POLITICA
La Argentina participa de una cumbre convocada por Estados Unidos sobre el “resurgimiento del terrorismo político”
WASHINGTON.− El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, será el anfitrión este jueves de una cumbre en esta capital que contará con la representación de unos 70 países, entre ellos la Argentina, en la que se abordarán estrategias para contrarrestar lo que la Casa Blanca considera un “resurgimiento del terrorismo político”.
“Rubio invitó a representantes de diversas regiones, incluidas el hemisferio occidental, Europa y Asia”, señaló un vocero del Departamento de Estado a , que supo que entre los participantes estará la Argentina. El principal representante del Gobierno en el encuentro será el canciller Pablo Quirno, que tiene actividad oficial prevista en Washington.
El vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó que la cumbre se organizó porque el terrorismo de extrema izquierda es “una vieja amenaza que resurge con fuertes vínculos transnacionales y nuevas convergencias”.
“Dado que esta amenaza no se ha abordado adecuadamente en el pasado, cada intervención, designación o programa de asistencia en materia de seguridad crea un efecto multiplicador que refuerza las contramedidas tanto a nivel nacional como internacional”, señaló Pigott en un comunicado publicado en X.
De acuerdo a documentos internos del Departamento de Estado citados por ABC News, la reunión sentará las bases para una “acción coordinada” destinada a contrarrestar a organizaciones internacionales que “buscan implementar una visión política extremista mediante la intimidación y campañas coordinadas de terror”.
En mayo pasado, el presidente norteamericano, Donald Trump, firmó la nueva estrategia de contraterrorismo, centrada en “identificar y neutralizar rápidamente” lo que el documento publicado por la Casa Blanca denominó “grupos políticos seculares violentos cuya ideología es antinorteamericana, radicalmente transgénero o anarquista”, como el movimiento descentralizado de extrema izquierda Antifa.
“Utilizaremos todas las herramientas constitucionalmente disponibles para mapear sus actividades en el país, identificar a sus miembros, rastrear sus vínculos con organizaciones internacionales como Antifa y emplear recursos policiales para paralizarlos operativamente antes de que puedan herir o matar a personas inocentes“, amplió el documento.
“Haremos lo mismo con los Estados que patrocinan a dichos grupos y con aquellos gobiernos que lleven a cabo complots letales en suelo estadounidense o contra estadounidenses en cualquier lugar”, añadió.
El documento advirtió que actualmente Estados Unidos se enfrenta a tres tipos principales de grupos terroristas: narcoterroristas y pandillas transnacionales; islamistas de larga trayectoria, y extremistas violentos de izquierda, incluidos anarquistas y antifascistas.
“Nuestro sistema operativo antiterrorista necesita una actualización para afrontar la realidad de tales amenazas, así como para proteger a los ciudadanos norteamericanos y la seguridad e intereses nacionales de Estados Unidos”, señaló un funcionario del Departamento de Estado a la agencia Reuters.
Pigott dijo que los esfuerzos se centran en actividades violentas que cumplen con la definición de terrorismo: asesinatos, secuestros, amenazas violentas contra instalaciones y fuerzas del orden de Estados Unidos, así como ataques a la infraestructura crítica, al personal militar y a la población civil.
En ese marco es que Rubio convocó a altos funcionarios de más de 60 países para la cumbre que se desarrollará en la sede del Departamento de Estado. Además de la Argentina, otras de las naciones de la región invitadas son Chile, Perú y Costa Rica.
Según publicó The Washington Post este jueves, la reunión despertó inquietud entre algunos funcionarios estadounidenses, algunos aliados europeos y analistas independientes, que “no perciben de la misma manera la amenaza del resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda”.
El diario norteamericano reveló además que a fines de mayo el Departamento de Estado celebró una reunión en La Haya sobre el movimiento Antifa y el terrorismo de izquierda, y que a mediados de junio “envió un comunicado oficial a más de 20 embajadas estadounidenses −entre ellas en la Argentina− solicitando información sobre grupos extremistas de extrema izquierda“, según dos fuentes al tanto del asunto citadas por The Washington Post.
“Varias embajadas respondieron, pero ninguna indicó que comparta la evaluación de la administración [Trump] sobre la amenaza”, señaló al diario una de las fuentes.
Un artículo de The New York Times de abril pasado, basado en documentos internos del Departamento de Estado y entrevistas con funcionarios estadounidenses y de otros países, había destacado el “nuevo y amplio esfuerzo” de la Casa Blanca para “presionar a los gobiernos extranjeros y a las embajadas en el exterior” para que se unan a su lucha contra lo que denomina como “terroristas de extrema izquierda”.
