con acuerdos con varios gobernadores, no íbamos a tener los más de 90 diputados que te sirvieron para bancar los tiros opositores”, afirman.

En ese sector impulsan la opción de las colectoras bajo el razonamiento de que los inversores pueden saber con antelación de que un gobernador pueda jugar bajo la lista de Milei: “No se tiene en cuenta que la gran mayoría no tiene un espacio nacional competitivo. Les sirve estar abajo nuestro para ganar sus provincias”.

La necesidad de acordar con gobernadores es una de las pocas decisiones políticas que al día de hoy tiene un consenso absoluto de todos los sectores del oficialismo. Es algo que el año pasado proponía el ala de Santiago Caputo, desde donde siguen insistiendo que la forma en la cual se operó electoralmente el año pasado fue incorrecta.

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Javier Milei y su gabinete en el balcón de la Casa Rosada

“Lo que nosotros sostuvimos es que tener legisladores provinciales y concejales no tenía que ver con lo que era lo mejor para la Presidencia de Milei. En esta no lo pueden hacer porque ahora se pone en juego la reelección de Milei. No creo que lo hagan por convicción, sino por necesidad. Lo relevante es que estamos trabajando casi en la misma línea y que se entró en la senda de los acuerdos”, marca un exponente de ese ala.

En ese sector agregan que, a su parecer, el no-acuerdo con ciertos sectores políticos fue el causante de que “se convalidaran en el Congreso leyes que trajeran el déficit fiscal y que tensionaron el programa económico, lo cual trajo unos pésimos primeros meses del año”.

El Gobierno quiere negociar acuerdos electorales con cerca de 10 gobernadores. Esto no implica que LLA no vaya a competir en esos distritos, sino que habrá un esquema de competencia ordenado. “No podés desperfilar la marca. Vamos a competir en todas salvo en aquellas donde ya acordamos el año pasado”, marcan estrategas electorales. Estas son, por caso, Chaco, Entre Ríos, Mendoza y San Luis.

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Quienes están afuera de esa mesa electoral del karinismo opinan que para fin de año La Libertad Avanza no va a sumar muchas provincias: “Les propongo fijarse con cuántos gobernadores nos vamos a quedar cuando termine el año próximo. Muy posiblemente con ninguno. A lo sumo uno o unos pocos. Lo que te demuestra es que fue totalmente al pedo. Lo que tenías que hacer era priorizar las listas nacionales”.

Lo cierto es que falta mucho y son elucubraciones que se hacen sin un calendario electoral claro, tanto a nivel nacional o provincial. Pero los acuerdos con gobernadores fueron uno de los principales puntos que se hablaron en la mesa política realizada el miércoles en Casa Rosada. Fue novedosa la inclusión del secretario de Comunicación y Medios de la Nación Fabián Fernández, quien vendría a ocupar uno de los roles que antes tenía Adorni en calidad de principal vocero del Gobierno.

Otro comentario al margen. Hay funcionarios que volvieron a hablar con el ex jefe de Gabinete. Lo notaron más relajado. “Se está desintoxicando después de todas estas semanas”, marcó una de las personas que conversó con él. El ritmo de la investigación se agotó con el pasar de las semanas y en el Gobierno esperan que la baja de la atención mediática tenga como correlato un estancamiento en la causa.

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Respondiendo tanto al Presidente como a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Fernández es quien se está ocupando de volver a tejer los vínculos entre la Casa Rosada y los medios, mientras que el flamante vocero presidencial Adrián Ravier es quien se dedica exclusivamente al on the record. Es decir, a las declaraciones públicas en representación de Javier Milei.

Fue el mismo Milei quien lo erigió como su vocero y quien dispuso que dependa de su área. Si bien responde directamente al Presidente, quien lo arropó y le diagrama su estrategia comunicacional es el área del asesor presidencial Santiago Caputo. Casualidad o no, ambos caminaron juntos rumbo a la Catedral Metropolitana el jueves por la mañana en el Tedeum que ofició monseñor Jorge García Cuerva. “A Karina no le gustó no haber podido elegirlo”, dicen fuentes palaciegas.

Por el contrario, sí eligió incluir al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, entre los principales dirigentes del oficialismo en la cumbre de legisladores nacionales en Casa Rosada. Es también una forma de decir que tiene sus hombres en el Senado además de a Patricia Bullrich, a quien el parte del círculo karinista le intervino las negociaciones con algunos de los senadores a través del diálogo directo con gobernadores que realizan Diego Santilli y Lule Menem. “A Bartolo [Abdala] ya lo mostró alguna vez como el que firma y lidera el Senado porque ‘Victoria es mala’”, afirma un importante senador.

