POLITICA
La Justicia de Paraguay condenó a dos años en suspenso al exsenador Edgardo Kueider por la mochila con USD 200 mil
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay condenó al exsenador Edgardo Kueider a dos años de cárcel. El fallo surge luego del juicio contra el exparlamentario misionero y su exsecretaria y actual pareja, Iara Guinsel, por tentativa de contrabando. A su vez, Guinsel fue condenada a un año y 10 meses. Ambas penas son en suspensión de la ejecución.
Previamente, el fiscal que llevó el caso, Ysrael Villalba, había solicitado la pena de dos años y dos meses de prisión para ambos. De hecho, el planteo está cerca del máximo previsto para la tentativa de contrabando, que es de dos años y seis meses.
La imputación se originó en la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel intentaron ingresar a Paraguay desde Foz do Iguaçu en una Chevrolet Trailblazer. Las autoridades hallaron 200 mil dólares estadounidenses sin declarar, distribuidos entre ambos. El vehículo figura a nombre de Daniel “Gonzalito” González, señalado como presunto testaferro de Kueider en Argentina.
El ex senador nacional por Entre Ríos pasó dieciocho meses de prisión domiciliaria, tras enfrentar el proceso judicial en Paraguay. Kueider negó de forma enfática las acusaciones y afirmó: “No se cometió ningún ilícito”.
Durante la audiencia de cierre, el ex legislador reiteró: “Ni yo ni Iara Guinsel hemos venido a Paraguay a cometer ilícitos”. En referencia a su pareja, sostuvo: “Eso quedará demostrado en este juicio y en los que vengan aquí y allá”. Kueider se mostró confiado en que los argumentos de su defensa serán suficientes para refutar la acusación, y subrayó: “Hubo un error de criterio de Fiscalía: no se cometió ningún ilícito”.
En este sentido, la defensa sostiene que el dinero no constituye una mercancía, por lo que no puede tipificarse como contrabando. La Fiscalía, en cambio, considera que el intento de ingreso sin declarar la suma configura el delito. En diálogo con periodistas, Kueider manifestó: “Eso quedará demostrado”, y remarcó que tampoco habría irregularidades en la procedencia de los fondos. El exsenador evitó declarar en las audiencias, lo que impidió que el tribunal escuchara su versión sobre los hechos.
El exfuncionario denunció inconsistencias en el procedimiento de detención. Mientras la policía de Paraguay señaló que el dinero estaba en una mochila en el asiento trasero, Kueider declaró ante los medios que esa versión no correspondía con lo ocurrido. Y alegó que hubo confusión respecto al origen y la propiedad de los billetes incautados.
El caso de Kueider no se limita a la acusación por contrabando. Recientemente fue procesado en Paraguay por lavado de activos, a raíz de la compra de seis departamentos y cocheras en un edificio de lujo en Asunción. La Fiscalía sospecha que los fondos utilizados provienen de actividades ilícitas.
En Argentina, el exparlamentario enfrenta dos expedientes por supuesto enriquecimiento ilícito. Uno tramita en el Juzgado de Garantías 2 de Concordia y otro en el Criminal y Correccional Federal 1 de San Isidro, bajo la titularidad de Sandra Arroyo Salgado. Esta última solicitó la extradición del exsenador y recibió el visto bueno de las autoridades paraguayas. La Corte Suprema argentina debe definir cuál de los juzgados continuará con el proceso.
La Cámara Federal de San Isidro rechazó un pedido de eximición de prisión presentado por la defensa de Kueider. Esto implica que, en caso de regresar a Argentina, el exlegislador quedará detenido de inmediato.
Antes de dejar la sala tras la última audiencia, Kueider reiteró ante la prensa: “Hemos estado siempre a derecho, sin cometer ninguna falta, ningún agravio ni a Paraguay ni a la Argentina”.
POLITICA
Giro en la causa AFA: volverán a revisar qué juez debe investigar la compra de la mansión de Pilar
La Cámara Federal de Casación Penal volverá a revisar todo lo actuado en la causa que investiga la compra de una mansión en Pilar vinculada al tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, y decidirá qué juez continuará al frente del expediente.
