POLITICA
Senado: fuerte apuesta del Gobierno para aprobar el proyecto de extranjerización de tierras
En una apuesta de riesgo que incluso derivó en un fuerte cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, el oficialismo en el Senado intentará aprobar este jueves el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y su polémico capítulo que pretende levantar las restricciones a la venta de tierras rurales a personas físicas o jurídicas extranjeras impuestas por la ley 26.737 sancionada en 2011.
Bullrich (Capital) se muestra confiada en que tendrá el quórum que le permitirá habilitar la sesión, que está convocada para las 12, y las mayorías necesarias para aprobar el proyecto, aún los capítulos más controvertidos, y girarlo en revisión a la Cámara de Diputados.
La jefa del bloque libertario rechazó suspender la sesión por la celebración de la clasificación a la final del Mundial de Fútbol del seleccionado argentino como habría pedido Villarruel, según el intercambio de mensajes entre ambas dirigentes y la reconstrucción que pudo hacer .
El temario de la sesión de hoy incluye, además de la habilitación de venta de tierras a extranjeros, una treintena de pliegos judiciales impulsados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Uno de los candidatos es Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario letrado del juez federal Ariel Lijo, quien está propuesto para el estratégico juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, que tiene a su cargo investigar a Martín Insaurralde y Jesica Cirio.
También se encuentra en la lista Víctor Pesino, el camarista que avaló la reforma laboral del Gobierno, que está a punto de cumplir la edad jubilatoria de 75 años y por quien Javier Milei le pide al Senado que le extienda la magistratura por cinco años.
La apuesta de Bullrich no es sencilla si se toma en cuenta que se esperan varias ausencias como consecuencia del inicio de las vacaciones de invierno en varias provincias, período que es usado como una suerte de receso extraoficial en el Congreso.
Además, se suma otra cuestión que provoca incertidumbre. Desde que se firmó su dictamen, hace más de dos meses, el texto sufrió tantos cambios que ya se han redactado 15 nuevas versiones del despacho. Las modificaciones deberán practicarse en el recinto, en el debate en particular, una desprolijidad que podría complicar la sesión.
Por lo pronto, el oficialismo cuenta por estas horas con que alguno de los peronistas disidentes de Convicción Federal, tres senadores que responden a los gobernadores peronistas dialoguistas Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), estarían para el quórum. Además, con el voto a favor del proyecto de Julieta Corroza (Neuquén), que responde al gobernador Rolando Figueroa.
Sin embargo, en las últimas horas una luz de alarma se encendió en el tablero oficialista por la fuerte presión sobre los senadores de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, para que voten en contra de habilitar la venta de tierras a extranjeros.
La polémica ha llevado al extremo de que varios dirigentes han renunciado al espacio en rechazo a la postura del líder de Encuentro Misionero, el exgobernador peronista Carlos Rovira, de apoyar al gobierno libertario con los votos de los diputados y senadores que le responden.
El telón de fondo es la guerra política abierta que vive Misiones: la fractura del oficialista Frente Renovador de la Concordia, alianza local creada por Rovira que gobierna la provincia desde hace más de 20 años.
De un lado quedó el gobernador, Hugo Passalaqua, avalado por un grupo importante de intendentes que le dieron vida al Movimiento por lo que Viene. Del otro, el fundador de la renovación, que pegó un portazo, fundó Encuentro Misionero y se quedó, por el momento, con los legisladores nacionales. El motivo de la rebelión contra Rovira es la pulseada en torno a un proyecto de ley que impediría la reelección indefinida de los jefes comunales.
El voto de Arce y Rojas Decut es clave para el Gobierno y Bullrich lo sabe. Si llegase a perder esos apoyos tendría que analizar con mucho cuidado si le conviene abrir el recinto este jueves. Si decide no hacerlo, sería la tercera vez que fracasa una sesión prevista para debatir el proyecto de propiedad privada. Si ocurre, se fortalecería la sentencia de un senador oficialista, que tras el segundo intento fallido exclamó “¡Esa ley es yeta!”.
El proyecto
La iniciativa, forjada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, consta de varios capítulos, con cambios en el régimen legal para los desalojos judiciales y a las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego.
Sobre la venta de tierras rurales, la última versión modificada del dictamen habilita la venta de tierras rurales sin límites a personas extranjeras. Deberá conseguirse la autorización de la provincia y la Nación en casos de empresas con participación de Estados extranjeros en su capital accionario. La ley vigente limita la posesión extranjera a un 15%, tanto en el nivel nacional como provincial y departamental. A su vez, ninguna nacionalidad podrá poseer más del 30% de la totalidad habilitada.
