POLITICA
La eliminación de las PASO se impone en las encuestas, pero no escapa a la grieta
En medio de las negociaciones del Gobierno para avanzar con la reforma electoral que impulsa en el Congreso, la opinión pública muestra un fuerte respaldo a la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), elemento central del proyecto. El oficialismo promueve su derogación bajo el argumento del ahorro en el gasto público, mientras en la Casa Rosada consideran que la medida allanaría el camino de Javier Milei hacia la reelección en 2027.
Encuestas recientes a las que tuvo acceso revelan un apoyo marcado a la iniciativa. Los especialistas consultados señalaron tres motivos que explican los niveles de aprobación. Por un lado, el acuerdo con la reducción de los gastos del proceso electoral y el rechazo a votar en repetidas ocasiones durante un mismo año. Estas dos razones coinciden con los planteos que esgrime La Libertad Avanza (LLA).
Por otra parte, el debate que se generó en los últimos meses en torno al asunto –que dividió las aguas en la dirigencia entre el apoyo oficialista y el rechazo opositor– explica que quienes se alinean con el Gobierno se hayan aglutinado en el respaldo a la eliminación de las PASO, y ocurra lo contrario con la oposición.
La encuesta más reciente corresponde a Synopsis Consultores. La firma recolectó los datos entre el 7 y el 12 de julio y reveló que un 49,1% de los consultados está de acuerdo con que el año que viene no haya PASO, frente un 38,7% que se muestra en desacuerdo.
Lucas Romero, director de la consultora, indicó que “la variable que mejor explica la postura de la gente es el sesgo partidario”, algo que –agregó– ocurre en la gran mayoría de los temas. “La mirada más favorable a la suspensión de las PASO se posiciona dentro del oficialismo, que es el que la está impulsando. La mirada más negativa se concentra en el voto opositor, que es el peronismo. En el resto, se ven matices”, sostuvo, en diálogo con .
El estudio muestra que el 82,5% de los votantes de LLA apoya la iniciativa. El 69,9% de los simpatizantes del peronismo está en desacuerdo.
Distintos sectores de la oposición rechazaron el proyecto. Entre ellos, todas las variantes del justicialismo, pero también la oposición dialoguista, como Pro y la Unión Cívica Radical (UCR). Entienden que las PASO constituyen una herramienta útil para dirimir sus internas y candidatos de cara a las elecciones de 2027.
En la misma línea, Mora Jozami, directora de la consultora Casa Tres, señaló que la eliminación de las PASO llega a un 70% de apoyo entre los votantes de Milei. Los datos de la encuesta, recolectados en los últimos días de junio, reflejan un 44% de acuerdo entre los consultados frente a un 39% en desacuerdo. A su vez, indicó que el respaldo crece entre los sectores más afines al Gobierno: varones (49%), los que viven en el interior (46%) y los que pertenecen al nivel socioeconómico más alto (62%).
También consideró que el respaldo podría atribuirse a “la moda de reducir el Estado”, es decir, al acuerdo para recortar presupuesto incluso en lo referido a los procesos electorales.
Cuando anunció el envío de la reforma electoral al Congreso, Milei argumentó: “Basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”. El mismo planteo utilizó el Gobierno el año pasado para suspender las PASO, medida que finalmente consiguió y que hoy se baraja como alternativa en caso de no reunir los votos necesarios para eliminarlas en forma definitiva.
Además, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, dijo semanas atrás que la iniciativa que impulsa el oficialismo “no es para la política”. “Es para la gente. El Presidente piensa: que la gente no vaya a votar seis veces; que no tenga que pagar el Estado entre 250 y 300 millones de dólares por una PASO; que la gente no tenga que ver en la televisión el espacio cedido para los partidos políticos”, enumeró en LN+.
En este sentido, Julio Burdman, director de Isasi/Burdman Consultores, interpretó que el apoyo a la eliminación de las PASO se explica porque “a la gente no le gusta ir a votar muchas veces por año”. Su informe de junio muestra un 65% de acuerdo contra un 25% en desacuerdo.