Con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, Casación resolvió así hacerse cargo del conflicto de competencia que arrastra la causa desde su inicio.
Los jueces admitieron la queja presentada por la defensa de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, señalados como presuntos testaferros de Toviggino, y quienes aparecen como dueños de la propiedad.
La defensa, representada por el abogado Mariano Morán, sostiene que el traslado del expediente vulnera la garantía constitucional del juez natural, al modificar el tribunal que debe entender en el caso sin que medie una sentencia firme. Tras el rechazo de su recurso de casación, interpuso directamente un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal, que ahora será debatido en audiencia pública.
Días atrás, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, envió a la Justicia porteña el expediente. Concretamente, a la jueza en lo Penal Económico N.° 10, Verónica Straccia, tras la decisión de la Cámara en lo Penal Económico que ratificó que es esta última quien debe continuar con la investigación.
Pantano y Conte figuran como dueños de Real Central S.R.L., la empresa que aparece como propietaria de un predio de aproximadamente cinco hectáreas ubicado en Villa Rosa, partido de Pilar. En distintos allanamientos realizados en la propiedad fueron encontrados 54 autos de lujo, pistas ecuestres, caballerizas y un helipuerto. Una tasación valuó el predio en 20 millones de dólares.
Según los investigadores, ni Pantano ni Conte tienen un perfil patrimonial acorde con la adquisición del inmueble. La hipótesis de la pesquisa sostiene que ambos habrían actuado como testaferros del tesorero de la AFA.
El recorrido judicial de la causa
La causa atravesó durante siete meses una disputa de competencia entre distintos tribunales. El expediente se inició en el juzgado federal de Daniel Rafecas, donde se dispusieron las primeras medidas de prueba y se ordenaron los allanamientos en la quinta. Luego pasó al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, que entonces estaba a cargo de Marcelo Aguinsky.
Posteriormente, a raíz de un planteo de inhibitoria presentado por Pantano ante el Juzgado Federal de Campana durante la feria de enero, el camarista de San Martín Alberto Lugones derivó el expediente al juzgado de González Charbay. Esa decisión fue anulada el 15 de mayo por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.
Finalmente, el 12 de junio, la Cámara en lo Penal Económico resolvió que la causa debía quedar en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, actualmente a cargo de Straccia.
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La defensa de Pantano y Conte intentó recurrir esa decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, pero la Cámara en lo Penal Económico rechazó el planteo. Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio entendieron que la resolución sobre la competencia no constituía una sentencia definitiva ni impedía la continuación del proceso.
Ahora, Casación aceptó el planteo y se abre un nuevo capítulo en la causa.
AFA, Chiqui Tapia, casación penal
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Polémica en el Consejo de la Magistratura: un juez le abrió la puerta a la reelección del camarista Barroetaveña
El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Valerio Lavié Pico hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el juez Diego Gustavo Barroetaveña y ordenó al Consejo de la Magistratura de la Nación que se abstenga de adoptar medidas que limiten o afecten la posibilidad de que el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal se presente a la reelección como consejero en representación del estamento de jueces para el período 2026-2030.
La resolución tiene un alcance acotado: no reconoce un derecho a la reelección sino que preserva la posibilidad de participar en el proceso electoral mientras se resuelva la cuestión de fondo en esta causa.
El juez Barroetaveña planteó al juzgado una acción declarativa de certeza para que le diga si puede o no plantear su candidatura. Ese es el fondo del caso y por ahora, el juzgado solo resolvió una medida cautelar.
El debate surge porque la ley original del Consejo de la Magistratura de 1998 establecía que los miembros durarían cuatro años en sus cargos “pudiendo ser reelegidos por una vez en forma consecutiva”.
Ese texto fue reemplazado en 2006 por la ley 26.080, que introdujo la restricción de que solo podrían ser reelectos “con intervalo de un período”. La ley del kirchnerismo posterior mantuvo esa restricción.
Pero la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la nueva ley y ordenó que vuelva a tener vigor la vieja norma hasta que el Congreso dictara una nueva ley orgánica. El Congreso nunca lo hizo.
Barroetaveña entiende que, al darle nueva vida a la vieja norma, no solo se modifica la integración del Consejo de la Magistratura con 20 miembros, sino que se renueva la posibilidad de la reelección.