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Victoria es Villarruel, quien en privado no oculta sus intenciones de competir el año próximo. Tal vez no para un cargo nacional. ¿Quién podría negar que ha llegado a aspirar a ser Gobernadora o Jefa de Gobierno porteño?

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El oficialismo del Senado activó el debate de la reforma política, pero lo pasó a otro cuarto intermedio

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En un hecho poco frecuente, el Senado retomó esta tarde la discusión en comisión del proyecto de reforma electoral impulsado por el gobierno de Javier Milei, pero poco menos de una hora después pasó el debate a cuarto intermedio sin una fecha concreta y con la anuencia silenciosa del resto de las fuerzas políticas.

Así, la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales termino convirtiéndose en una puesta en escena del oficialismo para conformar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que pretende dar señales de fortaleza política tratando de forzar el tratamiento del proyecto que la Casa Rosada envió al Senado a fines de abril último.

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Pero lo cierto es que el oficialismo no tiene los votos para aprobar la eliminación de las elecciones primarias abiertas simultáneas obligatorias (PASO), auténtico corazón político de la iniciativa y casi única medida que le interesa al Gobierno del total de 79 artículos que contiene el proyecto.

Esa ausencia de votos quedó demostrada cuando en el final de su intervención, en la que destacó las bondades del proyecto, la presidenta de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), planteó pasar el debate a cuarto intermedio “para ir acercando posiciones para tratar de tener una reforma electoral integral”.

La propuesta de la senadora libertaria fue tomada casi de inmediato por el kirchnerismo, que por el momento rechaza la posibilidad de eliminar las PASO, y se sumó a la idea de comenzar a buscar acuerdos en aquellos temas en los que no haya controversias y postergar aquellos que no reúnan consenso, tal la propuesta formulada por Jorge Capitanich (Chaco).

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Patricia Bullrich y Jorge Capitanich, ambos sonrientes, en la comisión de Asuntos Constitucionales del SenadoSantiago Filipuzzi

Durante la breve reunión se escucharon algunos tibios reclamos por el tratamiento por separado de una serie de proyectos de ley que promueven la implementación del concepto de ficha limpia, que implica prohibir la participación para cargos electivos de aquellas personas con una condena confirmada en segunda instancia por delitos dolosos.

El que propuso separar ficha limpia del resto de la reforma fue el jefe del bloque Pro, Martín Goerling (Misiones), que justificó su pedido en “la importancia de este proyecto, que es de la sociedad”.

“Estamos representando un clamor de la sociedad por un proyecto que el año pasado se cayó en el recinto del Senado, todo el mundo sabe qué paso, si no hoy sería ley”, dijo Goerling, recordando el voto en contra de los provinciales de Misiones, aliados de la Casa Rosada, que en 2025 impidió la sanción del proyecto de ficha limpia que había conseguido la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Sumó su voz la radical Mariana Juri (Mendoza), quien consideró una “muy buena noticia” que se estuviera hablando de Ficha Limpia y recordó que “este Senado estuvo a un voto” de sancionarlo.

“Tenemos que hacer entre todos el esfuerzo de conseguirlo, que esto pueda ser ley lo antes posible”, agregó Juri, quien abogó por ampliar a la posibilidad de ocupar cargos en el Poder Ejecutivo y en la administración pública la prohibición para aquellas personas con una condena judicial confirmada en segunda instancia.

Los senadores estuvieron escasos minutos y levantaron sus papeles, antes de retirarseSantiago Filipuzzi

Siempre reacio al concepto de ficha limpia, el kirchnerismo planteó sus objeciones. Lo hizo a través de Fernando Salino (San Luis), quien manifestó sus reservas a tratar el tema por separado y aprovechó, de paso, para criticar la estrategia legislativa del Gobierno.

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“Si sacamos ficha limpia de lo que hoy es un proyecto de reforma política estamos adoptando un criterio absolutamente diferente del que viene sosteniendo el Gobierno, por lo menos desde 2023 para acá, que es la incluir muchos temas en un mismo proyecto y tratarlos todos juntos”, se quejó el puntano.

Casi en el final de la reunión tomó la palabra Bullrich. La jefa de la bancada oficialista hizo una descripción de los diferentes temas y cambios que propone el proyecto a lo largo de sus siete capítulos.

En ese sentido, tomó el guante y destacó como uno de los temas importantes la inclusión de ficha limpia en la iniciativa, concepto que, dijo, “reivindica el principio constitucional de idoneidad en el ejercicio de la función pública”. Sin embargo, no se hizo cargo del pedido de Goerling de tratar el tema por separado para sacarlo del pantano en el que se encuentra la reforma por la falta de apoyo a la eliminación de las elecciones primarias.

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Sin hacer mención a las dificultades políticas que encuentra el tema en el Senado, la legisladora habló sobre las PASO no sin antes reconocer que “es difícil saber qué sistema electoral es el que nos resuelve el problema”.