En paralelo, reparó en que mediciones previas arrojaban un apoyo mayor a la medida. Es que –afirmó– la entrada del tema en la agenda y la politización del debate redujo, aunque en pocos puntos, el respaldo.
Federico Aurelio, presidente de la consultora Aresco, también abonó la explicación de que “la gente no tiene ganas de ir a votar tantas veces, teniendo en cuenta que no solo están las elecciones nacionales sino también las distritales”. Además, señaló que “no quieren que haya gastos en tantos procesos electorales”.
Su última medición al respecto data de marzo y muestra que el 49,8% de los consultados se mostró a favor de eliminar las PASO “porque son un gasto innecesario”. El 42,1% consideró que “son necesarias porque permiten una elección democrática del mejor candidato de cada espacio político”.
Por último, una encuesta de Management & Fit realizada en mayo –posterior a la presentación del proyecto en el Congreso– muestra un 58,2% de acuerdo con la eliminación definitiva de las PASO y un 36,6% en desacuerdo.
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POLITICA
Chaco también desdoblará sus elecciones en 2027: se votaría en la segunda quincena de septiembre
Chaco irá a las urnas en septiembre de 2027 para renovar cargos provinciales, legislativos y municipales. La votación quedará separada de la nacional y se podría concretar durante la segunda quincena de ese mes. Leandro Zdero buscará allí un nuevo período en la gobernación.
Las pautas de cómo y cuándo se vota en la provincia norteña quedaron fijadas por la Constitución de 1994. Allí se decidió que las elecciones para gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, intendentes y concejos municipales se deben llevar a cabo en una fecha distinta a las presidenciales. Además, se deben concretar dentro de los noventa días después de que terminen los mandatos.
“Aún no tenemos fecha”, sentenció Zdero cuando lo consultaron medios locales sobre qué día se realizarán los comicios provinciales.
Las chances, según los parámetros constitucionales, marcan que el tope se encuentra el domingo 12 de septiembre. Una alta fuente del gobierno chaqueño confirmó a Infobae que la posibilidad que se baraja es llamar a votar “durante la segunda quincena” de ese mes. El combo se cerraría con cierre de listas en junio o julio.
Zdero ganó su primer mandato el 17 de septiembre de 2023. Pero cuatro años antes, Jorge Capitanich llegó al gobierno con una votación realizada el 13 de octubre de 2019. En 2015, la elección que consagró a Domingo Peppo se concretó el 20 de septiembre. El antecedente previo también es de ese mes: el domingo 18, Capitanich se impuso en las urnas.
Hace unos días, Zdero se convirtió en el primer gobernador en lograr la suspensión de las PASO en el ámbito provincial. La decisión de la Legislatura unicameral chaqueña se basó en la necesidad de priorizar otros gastos.
A nivel nacional, las elecciones están programadas para el domingo 24 de octubre. Las PASO, si el Congreso no las cancela, deberían realizarse en agosto.
Chaco se coloca entonces como la novena provincia en confirmar un calendario electoral distinto al nacional. Tucumán irá a las urnas el 9 de mayo; Salta haría lo propio entre el 16 y el 23 de ese mes; Chubut votaría entre julio y agosto; también en agosto sería la elección en Neuquén; en Santa Fe, se evalúa un rango que va del 13 de junio al 5 de septiembre; Tierra del Fuego tiene el mismo parámetro constitucional que Chaco. Mendoza y Misiones también sufragarán de forma desdoblada, aunque aún no hay fecha confirmada.
En qué instancias está el acuerdo con LLA
Chaco fue el primer ejemplo exitoso de simbiosis entre La Libertad Avanza y un frente local. Con esa fórmula, lograron ganar los comicios legislativos provinciales y nacionales de 2025.
La intención es repetir la receta en 2027. Hay conversaciones abiertas. Zdero hace unas semanas charló en forma directa con Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y presidenta de LLA a nivel nacional. La idea gira en torno a un escenario en el que la combinación de ambas fuerzas acrecentaría las chances de reelección del gobernador y sumaría votos para la aspiración de Javier Milei de estar cuatro años más en Balcarce 50.
