Hay momentos, a veces poco relevante en apariencias, en los que los diversos planos de la realidad política convergen y quedan plasmadas en un solo retrato unidimensional que le da sentido al todo. La sesión de este jueves del Senado puede ser un buen ejemplo de cómo las viejas y no siempre más nobles prácticas están tan vigentes como siempre.

Los asuntos que se aprobaron, así como lo que no se logró tratar en la complicada sesión de la Cámara alta parecen tener escasa o nula relación entre sí cuando se los analiza temáticamente. A priori, no resulta sencillo encontrar puntos de contacto entre los pliegos de jueces y la ley de tierras en sí mismo. Pero los hay.

Todo se ve más claro cuando se analizan las causas de las conductas de los senadores y se tiene en cuenta lo que ambas cuestiones hacen a la construcción de poder y a la relación entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los bloques dialoguistas. Intereses coincidentes.

La nueva tanda de aprobación de jueces nacionales para continuar en sus cargos o para cubrir vacantes, así como la prórroga del debate sobre la también llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada exponen el carácter extremadamente transaccional que han adquirido las relaciones políticas. Potenciado eso por las ausencias de liderazgos nacionales incuestionados fuera del oficialismo, que favorece las negociaciones a medida, tema por tema. El pragmatismo le está ganando por goleada a la inicial intransigencia del purismo libertario.

El número de senadores presentes logrado ayer para la designación de magistrados así como la falta de apoyos para el tratamiento de la ley de tierras, que, se da por descontado, será aprobada tras el receso invernal, respondió precisamente a esa lógica. Lo que se llega a discutir en el recinto tiene demasiados subtextos y negociaciones previas, que incluyen otras cuestiones de diversa índole. Muchas veces, contante y sonante.

Los amigos del juez

En primer lugar, resalta la facilidad con la que, con escasísimas excepciones, han avanzado los nombramientos de jueces, luego de que pasaran años y gobiernos sin que eso se lograra, hasta llegar al absurdo de que estuviera vacante más de un tercio de los juzgados nacionales.

Es un hecho que el gran cambio se produjo con la entronización de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia y la imposición de un criterio que privilegia la elevación de nombres que no tuvieran vetos o mejor aún que fueran aprobados por sectores del poder, ya sea político o de otra naturaleza, pero con influencia en la política. El deporte, los servicios de inteligencia, el capital y los gremios también aportan lo suyo. Y no predomina la ideología. Ahí sí hay pluralismo.

“La pertenencia de Mahiques a la familia judicial (de forma tan literal como biológica), su conocimiento al detalle de todas las tribus y la amplitud de sus relaciones allanó ese camino”, admite un legislador que integra el Consejo de la Magistratura, con quien coinciden diversos jueces y abogados destacados.

“Si la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, Juan Bautista y, sobre todo, Coco, su padre [el juez Carlos Mahiques], saben qué es lo que considera suyo cada uno de los que tienen que dar su apoyo”, dice con sorna un avezado abogado de la matricula porteña.

Si los méritos académicos, la aptitud y la idoneidad profesional de los postulados no han sido nunca las únicas variables a considerar, sobre todo para ascender en las listas de candidatos, ahora parece haber sido regla en muchos casos. Así es como ha avanzado con inusual celeridad el centenar de pliegos, a pesar de muchos de esos nombres encierran trayectorias polémicas y conocidas terminales en muy diferentes usinas ajenas a la judicatura.

“Juan [Mahiques] está cumpliendo con notable eficacia los tres objetivos que se propuso. Uno es diseñar la Justicia a medida de la parte de la familia judicial a la que pertenece, pero sin entrar en conflicto con otros sectores y no sometiéndola al poder político de turno. El segundo objetivo es proteger a los hermanos Milei en las causas en las que ellos o los suyos estén o puedan estar implicados. Al menos, mientras mantengan el poder. Y, el tercero, blindar a Chiqui Tapia y a [Pablo] Toviggino, los popes de la AFA. Aunque tal vez el orden de los factores pueda alterarse sin que para Juan se modifique resultado”, cuenta a sus interlocutores alguien que frecuenta al ministro y dice haberle escuchado ese trecálogo.

