POLITICA
Condenaron a De Vido y López a cinco años de prisión por el caso Skanska, la primera causa de corrupción kirchnerista
El exministro de Planificación Federal Julio de Vido fue condenado hoy a cinco años de prisión por los delitos de cohecho pasivo (cobro de sobornos) y administración fraudulenta contra el Estado en el juicio por el caso Skanska, que es la primera gran causa de corrupción que estalló durante el kirchnerismo, por coimas en el proceso de ampliación de un gasoducto.
La misma pena le impuso el tribunal a José López, exsecretario de Obras Públicas, también por haber cobrado sobornos y defraudado al Estado. Tanto De Vido como López siguieron la lectura del veredicto por Zoom. De Vido, desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria por su estado de salud; López, desde la cárcel.
De Vido ya arrastra cuatro condenas, de las cuales solo una está firme, la de la tragedia de Once, por la que cumple prisión domiciliaria en una quinta de un barrio cerrado de Zárate.
El fallo fue dictado por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez, del Tribunal Oral Federal N° 4.
Junto a López y De Vido, fueron condenados altos empresarios de Skanska.
Las condenas de De Vido y López, así como las de otros acusados, se dictaron por mayoría, con disidencias en cuanto a calificaciones y montos de pena de parte de la jueza López Iñiguez. Todavía no se conoce la letra chica ni los fundamentos del fallo, que se informarán el 22 de septiembre próximo, según dijo hoy el tribunal.
López y De Vido eran los máximos responsables de la obra pública en el período bajo investigación. Para ellos, la fiscalía había pedido la misma pena que el tribunal les impuso: cinco años de prisión por cohecho y fraude al Estado.
Las otras condenas
La lista de los condenados incluyó a Néstor Ulloa, el funcionario a cargo de la administración del fideicomiso que financió las obras de ampliación de los gasoductos, a quien le impusieron un castigo de cinco años de prisión por cohecho pasivo; Mario Piantoni, máximo responsable de la empresa Skanska en la región, que recibió una pena de cuatro años de prisión por cohecho activo; Javier Azcárate -que era gerente comercial- y Gustavo Vago -presidente de la empresa en el país-, con condenas a cuatro años cada uno, y los exdirectivos Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero, Alfredo Grecco y Roberto Zareba, que recibieron penas de tres años de ejecución condicional.
En cambio, para los otros 17 enjuiciados, la fiscalía había pedido la absolución.
El fiscal Abel Córdoba ubicó a De Vido y López como parte de un gran esquema de corrupción destinado a direccionar contrataciones para la ampliación de dos gasoductos.
Según la acusación, la maniobra incluyó el pago de coimas a funcionarios, facturas truchas para justificar salidas de dinero y sobreprecios en las obras, adjudicadas a la empresa sueca Skanska.
El juicio comenzó hace poco más de dos años, pero se corresponde con una trama que nació hace casi dos décadas, tras una denuncia de la Coalición Cívica y una nota del diario Perfil.
En ella se relataban las sospechas que sobrevolaban en la justicia tributaria acerca de la existencia de una red de empresas fantasma utilizada por Skanska para evadir impuestos o pagar coimas a funcionarios.
Las obras que comenzaron a ser revisadas por la Justicia contemplaban la ampliación de los gasoductos Norte y Sur.
El trabajo −una respuesta a la renovada demanda de energía tras la crisis de 2001− consistió en la instalación de nuevas cañerías, la extensión de otras y la incorporación de compresores de gas.
Sin embargo, la marcha de la causa se frenaría en seco en 2011 por decisión de la Cámara Federal, que sobreseyó y revocó los procesamientos de las personas investigadas.
López y De Vido no se encontraban por entonces en ese grupo de acusados.
Las empresas Transportadora de Gas del Norte y Transportadora del Gas del Sur fueron las licenciatarias y la firma Skanska, en tanto, fue contratada para ejecutar las obras. En una, como adjudicataria directa; en la otra, como subcontratada por la empresa Odebrecht, protagonista de la megacausa de corrupción que se extendió por toda la región.
Después del fallo de la Cámara, el expediente Skanksa permaneció casi clausurado hasta la revalidación judicial de un material que reactivó todo el caso.