Los contactos del mandatario chaqueño también incluyen al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei.
Las conversaciones se concretan en un plano doble. Por un lado, la conformación nacional. A la Casa Rosada le interesa aumentar el número de bancas en el Congreso. Chaco renovará el año próximo tres lugares en Diputados.
Una silla es de LLA, la tiene Carlos García. Gerardo Cipolini, un radical con vínculos fuertes pero tensos con Zdero, es otro a quien se le vencerá el mandato. Su nombre tuvo fama efímera en dos oportunidades. La primera, al hacer comentarios machistas hacia legisladoras peronistas; La segunda, cuando no votó un capítulo clave del presupuesto 2027. Aldo Leiva, de Unión por la Patria, es el tercero al que se le vencerá el mandato.
El otro plano de las conversaciones entre el oficialismo chaqueño y LLA es la elección provincial. Aquí también tienen protagonismo los referentes libertarios locales que trabajan con la premisa de colar nombres en los armados legislativos y de intendencias. Además de gobernador y vice, en 2027 se votarán 16 legisladores provinciales y autoridades en 74 municipios y concejos deliberantes. La premisa es que todo tenga tonos violeta.
El vocero presidencial Adrián Ravier reafirmó la postura del Gobierno frente al reclamo de la soberanía argentina en las islas Malvinas y dio detalles sobre cómo será la Base Naval Integrada que comenzarán a construir en Ushuaia, Tierra del Fuego. Prevista para finalizar en 2029, el costo total de la obra ascendería a 500 millones de dólares.
“Va a incorporar diversas funciones logísticas relevantes. Será un punto estratégico para la proyección argentina al Atlántico sur que permitirá vigilar y controlar mejor nuestros recursos naturales y nuestra soberanía”, explicó el portavoz en la conferencia de prensa de este martes desde Casa Rosada y añadió: “También brindará apoyo y logística desplegada en la Antártida”.
La base será custodiada por el avión Lockheed P-3 Orion y los aviones F-16 que fueron comprados a Dinamarca. “Va a proveer al país de protección naval y aérea”, subrayó Ravier.
El portavoz presidencial también destacó los beneficios económicos de la Base Naval. “Contará con muelles comerciales y civiles que desarrollarán una región en donde hoy los buques sufren demoras para amarrar debido a la falta de capacidad”, destacó y sumó: “Además, desempeñará un papel importante en la protección de objetivos estratégicos en el sur del país, como Vaca Muerta”.
La Base Naval Integrada estaría finalizada luego de un período de 30 a 36 meses de trabajos, que se realizarán por etapas y contemplan un muelle de 585 metros.
Los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, visitaron el viernes el lugar donde en se instalará la futura base en Ushuaia.
La primera etapa comenzará a principios de 2027 y, según definieron fuentes oficiales a , “en 18 meses esté construido el 40% del muelle, con servicios como para estar, en una primera etapa, en capacidad de recibir en los primeros 240 metros de muelle las lanchas de la División de Patrullado Austral que son orgánicas del Área Naval Austral y que hoy amarran en el muelle auxiliar, frente a la Base Naval en el centro de la ciudad”.
Con el avance del proyecto se realizará un edificio de servicios marítimos, que dará suministros para la operatividad del muelle, y la urbanización del predio, que prevé llevar todos los servicios (agua, luz, gas, conectividad) hacia una zona que hoy no los tiene.
El Gobierno reasignó unos US$142 millones del presupuesto nacional para el desarrollo de la Base Naval Integrada y fuentes oficiales establecieron el costo total de la obra entre US$400 y US$500 millones. Quirno especificó que el avance será con “recursos propios del Estado nacional” y dijo que el presidente Javier Milei ya había instruido al ministro de Economía, Luis Caputo, para priorizar la iniciativa en el presupuesto 2027.
