El Gobierno promueve una iniciativa denominada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que intentó tratar este jueves en el recinto pero que debió postergar por falta de votos suficientes. Su objetivo principal es fortalecer la protección del derecho de propiedad. Sin embargo, la mayor resistencia aparece en el capítulo que levanta las restricciones a la venta de tierras por parte de compradores extranjeros.

La ley vigente limita la posesión extranjera a un 15%, tanto en el nivel nacional como provincial y departamental. A su vez, ninguna nacionalidad podrá poseer más del 30% de la totalidad habilitada.

El proyecto elimina las restricciones para los compradores individuales.

Solo mantiene límites si se trata de gobiernos o empresas extranjeras.

El primer capítulo del proyecto introduce modificaciones sustanciales a la Ley de Expropiaciones (N° 21.499), al acotar los criterios para declarar la utilidad pública de un bien. Si se aprueba, deberá ser interpretada de manera “restrictiva, idónea y proporcional”.

El segundo capítulo busca acelerar los procesos judiciales de desalojo de inmuebles, tanto urbanos como rurales.

Además, se introducen garantías de protección para menores, personas con discapacidad o adultos mayores, exigiendo la intervención de organismos de protección.

El tercer capítulo actualiza el régimen de protección del dominio de tierras rurales. Reafirma que las provincias conservan la jurisdicción plena sobre sus recursos naturales. Se mantienen restricciones para la adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera, pero se levantan los límites a los compradores individuales.

En el cuarto capítulo, el proyecto aborda el manejo del fuego, prohibiendo expresamente cambios en el uso y destino de superficies de bosques nativos afectados por incendios.

El quinto capítulo agiliza los procesos de registro de propiedades.

El gobierno de las islas Malvinas expresó hoy su malestar por la bandera con la que jugadores argentinos celebraron la victoria en la semifinal del Mundial ante Inglaterra y pidió a la FIFA que sancione ese tipo de conductas sus propias normas.

Siguiendo los pasos del gobierno británico, que esta mañana anunció a través del portavoz del primer ministro Keir Starmer, un pedido de investigación a la FIFA reafirmando, además, que “el compromiso británico con las islas nunca flaqueará”. Pero, además, mientras que el ministro de Empresa y Comercio, Peter Kyle, calificó el hecho sucedido en el estadio de la Ciudad De Atlanta, con la exposición de la famosa bandera que señalaba “Las Malvinas son argentinas” como algo “totalmente inapropiado”.

Empujados por la situación, en un comunicado difundido este jueves, el gobierno isleño se declaró “decepcionado, aunque lamentablemente no sorprendido” por la decisión del equipo argentino de, según su expresión, “empañar el resultado de un partido que en cualquier caso no involucraba” a las islas.

El comunicado sostiene que “no es novedad para nadie que los habitantes de las islas fueron víctimas de una invasión agresiva en 1982, que dejó a muchos traumatizados”, por lo que la tela exhibida resultó “particularmente insensible” para buena parte de la población local.

El Falkland Islands Government (Gobierno de las Islas Malvinas) reiteró que su política declarada es no ver la política mezclada con el deporte, y que no desea que las islas y su gente sean utilizadas como “pelota política” en cada conversación entre Inglaterra y Argentina. El texto agradeció el respaldo expresado por el Gobierno del Reino Unido y confió en que la FIFA cumpla su compromiso de mantener la política fuera del deporte.

El gobierno argentino no quedó bien parado cuando la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, habló de no exponer banderas y remeras en el estadio que inciten a la violencia, que exhiban “el mapita de las islas”, una expresión muy cuestionada, que la oposición criticó.

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro dijo “a Monteoliva, además del mapita, se le olvidó prohibir las letritas” acompañando su posteo con una imagen de la situación.

Por otra parte, la diputada de Unión por la Patria Silvia Nardini afirmó: “Monteoliva, las Malvinas son argentinas por historia, por geografía, por derecho y por mandato constitucional. Reivindicar esa causa no constituye una expresión de violencia ni de odio: es ejercer el derecho de un pueblo a defender su soberanía. Fernando Coronel, integrante del bloque Fuerza Patria, apuntó directamente contra la expresión elegida por Monteoliva. “Señora, el ‘mapita’ de Malvinas que menciona es parte del mapa de la Argentina”.

A diferencia del presidente Javier Milei, que se despegó de la acción de los jugadores marcando que se trata de “cosas que pasan en la cancha con los jugadores” y que no forman parte del conflicto diplomático, la vicepresidenta Victoria Villarruel reforzó en cambio el reclamo con un mensaje en la red social X —“Las Malvinas son argentinas”— y empleó términos hostiles hacia el Reino Unido.

La declaración isleña llega para aumentar la polémica un día después de que varios futbolistas argentinos —entre ellos Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi— posaran tras con la bandera en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta. Según distintas versiones, el cartel habría sido lanzado desde las gradas y recogido por los jugadores antes de dejarlo brevemente sobre el césped.

El código de conducta de los estadios de la FIFA prohíbe banderas y elementos de carácter político dentro de los recintos. Hasta ahora, el organismo no anunció ningún procedimiento disciplinario, por lo que no son ciertos los reportes que dan por hecha una sanción son especulativos. Existe un precedente directo: en 2014, la FIFA multó a la Asociación del Fútbol Argentino con 30 mil francos suizos ante una bandera idéntica exhibida antes de un amistoso contra Eslovenia.