No obstante, cuestionó el sistema al afirmar que “le saca tiempo al Gobierno para gobernar”. Y continuó desarrollando las desventajas de las PASO al afirmar que con su implementación “empieza el año electoral prácticamente en el mes de mayo y se presenta una situación donde la competencia aparece como una capiti diminutio con relación a los que no los tienen”, en alusión a que generan una idea en el votante de que hay divisiones internas en aquella fuerza que utiliza la primaria.

Por último, Bullrich recordó que la advertencia de la Justicia sobre cuáles son los plazos razonables para tratar una reforma política. “La Cámara Electoral nos conminó a hacerla este año y no el año próximo donde los tiempos empiezan a correr y la incertidumbre nos generaría unos problemas enormes”, remató.

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Gustavo Ybarra,Conforme a

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El Gobierno rechazó la guía británica para proteger a empresas que operan en Malvinas y adelantó que profundizará las sanciones

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El Gobierno rechazó la guía publicada por el Reino Unido para respaldar a las empresas que operan en las Islas Malvinas y advirtió que profundizará las medidas contra las compañías que desarrollen actividades sin autorización argentina. La Cancillería sostuvo que la legislación nacional seguirá aplicándose “con todo su rigor” y negó que Londres pueda dejarla sin efecto mediante decisiones propias.

La respuesta se produjo después de que el gobierno británico difundiera una guía dirigida a empresas, proveedores e inversores vinculados con las islas. El documento sostiene que la Argentina no tiene jurisdicción sobre las compañías que operan en el archipiélago y ofrece respaldo británico ante eventuales sanciones o reclamos argentinos.

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El Ejecutivo rechazó ese argumento y ratificó la aplicación de las leyes 26.659 y 26.915, vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina. Según el comunicado oficial, ese marco fue reforzado por el Decreto 868/2026 y permite sancionar a empresas, inversores y proveedores que intervengan directa o indirectamente en actividades no autorizadas.

Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional”, expresó la Cancillería. La Casa Rosada busca instalar así que la ofensiva británica no modifica el esquema jurídico con el que pretende aumentar la presión sobre las compañías involucradas.

El Gobierno difundió además datos concretos sobre el alcance de las medidas ya iniciadas. La Cancillería informó que envió cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas ubicadas en 30 países vinculadas con actividades en las islas.

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También aseguró que hay 60 procedimientos administrativos en curso y que la Sindicatura General de la Nación realizó tres denuncias penales que alcanzan a 10 empresas y a sus directivos. La intención oficial es ampliar ese esquema a medida que se identifiquen nuevos actores dentro de las cadenas comerciales y financieras.

La mesa política se reunió para discutir la estrategia sobre Malvinas con la participación del canciller y el ministro de Defensa (Foto: Presidencia).

Uno de los principales focos sigue puesto en Sea Lion, el proyecto petrolero previsto en la Cuenca Malvinas Norte. La Cancillería mencionó expresamente a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum y volvió a cuestionar las licencias otorgadas para avanzar con la explotación de hidrocarburos.

El comunicado confirma además que el Gobierno convocó a los embajadores del Reino Unido, Irlanda del Norte e Israel para transmitirles formalmente sus objeciones. En esos encuentros, según la Cancillería, se cuestionó el avance de Sea Lion y el conjunto de actos vinculados con licencias, incentivos y contratación de proveedores.

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Una contratista holandesa de YPF en Vaca Muerta es la que instala un cable de fibra óptima entre Malvinas y Montevideo

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Mientras el gobierno argentino prepara esta semana un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra las empresas que operan en las Islas Malvinas, escrito demorado por el Ministerio de Economía en busca de amortiguar el impacto negativo que puede tener en las empresas que operan en el país, se conoció que una firma holandesa está trabajando y estudiando el suelo marítimo del Atlántico sur con el fin de colocar un cable de fibra óptica que unirá a las islas con Montevideo, recorriendo un trayecto de alrededor de 2.100 kilómetros. El problema es que al mismo tiempo tiene un contrato con YPF por Vaca Muerta.

El fin del proyecto es que las islas dejen de depender de la conexión satelital y mejorar considerablemente la transmisión de datos para sus habitantes. Para este proyecto, el Reino Unido invertirá 120 millones de libras esterlinas.

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Los sondeos y estudios del lecho marino, tanto frente a Puerto Argentino y la base naval de Mare Harbour, ubicada en la isla Soledad, que forma parte del complejo militar británico emplazado en Mont Pleasant, estuvieron a cargo del buque Fugro Supporter, que pertenece a la empresa neerlandesa Fugro.

