POLITICA
Condenaron a De Vido y López a cinco años de prisión por el caso Skanska, la primera causa de corrupción kirchnerista

El exministro de Planificación Federal Julio de Vido fue condenado hoy a cinco años de prisión por los delitos de cohecho pasivo (cobro de sobornos) y administración fraudulenta contra el Estado en el juicio por el caso Skanska, que es la primera gran causa de corrupción que estalló durante el kirchnerismo, por coimas en el proceso de ampliación de un gasoducto.
La misma pena le impuso el tribunal a José López, exsecretario de Obras Públicas, también por haber cobrado sobornos y defraudado al Estado. Tanto De Vido como López siguieron la lectura del veredicto por Zoom. De Vido, desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria por su estado de salud; López, desde la cárcel.
De Vido ya arrastra cuatro condenas, de las cuales solo una está firme, la de la tragedia de Once, por la que cumple prisión domiciliaria en una quinta de un barrio cerrado de Zárate.
El fallo fue dictado por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez, del Tribunal Oral Federal N° 4.
Junto a López y De Vido, fueron condenados altos empresarios de Skanska.
Las condenas de De Vido y López, así como las de otros acusados, se dictaron por mayoría, con disidencias en cuanto a calificaciones y montos de pena de parte de la jueza López Iñiguez. Todavía no se conoce la letra chica ni los fundamentos del fallo, que se informarán el 22 de septiembre próximo, según dijo hoy el tribunal.
López y De Vido eran los máximos responsables de la obra pública en el período bajo investigación. Para ellos, la fiscalía había pedido la misma pena que el tribunal les impuso: cinco años de prisión por cohecho y fraude al Estado.
Las otras condenas
La lista de los condenados incluyó a Néstor Ulloa, el funcionario a cargo de la administración del fideicomiso que financió las obras de ampliación de los gasoductos, a quien le impusieron un castigo de cinco años de prisión por cohecho pasivo; Mario Piantoni, máximo responsable de la empresa Skanska en la región, que recibió una pena de cuatro años de prisión por cohecho activo; Javier Azcárate -que era gerente comercial- y Gustavo Vago -presidente de la empresa en el país-, con condenas a cuatro años cada uno, y los exdirectivos Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero, Alfredo Grecco y Roberto Zareba, que recibieron penas de tres años de ejecución condicional.
En cambio, para los otros 17 enjuiciados, la fiscalía había pedido la absolución.
El fiscal Abel Córdoba ubicó a De Vido y López como parte de un gran esquema de corrupción destinado a direccionar contrataciones para la ampliación de dos gasoductos.
Según la acusación, la maniobra incluyó el pago de coimas a funcionarios, facturas truchas para justificar salidas de dinero y sobreprecios en las obras, adjudicadas a la empresa sueca Skanska.
El juicio comenzó hace poco más de dos años, pero se corresponde con una trama que nació hace casi dos décadas, tras una denuncia de la Coalición Cívica y una nota del diario Perfil.
En ella se relataban las sospechas que sobrevolaban en la justicia tributaria acerca de la existencia de una red de empresas fantasma utilizada por Skanska para evadir impuestos o pagar coimas a funcionarios.
Las obras que comenzaron a ser revisadas por la Justicia contemplaban la ampliación de los gasoductos Norte y Sur.
El trabajo −una respuesta a la renovada demanda de energía tras la crisis de 2001− consistió en la instalación de nuevas cañerías, la extensión de otras y la incorporación de compresores de gas.
Sin embargo, la marcha de la causa se frenaría en seco en 2011 por decisión de la Cámara Federal, que sobreseyó y revocó los procesamientos de las personas investigadas.
López y De Vido no se encontraban por entonces en ese grupo de acusados.
Las empresas Transportadora de Gas del Norte y Transportadora del Gas del Sur fueron las licenciatarias y la firma Skanska, en tanto, fue contratada para ejecutar las obras. En una, como adjudicataria directa; en la otra, como subcontratada por la empresa Odebrecht, protagonista de la megacausa de corrupción que se extendió por toda la región.
Después del fallo de la Cámara, el expediente Skanksa permaneció casi clausurado hasta la revalidación judicial de un material que reactivó todo el caso.
Era un audio que la Justicia recuperó al inicio del proceso en un allanamiento. En él, Azcárate, alto directivo de Skanska, admite ante un auditor de la empresa, Claudio Corizzo, haber pagado sobornos para quedarse con la adjudicación de obras públicas en el país.