“El gobierno de Trump está desplegando su maquinaria antiterrorista global contra movimientos de extrema izquierda como Antifa a pesar de ofrecer pocas pruebas de que representen una amenaza grave para los ciudadanos estadounidenses”, indicó el artículo.
Según The New York Times, uno de los líderes de la iniciativa, Sebastian Gorka, asistente adjunto de Trump y director de contraterrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional, “presionó a aliados para designar a más grupos de extrema izquierda en el extranjero como organizaciones terroristas”, para que “investiguen a los grupos” y “busquen conexiones entre ellos y los estadounidenses”.
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El Gobierno oficializó el nombramiento de Ana María Juan al frente del juzgado federal de Hurlingham, pese a que ese tribunal todavía no está habilitado para funcionar. La nueva magistrada es esposa de Marcelo Martínez De Giorgi, el juez federal que interviene en la causa en la que se investiga la presunta estafa vinculada a la criptomoneda Libra.
La designación fue publicada en el Boletín Oficial, días después de que el Senado aprobara el pliego de Juan. Su nombramiento se concretó además luego de que Martínez De Giorgi resolviera apartar del expediente a las presuntas víctimas del caso Libra.
La situación generó un contraste con otro caso que involucra a una candidata a magistrada. El Gobierno utiliza como argumento la falta de habilitación del juzgado para no designar a María Verónica Michelli en un tribunal oral federal de La Plata que tampoco está operativo. Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.
Según explican en el oficialismo, Juan fue designada a partir de un pedido de la Cámara Federal de San Martín. La idea, según esa versión, es que mientras el juzgado de Hurlingham no sea habilitado, la magistrada pueda ocupar de manera transitoria otros tribunales federales vacantes dentro de esa jurisdicción, como los de Morón o Moreno.
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Juan tiene una extensa trayectoria en el ámbito de la Justicia Federal. Durante años se desempeñó en la Cámara Federal de Comodoro Py, donde fue secretaria de la Sala I. Hasta su designación, además, estaba al frente de la oficina judicial encargada de la implementación del sistema acusatorio.
Su llegada al juzgado de Hurlingham también tiene una historia que se remonta a varios gobiernos. Juan obtuvo el primer lugar en el concurso para ocupar ese cargo y su pliego fue enviado al Senado por tres presidentes diferentes. Mauricio Macri fue el primero en postularla, aunque su designación no llegó a concretarse porque, al asumir, Alberto Fernández retiró todos los pliegos que estaban en trámite. Más tarde, Fernández volvió a proponerla, mientras que Milei también retiró inicialmente esos pliegos antes de volver a enviar el nombre de Juan al Senado.
La causa Libra
El nombramiento se produjo en un momento particularmente sensible para la causa Libra. Martínez De Giorgi, juez federal de Comodoro Py desde 2004, aceptó un planteo formulado por uno de los acusados y resolvió apartar del expediente a las presuntas víctimas que actuaban como querellantes. Las partes afectadas apelaron la decisión y ahora la Cámara Federal deberá revisar si corresponde que vuelvan a intervenir en la investigación.
La Sala I de ese tribunal tendrá un papel central en ese proceso. Precisamente, el Gobierno impulsa una renovación parcial de la Cámara Federal, un órgano que interviene en la revisión de causas de corrupción y que analiza las decisiones adoptadas en los expedientes que tramitan en los juzgados federales.
En ese marco, el Poder Ejecutivo envió al Senado los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para ocupar dos vacantes en la Cámara Federal. Ambos nombres están vinculados a la Sala I, que deberá analizar, entre otros asuntos, la apelación presentada contra la decisión de Martínez De Giorgi en el expediente por Libra.
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Bertuzzi ya integra la Cámara Federal. Llegó al tribunal a través de un traslado durante la gestión de Macri y posteriormente concursó para obtener el cargo como titular. Yadarola, en tanto, es juez en lo Penal Económico y mantiene una relación de amistad con Juan Mahiques, actual ministro de Justicia de la Nación.
La composición de la Cámara Federal tendrá además otra modificación en los próximos días. Martín Irurzun dejará su cargo el viernes, un día antes de cumplir 75 años, edad máxima prevista para ejercer como juez.
Irurzun había solicitado continuar durante cinco años más, pero el Gobierno no aceptó ese pedido. El magistrado inició una causa judicial para intentar sostenerse en el cargo, aunque su planteo fue rechazado y, por el momento, no logró revertir esa decisión.
