POLITICA
El Gobierno completa una nueva Cámara Federal: envió los pliegos de los jueces Yadarola y Bertuzzi al Senado

El Gobierno avanzó en la remodelación de la Cámara Federal porteña, un tribunal clave en los casos de corrupción. El presidente Javier Milei envió al Senado los pliegos de los dos candidatos que eligió para cambiar el tribunal que revisa los fallos de los jueces de primera instancia de Comodoro Py. Así lo informaron a fuentes del oficialismo.
Los elegidos son el juez Pablo Bertuzzi, que ya integraba la Cámara y que concursó para su propio cargo, y el juez en lo penal económico Pablo Yadarola, allegado al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.
Yadarola viajó a Lago Escondido con Mahiques, junto a directivos del Grupo Clarín, por el que ambos estuvieron imputados por la justicia federal de Bariloche y fueron sobreseídos cuando el caso pasó a los tribunales de Comodoro Py.
El recambio se debe a que la Corte Suprema de Justicia dispuso que se concursen los cargos de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que habían llegado hasta la Cámara Federal trasladados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri.
Bertuzzi se presentó al concurso, quedó en la terna de finalistas y ahora el Gobierno envió su pliego para cubrir su propio cargo.
Yadarola concursó para el cargo de Bertuzzi, que deberá dejar su lugar en caso de que el candidato obtenga acuerdo del Senado, lo que se descuenta.
El Gobierno tiene la posibilidad de hacer un nuevo cambio en la Cámara Federal, ya que el 18 de julio próximo el juez Martín Irurzun cumple 75 años, y el Poder Ejecutivo no envió hasta ahora su pliego al Senado para darle un nuevo acuerdo.
Si la vacante queda disponible este fin de semana y el juez se jubila, el Consejo de la Magistratura deberá llamar a un nuevo concurso para elegir a su reemplazante.
Mientras tanto, el cargo de Irurzun debe ser subrogado por sus colegas de la Cámara Federal, con sorteos en cada caso.
Irurzun planteó un recurso ante la Justicia para quedarse en el cargo más allá de los 75 años. Por ahora se lo denegaron en primera instancia y en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Le resta intentar que la Corte Suprema de Justicia tome su caso antes del viernes, una tarea difícil.
En la Cámara Federal hay causas del máximo interés del Gobierno, como los casos por los sobreprecios y cartelización en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde está procesado Diego Spagnuolo, y la causa $LIBRA, donde se investiga al presidente Javier Milei y a su hermana.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete de Milei Manuel Adorni también será analizada por el tribunal, en una sala aún a designar.
Si Bertuzzi y Yadarola consiguen respaldo en el Senado, el tribunal quedaría integrado además por Mariano Llorens, Roberto Boico, Eduardo Farah e Irurzun hasta esta semana al menos.
Otros pliegos
Además, el presidente Milei envió al Senado los pliegos de Valeria Alejandra Rico, para jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de la Capital Federal, y de Santiago Juan Schiopetto, para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 de la Capital Federal.
También para el Tribunal Oral Federal 6 envió el pliego de Ramiro Velasco, mientras que el de Sergio Buitrago fue propuesto para cubrir el Juzgado Civil 26 de la Capital Federal.
Desde que asumió como ministro de Justicia, el 6 de marzo pasado, hace cuatro meses, Mahiques acumula un total de 175 pliegos enviados al Senado. Rompió la parálisis que caracterizó los primeros dos años de la gestión de Milei, en los que no se envió ningún pliego al Senado.
Mahiques envió una primera tanda de 62 pliegos a fines de marzo y principios de abril, otros 46 en mayo, mes en el que se sumaron otros 45 pliegos negociados con los gobernadores dialoguistas. En junio la cuenta se elevó con otros 21 pliegos.
La Cámara alta ya votó 76 cargos, de los que una parte fue publicada en el Boletín Oficial. El Senado podría volver a sesionar este jueves para tratar al menos 26 pliegos más, con lo que llegaría a unas 100 carpetas aprobadas.
Hasta ahora, el Poder Ejecutivo designó por decreto y nombró a 55 jueces, fiscales y defensores.
Pliegos demorados
Milei dejó afuera al menos cuatro pliegos aprobados por el Senado que decidió no firmar: el de la jueza María Verónica Michelli, por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, según admitió la ministra Patricia Bullrich; Carlos Fabián Cuesta y María Julia Sosa. Tampoco se firmó el decreto de designación de Ana María Cristina Juan en el juzgado federal de Hurlingham. Los tribunales deben ser habilitados por la Corte Suprema de Justicia.
El objetivo del Poder Ejecutivo es llegar a 300 nombramientos de jueces y fiscales al final del año, para rediseñar un tercio del Poder Judicial nacional y federal que está vacante.
Hernán Cappiello,Conforme a
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Sobreseyeron a tres hermanos del ministro Caputo en la causa que investigó el financiamiento de Revolución Federal

El juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Flavio, Hugo y Rosana Caputo, hermanos del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la causa que investigó, en una de sus líneas, el presunto financiamiento de la familia a Revolución Federal, el violento grupo de derecha que impulsó marchas contra el kirchnerismo, repartió amenazas públicas contra sus dirigentes y quedó ligado al atentado contra Cristina Kirchner, en septiembre de 2022.
La hipótesis que hoy descartó el juez se apoyaba en pagos que hizo la sociedad Caputo Hermanos a Jonatan Morel, líder del grupo, y a otras personas de su entorno por trabajos de carpintería. Para el juez, la investigación no probó que esos desembolsos -por un total de más de 6 millones de pesos, detectados por la Unidad de Información Financiera (UIF)- hayan sido para financiar las actividades de la agrupación.
El juez dio por acreditado que el trabajo de carpintería existió, que los muebles en cuestión fueron fabricados y luego trasladados a la provincia de Neuquén, donde la familia Caputo desarrolla un emprendimiento ligado al despegue de la zona por Vaca Muerta.
“Es decir, no se encuentra probada una participación criminal de Caputo Hermanos en el accionar de Revolución Federal. No se obtuvieron comunicaciones en ese sentido, ni testimonios, ni prueba informativa o documental alguna que permita afirmar que la relación comercial con Morel fuera una pantalla para justificar un aporte a sus actividades criminales”, dice el fallo.
Revolución Federal, nacido en redes sociales, irrumpió en la escena pública como un violento grupo antikirchnerista con marchas, escraches y amenazas contra dirigentes de ese espacio.
En esta misma causa, el fiscal Gerardo Pollicita pidió llevar a juicio oral a cinco de sus integrantes, entre ellos Jonatan Morel y Leonardo Sosa, acusados por el accionar de la agrupación y las amenazas.
Pese a que nunca se probó que el grupo tuviera algo que ver con el atentado contra la expresidenta, el kirchnerismo mantuvo viva esa hipótesis, dentro y fuera del expediente, apoyado en distintas circunstancias, como que los autores del ataque, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte -ambos condenados- , participaron de una de las marchas más recordadas del grupo, dos semanas antes del atentado.
La defensa de los Caputo estuvo a cargo de Matías Cuneo Libarona, hermano del exministro de Justicia de Javier Milei.
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La Cámara del Trabajo dispuso cambios en la intervención de la UOM y presentó una denuncia contra Abel Furlán en el fuero penal

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispuso un giro radical en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM): ordenó la designación de un nuevo interventor en la seccional Zárate-Campana y de un triunvirato a nivel nacional, que integra Alberto Biglieri, el actual interventor, para administrar y llamar a elecciones con el fin de normalizar la vida interna de la organización gremial metalúrgica.
Al mismo tiempo, trasladó una denuncia penal sobre supuestas irregularidades en la gestión del desplazado titular del sindicato, Abel Furlán, a partir del informe trimestral de gestión presentado por Biglieri, al considerar que allí se detallan situaciones que “deberían ser abordadas por la justicia criminal”.
Para ello, se remitió el informe a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y a la Cámara Criminal y Correccional Federal, donde se tramitan las causas en las que se investiga la contratación de USEM, una empresa vinculada con La Cámpora, por parte de la UOM para administrar millonarios fondos sindicales.