El primer propósito no parece apuntar necesariamente, ni mucho menos primordialmente, a la independencia del Poder Judicial. Si así fuera no se hubiera promovido la llegada o la continuidad de ciertos magistrados en lugares sensibles para el poder. Tampoco se hubiera vetado a otros si la división de poderes fuera una aspiración.

Un ejemplo muy oportuno es la aprobación ayer de los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola (de muy estrecha relación con los dos integrantes más conocidos de la familia Mahiques, con quienes han solido compartir momentos de caro esparcimiento) para integrar la sala de la Cámara de Apelaciones en lo criminal federal que interviene como tribunal de alzada en la investigación del caso $LIBRA, en el que está involucrado el propio Javier Milei.

Esa promoción contrasta con la decisión de no impulsar la continuidad del camarista Martín Irurzun, quien cumplirá 75 años este sábado, y con la decisión de reemplazar al juez Leopoldo Bruglia, quien estaba en situación similar a la de Bertuzzi, pero se negó a someterse al procedimiento de ratificación que impulsó el Gobierno. Irurzun y Bruglia parecen haber dado algunas muestras de cierta independencia que no habrían sido bien consideradas a los efectos de la continuidad de sus carreras judiciales.

Por otra parte, la facilidad con la que han avanzado algunos pliegos no habría sido posible si el Consejo de la Magistratura hubiera aprobado el proyecto de reforma del sistema de selección de jueces, promovido por los ministros de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sin el apoyo de su presidente, Horacio Roisatti, cuyo hijo estaba postulado para integrar un tribunal federal. El pliego de Emilio Rosatti fue aprobado el 4 de junio pasado, en la primera tanda que llegó al Senado y su designación ya fue firmada por el Presidente.

La iniciativa de Rosenkrantz y Lorenzetti, que el Gobierno también rechazó, reducía sensiblemente el peso decisivo del componente más subjetivo del proceso que eran las entrevistas, por sobre los resultados de los exámenes y la trayectoria. La arbitrariedad sigue gozando de buena salud.

Los vasos comunicantes, de extrema fluidez, con gobernantes de turno y poderes fácticos y los compromisos o los orígenes de los postulantes a jueces hubieran tenido un escollo sensible para subir diez puestos o más en las listas de candidatos. Ha ocurrido en decenas de casos durante este proceso, cuya magnitud definirá por muchos años el perfil de la Justicia nacional. Más de 300 cargos serían cubiertos al final del trámite en curso. No hay antecedentes cercanos de un gobierno que haya logrado algo semejante en el Poder Judicial, mucho menos sin tener mayoría propia en ninguna Cámara.

Quienes siguen de cerca esta oleada de postulaciones y designaciones destacan el trabajo de bordado fino que ha hecho Mahiques con los consejeros, los senadores y los gobernadores para que se nombre a los jueces.

“Los canjes y permutas han sido febriles, pero al final se encontraron puntos de convergencia. Siempre había un lugar para darle o algún nombre para entregarle a los que tenían que poner la firma y sumar el voto. Ya se sabe que no solo se vota por los que se quiere poner sino para no quedar enfrente de los que van a ser jueces, aún sin tu voto. Ningún político quiere tener un juez de enemigo”, admite un senador de la oposición dialoguista que es miembro permanente de las discusiones en la materia y que ha logrado llenar algunos casilleros con candidatos de su simpatía y cercanía. El blindaje judicial es siempre objeto de deseo.

Esa lógica transaccional es la misma que impera hoy en el resto de las negociaciones de la Casa Rosada con quienes mandan sobre senadores y diputados nacionales aliados, de la oposición dialoguista u opositores circunstanciales, cuyos votos son cruciales para que avancen proyecto de interés del Ejecutivo. También, opera en las germinales discusiones con vistas a las elecciones del año próximo. Aunque las tratativas no siempre fluyen con facilidad.

En todos los casos, las relaciones del Gobierno con el resto de la dirigencia política no libertaria siempre están signadas por la conveniencia y la desconfianza. Mutua.