El oficialismo defiende el proyecto y destaca que prohíbe que otras naciones puedan comprar tierras. “Una cosa es la inversión privada y otra muy distinta es que un Estado extranjero avance sobre la propiedad de nuestro territorio”, sostienen.
También destacan el “doble control”, nacional y provincial, para la compra de tierras por empresas con participación de otros Estados en su capital. “No alcanza la opinión de un funcionario sentado en un escritorio en Buenos Aires, sino que interesa la opinión de quienes conocen el territorio”, sostiene el instructivo oficialista.
En el caso de los desalojos, la última versión dista mucho de la original. Por lo pronto, el Gobierno debió resignar su idea de aplicar el juicio sumarísimo y se establecieron diferencias entre usurpadores y ocupantes ilegales de los deudores de alquileres. El texto que llegará al recinto establece un plazo de 10 días hábiles de notificación, el original establecía sólo 3, para la devolución del bien y se suman protecciones a menores, personas con discapacidad y mayores de edad antes de dar curso a la ejecución del desalojo.
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POLITICA
Caso $LIBRA: con críticas al fallo que los apartó, los damnificados pidieron regresar al expediente como querellantes
Los dos grupos de damnificados por el derrumbe de la criptomoneda $LIBRA apelaron el fallo que los dejó afuera de la causa que investiga el lanzamiento de la moneda que promovió en redes Javier Milei y pidieron a la Cámara de Casación que los reincorpore como querellantes al expediente, un rol que les permite tener participación en el caso.
Su salida del caso fue un pedido del lobista Mauricio Novelli -apuntado por gran parte de la prueba- y decisión de la Sala I de la Cámara Federal, que fue reconfigurada por el Gobierno recientemente y que desde entonces dictó una serie de fallos favorables al oficialismo.
La medida del tribunal significó un fuerte golpe para la acusación, que quedó en manos del fiscal Eduardo Taiano.
Con cuestionamientos al fallo que los excluyó, los dos grupos de damnificados vuelven a tocar las puertas de la Casación, donde ya obtuvieron fallos favorables en el pasado.
Como querellantes, ambos grupos habían pedido la indagatoria tanto de Novelli como de Milei, quien promovió la moneda en redes, se reunió con los principales involucrados y estuvo en comunicación directa con el trader al momento del tuit.
Los escritos presentados este miércoles tienen un eje común: subrayan que fue la propia Cámara Federal la que, en marzo de 2025, habilitó su ingreso como querellantes al caso.
Critican, a su vez, la idea que utilizaron los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi para removerlos: que el avance de la investigación fue “debilitando” o “diluyendo” la hipótesis inicial y que las pérdidas estaban ligadas a la volatilidad propia del mercado cripto.
Los damnificados sostuvieron que esa conclusión implicaba un prejuzgamiento sobre el fondo del caso —uno de los recursos afirma que equivale directamente a sostener que no hubo delito— y que la Cámara no individualizó ningún elemento concreto que permitiera sostener la idea de un debilitamiento de la hipótesis.
“En tal sentido, no enumera cuál es la prueba que ‘diluyó’ la hipótesis de la estafa. Desde luego, no se detalló de qué manera esas pruebas modificaron la situación fáctica inicial y, más aún, no explicó por qué dichos elementos demostraron que la hipótesis inicial que originó la denuncia, ha sido ‘diluida’”, dice el escrito presentado por la querella que lidera Juan Grabois, en su rol de abogado.
Otro damnificado, Martín Romeo, que es representado por Nicolas Oszust, sostuvo que “solo se puede excluir a un querellante frente a nuevas opiniones o informes con experticia técnica suficiente con relación a todo lo vinculado a la adquisición del ‘token’”.
Y continúa: “Y no ha habido ninguna nueva opinión o informe con experticia técnica suficiente que refute las operaciones que realicé (certificadas por escribano público) o su trazabilidad”.
Las pruebas
Mucha de la prueba reunida por el fiscal Taiano desafía la hipótesis de la Cámara respecto a un “debilitamiento” del caso.
El caso reconstruyó llamados entre Milei y Novelli durante la tardenoche del lanzamiento y derrumbe de $LIBRA, además de contactos posteriores del trader con Karina Milei y el asesor Santiago Caputo.