La sentencia desmenuza el informe presentado por Biglieri, quien describió dificultades “insalvables” para concretar elecciones tanto en la seccional Zárate-Campana como a nivel nacional. La imposibilidad de normalizar con mayor rapidez al gremio derivó en la intervención directa del tribunal, que apunta ahora a una reconfiguración integral de la intervención: designó al abogado Pablo Daniel Iglesias al frente de la seccional Zárate-Campana de la UOM, desplazando a Biglieri.
En el fallo se subraya que Iglesias “formó parte del cuerpo de agentes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta hace poco tiempo, cuenta con notablesy muy valiosos conocimientos jurídicos en la materia y tendrá las mismas funciones legales, reglamentarias y estatutarias de gobierno” que su antecesor. La misión que le atribuyen es llamar a elecciones y restablecer la democracia sindical en el menor tiempo posible.
Además, el fallo determinó que la conducción de la UOM a nivel nacional no quedará en manos de un solo interventor, sino de un triunvirato con poder de decisión: estará formado por Biglieri, Iglesias y Ariel Martín Alonso, con iguales atribuciones y rango, y sus “decisiones deberán ser adoptadas por simple mayoría”.

La medida, según la sentencia, busca garantizar gobernabilidad y evitar que “la conducción pudiera presentar –disidencia, ausencia, enfermedad, etc.–” vacío de poder o bloqueos decisorios.
La resolución judicial apuntaría a garantizar el objetivo de la intervención en la UOM debido a que Biglieri tendrá simultáneamente otras tareas vinculadas con su candidatura como titular de una de las listas que participará de las elecciones del próximo 20 de octubre para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Biglieri fue designado interventor de la UOM en mayo pasado por decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló las elecciones realizadas a principios de marzo en la UOM Zárate-Campana por graves irregularidades.

Para fundamentar su fallo, los camaristas Pesino y González hicieron hincapié en la falta de garantías de “elección confiable, segura ni transparente” en la votación en esa seccional del gremio metalúrgico, donde su titular, Furlán, compitió contra una lista opositora liderada por Angel Derosso.
El tribunal explicó que la mecánica adoptada para el resguardo y el recuento de votos durante los tres días de los comicios “destruyó la objetividad de todo el proceso” y vulneró los principios de libertad y democracia sindical establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.
Contraofensiva de Furlán
La semana pasada, como anticipó Infobae, Furlán presentó dos escritos en expedientes que tramitan ante juzgados distintos para pedir su sobreseimiento, rechazar las acusaciones sobre la contratación de USEM y brindar aclaraciones sobre la militante kirchnerista María Soledad Calle, quien compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner.
Los escritos sostienen que no existió una cesión del control de los fondos sindicales a USEM, aseguran que el servicio contratado fue efectivamente prestado y que las decisiones fueron tomadas por los órganos internos de la UOM. También cuestionan lo que definen como una campaña político-mediática vinculada a la disputa sindical interna del gremio metalúrgico.
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Los abogados de Cristina Kirchner anunciarán “información de relevancia” sobre la presentación ante la ONU por la causa Vialidad