Era un audio que la Justicia recuperó al inicio del proceso en un allanamiento. En él, Azcárate, alto directivo de Skanska, admite ante un auditor de la empresa, Claudio Corizzo, haber pagado sobornos para quedarse con la adjudicación de obras públicas en el país.
Reconoce a su vez el uso de facturas truchas para justificar el desembolso de sobornos a funcionarios del Enargas y Nación Fideicomisos. Es decir, la hipótesis inicial del juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart.
“Somos prolijos y lo hacemos bien, o no laburamos”, señala Azcárate en la grabación. “Ya sabíamos de antes de hacer la propuesta que la íbamos a ganar y que son 100 millones de dólares”, dice en otro de los tramos, y también: “Fue un 5% de todos los contratos, divididos en un 3% a Enargas y un 2% a Nación Fideicomisos, más los costos de la operación”.
El audio había sido desestimado en un principio por la Cámara por no haber nacido de una orden judicial, sino de una investigación interna de la empresa. El argumento fue que Azcárate había sido engañado en aquella conversación, grabada de manera subrepticia.
Pero, en 2015, la Corte Suprema reabrió la posibilidad de validarlo y la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, terminó de incorporarlo a la causa. “En la sociedad, además del infractor y el Estado, existen las víctimas y los no infractores, y ellos también tienen derechos”, marcó Gemignani.
Con la grabación de Azcarate recuperada, el fiscal Carlos Stornelli pidió la nulidad de los sobreseimientos y la causa volvió a cobrar fuerza.
El exministro de Planificación De Vido también está siendo juzgado en Sueños Compartidos, el juicio donde se revisa el programa de viviendas sociales que manejó la Fundación Madres de Plaza de Mayo a través de los hermanos Schoklender. El fiscal Diego Velazco pidió seis años de cárcel para el exfuncionario, la máxima por fraude al Estado.
En ese proceso, López también está bajo la misma acusación fiscal y se expone a sumar seis años de prisión a la pena unificada de 13 años de prisión por Vialidad y la causa por los bolsos en el convento.
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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el titular del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo, encabezaron una agenda política en Washington con reuniones en la Casa Blanca, el Congreso de Estados Unidos y el Atlantic Council. El objetivo de la visita fue fortalecer los vínculos con referentes del oficialismo estadounidense y ampliar la proyección internacional del partido.
Uno de los principales encuentros fue con Richard Walters, subsecretario de Gabinete de la Casa Blanca para Asuntos Legislativos y Políticos. Según informaron desde el partido, la conversación giró en torno al escenario político de Estados Unidos, los cambios que atraviesa América Latina y el nuevo mapa regional tras las últimas elecciones.
“Junto a Cristian Ritondo conversamos con Richard Walters sobre el escenario político de Estados Unidos, los cambios que atraviesa nuestra región y las transformaciones que está llevando adelante el presidente Javier Milei”, sostuvo Jorge Macri.
El jefe de Gobierno porteño agregó que “la Argentina tiene hoy una oportunidad histórica de consolidar un camino de estabilidad, reformas, seguridad, menos impuestos y más libertad para quienes trabajan, producen e invierten”. También afirmó que “fortalecer nuestra relación con los Estados Unidos es una parte fundamental de ese camino”.
POLITICA
Mandan a un tribunal oral a revisar si corresponde anular la condena a Guillermo Moreno por la falsificación de datos del INDEC
La Cámara Federal de Casación abrió la puerta para evaluar si corresponde anular la condena a Guillermo Moreno a 3 años de prisión en suspenso y 6 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos por falsear datos del INDEC cuando era secretario de Comercio durante el kirchnerismo, porque entiende que se encuentra prescripta por el paso del tiempo.
Los jueces de la Sala II del tribunal, Mariano Borinsky y Alejandro Slokar, rechazaron un recurso extraordinario del fiscal ante la Casación Mario Villar, evitaron que el caso vaya a la Corte y convalidaron la decisión por la cual ordenaron al tribunal oral que hizo el juicio que evalúe si la causa contra Moreno y su exnúmero dos Beatriz Paglieri se encuentra prescripta.
Los magistrados declararon inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por el fiscal y con ello quedó firme la decisión por la cual se ordenó al tribunal oral la revisión del fallo, a 17 años desde que ocurrieron los hechos.
Los magistrados consideraron que el escrito del fiscal Villar no cumplía con los recaudos que la ley exige para la admisibilidad del recurso, y dijeron que no iba dirigido contra una sentencia definitiva, por lo cual decidieron su desestimación por inadmisible.