Del celular de Novelli se recuperó una nota previa al lanzamiento que aludía a desembolsos por US$5 millones y a contraprestaciones vinculadas con un anuncio presidencial que terminó ocurriendo.
La investigación reconstruyó además movimientos de dinero digital por cerca de US$5 millones realizados por Hayden Davis después de reunirse con Milei el 30 de enero, que llegaron a cuentas vinculadas con personas ligadas a la financiera que utilizaba Novelli.
Al día siguiente a una de esas transferencias, la Justicia constató la presencia de Novelli y su familia en un banco Galicia cargando bolsos y manipulando cajas de seguridad.
fallo que los dejó afuera,idea que utilizaron,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
AUH: los controles de salud y escolaridad se acreditarán automáticamente para cobrar el 20% retenido
El Gobierno decidió modificar el procedimiento para acreditar los controles de salud y escolaridad vinculados con la Asignación Universal por Hijo (AUH). Con el nuevo sistema, la información será enviada desde ahora en forma directa a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por los organismos estatales que cuentan con esos registros, para automatizar el trámite que habilita el cobro del 20% retenido de la prestación.
La medida fue dispuesta por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, fue publicada hoy en el Boletín Oficial, y alcanzará a los titulares con hijos de entre 5 y 17 años. El cambio busca reemplazar, en la mayoría de las situaciones, la acreditación presencial en papel por un intercambio directo de datos entre organismos públicos.
En concreto, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación enviarán a ANSES la información sobre el cumplimiento de los controles sanitarios y la escolaridad. El traspaso se realizará mediante un sistema de intercambio seguro entre organismos. Con esos datos, el organismo previsional podrá verificar si se cumplieron las condiciones necesarias para habilitar el cobro del porcentaje retenido de la AUH.
La modificación apunta a simplificar una gestión que hasta ahora podía exigir que el titular reuniera la documentación correspondiente y la presentara ante ANSES. Con el esquema que impulsa Capital Humano, la comprobación deberá resolverse automáticamente cuando la información requerida figure en las bases oficiales de Salud y Educación.
El eje de la medida está puesto en el 20% retenido de la AUH. Para cobrar ese monto, los beneficiarios deben acreditar el cumplimiento de las condiciones vinculadas con la salud y, en las edades correspondientes, con la escolaridad. El Gobierno busca que esa verificación deje de depender, como regla general, de los certificados aportados por las familias y pase a realizarse con registros que el Estado ya posee.
Precisiones del cambio de ANSES
El funcionamiento previsto parte de que cada organismo aportará los datos que produce y administra. La Secretaría de Educación informará sobre la condición de escolaridad y el Ministerio de Salud hará lo propio con los controles sanitarios. ANSES recibirá esa información y realizará el cruce necesario para determinar si los requisitos quedan acreditados.
De esa manera, cuando los datos estén correctamente registrados y puedan asociarse al titular correspondiente, la persona no tendrá que acercarse a una oficina de ANSES para presentar documentación. El trámite quedará resuelto a partir de la comunicación entre las distintas dependencias de la administración nacional.
Capital Humano presentó el cambio como parte de una política de modernización administrativa. La cartera que encabeza Pettovello sostiene que el mecanismo permitirá simplificar las gestiones de los titulares de la AUH, reducir los pasos presenciales y evitar que los ciudadanos entreguen al Estado documentación que ya obra en poder de organismos públicos.
Otro de los objetivos planteados por el Ministerio es mejorar la calidad de la información utilizada para validar el cumplimiento de los requisitos. Al tomar los datos directamente de las fuentes oficiales, el sistema busca reducir errores durante la certificación o la carga manual y limitar el margen para posibles irregularidades.
La eliminación del trámite en papel, sin embargo, no será absoluta. El Gobierno dejó prevista una vía alternativa para los casos en los que el cruce automático no permita comprobar el cumplimiento de las condiciones. Si la información no aparece en las bases, es incompleta o el sistema no logra validarla, el titular conservará la posibilidad de presentar la documentación de manera presencial ante ANSES.
Ese mecanismo funcionará como respaldo para evitar que una falla en el intercambio de datos o la ausencia de un registro impida completar el trámite. En esas situaciones, el beneficiario podrá utilizar el procedimiento habitual y acreditar personalmente la información necesaria.