Los que se oponen argumentan que el fallo de la Corte que le dio nueva vida a la vieja ley solo se refiere a la integración del tribunal y a que el presidente de la Corte sea el titular del Consejo de la Magistratura, y que nada dice sobre la reelección de los consejeros.
Lavié Pico no resolvió el fondo, pero consideró que el planteo tiene apariencia de verosimilitud para sostener una cautelar. Entendió que el cronograma electoral, con vencimiento de mandatos el 18 de noviembre y plazos que se proyectan hacia mediados de agosto, configura un peligro en la demora.
El juez sostuvo que la medida no afecta el interés público ni interfiere en el proceso electoral. La cautelar que dictó Lavié Pico rige hasta que recaiga sentencia definitiva o se cumpla un plazo máximo de seis meses, que es el que tienen las medidas cautelares contra el Estado.
La movida de Barroetaveña para ser reelecto no fue recibida en silencio. Su candidatura provocó disensos en la lista Bordó de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la agrupación que bajo la conducción del juez Andrés Basso viene ganando las elecciones del estamento judicial con hegemonía.
El kirchnerismo también se opuso. Los consejeros Vanesa Siley y Mariano Recalde, junto al diputado Rodolfo Tahilade, enviaron una nota a la secretaría jurídica del Consejo señalando que Barroetaveña “pretende forzar” la ley y que su intención “no tiene sustento normativo”, contradice a la Corte y “violenta” las reglas de alternancia.
El Colegio de Abogados de la Ciudad, que fue el autor de la demanda en la Corte para darle vida a la vieja ley del Consejo, se opuso a la reelección de Barroetaveña, pues argumentó que le están haciendo decir a la Corte lo que no dijo.
La asociación civil Será Justicia, integrada entre otros por María Eugenia Talerico, Raúl Aguirre Saravia y Guillermo Lipera, se presentó como amicus curiae ante Lavié Pico para pedir el rechazo tanto de la demanda como de la cautelar, argumentando que admitir la interpretación de Barroetaveña abriría un precedente para la permanencia sucesiva en cargos de enorme relevancia institucional. De la mano de Barroetaveña aspira a la reelección la consejera jueza Agustina Díaz Cordero.
También se opuso a la reelección la ONG Fores, preocupada por la transparencia judicial. Ricardo Lorenzetti, por su parte, está en desacuerdo con la posibilidad de la reelección y Carlos Rosenkrantz no se pronunció. La Corte tendrá que hablar si el asunto sube a sus estrados antes de fin de año.
El juez Lavié Pico delimitó qué hace y qué no hace la cautelar que dictó. Aclaró que no reconoce un derecho de Barroetaveña a ser reelecto ni a integrar una lista. Solo ordena al Consejo que no lo excluya anticipadamente del proceso electoral. Si el espacio del estamento judicial que aglutina la lista correspondiente no lo incluye en su nómina, la cautelar no lo ampara: la integración de una lista depende de las decisiones internas de ese sector.
Lo que la medida impide es que el organismo adopte una decisión institucional que cierre de antemano esa posibilidad antes de que la cuestión jurídica de fondo sea debatida y resuelta. El fallo, sin embargo, tiene un efecto político inmediato: habilita a Barroetaveña a seguir en la negociación interna del estamento judicial con aval judicial provisorio.
El reglamento del Consejo exige conformar listas con cinco candidatos titulares y sus respectivos suplentes, respetando paridad de género, representación territorial y rangos funcionales, lo que hace que el armado sea un proceso que demanda semanas.
El margen para registrar candidaturas, computando hacia atrás desde el vencimiento de mandatos del 18 de noviembre, se agotará en pocas semanas.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Gobierno busca potenciar la actividad legislativa: el semáforo de las reformas prioritarias para Milei
“No podemos tener el Congreso paralizado por el tema”, se quejó semanas atrás un funcionario ante Infobae. El jefe de Gabinete seguía siendo Manuel Adorni y la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito complejizaba los planes del Gobierno. Tras su carta de renuncia, la administración libertaria parece haber retomado la iniciativa legislativa y advierte que la segunda etapa del año estará marcada por la actividad en el Congreso de la Nación.