Reconoce a su vez el uso de facturas truchas para justificar el desembolso de sobornos a funcionarios del Enargas y Nación Fideicomisos. Es decir, la hipótesis inicial del juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart.
“Somos prolijos y lo hacemos bien, o no laburamos”, señala Azcárate en la grabación. “Ya sabíamos de antes de hacer la propuesta que la íbamos a ganar y que son 100 millones de dólares”, dice en otro de los tramos, y también: “Fue un 5% de todos los contratos, divididos en un 3% a Enargas y un 2% a Nación Fideicomisos, más los costos de la operación”.
El audio había sido desestimado en un principio por la Cámara por no haber nacido de una orden judicial, sino de una investigación interna de la empresa. El argumento fue que Azcárate había sido engañado en aquella conversación, grabada de manera subrepticia.
Pero, en 2015, la Corte Suprema reabrió la posibilidad de validarlo y la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, terminó de incorporarlo a la causa. “En la sociedad, además del infractor y el Estado, existen las víctimas y los no infractores, y ellos también tienen derechos”, marcó Gemignani.
Con la grabación de Azcarate recuperada, el fiscal Carlos Stornelli pidió la nulidad de los sobreseimientos y la causa volvió a cobrar fuerza.
El exministro de Planificación De Vido también está siendo juzgado en Sueños Compartidos, el juicio donde se revisa el programa de viviendas sociales que manejó la Fundación Madres de Plaza de Mayo a través de los hermanos Schoklender. El fiscal Diego Velazco pidió seis años de cárcel para el exfuncionario, la máxima por fraude al Estado.
En ese proceso, López también está bajo la misma acusación fiscal y se expone a sumar seis años de prisión a la pena unificada de 13 años de prisión por Vialidad y la causa por los bolsos en el convento.
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La Justicia habilitó al juez Martín Irurzun a reclamar ante la Corte Suprema su permanencia en la Cámara Federal

La Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió este martes el recurso extraordinario al juez Martín Irurzun para que la Corte Suprema de Justicia defina si puede continuar en funciones después de cumplir 75 años el próximo sábado.
El magistrado busca que el máximo tribunal revise la aplicación del tope etario previsto en la Constitución Nacional, ya que el gobierno decidió no enviar su pliego al Senado para un nuevo período.
La resolución, firmada por los jueces María Claudia Caputi y Luis María Márquez, reconoció que la cuestión trasciende el interés personal del juez y tiene incidencia directa en la integración de los órganos judiciales.
La Corte deberá ahora expedirse sobre el alcance de la norma que establece que los jueces federales pueden permanecer en el cargo hasta los 75 años y, a partir de esa edad, solo si son redesignados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por períodos de cinco años.
Irurzun había solicitado una medida cautelar para mantenerse en su puesto mientras se resolvía el fondo de su reclamo. Tanto el juzgado de primera instancia como la propia Cámara rechazaron ese pedido.
Para decidir, la Cámara citó el precedente “Schiffrin” de la Corte Suprema, que convalidó el límite etario introducido por la reforma constitucional de 1994, pero, a su vez, consideró que corresponde al máximo tribunal precisar el alcance de la norma en el caso concreto.
“La decisión definitiva del tribunal de la causa es contraria a la validez del derecho que la recurrente funda en ellas”, sostuvo el fallo.
El expediente será elevado ahora a la Corte Suprema. Debido a que Ricardo Lorenzetti se encuentra de licencia, el tribunal deberá designar conjueces para intervenir en la causa.
La eventual salida de Irurzun se produce mientras la Cámara Federal de Comodoro Py atraviesa un proceso de renovación de tres cargos: el suyo y los de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados durante la gestión de Mauricio Macri y cuyo carácter definitivo fue cuestionado por la propia Corte.
Leer más: El Gobierno advierte a los hinchas que no podrán llevar banderas de Malvinas a la semifinal entre Argentina e Inglaterra
El gobierno de Milei se encuentra en condiciones de cubrir la mitad de las vacantes en los tribunales por donde pasan causas de corrupción de alto perfil y de impacto político.
Irurzun fue designado juez federal por el gobierno de Raúl Alfonsín en 1987 y ascendido a camarista en 1994 durante la presidencia de Carlos Menem.