Más de un mes después de la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la condena en la causa Vialidad, los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner –Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego– brindarán esta tarde una conferencia de prensa en un hotel porteño para “anunciar una información de relevancia” respecto de la estrategia internacional.
Con la “comunicación individual” presentada el 29 de julio, la exmandataria apunta a mantener viva la posibilidad de convertirse en una alternativa electoral para las presidenciales de 2027, en medio de la cruda interna que atraviesa el peronismo. En rigor, una de las medidas cautelares presentadas ante el organismo internacional reclama que se le levante la inhabilitación para poder competir el año próximo.
Es que Cristina Kirchner fue condenada en el caso Vialidad a seis años de prisión –que cumple de forma domiciliaria en su departamento de San José 1111– y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La condena quedó firme en junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó la última queja de la defensa.
Además del intento de revertir la inhabilitación, la presentación incluye otras dos medidas cautelares que pretenden relajar las condiciones de la prisión domiciliaria y modificar la composición de la Corte con el argumento de que no puede tener solo tres jueces.
La resolución final del Comité adopta la forma de una “recomendación” al Estado. Para el equipo de abogados de la expresidenta, una decisión de ese tipo sería constitucionalmente vinculante, aunque la Corte Suprema ha tenido pronunciamientos previos en los que señaló que los organismos internacionales no constituyen “una cuarta instancia de revisión”.
El anuncio de las novedades respecto de la presentación en Naciones Unidas llega un día después de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un recurso de queja de la defensa de Cristina Kirchner contra los embargos preventivos dispuestos sobre el departamento donde cumple su condena e inmuebles pertenecientes a las empresas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., que deben ser ejecutados para cumplir la sentencia en la causa Vialidad.
Tal como lo hicieron tras el anuncio original de la estrategia, Beraldi, Valim y Borrego, los tres abogados al frente de esta presentación, encabezarán hoy la rueda de prensa. Beraldi es el abogado que llevó la defensa de la expresidenta en la causa Vialidad, mientras que Valim y Borrego se sumaron recientemente al equipo de abogados en tren de encarar la presentación ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En la conferencia de prensa pasada, Beraldi señaló que la Justicia condenó a “una persona inocente” por un delito que “de ningún modo pudo cometer”, mientras Borrego consideró que en el proceso hubo “tantísimas violaciones y arbitrariedades”.
El brasileño Valim, profesor universitario especialista en “lawfare”, participó de la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien acudió al mismo Comité en 2016 tras su condena por corrupción. Su presentación fracasó respecto de las medidas cautelares, pero terminó con una decisión favorable sobre el fondo de la cuestión. No obstante, la decisión llegó cuando la sentencia en su contra ya había sido anulada por la justicia de Brasil.
Por su parte, el español Borrego es exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Participó de un congreso organizado por Vox –en el que protagonizó una polémica al simular ser una mujer llamada “Francisca Javiera”– y presentó un escrito contra la inhabilitación electoral de Marine Le Pen, dos referencias de la ultraderecha europea.
Candidatura
La estrategia internacional de Cristina Kirchner reactivó la esperanza de La Cámpora respecto de una candidatura presidencial de su jefa política en 2027. La organización que comanda Máximo Kirchner agita un operativo clamor por su postulación. El diputado nacional advirtió que su madre “se prepara y por eso fue a la ONU a reclamar por sus derechos políticos”.
La propia Cristina Kirchner publicó aquel 29 de julio una carta que cerró con una frase que entusiasmó a sus seguidores: “Muy pronto volveremos a encontrarnos”.
Tal como reconstruyó tras la presentación ante la ONU, todos los sectores del peronismo asumen que la jugada internacional –si no prosperara a nivel judicial– podría volver a ubicar a la expresidenta, al menos, en la mesa de negociaciones.
Respecto de una eventual voluntad de participación de la expresidenta en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la defensa planteó una interpretación técnica sobre el alcance de la inhabilitación.
“¿Las elecciones primarias son para ocupar un cargo público? No. Son elecciones preparatorias de las futuras elecciones. Entonces se podría presentar”, sostuvo Borrego. Sin embargo, ante la repregunta puntual sobre esa postulación, Beraldi matizó la postura y dijo que está sujeta a cómo avance el proceso “en el plano internacional”.
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