Por lo tanto, el nuevo esquema tendrá dos vías. La principal será automática y se basará en el intercambio de información entre Salud, Educación y ANSES. La segunda continuará siendo presencial y quedará disponible para los casos en los que el sistema no pueda verificar los datos de manera directa.
La medida se concentra en los titulares con hijos de entre 5 y 17 años, la franja etaria señalada por Capital Humano para este procedimiento. Allí se cruzarán las dos condiciones contempladas en el anuncio: los controles de salud y la escolaridad. El cambio no modifica la vigencia de esos requisitos, sino la forma en que se acreditarán ante ANSES para completar el cobro del monto retenido.
Desde el punto de vista administrativo, la decisión traslada una parte del trámite desde el ciudadano hacia el Estado. La persona dejará de actuar como intermediaria entre organismos cuando la información pueda obtenerse de manera directa a través de los sistemas oficiales. La expectativa del Gobierno es que esa integración reduzca tiempos, evite traslados y elimine presentaciones innecesarias.
La puesta en marcha del sistema dependerá de que los datos puedan compartirse e identificarse correctamente entre los organismos. Cuando el cruce sea exitoso, el cumplimiento de las condiciones quedará acreditado de forma automática. Cuando no lo sea, seguirá disponible la presentación tradicional ante ANSES.
Con esta modificación, el Ministerio de Capital Humano busca que el cobro del 20% retenido de la AUH se apoye cada vez más en el intercambio interno de información estatal. La intención es que Salud, Educación y ANSES integren un mismo circuito de validación, con menos intervención del beneficiario, menos documentación en papel y una comprobación directa sobre los registros oficiales.
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POLITICA
A 50 años de los secuestros, la marcha por La Noche de los Lápices exhibió la interna peronista en las calles de La Plata
LA PLATA. – A 50 años de La Noche de los Lápices, cuando la última dictadura secuestró en La Plata y sus inmediaciones a una decena de estudiantes secundarios que reclamaban la instauración del boleto estudiantil, la marcha para reivindicar a las víctimas del accionar militar exhibió una fuerte división en el peronismo gobernante en territorio bonaerense, ya que en la manifestación hubo columnas que se convocaron con distintas consignas y referentes.
Por caso, el gobernador Axel Kicillof participó de un acto y de la marcha por el aniversario de aquel hecho que enlutó a la capital bonaerense. Y en ese marco, llamó a construir un proyecto distinto al de Javier Milei de cara al recambio presidencial de 2027. Lo hizo acompañado por dirigentes de derechos humanos, con Estela de Carlotto como máxima figura a su lado.
De la misma marcha, aunque en columnas separadas, participaron las agrupaciones estudiantiles de La Cámpora, que portaron banderas para reclamar la liberación de la expresidenta Cristina Kirchner -con prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad- y postularon su candidatura para el año próximo, aunque sigue inhabilitada para ejercer cargos públicos.
En medio de la disputa peronista por la conducción nacional hacia 2027, dirimida a la luz del día en las calles de esta capital, estuvieron como fuelles de ancla en el pasado revindicado en común los sobrevivientes Pablo Díaz y Emilce Moler, dos de los secuestrados en la fatídica redada que tuvo como blanco a estudiantes que, en su mayoría, fueron asesinados en centros clandestinos de detención como el Pozo de Arana y el Pozo de Banfield.
El 16 de septiembre de 1976 se registró un raid de secuestros a cargo de militares bajo las órdenes de Ramón Camps -general del Ejército que estaba al mando de la Policía bonaerense-, que tuvo por objetivo a una decena de estudiantes secundarios, de quienes seis siguen desaparecidos.
A estos militantes del denominado campo popular conmemoró el peronismo, junto a otros movimientos políticos y sindicales más identificados con la izquierda. En coincidencia por el reclamo de “Nunca Más”, los distintos actores de la oposición al gobierno libertario no lograron unificar un ordenamiento hacia el futuro.
La marcha partió desde Plaza Olazábal, en 7 y 38, y se trasladó hasta el ministerio de Obras Públicas, en 7 y 58. La procesión se desplazó a lo largo de veinte cuadras en el centro platense. Antes, Kicillof participó de un acto junto a Carlotto y el intendente local Julio Alak. Allí aprovechó para recordar que su gobierno reinstauró el boleto estudiantil en la provincia.