Poder Judicial, Javier Milei, Marcelo Martínez de Giorgi, Libra
En medio de las negociaciones del Gobierno para avanzar con la reforma electoral que impulsa en el Congreso, la opinión pública muestra un fuerte respaldo a la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), elemento central del proyecto. El oficialismo promueve su derogación bajo el argumento del ahorro en el gasto público, mientras en la Casa Rosada consideran que la medida allanaría el camino de Javier Milei hacia la reelección en 2027.
Encuestas recientes a las que tuvo acceso revelan un apoyo marcado a la iniciativa. Los especialistas consultados señalaron tres motivos que explican los niveles de aprobación. Por un lado, el acuerdo con la reducción de los gastos del proceso electoral y el rechazo a votar en repetidas ocasiones durante un mismo año. Estas dos razones coinciden con los planteos que esgrime La Libertad Avanza (LLA).
Por otra parte, el debate que se generó en los últimos meses en torno al asunto –que dividió las aguas en la dirigencia entre el apoyo oficialista y el rechazo opositor– explica que quienes se alinean con el Gobierno se hayan aglutinado en el respaldo a la eliminación de las PASO, y ocurra lo contrario con la oposición.
La encuesta más reciente corresponde a Synopsis Consultores. La firma recolectó los datos entre el 7 y el 12 de julio y reveló que un 49,1% de los consultados está de acuerdo con que el año que viene no haya PASO, frente un 38,7% que se muestra en desacuerdo.
Lucas Romero, director de la consultora, indicó que “la variable que mejor explica la postura de la gente es el sesgo partidario”, algo que –agregó– ocurre en la gran mayoría de los temas. “La mirada más favorable a la suspensión de las PASO se posiciona dentro del oficialismo, que es el que la está impulsando. La mirada más negativa se concentra en el voto opositor, que es el peronismo. En el resto, se ven matices”, sostuvo, en diálogo con .
El estudio muestra que el 82,5% de los votantes de LLA apoya la iniciativa. El 69,9% de los simpatizantes del peronismo está en desacuerdo.
Distintos sectores de la oposición rechazaron el proyecto. Entre ellos, todas las variantes del justicialismo, pero también la oposición dialoguista, como Pro y la Unión Cívica Radical (UCR). Entienden que las PASO constituyen una herramienta útil para dirimir sus internas y candidatos de cara a las elecciones de 2027.
En la misma línea, Mora Jozami, directora de la consultora Casa Tres, señaló que la eliminación de las PASO llega a un 70% de apoyo entre los votantes de Milei. Los datos de la encuesta, recolectados en los últimos días de junio, reflejan un 44% de acuerdo entre los consultados frente a un 39% en desacuerdo. A su vez, indicó que el respaldo crece entre los sectores más afines al Gobierno: varones (49%), los que viven en el interior (46%) y los que pertenecen al nivel socioeconómico más alto (62%).
También consideró que el respaldo podría atribuirse a “la moda de reducir el Estado”, es decir, al acuerdo para recortar presupuesto incluso en lo referido a los procesos electorales.
Cuando anunció el envío de la reforma electoral al Congreso, Milei argumentó: “Basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”. El mismo planteo utilizó el Gobierno el año pasado para suspender las PASO, medida que finalmente consiguió y que hoy se baraja como alternativa en caso de no reunir los votos necesarios para eliminarlas en forma definitiva.
Además, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, dijo semanas atrás que la iniciativa que impulsa el oficialismo “no es para la política”. “Es para la gente. El Presidente piensa: que la gente no vaya a votar seis veces; que no tenga que pagar el Estado entre 250 y 300 millones de dólares por una PASO; que la gente no tenga que ver en la televisión el espacio cedido para los partidos políticos”, enumeró en LN+.
En este sentido, Julio Burdman, director de Isasi/Burdman Consultores, interpretó que el apoyo a la eliminación de las PASO se explica porque “a la gente no le gusta ir a votar muchas veces por año”. Su informe de junio muestra un 65% de acuerdo contra un 25% en desacuerdo.
En paralelo, reparó en que mediciones previas arrojaban un apoyo mayor a la medida. Es que –afirmó– la entrada del tema en la agenda y la politización del debate redujo, aunque en pocos puntos, el respaldo.
Federico Aurelio, presidente de la consultora Aresco, también abonó la explicación de que “la gente no tiene ganas de ir a votar tantas veces, teniendo en cuenta que no solo están las elecciones nacionales sino también las distritales”. Además, señaló que “no quieren que haya gastos en tantos procesos electorales”.