AME7296. ISLAS MALVINAS (ARGENTINA), 14/09/2026.- Fotografía del 13 de septiembre de 2026 de un cartel The Falkland Island en Puerto Argentino/Stanleyen en Islas Malvinas (Argentina). El reclamo de soberanía de Javier Milei sobre las Malvinas, las acciones contra las petroleras en esas islas y las recientes declaraciones del estadounidense Donald Trump sobre la disputa han elevado la tensión entre Argentina y el Reino Unido, pero entre los isleños la sensación es muy distinta: hastío ante una historia que se repite. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni JUAN IGNACIO RONCORONI – EFE

En las últimas horas se conoció que Fugro utilizó el puerto de Montevideo como base logística en cuatro ocasiones. Según el registro de la Administración Nacional de Puertos de Uruguay , la nave salió de Malvinas el 10 de mayo pasado y el 15 de agosto recaló en Montevideo, desde allí regresó a la isla Soledad el 25 de agosto, pero el 1 de septiembre ya estaba otra vez en aguas uruguayas.

Esta información fue publicada por el sitio Open Falklands, que detalló en junio pasado que la nave había estado cerca de Mare Harbour hacia fin de mayo. Según esta fuente, Fugro hizo puerto en Montevideo entre el 26 y el 30 de abril de 2025 y entre el 16 y 19 de diciembre del mismo año, mientras que en este año estuvo allí entre el 15 y el 19 de agosto y el 1 y el 3 de septiembre, todo esto de acuerdo al registro público. Se estima que el buque se encuentra frente a la costa uruguaya a estas horas.

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Esta situación abre un debate sobre el alcance que tendrá la “ley de soberanía” en cuanto a las sanciones a empresas, ya que Fugro es contratista de YPF y opera en Vaca Muerta, y está incluida en el listado de 60 empresas “sancionables” – son investigadas por incumplir la ley 26.659 de 2011, que prohíbe a las empresas tener actividad o vínculos con personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades no autorizadas por el gobierno argentino en la Plataforma Continental Argentina- pero, a la vez, obtuvo un contrato con YPF para Argentina LNG, el megaproyecto para exportar gas natural licuado (GNL).

Planta operativa de YPF en Vaca MuertaYPF

Los alcances que tenga la norma que se enviará al Congreso pueden encontrar a varias empresas que tienen intereses directos o tercerizados en sus relaciones con Argentina y con el mundo comercial -petróleo, pesca y turismo, entre otros- que rodea a las islas Malvinas que hoy atraviesa un momento de expansión económica y tecnológica. Sin dudas, se trata de una medida que muchos analistas consideran que elevará la tensión con el Reino Unido, más allá del sector petrolero.

Además, se abre una serie de interrogantes por el rol que cumplirán los países limítrofes, como Chile, Uruguay o Brasil, respecto a empresas radicadas allí que tienen intereses en las islas o la utilización de servicios portuarios, como el de la empresa neerlandesa mencionada en Uruguay.

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Por ejemplo, el mismo día que el presidente Milei anunciaba por cadena nacional su política de soberanía, una empresa naviera chilena, Eastern Islands Naviera, firmaba un acuerdo con las autoridades de las islas para la formalización de un vínculo marítimo comercial regular entre las Malvinas y los puertos de Chile- Punta Arenas-San Antonio-Valparaíso- junto a la promoción de una expo de productos de las Islas y de Chile en Punta Arenas.

Si el gobierno argentino reclama a las autoridades de países vecinos sobre estas operatorias y da aviso de la ilegalidad de las mismas, podría recibir la misma respuesta que obtuvo en diciembre pasado del gobierno de Israel que, ante la queja de Cancillería por la exploración llevada en el mar argentino por la petrolera Navitas, respondió que “es un problema de una empresa privada, donde nada tiene que ver el estado israelí”.

Todo este ida y vuelta encuentra contradicciones y puntos a resolver para el gobierno argentino respecto de intereses compartidos. El presidente Miei señaló días atrás que “quien opera al margen de la ley argentina en el Atlántico Sur no puede beneficiarse simultáneamente de las ventajas comerciales que otorga el estado argentino”.

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Sin embargo, inmediatamente se conoció una denuncia realizada por el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, que cuestionó que Harbour Energy, que está vinculada a una empresa inhabilitada hasta 2028, es participe de un proyecto gasífero beneficiado por el Régimen de Inversiones (RIGI)

Toda esta escalada diplomática se da en un contexto donde el Reino Unido, sin esperar la sanción de la nueva ley en el Congreso, publicó este martes una guía para “proteger” a las empresas que se encuentran en las islas Malvinas de las sanciones establecidas por el gobierno argentino, brindándoles apoyo legal en caso de enfrentar juicios en el territorio continental.




Daniel Santa Cruz,Conforme a

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