Consultado por acerca de la participación de otros países en el financiamiento de la obra, Quirno especificó que “es una base que está haciendo la Argentina con sus propios recursos”. “Se trata de un proyecto que está hace décadas y que ahora vamos a empezar a ejecutar”, señaló.
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POLITICA
Luis Caputo celebró el sobreseimiento de sus hermanos por el presunto financiamiento de Revolución Federal
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró este lunes el sobreseimiento de sus hermanos Flavio, Hugo y Rosana en la causa que investigó un presunto financiamiento familiar a Revolución Federal y cuestionó al kirchnerismo, al que acusó de montar una “persecución ridícula” en su contra.
“Años gastando plata de los contribuyentes (Arca, IGJ, Policía, etc) en la persecución más ridícula de la historia”, cuestionó el ministro en sus redes, luego de que la Justicia descartara un vínculo entre sus hermanos y el grupo antikirchnerista que había sido vinculado al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.
En ese contexto, Caputo acusó “la complicidad de una buena parte del periodismo” y apuntó contra la actual oposición por buscar “hacer daño” para “sacar algún rédito político”.
“En el medio, las personas no importan. Lo importante es hacer daño. Así opera el kirchnerismo cuando está en el poder. Usa todo el aparato estatal para perseguir y dañar a los que ellos decidan”, sentenció el funcionario. Y agregó: “Lo curioso es que para algunos, lo preocupante son los ‘modos’ de este gobierno”.
Los fundamentos del sobreseimiento
Luego, Caputo compartió los principales argumentos del juez Marcelo Martínez de Giorgi para fundamentar el sobreseimiento. Los hermanos del ministro -dueños de la firma Caputo Hermanos- eran investigados para determinar si habían financiado encubiertamente a la agrupación Revolución Federal, procesada por “incitación a la violencia colectiva” por liderar marchas contra el kirchnerismo y repartir amenazas públicas contra sus dirigentes.
Finalmente, la Justicia nunca probó que el grupo tuviera algo que ver con el atentado contra la expresidenta, pero el kirchnerismo mantuvo la hipótesis en la querella y acusó a la familia del ministro de Economía de disimular pagos para impulsar sus actividades.
Según los argumentos que compartió Caputo, el juez sostuvo que la obra por la que sus hermanos contrataron a Morel “existió y fue real”: remitos, facturas, transferencias e informes de AFIP y de entidades bancarias comprobaron que el edificio Espacio Añelo se construyó y que los muebles encargados se fabricaron, entregaron e instalaron efectivamente allí.
Para el magistrado, la secuencia comercial —búsqueda de proveedores, presupuestos, facturación y pagos— sigue un orden compatible con un trabajo genuino y no con una maniobra para canalizar fondos hacia Revolución Federal. A eso sumó que el vínculo entre Rosana Caputo y el líder del grupo era anterior a la creación de la agrupación, en mayo de 2022, lo que para el juez debilita la hipótesis de un pago encubierto por su activismo. Tampoco encontró pruebas de que la familia conociera la militancia de Morel al momento de contratarlo ni de que los desembolsos estuvieran condicionados a su actividad política.
El fallo también descartó que hubiera sobreprecios: el Cuerpo de Peritos Contadores no logró determinar un aumento real en los valores facturados, ya que comparaba productos hechos a medida con otros estandarizados, parámetros que consideró no equiparables. A esto se agregó un dato procesal que, según el juez, le resta sustento a la teoría de un financiamiento organizado: en cámara, Revolución Federal fue recalificada como un grupo de menor entidad, encuadrado en el artículo 212 del Código Penal —incitación a la violencia colectiva— y no en el 213 bis, que tipifica la asociación ilícita.
Con esos elementos, Martínez de Giorgi concluyó que no existían indicios suficientes para sostener la imputación y dispuso el sobreseimiento de los tres hermanos por inexistencia del hecho investigado.
El trasfondo político del caso
La causa había sido impulsada en parte por la querella de Cristina Kirchner, que buscó unificarla con el expediente que terminó con las condenas a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el ataque a la expresidenta.
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