Comodoro Py, Corte Suprema, Justicia
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El Colegio de Abogados de la Ciudad también se opone a la reelección de jueces en el Consejo de la Magistratura

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se pronunció contra el intento de algunos jueces de ser reelectos como integrantes del Consejo de la Magistratura.
El organismo fue quien motivó, con su recurso ante la Corte Suprema, el regreso a la vieja ley del Consejo de la Magistratura con cambios en su integración y el retorno del titular de la Corte como presidente del cuerpo.
El directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad aclaró que el regreso a la vieja ley no implica reconocer la posibilidad de que los consejeros sean reelectos, como lo planteó el presidente de la Cámara de Casación Penal y consejero Diego Barroetaveña.
“El fallo precedentemente citado, nada decidió acerca de la reelección de los miembros del Consejo de la Magistratura, desde que ese no fue un tema cuestionado por este Colegio, y por tanto, no incluido en el objeto de la demanda”, aclaró el Colegio de Abogados de la Ciudad.
Indicó que es la ley en vigor la que señala que los consejeros duran cuatro años en sus cargos y solo pueden ser reelectos con intervalo de un período.
Este régimen fue incorporado por la Ley 26.080 en el año 2006 y mantenido sin modificaciones en este aspecto por la Ley 26.855 de 2013.
“Durante casi veinte años fue aplicado pacíficamente, sin que en ningún momento se sostuviera que los precedentes de la Corte Suprema hubieran restablecido el texto originario de la de 1997 que admitía la reelección inmediata”, indicaron.
Y destacaron que la alternancia “garantiza un principio republicano, evita la concentración de poder, favorece la renovación de las instituciones, otorga una mayor participación de los distintos estamentos de la sociedad y fortalece la legitimidad” del Consejo.
Barroetaveña planteó el mes pasado ante la Justicia Contencioso Administrativo, en el juzgado de Enrique Lavié Pico, una acción declarativa de certeza para que avalen su postulación a la reelección.
Dijo Barroetaveña que existe incertidumbre sobre si rige lo normado en la ley original de creación del Consejo de la Magistratura, que permitía la reelección, o si hay que acatar la ley nueva, más reciente, que exige el intervalo de un período para postularse.
La oposición a la reelección de Barroetaveña se da, incluso, en la propia lista Bordó de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, que reúne a los jueces federales y nacionales de todo el país.
Ya se pronunciaron contra este intento reeleccionista la agrupación Será Justicia y Fores, una asociación civil preocupada por la transparencia judicial. También lo hizo el kirchnerismo.
La asociación civil Será Justicia se presentó como “amicus curiae” ante el juzgado de Lavié Pico para exigir el rechazo tanto de la demanda como de la medida cautelar solicitada por Barroetaveña.
Consejo de la Magistratura,Conforme a
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El dilema que atraviesa al Estado: liberar a los empleados para el partido de Argentina o pedirles que se queden

Si uno se posa sobre el Patio Malvinas Argentinas de la Casa Rosada puede advertir que en uno de los ventanales hay pegadas tres estrellas y una pequeña camiseta de Lionel Messi. Es una de las tantas oficinas del Palacio de Gobierno que están adornadas por dentro y que seguramente están ilusionadas por lo que pueda llegar a acontecer en el partido de la Selección Argentina contra Inglaterra. No habrá voluntad laboral que valga: los televisores de todo el edificio van a estar sintonizando el encuentro.
Además del nerviosismo lógico antes del miércoles, a lo largo y ancho de la administración pública nacional circuló el mismo dilema: qué política se dispondrá para la jornada de mañana para poder ver el partido. Es decir, si los responsables de las distintas carteras -ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones y coordinaciones- darán aval a que los empleados públicos puedan retirarse del encuentro o tengan que verlo junto a sus respectivos equipos en la oficina.
A priori, no hay ninguna bajada de línea desde Presidencia ni desde ningún ministerio. Incluso, la postura oficial es que los partidos se verán en la oficina si correspondiera por turno. Pero no hay unanimidad.
“Olvidate. Es la principal pregunta que nos hacemos todos. Qué podemos hacer mañana”, reconocía una Coordinadora de un ministerio que espera de la decisión de su superior sobre qué decirle a sus empleados. En esa área marcan que la gran mayoría de la planta que asiste de manera presencial todos los días viene del Conurbano. “No quiero quemarla, pero en el eventual caso de que ganemos… ¿sabés lo que va a ser el Microcentro? A todos nos emociona el partido, pero muchos queremos llegar a casa a una hora razonable“, afirma esta funcionaria.