Los jueces basaron su fallo en el criterio sostenido por la propia Corte Suprema de Justicia en lo relativo a los requisitos exigidos para la interposición del recurso extraordinario. El tribunal oral ahora queda ahora obligado a dictar un nuevo pronunciamiento sobre la prescripción ajustado al estándar trazado por los jueces Borinsky y Slokar que ya señalaron que el asunto puede estar prescripto ya que la causa lleva más de 17 años de tramitación.
La causa se originó en una denuncia presentada en febrero de 2007 vinculada a la actuación de Moreno en el INDEC durante su gestión como secretario de Comercio Interior.
El Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, condenó a Moreno y a Paglieri a una pena de tres años en suspenso por los delitos de abuso de autoridad en concurso ideal con destrucción e inutilización de registros públicos. La coimputada Marcela Filia fue absuelta y el fallo quedó firme y fue consentido por la propia fiscalía.
El 1° de julio de 2026, la Sala II, por mayoría de los jueces Slokar y Borinsky, con la disidencia del juez Javier Carbajo, había hecho lugar a los recursos de casación de ambas defensas, y ordenando que se dicte un nuevo fallo.
El tribunal oral había rechazado el planteo de prescripción al considerar que mientras Filia fuera funcionaria en el INDEC no operaba ese supuesto, aun cuando hubiera sido absuelta por una decisión firme y consentida por el fiscal.
La mayoría de Casación revocó ese criterio al sostener que el principio de que la causa no prescribe cuando un imputado es funcionario público tiene el propósito de evitar que corra el término mientras quien ocupa ese cargo pueda influir negativamente u obstaculizar el avance de la investigación. Y además dijo que el imputado que suspende los plazos no debe ocupar cualquier cargo público, sino uno que tenga incidencia sobre el asunto del proceso.
El tribunal oral había reconocido al absolver a Filia que no surgía de las constancias del expediente cuáles fueron las actividades que desarrolló en el INDEC, ni el cargo para el que fue contratada. Sin embargo, entendió que se trataba de una empleada administrativa que cumplió órdenes propias de sus funciones.
Pero la Cámara de Casación entendió que ese déficit no podía ser suplido luego para sustentar la suspensión del plazo. Ahora los jueces del Tribunal Oral Federal 2 deberán revisar nuevamente si corresponde o no declarar prescripto el caso.
la condena,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Germán Martínez: “El principal desafío que tiene el peronismo es la reconstrucción de la confianza”
El debate por el Presupuesto 2027 comenzará a ocupar el centro de la agenda del Congreso y, con él, las negociaciones entre el Gobierno, los gobernadores y los bloques opositores. Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, sostuvo que su espacio esperará a conocer el proyecto definitivo antes de fijar una posición, aunque anticipó algunos de los puntos que buscará discutir.
Durante una entrevista en Infobae al Regreso, el legislador recordó que el Gobierno había enviado al Congreso el adelanto del Presupuesto el 3 de julio y consideró que allí ya podían observarse algunas de las proyecciones que ahora trascendieron. “Ya a esta altura conviene esperar el documento final”, planteó.
Martínez aclaró que Unión por la Patria no se opone a que el país tenga una Ley de Presupuesto. “Nosotros nunca estuvimos en contra de que haya un presupuesto”, afirmó. Sin embargo, cuestionó que el análisis de las cuentas públicas quede concentrado en el resultado fiscal y sostuvo que también deben contemplarse la evolución de los ingresos y el nivel de actividad.
Como antecedente, recordó que el Presupuesto aprobado en diciembre había proyectado una inflación del 10,1% para este año y planteó que las diferencias entre las previsiones oficiales y la evolución posterior de la economía deben ser consideradas al analizar las nuevas estimaciones.
El impacto del ajuste y la preocupación por la economía
Para respaldar su planteo, Martínez citó durante la entrevista un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sobre la evolución del gasto público. Según los datos que mencionó, entre enero y agosto de 2026 y el mismo período de 2023, las transferencias corrientes a las provincias cayeron un 86%, mientras que la obra pública y el gasto de capital registraron una reducción del 83%.
También señaló una caída cercana al 40% en el financiamiento universitario y en las prestaciones sociales, mientras que, según su exposición, las jubilaciones acumularon una pérdida real del 8,2% frente a 2023.