Los sectores en pugna dentro del peronismo marcharon con distintas consignas a futuro, más allá de la reivindicación por los sucesos del pasado. Mientras Kicillof buscó diferenciar su proyecto de Mieli, La Cámpora denunció la supuesta proscripción de Cristina Kirchner y pidió por la liberación de la expresidenta, que cumple una condena a seis años de prisión.
“A nivel nacional y en gran parte del continente vemos proyectos con programas económicos similares a los de la dictadura militar sostuvo Kicillof y concluyó: “Nos espera una responsabilidad fundamental para honrar la historia de nuestro país: el compromiso democrático de ponerle un freno a este experimento de la ultraderecha en la Argentina. Lo hacemos con la convicción de defender los derechos conquistados y en memoria de los 30.000 compañeros que hoy están más presentes que nunca”.
La marcha convocada para conmemorar el secuestro y la desaparición forzada de un grupo de estudiantes secundarios durante la última dictadura suscitó controversia entre los distintos sectores del peronismo. Pero en las calles la convivencia fue pacífica, más allá de las tensiones retóricas.
En la primera columna estuvieron los estudiantes –alineados con La Cámpora-. Luego los representantes de la segunda y de la tercera sección electoral. Y finalmente el resto de las organizaciones sociales.
La Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de La Plata reclamó por la libertad de Cristina Kirchner. Esta organización visitó a la expresidenta en su domicilio de detención en San José 1111 y luego lanzó una convocatoria bajo la consigna “Contra el FMI y los vendepatria, 30.000 razones para liberar a Cristina”.
La Federación de Estudiantes Secundarios (FES) y la Red Nacional de Centros de Estudiantes (Renace) también expresaron consignas a favor de la conducción política de la expresidenta. “Desde la FES con la Renace sabemos que los lápices siguen escribiendo”, dijo Alma Palma Hair. “Hoy los lápices escriben en todo el país Cristina Libre y Presidenta”, destacó la estudiante, que forma parte de una conducción alineada con La Cámpora.
La Federación de Estudiantes Secundarios fue más allá: difundió una carta abierta con tono crítico al gobernador por no habilitar colectivos para movilizar estudiantes. Esta petición fue negada ante por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Los estudiantes apuntaron contra Ayelén López, directora de Juventudes del gobierno bonaerense.
“Queremos decirle esto a usted directamente señor gobernador. Vimos el video que publicó convocando a un acto en Avellaneda (que tendrá lugar el sábado organizado por el Movimiento Derecho al Futuro). Sabemos que el ministro de Desarrollo de la Comunidad ha prestado debida atención a garantizar la movilidad de los militantes que participen”, denunció la FES.
Más allá de la interna peronista, el 16 de septiembre es una jornada de memoria sobre la privación ilegítima de libertad contra un grupo alumnos secundarios durante la dictadura. Hace 50 años, cinco estudiantes secundarios identificados como Claudia Falcone y Francisco López Muntaner de 16 años; Horacio Ungaro de 17, María Clara Ciocchini, y Daniel Racero -los dos de 18 años y militantes de la UES- fueron secuestrados por reclamar por el boleto estudiantil.
La redada había comenzado el 4 de septiembre con la detención de Víctor Treviño, militante de la Juventud Guevarista, que al igual que los estudiantes secuestrados el 16 de septiembre continúa desaparecido. El 8 de septiembre fue secuestrado Gustavo Calotti también de la Juventud Guevarista y de la UES. El 15 de septiembre fue detenido Horacio Acha, que continúan desaparecido.
El 17 de septiembre, en plena madrugada, fue secuestrada a Emilce Moler. Al poco tiempo, el 21 de septiembre, Pablo Díaz, entonces de 18 años, fue secuestrado en el raid que se pasó a la historia como La Noche de los Lápices.
Díaz estuvo detenido en el Pozo de Banfield junto a los estudiantes secuestrados el 16 de septiembre de 1976 que permanecen desaparecidos. “Estuvimos al cuidado de mujeres embarazadas. Vivíamos en un calabozo encerrados sin luz. A mi me sacaron. A ellos los mataron de un tiro”, dijo Díaz. Su testimonio fue clave en los Juicio a la Juntas y Juicios de la Verdad, donde tuvo careos con exmilitares que participaron de los delitos de lesa humanidad.
difundió una carta abierta con tono crítico al gobernador por no habilitar colectivos para movilizar estudiantes.,María José Lucesole,Desaparición de persona,Derechos Humanos,Conforme a
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