Fue el propio Poder Ejecutivo el que fijó las claves y estableció que la hoja de ruta estará compuesta por la reforma política, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. A la tríada, se suma además la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la que trabajan el Presidente junto a Santiago Bausili y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.
“La idea es intensificar la agenda legislativa para lo que resta del año”, afirmó un integrante del reducido círculo ante este medio.
Una muestra de esa decisión fueron las dos reuniones con diputados y senadores que convocó el presidente Javier Milei en las últimas dos semanas. En sintonía, la mesa política comenzó a reunirse semanalmente, una nueva dinámica establecida tras el reacomodamiento del Gabinete.
Para la tarea, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, acomodó las piezas y conformó un nuevo equipo con el que buscará impulsar la sanción de la mayor cantidad de proyectos enviados y de dar curso al “año más reformista de la historia” como anunció Milei en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo.
Hasta ahora, el único proyecto que tiene fecha es el de Propiedad Privada, que podría tratarse el próximo jueves en la Cámara de Senadores si el oficialismo logra el quórum necesario para dar por iniciado el debate. También es el que genera mayor expectativa en las filas libertarias.
“No nos sobran los votos pero creemos que la sacamos el jueves”, planteó un integrante de la mesa política ante este medio. “Patricia (Bullrich) está semi confiada”, completó otro.
En segundo término, también se muestran expectantes ante las modificaciones que la administración libertaria aspira a implementar en la Ley de Inocencia Fiscal. “No veo razón para que no aprueben una versión mejorada”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo. “Debería ser la más fácil de aprobar”, coincidió un legislador ante este medio.
Lo cierto es que el Gobierno debió postergar dos veces su tratamiento en el Senado por diversos motivos. Primero, en el marco de la sesión en la que se trató el pliego de María Verónica Michelli. La segunda, a raíz de los intentos de la senadora Patricia Bullrich por desarticular el tratamiento por la interpelación a Adorni que buscaba la oposición.
La situación es distinta respecto de los otros dos proyectos en carpeta y en el oficialismo lo saben. “Zonas Frías y Reforma Electoral es más complejo”, alertó un diputado libertario. Con algunos metros de distancia, en uno de los despachos de Balcarce 50, coincidieron en el planteo. “Zonas Frías está fría y la Reforma Electoral se está masajeando”, graficó un funcionario para revelar el estado de situación legislativa.
Una importante voz con acceso al despacho presidencial sostuvo que la reforma electoral solo se aprobará si La Libertad Avanza habilita la posibilidad de trazar un “acuerdo global” con los gobernadores que involucre además conversaciones de tinte electoral. Una alternativa de ese tipo se baraja en el campamento libertario que se muestra permeable a encadenar las necesidades.
“Los dos temas están para salir. Estamos en un buen momento del gobierno y en una buena relación con los aliados. Todos entienden la racionalidad en la modificación de zonas frías y del apoyo que hay en la reforma política, particularmente la eliminación del espacio, pero bueno, hay que terminar de generar las alianzas para que salgan los proyectos”, planteó un legislador ante este medio.
En paralelo, el diseño de las modificaciones del sistema electoral, incluso la propuesta de “colectoras” como alternativa, abre debate en torno al apoyo de los aliados. El PRO parece haber advertido que no tiene planes de acompañar la eliminación o suspensión de las primarias, lo que generó el malestar en los alfiles libertarios que detectan una movida del titular de la fuerza, Mauricio Macri, para sumar poder en las potenciales conversaciones electorales.
“No tienen nada. Cuando Macri andaba con la lengua afuera, hablaba de la necesidad de eliminar las PASO. Ahora parece que se olvidó”, sostuvo un funcionario con visible malestar. El libertario hace referencia a las expresiones del exmandatario en 2017, en el marco de las elecciones legislativas, cuando en declaraciones al Canal 9 de Salta rechazó el mecanismo. “No me gustan las PASO, no me gusta que se pierda el tiempo, no me gusta que se gaste plata inútilmente cuando hay tantas cosas por resolver, tantos problemas en la sociedad”, sostuvo en aquel entonces.
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