Un secretario que no quiso revelar su identidad reconoció a Infobae que habilitó a que sus empleados vayan más temprano a la oficina y que se liberen antes del partido. Justifica su decisión en que varios viven lejos y que “el tráfico y las estaciones de trenes van a ser un quilombo”. Aun así, ese funcionario se quedará en su oficina a ver el partido con su círculo más chico de subsecretarios.
“El tráfico y las estaciones de trenes van a ser un quilombo”. No es la misma posición que adoptaron en un importante ministerio: “Hasta ahora cada uno se juntó con su equipo a verlo. Y siempre fue así. No va a cambiar nada para mañana. Termina y seguiremos laburando. Mañana seguirá igual”.
Un funcionario de la Casa Rosada afirmó que no se va a quedar en la Casa de Gobierno y que tampoco espera que le bajen línea desde su sector. “A mí me van a tener que disculpar pero no me esperen para estar después de las 13. Tengo viaje y, además, no voy a tener que trabajar después”, dijo -enfático- al ser consultado por este medio. Algunos subordinados se quejan de que uno de los importantes mandos de la Casa de Gobierno el martes pasado se fue antes del partido y volvió una vez terminado.
Hay quienes hacen su justificación informal en que el martes pasado el presidente Javier Milei dio una entrevista posterior al partido contra Egipto y que tenía la garganta gastada de gritar. “¿Si lo pudo ver con tranquilidad en su casa por qué yo me tengo que quedar por una hora para después comerme dos horas más de viaje?”, esgrimió un empleado de planta permanente.
La proporción mayoritaria de la dotación estatal tiene turnos hasta las 15, 16, 17 y 18 horas. La gran parte de ellos finaliza entre las 16 y las 17. El partido de octavos de final contra la selección africana -que se jugó a las 13 horas- supuso menores dilemas para los superiores de área porque les resultaba más difícil liberar a sus equipos. En cambio, la presión que existe por parte de las bases es mayor. Incluso entre quienes rodean los círculos de confianza de los funcionarios más importantes.

“El partido anterior lo tuve que ver con una de las secretarías que era insoportable. No me gustaría repetirlo, sinceramente. Pero me limito a ver qué dice mi superior”, afirma una funcionaria en estricto off.
Una de las áreas ministeriales que van a estar bastante activas es la de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva. Se espera que en un escenario de victoria del combinado nacional se produzcan fuertes movilizaciones y no se descarta que pueda llegar a haber concentraciones en Plaza de Mayo. De manera preventiva, las fuerzas de seguridad federales tienen armado un protocolo para custodiar los edificios de su competencia.
Lo que sucede para el caso nacional no es una política muy distinta a lo que ocurre al nivel de las provincias: en ninguno de los casos se admitirá un asueto para el personal administrativo.
Hay casos particulares: en la provincia de Jujuy rige un esquema especial desde hace semanas por el período de vacaciones de invierno y de feria judicial, por lo que la administración pública tiene horario hasta las 14. La Rioja había dado permisos especiales en el anterior partido pero no dispondrá una medida similar para este caso. En el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires marcaron que no hay asueto, pero que los empleados se pueden retirar a las 14 horas, siempre y cuando se cumplan mínimo 4 horas laborales. Esto será solo por mañana.
En el Poder Judicial se prevé que el horario del partido no vaya a afectar demasiado el cronograma de los empleados de esa órbita porque la amplísima mayoría ya se habrá ido de sus oficinas para el momento del partido.
En el Congreso podría pasar algo similar, debido a que no está prevista ninguna sesión ni reunión de comisión: de hecho tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado había agenda prevista para el martes como para el jueves, pero no para mañana. “Se va a liberar a los que van a ver el partido. Pero se mantienen las tareas esenciales”, afirmaron desde la Cámara alta. Desde el otro sector del Palacio legislativo afirman que se habilitaron los televisores para ver el partido y que ”algunas oficinas van a repetir cábala y lo van a ver desde ahí, sobre todo los puestos operativos».
Las cámaras de comercio de prácticamente todo el país anunciaron este martes que modificarán su horario de atención por el partido entre Argentina e Inglaterra. El nuevo esquema prevé que abran sus puertas entre las 8 y las 15, aunque puede variar según la zona del país.
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