Su última medición al respecto data de marzo y muestra que el 49,8% de los consultados se mostró a favor de eliminar las PASO “porque son un gasto innecesario”. El 42,1% consideró que “son necesarias porque permiten una elección democrática del mejor candidato de cada espacio político”.
Por último, una encuesta de Management & Fit realizada en mayo –posterior a la presentación del proyecto en el Congreso– muestra un 58,2% de acuerdo con la eliminación definitiva de las PASO y un 36,6% en desacuerdo.
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Hay fechas que no envejecen. El 18 de julio es una de ellas. A las 9.53 de aquella mañana de 1994 no solo explotó un edificio en la calle Pasteur. También estalló una parte de la confianza de los argentinos en que la verdad y la justicia llegarán alguna vez.
En 1994 el país todavía estaba hablando de la final del Mundial de Estados Unidos entre Brasil e Italia cuando, al día siguiente, la realidad lo golpeó con la peor tragedia terrorista de su historia.
En 2026 el mundo está pendiente del Mundial otra vez en Estados Unidos -junto a México y Canadá- pero el 18 de julio nos obliga a detenernos.
Mientras millones hablan de fútbol, no solo Argentina sino todo el mundo tiene la obligación moral de hacer una pausa y recordar que hay 85 personas que siguen esperando justicia.
Lionel Messi tenía 7 años cuando Sebastián Barreiro de apenas 5, fue asesinado en el atentado a la AMIA.
Mientras el futbolista se convirtió en campeón del mundo, ganó ocho Balones de Oro y marcó una era en el fútbol, la vida de Sebastián sigue detenida en aquella mañana del 18 de julio de 1994.
32 años después, la verdad y la justicia no llegaron para Barreiro.
Se realizaron actos, sonaron sirenas, se leyeron uno por uno los nombres, se encendieron velas, familiares envejecieron esperando respuestas y otros ya no están.
Mientras tanto funcionarios prometieron avanzar sin transformarlo en hechos y los gobiernos siguieron pasando sin cerrar la herida.
Este año, una vez más, miles de personas se reunirán para recordar a las 85 víctimas. Habrá dirigentes, periodistas, referentes comunitarios, funcionarios, artistas y ciudadanos unidos por una misma palabra: Justicia.
Pero hay una pregunta que incomoda y que merece ser formulada.
¿Cómo puede una democracia convivir durante treinta y dos años con el mayor atentado terrorista de su historia sin un solo condenado?
Es por eso que este aniversario tiene un contexto diferente.
El atentado a la AMIA ya no es solamente una herida abierta de la historia argentina. Hoy se recuerda en un mundo donde el antisemitismo volvió a crecer con una intensidad alarmante, donde los discursos de odio circulan con naturalidad y donde, después del 7 de octubre de 2023, muchos eligieron justificar el terrorismo antes que condenarlo.
Por eso la memoria ya no alcanza si no está acompañada por un compromiso activo.
Porque el antisemitismo no empieza con una bomba. Empieza cuando se relativiza el odio, cuando se mira para otro lado, cuando se justifica la violencia según quién sea la víctima o cuando el silencio resulta más cómodo que la condena.
El atentado a la AMIA no pertenece al pasado. Pertenece al presente. Porque la impunidad continúa y el antisemitismo sigue vigente.
La memoria es indispensable. Sin memoria no hay identidad. Pero la memoria, por sí sola, no alcanza.
Recordar no reemplaza a la justicia.
Homenajear no sustituye las condenas.
Las sirenas emocionan. Los discursos conmueven. Los abrazos reconfortan. Pero nada de eso puede ocultar la verdad más dolorosa: treinta y dos años después, las familias siguen esperando lo mismo que esperaban en 1994.
Y esa espera ya atraviesa generaciones y Mundiales.
La justicia tardía ya es una forma de injusticia.
Por eso, cada aniversario no debería medirse por la cantidad de asistentes a un acto ni por la repercusión de un discurso. Debería medirse por una sola pregunta:
¿Estamos hoy más cerca de la verdad que hace un año? O mejor dicho: ¿Estamos más cerca que hace 32 años?
Mientras la respuesta siga siendo no, el reclamo seguirá siendo el mismo.
La memoria no puede ser un ejercicio de calendario. Debe ser un compromiso cotidiano.
Treinta y dos años después, el desafío ya no es solamente recordar.
La FIFA entregó ocho Copas del Mundo. La Justicia argentina todavía no pudo entregar una sola condena.
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