“Hay que pensar el presupuesto también teniendo en cuenta estos elementos”, sostuvo. Para el diputado, la discusión sobre el equilibrio de las cuentas públicas debe contemplar qué ocurre con los recursos que ingresan al Estado.
“Si uno mira solamente la dinámica del gasto sin mirar la dinámica de los ingresos, se complica”, explicó. En ese sentido, vinculó la recaudación con el nivel de actividad y sostuvo que una economía con mayor producción y consumo amplía la base sobre la cual se cobran los impuestos.
La situación de la industria ocupó otro tramo de la entrevista. Martínez contó que participó en Esperanza de la reunión anual de la Federación de Industriales de Santa Fe por el Día de la Industria y aseguró que allí recibió un diagnóstico negativo por parte de empresarios del sector. “El principal problema que tenemos hoy es un infernal parate económico”, definió.
Según relató, el presidente de la entidad habló de un “ACV productivo” para describir la situación. Martínez sostuvo que el crecimiento de sectores orientados a la exportación, como los hidrocarburos, la minería, el litio, la economía del conocimiento y las energías renovables, necesita complementarse con una recuperación de la demanda interna. “Si a esos elementos no le agregás un mercado interno potente, no te alcanza”, afirmó.
Qué dijo sobre el proyecto del Gobierno para Malvinas
Martínez también se refirió al proyecto que el Gobierno prepara sobre Malvinas y que contempla medidas vinculadas con empresas que desarrollen actividades en las islas. El diputado evitó anticipar si Unión por la Patria acompañará la iniciativa hasta conocer su contenido. “Veremos cuál es el contenido y evaluaremos en función de eso”, respondió.
El jefe del bloque opositor recordó que el Congreso ya cuenta con legislación sobre la cuestión. Mencionó las leyes sancionadas en 2008 y 2011 relacionadas con la pesca y con sanciones a empresas que operen en la zona sin autorización argentina.
En ese contexto, cuestionó la decisión del Gobierno de impulsar ahora nuevas medidas y reclamó que el proyecto sea discutido en las comisiones de Relaciones Exteriores y Defensa. “Que venga el proyecto y que se debata y que esté abierto”, sostuvo.
Martínez también planteó la necesidad de establecer controles sobre las actividades económicas vinculadas con los recursos de las islas y advirtió sobre posibles irregularidades en sectores como los hidrocarburos y la pesca.
El desafío del peronismo y su mirada sobre Kicillof
Consultado por la reconstrucción del peronismo, Martínez sostuvo que el espacio debe recuperar capacidad para interpretar las preocupaciones cotidianas de la sociedad. “Tenemos que tener una capacidad de leer con precisión dónde está puesta la expectativa de la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas”, afirmó.
Entre los temas que considera centrales ubicó la actividad económica, el empleo, la recuperación del salario real, el consumo interno y las políticas de ciencia y tecnología. En materia laboral, señaló que se perdieron más de 300 mil puestos de trabajo.
El diputado también reconoció errores de las administraciones peronistas y los vinculó con el deterioro de la confianza de parte del electorado. “El principal desafío que para mí tiene el peronismo tiene que ver con la reconstrucción de la confianza”, sostuvo.
Sobre Axel Kicillof, Martínez lo definió como “un muy buen gobernador de la provincia de Buenos Aires” y lo ubicó entre los dirigentes que podrían formar parte de una futura propuesta presidencial del peronismo.
En Santa Fe, en tanto, evitó confirmar una candidatura a gobernador, aunque reconoció que analiza esa posibilidad. “Ganas no me faltan”, dijo, y señaló que cualquier definición dependerá de la estrategia que adopte el Partido Justicialista provincial.
También evaluó la gestión de Maximiliano Pullaro. Martínez reconoció como un dato positivo la reducción de los homicidios dolosos y las balaceras en Rosario. “Hay un acierto, sin lugar a dudas, y hay que tratar de sostenerlo”, afirmó.
Al mismo tiempo, sostuvo que la venta de estupefacientes en los barrios de la ciudad “lejos de solucionarse, está potenciada”. También valoró la inauguración de un natatorio en la zona sur de Rosario y cuestionó el rumbo económico de la provincia, al considerar que Santa Fe quedó condicionada por las decisiones del gobierno de Javier Milei.
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